Hace instantes, un integrante de una comunidad originaria de Chubut presentó una acción de amparo contra la actividad minera a gran escala que se desarrolla en la etapa de prospección y exploración en la provincia. "La megaminería es una de las violaciones que las comunidades indígenas viven a nivel continental" afirmó Marcelo Pintihueque en entrevista radial con el programa La Tijereta de FM Kalewche.
La actividad de las mineras "compromete el agua de la provincia" pero "tenemos convicción en las visiones filosóficas aborígenes y en el derecho internacional indígena como el Convenio 169 de la OIT" dijo Pintihueque integrante del Lof Comarca Chubut (*). La norma tiene estatus constitucional en Argentina y es la que establece la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios respecto de la posible utilización de los bienes naturales o espacios territoriales.
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Por acuerdos municipales en los municipios de Urrao y Jardín, en Antioquia, y que hacen parte del Cinturón de Oro de Colombia, se prohibió cualquier tipo de explotación minera. En Támesis, Antioquia, el 6 de septiembre de 2012 y como informó RCN La Radio se firmó el mismo acuerdo y se convirtió en el primer municipio colombiano que no permite esa actividad en defensa del medio ambiente y de la gente.
Le pegaron a nuestros amigos, amigos noviolentos, amigos y amigas y sus familias. Vecinos y vecinas que reclamaban por un futuro sin cianuro, que pacíficamente quisieron presenciar la sesión de la Legislatura de Chubut, fueron apaleados, golpeados, reprimidos, por un grupo de sindicalistas de la UOCRA que, llevados por el gobierno, en más de 25 micros, los emboscaron cobardemente con palos y cadenas.
La Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras exigió al gobierno resguardar la vida de la periodista Dolores Valenzuela, quien en ha sido víctima de amenazas de muerte.
El cumplimiento de la extradición de Napoleón Gómez Urrutia ante el gobierno de Canadá debe ser una acción prioritaria en los ámbitos diplomático y judicial del presidente Enrique Peña Nieto, una vez que la Interpol reactivó la ficha roja para que sea aprehendido y repatriado a México, en donde debe ser juzgado por el desvío de 55 millones de dólares, fraude y abuso de confianza, coincidieron organizaciones contrarias al líder minero.
"Hay una firma canadiense que pretende explotar el suelo" para extraer minerales, con lo cual "dañará el entorno ecológico y usará el agua que la comunidad necesita", cuestionó Hipólito García, un vecino de Tetlama, 110 kilómetros al sur de la capital mexicana. Quejas similares recorren el país.
Para Carlos Pavón, dirigente del Sindicato Minero Metalúrgico “Don Napoleón Gómez Sada”, se pone fin a una estela de corruptelas. En breve vendrá a México, sostiene la defensa de Napo.