La empresa minera de inversión canadiense Media Luna, asentada en la comunidad de Nuevo Balsas municipio de Cocula, pagaba un millón de pesos al mes al jefe de plaza de la organización delictiva La Familia Michoacana en los municipio de Cocula y Cuetzala, Uriel Vences Delgado, La Burra o El 50, para que permitiera los trabajos de la empresa y el libre tránsito de sus empleados.
En declaraciones la noche de ayer, vía telefónica, el jefe de la Policía Comunitaria de Nuevo Balsas informó que hoy terminará la búsqueda de Pedro Villalobos Tabares de Nuevo Balsas y Nedy Flores Adame de La Fundición, a quienes La Burra secuestró el viernes, y por los que pide 500 mil pesos de rescate.
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Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho.
La historia de Acuña, una campesina madre de cuatro hijos que nunca pudo aprender a leer ni a escribir y que ganó un juicio a la empresa minera que más oro produce en Sudamérica, saldrá publicada en el siguiente número de Etiqueta Verde, hermana de la revista 
Durante la primera década del siglo XXI, diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de violaciones a derechos humanos relacionadas con la planeación y construcción de proyectos de desarrollo e infraestructura. En 2007, Miloon Kotari —entonces Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una vivienda adecuada— presentó como parte de su informe anual, un documento cuyo objetivo fue orientar a los Estados sobre las medidas para evitar los desalojos forzosos provocados por proyectos de desarrollo. En éste subraya “aun reconociendo el gran número de contextos en que se producen los desalojos forzosos, las presentes directrices se centran en ofrecer orientación a los Estados sobre medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que los desalojos generados por el desarrollo no se efectúen en contravención a las normas internacionales de derechos humanos existentes y, por tanto, no constituyan «desalojos forzosos»“.
Como sucede en diversos puntos del país, las comunidades campesinas y organizaciones del distrito de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, se mantienen a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Minmetals, empresa estatal de capitales chinos que lidera el consorcio al frente del megaproyecto minero Las Bambas.
Más de 250 indígenas se movilizaron este jueves en la localidad panameña de San Félix, Chiriquí para conmemorar los trágicos hechos del 5 de febrero del 2012.
En una reciente visita a la Comunidad Nativa Awajún de Supayacu hemos podido observar el elevado nivel de tensión y desconfianza que viven los integrantes de esta comunidad, ante la posible renovación del Contrato de Usufructo que el 14 de abril de 2010 firmaran los representantes de la Comunidad Nativa Awajún de Naranjos con la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC, cuyos 5 años de vigencia están próximos a vencerse; y ante el aumento significativo del otorgamiento de concesiones mineras en esta última comunidad que supondría el desarrollo de nuevos proyectos mineros con efectos nocivos irreversibles al ambiente.
Alrededor de 200 mineras operan de manera irregular en Durango, ya que no cuentan con los permisos correspondientes, dijo el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado, Miguel Bermúdez Quiñones.
La constante lucha de la campesina cajamarquina Máxima Acuña de Chaupe, en defensa de sus tierras, ante la imponente empresa Yanacocha despertó la atención de diversas partes del mundo. Diario16 conversó con Mirtha Vásquez, su abogada quien detalló la insostenible situación que afrontan Máxima y su familia. La minera no los deja vivir en paz.