Contra el Estado de Emergencia infinito. Líderes sociales y autoridades de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), donde opera la gigante china MMG Las Bambas, solicitaron poner fin al Estado de Emergencia vigente en la zona desde hace más de 120 días. También denunciaron que la empresa minera quiere modificar por cuarta vez el proyecto mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a espaldas de la población.

“Venimos en representación de más de 30 mil habitantes. Tenemos 3 agendas puntuales: la modificatoria del estudio de impacto ambiental sin consulta del pueblo, el levantamiento de la prórroga del estado de emergencia que lleva en total casi 6 meses y el incumplimiento del gobierno con los compromisos para implementar el Plan de Desarrollo de Challhuahuacho, que garantice la inversión de 700 millones de soles en el distrito”, declaró el alcalde de Chalhuahuacho, Antolin Chipana.

Los dirigentes demandaron retomar el proceso de diálogo, suspendido unilateralmente por el Gobierno desde 2016. Señalaron que el Estado de Emergencia no contribuye a la paz social ni a solucionar los desencuentros con la población, y deja sin resolver sus legítimas preocupaciones ambientales y sociales.

Estas demandas se realizaron durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República, donde se reunieron con parlamentarios en el marco de su visita a Lima para dar a conocer sus demandas. En la conferencia también participó el congresista Wilbert Rosas (Frente Amplio), quien señaló que “no hay comunicación con la PCM. Solicitamos que las autoridades con capacidad resolutiva como la Premier y los ministros titulares abran el diálogo”.

Cabe indicar que medios de prensa han informado que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) habría propuesto iniciar un diálogo el próximo 22 de enero.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/17/challhuahuacho-demanda-fin-del-estado-de-emergencia/

Este año se anuncia movido. En medio de la crispación por el tema político, antes de cumplirse los primeros diez días de enero ya estalló el primer conflicto social importante; el de los productores de papa.

Si bien no es un conflicto que por el momento tenga gravitación o se sienta en Lima, sí moviliza y tiene un fuerte impacto en importantes regiones de nuestra sierra: Apurímac, Ayacucho, Junín, Cusco, Huancavelica, entre otras, por la importancia y el número de los agricultores paperos en esas regiones.

¿Qué reclaman los productores de papa? En primer lugar alertan que el precio de la papa se ha derrumbado: sólo entre enero y noviembre del año pasado el precio de la papa ha caído en un 40% (precios al consumidor) y aparentemente la caída es más drástica si consideramos los precios que se pagan en chacra. Según testimonios de los propios productores, el precio del kilo de papa que reciben es apenas de diez o veinte céntimos, lo que por supuesto no cubre ni por asomo el costo de producción.

Algo de esto se confirma en los reportes de inflación del Banco Central de Reserva. La inflación habría descendido en los últimos meses sobre todo por la caída de los precios de los alimentos perecibles, entre los que destaca la papa.

¿Cuáles serían las causas de la caída de precios? La versión oficial apunta a subrayar temas climáticos (agua, temperaturas, etc.) y también se habla de un tema de sobreproducción. Sin embargo y sin descartar lo que puede haber pasado con el clima y la producción, los productores paperos apuntan a una supuesta mayor importación de papa procesada, sobre todo proveniente de Europa, aunque las cifras del propio Ministerio de Agricultura desmienten esta afirmación: la importación de papa precocida y congelada apenas representa el 0.79% del total de la oferta papera.

En todo caso, este es un tema clave que debería esclarecerse. La realidad es que los productores de papa de nuestro país se encuentran totalmente desprotegidos y no cuentan con información adecuada y oportuna. Al margen de cuál es el peso de cada uno de los factores que explique la caída del precio de la papa, los más de 700 mil productores de papa de nuestro país reclaman que el gobierno les brinde información y que se tomen cartas en un tema crucial que afecta a un sector importante de nuestra agricultura andina. Tema clave para el nuevo ministro de Agricultura, José Arista, que además proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, y que debería estar atento a todos estos temas.

