PODER JUDICIAL ADMITE DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR CONTRA D.S. 054-2013-PCM Y D.S. 060-2013-PCM POR PONER EN RIESGO EL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO, AFECTAR EL DERECHO AL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Y SOSTENIBLE
La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima admitió a trámite la demanda de acción popular que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Red Muqui interpusieron impugnando la constitucionalidad y legalidad de los D.S. 054-20013-PCM y D.S. 060-2013-PCM por ser normas que atentan contra la protección del patrimonio cultural arqueológico de la Nación y contra el derecho al territorio y el derecho de propiedad de los pueblos indígenas en nuestro país.
Como se recordará, en mayo de 2013, con el argumento de promover la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos el Poder Ejecutivo expidió los decretos antes mencionados modificando los procedimientos administrativos que regulaban dichas inversiones.
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Amigas y amigos, compartimos con ustedes la invitación al "Foro Regional por la Defensa de Nuestros Bienes Comunes" que se llevará a cabo en el Hotel Holiday Inn, el próximo 12 de Agosto del año en curso, de las 8:30 am a las 5:00 pm, Managua, Nicaragua, organizado por Centro Alexander von Humboldt.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), decidió no tomar en cuenta la opinión técnica negativa que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió en contra del proyecto minero Los Cardones.
Dos recientes resoluciones administrativas federales, de manera directa afectan a la economía y la salud de los residentes de la media península. Por un lado, la autorización para la explotación minera altamente contaminante y lesiva, y por otro lado, el cobro por el uso del libramiento de Todos Santos. En ambos casos, y respetando la dimensión, naturaleza y repercusiones de cada uno de ellos, los residentes de la entidad nos vemos gravemente afectados. ¿Qué hacer al respecto? El abanico de posibilidades es muy amplio, y la acción ciudadana puede reflejarse desde la simple expresión de inconformidad en las redes sociales, hasta la movilización revolucionaria armada y violenta. Siendo Baja California Sur una entidad proverbialmente pacífica, queda descartado el uso de la violencia como herramienta de combate social a la injusta imposición gubernamental.
Poseedoras de concesiones que abarcan la mitad del territorio nacional, las compañías mineras trasnacionales, en especial las canadienses, tienen absoluto dominio sobre todos los recursos naturales, renovables y no renovables ubicados en los territorios autorizados… y más allá, porque no hay autoridad federal, estatal, municipal o ejidal que las controle y menos aún que las someta.
La minería es riqueza. Sin embargo, su explotación está estructurada para que esa riqueza se vaya fuera del país. Es fuente de corrupción y beneficios para funcionarios y políticos locales, al tiempo que es generadora de desastres ecológicos, ambientales y una amenaza creciente para la vida de las comunidades. La explotación minera y los proyectos hidroeléctricos van unidos por el mismo modelo extractivo, depredador, consumista y contaminador y concentrador de bienes y recursos. Es una explotación basada en la lógica del consumo infinito sobre un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.
El proyecto de investigación “Industrias Extractivas en la Sierra Norte de Puebla” se realizó por parte de la organización regional PODER que trabaja a lo largo de América Latina para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas empresarial desde una perspectiva de derechos humanos. Este proyecto junto con el Consejo Tiyat Tlali ha estrechado alianzas para visibilizar las concesiones de empresas que cuentan con iniciativas extractivas de los recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla.
En lo que va del año, el sector minero ha registrado 16 accidentes de trabajo, de los cuales 11 reportaron decesos, reportó la Secretaría del Trabajo (ST).
La venta de agua tratada apta para el consumo humano a una multinacional de minería fue denunciada por el exfuncionario de la administración municipal de Santa Fe de Antioquia, Ballardo Benítez. Dijo que se trata de "la empresa Aguas de Occidente es la que está haciendo este tipo de negociaciones, que según su gerente son autorizadas por los estatutos y las leyes".