En conferencia de prensa realizada el día de hoy, Núcleos Agrarios, Agentes Municipales y Asociaciones Civiles del Istmo de Tehuantepec se dirigieron a los medios de comunicación y a la opinión pública para hacer conocer su rechazo a las concesiones mineras que el Gobierno Federal ha estado entregando en la Zona Oriente del Istmo de Tehuantepec.

Se explicó que en la Subregión de Zanatepec-Chimalapas ya existe una superficie concesionada de 30,000 hectáreas, en 5 títulos mineros, a las empresas Geonorte, Zalamera y Maya Minas para explotar a cielo abierto minerales como el cobre, oro y plata por cincuenta años. De igual forma existen proyectos para la Región de Istmo-Chimalapas, que afectara a las comunidades de Chimalapas, Zanatepec, Tapanatepec, Ixtepec y Laollaga.

La empresa minera canadiense y otras, violarían lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, ya que contaminan los ríos, además, las presas de jale deberían estar a unos 25 kilómetros de distancia de la población y no obstante no se cumple con la norma.

En la última sesión ordinaria del parlamento guanajuatense, el diputado del Partido Nueva Alianza, J. Marco Antonio Miranda Mazcorro, presentó un punto de acuerdo el cual fue aprobado por la asamblea por obvia resolución, mediante el cual ese instituto político hace un exhorto a los titulares de los poderes Ejecutivo y Federal.

Así mismo, el exhorto también va dirigido a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua.

Diputados federales de izquierda acompañarán a los 22 mil afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi quienes promoverán una denuncia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos para exigir la reparación real y completa de los daños causados por la minera Buenavista del Cobre.

La legisladora por Chihuahua, Lilia Aguilar, aseguró que el gobierno federal negoció con la empresa para no fincarle ninguna responsabilidad penal a cambio de reparar las daños, sin embargo la ley obliga a las autoridades a iniciar la querella independientemente de la mitigación de las afectaciones.

" Qué es lo que le queda a los ciudadanos a parte de ampararse? acudir a organismos internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos y otros organismos que tiene que ver con la industria, y nosotros vemos que si el Estado mexicano ya negoció, que estos vaya a un plano internacional para que los 22 mil afectados se puedan defender, nosotros hemos acompañando a la gente a los amparos y ahora estaríamos acompañando a la gente a presentar esta denuncia a la Corte Interamericana y otros ...

Durante una reunión que se realizó en el Ayuntamiento de Comondú, en la que participaron el alcalde Venustiano Pérez Sánchez, representantes de cooperativas pesqueras del municipio y diversas autoridades, entre las que estaba el secretario de Pesca, José Fernando García Romero, quedó de manifiesto el rechazo contra un proyecto minero de fosfato, que pretende desarrollarse en el Golfo de Ulloa.

“Estamos totalmente en desacuerdo que se establezcan proyectos mineros en esta zona, básicamente en nuestro municipio, ya que atenta   agresivamente contra las diferentes especies marinas y el ecosistema, por lo que como gobierno municipal encabezaremos todas las acciones  para evitar que se conceda el permiso para operar el proyecto “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, promovido por la empresa Exploraciones Oceánicas”, declaró Pérez Sánchez ante líderes de pescadores.