En la medida que el 5 de octubre se aproxima, posibles resultados en algunas regiones y municipios del país, han provocado que el nerviosismo aflore en algunos sectores. Lo cierto es que los procesos electorales también sirven para medir cuál es el sentimiento de la población frente a algunos temas claves que influyen en ámbitos regionales, provinciales y de los propios distritos. Uno de esos temas es sin duda el minero.
¿Cómo van a votar las diferentes regiones donde la minería es una actividad gravitante? ¿Qué pasará en la emblemática Cajamarca? Medios cercanos y asesores de las empresas, muestran nerviosismo y hasta desesperación; ya no saben qué hacer o decir. Muchos de estos asesores, se han desplazado a tiempo completo, a regiones como Cajamarca; aparecen en todos los medios habidos y por haber y aparentemente lo único que vienen logrando es que el candidato de sus pesadillas, amplíe ventajas y que una posible victoria se expanda a otras provincias claves de la región.
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Desde hace algunos meses circula el rumor del regreso de San Jorge. Este proyecto megaminero de oro y cobre que busca instalarse en Uspallata fue rechazado de forma unánime por la legislatura provincial en agosto de 2011. Sin embargo, hoy, tras la compra del 70% de las acciones por capitales rusos, se pretende desenterrar un proyecto ya rechazado y actualizar la Declaración de Impacto Ambienta (DIA) que se archivó en la legislatura.
La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale pretende unificar al sector pesquero de Baja California Sur y nacional, para crear un frente contra minería en mares en el Golfo de Ulloa frente a las costas de Comondú.
Con una argumentación jurídica construida sobre hechos falsos, Barrick Gold pretende revocar el fallo de los Tribunales Ambientales que determinó que la sanción contra el proyecto Pascua Lama, aunque siendo la más alta posible, era insuficiente considerando la totalidad de los daños al territorio.
El líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que las acusaciones en su contra por el presunto desvió de 55 millones de dólares del fideicomiso minero fueron una persecución política. 
El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Asambleas de vecinos de la provincia se manifestaron en alerta por la idea de una firma canadiense de extraer cobre mediante el proyecto Cerro Amarillo, al que se siguen sumando ribetes, ya que se conoció que la empresa busca instalar una planta de tratamiento de este mineral a la vera del río Grande. Esto podría afectar los recursos del río más caudaloso de la provincia, que es parte de proyectos sumamente importantes para el futuro de Mendoza, como Portezuelo del Viento y el propio trasvase al Atuel, para mejorar el caudal del agua de este último.
En estos días la multinacional sacará con la fuerza del ESMAD a 64 familias Wayúu de terrenos que, según expertos, hacen parte de territorios ancestrales de los indígenas. La comunidad Wayúu, de Jamiche, ubicada en el área urbana del municipio de Barrancas, La Guajira, será expulsada de su territorio por la empresa de carbón Cerrejón. Pero los indígenas no tienen a donde ir.
Cuando hablamos de minería, nos acordamos del conflicto Conga en Cajamarca, quizás de la población campesina de Cocachacra que se opone al proyecto Tia Maria de Southern Copper, algunos recordaran a la comunidad indígena quechua hablante de Kañaris en Lambayeque que se opone a la exploración que quiere hacer Cañariaco Copper. Pero cuando hablamos de hidroeléctricas recordamos a Ruth Buendía de la Central Ashaninka del Rio Ene (CARE) demostrando como la hidroeléctrica Pakitzapango afectaría social y ambientalmente su zona, o la gente de Inambari que también tuvo que demostrar que no permitirían ser desplazado por el megaproyecto hidroenergéticas.
Vecinos de la comunidad de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, denunciaron que la minera Metalúrgica del Boleo es la responsable de las inundaciones que afectaron la zona, tras el paso del huracán Odila, con la desviación del cauce de tres arroyos.