Hace unas semanas, organicé un tour de aprendizaje con participantes norteamericanos para tocar el tema sobre la industria extractiva en Guatemala a través de la ONG con la que trabajo, el Comité Central Menonita (CCM). En el tour, visitamos el departamento de San Marcos y comunidades aledañas que lidian con esta problemática.
Las operaciones mineras en Guatemala no son un asunto reciente. En 1998, 2 años después de la firma de los acuerdos de paz tras una cruda guerra civil, la ley de inversión extranjera eliminó las restricciones de comercio con Guatemala, atrayendo a empresas gigantes transnacionales al país. Entre tantas, destacaba Goldcorp, una empresa extractiva Canadiense con alto interés en explotar oro en el área. Tras una licencia otorgada por el Gobierno Guatemalteco, la mina Marlin –operada por Montana Exploradora, una subsidiaria de Goldcorp– comenzó sus operaciones sin una consulta comunitaria previa que es obligatoria por diferentes leyes nacionales e internacionales en la comunidad de San Miguel Ixtahuacán en el Oeste de Guatemala.
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Se pide hace llegar esta Acción Urgente a las autoridades aquí aludidas, porque en virtud de los hechos aquí relatados se concluye que existe riesgo de la vida del defensor de derechos humanos Víctor Andrés Cruz Chi y su familia, miembro de la organización ambientalista Bios Iguana, A.C., en el estado de Colima, México. Ello derivado de la campaña de hostigamiento, amenazas de muerte, intervención a medios de comunicación, persecución, despido de su trabajo y todo el acoso del que están siendo objeto.
El sindicato nacional de mineros, sección 65 de Cananea, sostuvo que las protestas en Buena Vista del Cobre, Cananea, responden a que las autoridades federales y estatales no han hecho nada por resolver la situación de los trabajadores y pobladores afectados por esta empresa de Grupo México.
Preocupación existe entre el mundo mapuche por la aplicación del artículo 56 del actual Código de Aguas en el wallmapu. Se trata de la normativa que permite a las mineras adjudicarse las aguas que afloren durante sus operaciones, incluso sin tener la obligación de informar sobre sus hallazgos a las autoridades pertinentes. Privilegio que no tiene ningún otro sector, como por ejemplo las comunidades indígenas.
Ayer en el Tolima se movilizaron 68.000 habitantes contra la locomotora minero-energetica que pretende imponer el presidente Santos en este Departamento, sin embargo pese a este ser un tema que le compete al todo el país y a pesar de que la movilización fue multitudinaria y podría decirse, es la marcha más grande en los últimos años en la historia del Tolima, los medios oficiales no registraron este hecho.
El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ricardo Navarrete Gómez, llama a los ejidatarios de Ricardo Flores Magón, en el municipio de Canatlán, para que presenten una denuncia ante las autoridades competentes si es que se está haciendo una exploración minera en ese lugar sin el permiso de la asamblea ejidal.
Días atrás, el ministro del Ambiente, 
DECLARACION PÚBLICA
Mineros de la sección 65 y pobladores de las comunidades aledañas al Río Sonora bloquearon desde esta mañana las entradas a la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México y responsable del derrame de químicos en ese afluente.