El cierre de las operaciones de la empresa minera de Inti Raymi, influirá de gran manera en la recaudación de regalías mineras, puesto que esta empresa es una de las que más aporta, así informó el director de Desarrollo Minero del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), Eduardo Berdeja.
Señaló que además a esto se suma las bajas cotizaciones internacionales que se registraron durante esta gestión, lo cual incide en la recaudación de regalías mineras, enfatizó que este tema es preocupante no solo para el departamento, sino también para el Gobierno Central y los municipios productores.
Manifestó que de acuerdo a la previsión que se realiza, esta gestión se tendrá una recaudación de 100 a 110 millones de bolivianos por concepto de regalías mineras, lamentó que Inti Raymi cierre operaciones, ya que es una de las empresas que a fin de año reportaba un buen ingreso.
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El secretario de Coordinación de la Gobernación de Potosí, René Navarro, indicó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tiene la responsabilidad exclusiva por el colapso del dique de colas San Miguel y el vertido de desechos mineros en la comunidad de Cantumarca, reportó radio Aclo de la Red ERBOL. 
El sector científico de Baja California Sur, detectó irregularidades dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Exploraciones Oceánica (filial de la empresa Odissey Marine Exploration) que van desde la omisión de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 hasta la emisión de escasos sobre las afectaciones por ruido que podría generar en ballenas.
El dirigente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y opositor al 
No a la extracción minera dijeron los pobladores de 48 comunidades de la zona de Linaca donde se han unido al Comité de Defensa de la Naturaleza (CDN).
El 31 de Octubre de 2014, FEDEPAZ participó a la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Situación de Derechos Humanos y Estados de Emergencia en el Perú”. La audiencia tuvo lugar de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Sala Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington, USA, en el marco del 153o Período Ordinario de Sesiones de la CIDH.
En el último año las organizaciones que defienden los derechos indígenas y ambientales en el municipio de Comala, Colima, México, se han enfrentado a amenazas continuas, ataques, estigmatización y criminalización como resultado de su oposición a una concesión minera que se ha otorgado en la Comunidad Indígena Nahua de Zacualpan.
Hoy en la casa matriz de Codelco, una delegación de autoridades y dirigentes comunitarios de la zona de Intag-Ecuador, fue recibida por Angelo Aguilar, gerente de exploraciones internacionales de la estatal chilena, cita en la que el ejecutivo aclaró que el proyecto está en fase exploratoria, que no hay regalías previas comprometidas y que no asume Codelco responsabilidad alguna de la ocupación policial del territorio para imponer el proyecto. 
Si bien en una primera instancia estaba anunciado para fines de octubre, será el próximo mes cuando se concrete la firma del acta para que Naciones Unidas comience con los controles ambientales a los proyectos mineros más importantes de San Juan (Argentina).
Intag es un área montañosa de Cotacachi, en Ecuador, donde viven unos 13.000 habitantes. Con una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados, el área es parte de dos de los “hotspots” a nivel planetario, el Tumbes-Chocó-Magdalena y los Andes Tropicales. Es allí donde Codelco, en alianza con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), pretenden desarrollar un proyecto minero que ha movilizado a 220 efectivos policiales y a toda una comunidad en contra de la destrucción de su tierra.