El viernes 22 de mayo, el gobierno peruano declaró el Estado de Emergencia en la provincia de Islay. El Decreto Supremo N. 040-2015 publicado en El Peruano el sábado 23 de mayo, señala que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en los distritos y poblados de Matarani, Mollendo, Mejía, Punta de Bombón, Dean Valdivia, La Curva, El Arenal, Cocachacra y toda la zona del valle del Tambo.
La norma señala que “Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.
Diversos reportes de la zona indican que desde la madrugada del día domingo 24 de mayo la policía ha entrado casa por casa, deteniendo a dirigentes y pobladores en general. Los detenidos, en número aún no determinado, han sido trasladados a Arequipa. Solo en la localidad de Cocachacra hay 14 personas detenidas.
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En las últimas semanas el trabajo que hacemos en CooperAccion ha recibido fuertes críticas de algunos sectores, en medio de la polarización que provoca un conflicto como el de Tía María. No es la primera vez que ocurre.
El 8 de abril, el abogado Andrés Jana Linetzky, en representación de Minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luksic, le hizo llegar dos cartas a la ministra de Minería, Aurora Williams, quien antes de asumir como secretaria de Estado se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa controlada en 65% por el grupo Luksic a través de las sociedades SAAM Puertos S.A. e Inversiones Punta de Rieles Ltda.
La víctima fue identificada como Ramón Colque Vilca de 54 años de edad, según informaron medios locales. Ocurrió en la zona de Cocachacra, muy cerca al puente Pampa Blanca, donde efectivos policiales y protestantes se enfrentaron.
Campesinos de tres municipios de la costa de Chiapas se declararon inconformes con las actividades mineras que se desarrollan en Escuintla y Acacoyagua, por los problemas medio ambientales que ya se empiezan suceder como la muerte de peces, enfermedades en la piel y hasta posibles casos de cáncer, además de los riesgos de deslaves.
Presuntos engaños de la transnacional Petaquilla Gold a los accionistas y fracasos empresariales en España y Panamá, junto a millonarias deudas a sus trabajadores panameños, denuncia una investigación revelada hoy.
Con cadenas en las puertas de ingreso a la mina El Tambor, habitantes de San José del Golfo conmemoraron un año del desalojo de la resistencia en La Puya que dejó a 26 moradores con heridas.
Pueblos indígenas que habitan en los límites de Colima y Jalisco han denunciado a nivel local y nacional que empresas mineras están detrás de los asesinatos de Abelino Monroy Sandoval y Alejandro Monroy Denis, así como de la desaparición forzada de Celedonio Monroy Prudencio, este último egresado de la Universidad de Colima y quien fue sacado de su casa por un comando armado el 23 de octubre de 2013.
Pescadores ribereños que laboran en el Golfo de Ulloa, frente a la municipalidad de Comondú, al norte de Baja California Sur, solicitaron a Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cancelar el proyecto de minería marina “Don Diego”.
El MINEM asegura que toda la información registrada en el Estudio de Impacto Ambiental es a nivel de factibilidad. Sin embargo, Convoca detalla que nunca se adjuntó un estudio de factibilidad en el EIA del proyecto.