América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se llevan a cabo.
La defensa de los territorios ha sido y sigue siendo un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva. El trabajo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con su importante mapa de conflictos mineros y el intenso intercambio de información y testimonios entre sus integrantes, ha permitido documentar e informar regularmente sobre la evolución de estos conflictos en la gran mayoría de países de la región.
A partir de este año y complementando el trabajo que realizamos, estamos compartiendo con ustedes un primer informe, "Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014" que reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.
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Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.
Luego que el Consejo de Ministros resolvió dejar sin efecto permiso ambiental del proyecto minero Los Pumas y que a nivel regional el intendente y seremi de medio ambiente dieran a conocer información a la opinión pública local, las reacciones no se dejaron esperan.
Goldcorp inició su programa cierre operacional de la mina El Sauzal, ubicada en Chihuahua, donde retirarán todo elemento peligroso para el ambiente y renovarán el paisaje para limpiar de toda actividad destructiva que tuvo la zona.
Tras las consultas sobre concesiones mineras realizadas por comunidades en los municipios de Támesis y Pueblorrico, ubicados al suroeste del departamento de Antioquia, la comunidad del Carmen de Viboral, localidad del oriente del mismo departamento, presentó un derecho de petición para organizar su propio ejercicio consultivo.
Han salido a la luz pública las transcripciones de las escuchas telefónicas del exjefe de la seguridad de la empresa minera Tahoe Resources, Alberto Rodondo, derivado de una demanda civil en Canadá por víctimas sobrevivientes al tiroteo ocurrido el 27 de abril de 2013, afuera de la entrada del proyecto Escobal. Las transcripciones brindan evidencias contundentes sobre que Rotondo dirigió un ataque armado en contra de manifestante pacíficos, realizando acciones de encubrimiento de evidencias de dicho crimen, para posteriormente intentar huir del país. Las escuchas telefónicas salieron a la luz pública gracias a una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala dos semanas antes de los hechos ocurridos, aparentemente relacionado hechos violentos anteriores. Las mismas que fueron originalmente presentadas ante una audiencia pública en mayo 2013 en Guatemala, cuando se levantaron cargos de asalto y encubrimiento en contra de Rotondo.
El río Ostuta nace en las faldas de la Sierra Atravesada en Los Chimalapas, en el Cerro Picacho Prieto, cerca de la Congregación de San Miguel Chimalapa conocido como La Cristalina, también denominado 5 de Noviembre. Este importante río desemboca en la Laguna Inferior, pasando por los municipios de Zanatepec, Reforma de Pineda, San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar.
En el marco de la discusión del proyecto de moratoria a la minería metálica promovido por las diputadas Ana Matilde Gómez y Alida Spadafora, se realizaron dos jornadas en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos del Órgano Legislativo, a fines del año pasado.
La decisión de bloquear las cuentas de los municipios donde hay protestas contra el proyecto minero Tía María aumenta la polarización y crea un escenario de desconfianza, afirmó el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que el 6 de mayo pasado la empresa "Minera Merril Crowe", ubicada en el municipio de Caborca, Sonora, derramó 70 metros cúbicos de solución con baja concentración de cianuro.