Indígenas amazónicos de Venezuela han condenado al Ejército porque no combate la minería ilegal de oro y diamantes en sus tierras. Los militares fueron acusados de crear un “clima de terror, miedo y zozobra” y por inflingir “vejámenes y humillaciones” a la población indígena.
Algunos militares son conocidos por estar implicados en el tráfico ilegal de oro, arrendar equipo minero y controlar el acceso a las minas ilegales.
Los indígenas también han denunciado a un comandante que quemó las casas de indígenas que habían denunciado a los militares.
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El miércoles 25 de marzo, mientras el núcleo frío de altura se manifestaba desde Atacama hasta la región de O’Higgins. El mismo día, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) evacuaba un informe que explicaba la situación por la “afectación de lluvias y aluviones en la zona norte del país”. 
El proyecto minero Molejón, de la multinacional Petaquilla Gold (filial de la canadiense Petaquilla Minerals), situado en la provincia de Colón, en Panamá, está paralizado desde finales de 2013 por falta de recursos. La población denuncia abandono y falsas promesas de desarrollo. La precaria estructura de la mina y el no cumplimiento de normas de seguridad revelan también graves riesgos de daño ambiental. El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (Mici) dice estar revisando la concesión a la empresa minera (vigente desde 1997) y la posibilidad de cierre de la empresa en la región.
El plan "piloto" que presentó Zamin Ferrous (Aratirí) al gobierno uruguayo, para empezar a extraer hierro a menor escala mientras tramita el mega proyecto de Valentines (Treinta y Tres), debe enfrentar obstáculos logísticos que implican inversiones millonarias en dólares, sin contar el aspecto ambiental, que ya le ha traído complicaciones a la firma. Pramod Agarwal, propietario de la minera de origen indio, se reunió el miércoles con el presidente José Mujica y jerarcas del Poder Ejecutivo y le propuso un nuevo emprendimiento “más chico” para sacar el mineral de hierro que se acumula en el subsuelo de varios departamentos del noreste.
Un libro que será presentado este 10 de abril en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en la ciudad de Arequipa, expone las sucesivas contaminaciones de agua y suelo en Cajamarca a cauda de la actividad minera de la empresa Yanacocha desde 1993.
En la Quebrada de la Plata, a una hora de caminata por un árido sendero entre los cerros del extremo poniente de Maipú, había hasta hace poco una cerca de alambre de púas, un letrero que decía “No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera” y un guardia que con perros impedía el paso. Ni a Marcelo Orellana, hasta hace poco administrador del Fundo Rinconada de la Universidad de Chile (del cual forma parte la quebrada), lo dejaban pasar. Lo mismo le pasó a inspectores de Sernageomin, de la Superintendencia del Medioambiente (SMA) y de la Municipalidad de Maipú: cuando iban a fiscalizar, no les permitían entrar. Así consta en distintos informes. Incluso al alcalde Cristian Vittori le habrían prohibido con perros el ingreso a la Mina Panales, una faena minera que desde 2012 ha operado ilegalmente en terrenos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (FCA) y que ninguna institución ha sido capaz de detener de forma definitiva.
En jaque. Tras 14 días de huelga, la incertidumbre reina en Tambo. Todos los negocios y escuelas están cerrados y el mercado central desabastecido. El diálogo planteado por el Gobierno Regional no prosperó. La población solo quiere que Southern se vaya.
A cinco años y medio del asesinato de Adolfo Ich, del ataque que dejó como parapléjico a German Chub, y del ataque en contra de varios pobladores mas de Las Nubes y del Chupón, y después de varias suspensiones del debate oral y público, el Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios notifica que el Debate Iniciara el día miércoles, 8 de abril, 2015, a las 9 de la mañana.
Pese a que fue se decidió en asambleas comunitarias, la Central Campesina deploró la renta para una actividad altamente contaminante.
Con el voto aprobatorio de seis congresistas y pese a la férrea oposición de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, esta mañana se aprobó en la