Un decreto firmado el pasado martes por el ministro de Minas y Energía de Colombia, Tomás González Estrada, promete abrir una nueva polémica entre organizaciones ambientalistas y el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de la inclusión de dos conceptos en el Glosario Técnico Minero que, para el Ejecutivo, simplemente llenan un vacío en la regulación minera pero que, para los juristas expertos en el tema, constituyen un cheque en blanco para las grandes empresas del sector.
Este embeleco técnico comenzó en 2001, cuando la ley 685 le ordenó al Gobierno adoptar un glosario que le diera soporte técnico a la actividad minera y dijo, en su artículo 101, modificado por la ley 1382 de 2010, que "cuando las áreas correspondientes a varios títulos pertenecientes a uno o varios beneficiarios para un mismo mineral, fueren contiguas o vecinas, se podrán incluir en un programa único de exploración y explotación (...) integrándolas en un solo contrato".
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