Las comunidades indígenas denuncian ante Derechos Humanos en México que quienes se manifiestan en contra a la minería en México están sufriendo una sistemática persecución. Un ejemplo citado es el caso de Félix Monroy Rutilo y su familia asesinada, secuestrada y multada a lo largo de los años, en los territorios entre Jalisco y Colima.
Felix Monroy es descrito por años como participante en la luchas indígenas nahua-otomí, en oposición a la mina de hierro del municipio de Cuautitlán, por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Coloradade nacionalidad italo-argentina-indú, informa la Red Mexicana contra la Minería ( REMA), al citar un comunicado anterior de la agrupación Otros Tiempos, de Chiapas, del 15 de septiembre pasado.
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El año tiene cosas positivas y negativas. En el contexto de estarse iniciando un nuevo gobierno, quizás una de las cosas más preocupantes, es que se mantenga y se acentúe una agenda extractivista como pilar de la economía del país. Lo que nosotros vemos es que eso está tensionando las relaciones en muchos lugares de Chile, y en muchos sectores. Particularmente comunidades que se sienten pasadas a llevar o vulneradas en sus derechos. Para nosotros ese es el principal sello que marca lo que ha venido pasando. Esto es incluso en un gobierno que plantea políticas más progresistas, sin embargo en este campo, de los derechos socio ambientales y del cuidado del medio ambiente de los territorios, la conflictividad socio ambiental va en aumento.
Más de cincuenta personas participaron del primer seminario orientado a discutir respecto al Proyecto de extracción de Cal dependiente de la Empresa Cal Austral Cal, que pretende comenzar a operar en la comuna de Lonquimay, actividad que fue organizado por “La Mesa Por El Buen Vivir de Lonquimay”, organización que representa a organizaciones comerciales y de turismo, comunidades Pewenche, dirigentes sociales y otros actores de la sociedad civil local.
A escasos 15 kilómetros de la frontera con El Salvador, en el municipio de Asunción Mita del Departamento de Jutiapa, se encuentra ubicada la mina Cerro Blanco, un proyecto de la empresa Entremares S. A. subsidiaria de Goldcorp Inc. El proyecto es promocionado como el segundo más grande yacimiento de oro y plata del país. Los trabajos iniciaron en 2007, cuando fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Ese mismo año el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió las Licencias de Construcción y Operación (1) por 25 años (2007 -2032) en una propiedad de 174 hectáreas adquirida por el proyecto (2). Sin embargo, para el 2012 el Ministerio de Energía y Minas reportó la obra como temporalmente “suspendida”, pues supuestamente la empresa prefirió esperar a que el mercado internacional del metal precioso mejorara a nivel internacional (3).
Hay momentos en que aspectos básicos de una política y convivencia democrática parecen deshilacharse tan lentamente, que el fenómeno pasa desapercibido. Son ocasiones en las que la atención sobre un tema no siempre permite reconocer las repercusiones en otras dimensiones de nuestra vida en común.
El jefe de seguridad de la empresa Minera San Rafael Alberto Rotondo enfrentará una audiencia en donde se decidirá si va a juicio. Esto está ocurriendo este día 17 de diciembre en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Cuilapa, Santa Rosa.
Barrick Gold persiste en los engaños, ahora comprometiendo a la Universidad de Chile
Las comunidades agrupadas bajo la organización de “Comunidades Autónomas Indígenas de Huasco Alto” solicitaron al secretario regional ministerial de la región de Atacama, el pasado 10 de diciembre, suspender en virtud a lo señalado en el inciso segundo del Articulo 18 del Decreto Supremo 66, que contiene el reglamento sobre Consulta Indígena. Suspender el proceso de consulta que se esta desarrollando solo con la parte empática y progobierno del pueblo Indígena Diaguita respecto de los proyectos de ley que proponen la creación de Ministerios y Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas, fundamentando que el proceso no ha gozado de buena fe, no ha sido apropiado y no se ha ajustado a los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas.
El municipio de Novita tiene 7867 habitantes y está ubicado en el sur del Chocó. En el año 2011 allí se reportó la mayor producción de oro en todo el país, pero sus pobladores y los de toda la región no vieron un solo peso de las multimillonarias ganancias producidas por la extracción de este mineral.
Tensa es la situación entre los comuneros de Untuca, en el distrito de Quiaca por la colocación de una tranquera para evitar actos delincuenciales e intromisión de extraños en sus tierras por actividades ilícitas.