En septiembre del año anterior, el presidente Juan Manuel Santos nombró como ministro de minas y energía al guajiro Amylkar David Acosta, quien durante su largo recorrido en cargos públicos y la academia, y desde su conocimiento directo de los impactos de la minería de carbón en su región, manifestó en diferentes ocasiones estar en desacuerdo con las políticas de privatización y los bajos controles que se imponen al impacto social y ambiental de la actividad minera. Acosta incluso celebró la apertura de juicio fiscal contra los entonces ministros Carlos Caballero y Juan Manuel Santos por la venta de la partición Estatal a través de CARBOCOL en la mina El Cerrejón.
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“En la delegación de Baja California Sur no tenemos ningún proyecto ingresado de la minería El Arco”, aclara José Carlos Cota Osuna, delegado en el estado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), agregando que desconoce la cantidad de concesiones mineras otorgadas existen.
La diputada chiapaneca Lourdes Adriana López Moreno solicitó a la Cámara baja emitir un llamado a las autoridades federales para que revisen todo lo relacionado con la expedición de permisos y concesiones para explorar y explotar el lote minero “Las Espejeras”, en Tetela de Ocampo y la región afectada en el estado de Puebla, y de ser procedente que se cancele ese proyecto.
Casi estancados. Los ingresos laborales en términos reales (que miden el poder de compra) apenas crecieron un 0.5% cada año entre el 2004 y el 2012 en el sector minero, según un reporte de Macroconsult. A pesar de ese magro dinamismo, este sector es el que posee una mayor remuneración en términos absolutos, pues asciende a S/. 3.118 mensuales, equivalentes a us$1.112.