Completando el mapa de conflictividad social

¿Qué otros conflictos se vienen? Los maestros, sobre todo el sector liderado por Pedro Castillo, anuncian que se reunirán en asamblea nacional los primeros días de febrero, con la finalidad de decidir el inicio de una nueva huelga nacional indefinida “toda vez que el gobierno se ha ratificado en mantener la misma política privatista del sector Educación”. Además, subrayan que el gobierno debe cumplir con la meta de elevar el presupuesto del sector de acuerdo a la meta fijada en el Acuerdo Nacional (6%).

Habrá que ver si se confirma una nueva huelga magisterial y qué fuerza tendría. No siempre es sencillo reeditar una huelga y movilización de magnitud que implica enormes sacrificios para las bases a nivel nacional. Sin embargo, la fuerza que mantiene el magisterio los coloca en el mapa de la posible conflictividad social proyectada para este año.

Otro tema que sin discusión estará en la agenda de conflictos, es el de la reconstrucción de las zonas afectadas por el “Niño Costero”. Ya en los últimos meses del año, pobladores de las zonas más afectadas se movilizaron expresando su malestar por la manifiesta incapacidad de las autoridades responsables del proceso. La destitución de Pablo De La Flor en el mes de octubre, como máxima autoridad para la reconstrucción, y la designación de Edgar Quispe como su reemplazo, no han producido mayores cambios en la dinámica y el avance de los trabajos en las zonas más afectadas. A casi un año del “Niño Costero”, el malestar aumenta en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y en la propia región de Lima y no habría que descartar que se produzcan estallidos de protesta.

Finalmente, un capítulo aparte son los conflictos socioambientales, sobre todo los vinculados a actividades extractivas, que el último año han estado a la baja en cuanto a número, pero que en muchas partes del país se mantienen latentes, como lo señala la propia Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles podrían ser otros focos de estallidos? El caso de Tía María sigue siendo un conflicto latente y si la empresa Southern, que está gastando una importante cantidad de dinero en publicidad en varios medios de comunicación, insiste con el inicio de la construcción del proyecto en el corto plazo, sin duda va a encontrar una férrea resistencia de la población. La información que maneja el Observatorio de Conflictos Mineros da cuenta de que el rechazo al proyecto minero en la zona se mantiene.

Otra zona sensible es la del corredor minero, que une a las provincias de Cotabambas (Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco). Quizás el caso más sensible es el de la zona de influencia del mega proyecto Las Bambas, donde en los últimos meses se ha venido prorrogando el Estado de Emergencia, lo que por un lado es una clara evidencia de la tensión que se mantiene en la zona y, por otro, una clara muestra de la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto por vías alternativas, sobre todo apostando por una mayor institucionalidad y diálogo. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

En medio de todo esto, las demandas legítimas en la zona siguen sin ser atendidas: los temas ambientales, una carretera que ya muestra saturación y graves problemas de contaminación, los problemas de salud de pobladores de las comunidades vecinas, los ofrecimientos de proyectos y un financiamiento que no llega, etc. A finales del año pasado, alcaldes y dirigentes de Cotabambas se entrevistaron con varios representantes del Ejecutivo en Lima para solicitar la reinstalación de la mesa de diálogo que quedó suspendida en el mes de octubre. Lamentablemente, la respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros fue negativa con lo cual diversas demandas en materia ambiental, derechos humanos y desarrollo quedan como no resueltas.

Otros casos que no se pueden dejar de tomar en cuenta

El de la provincia de Espinar y un conjunto de demandas desatendidas (sobre todo las referidas a los impactos en la salud de la población) es un caso a considerar, que seguramente llegará a un pico de tensión en el mes de mayo, cuando se cumpla un nuevo año del último estallido ocurrido en la zona (mayo 2012). No hay que olvidar que el año 2012 se abrió una etapa de diálogo, negociaciones y compromisos que no han sido atendidos.

Otros proyectos como Río Blanco, Michiquillay y la tensión que genera la minería informal en varias regiones del país, también formarán parte del mapa de conflictos sociales.

Sin embargo, no hay que olvidar que estamos en un año electoral y que en procesos anteriores, las expectativas, demandas e incluso la participación de actores sociales relevantes, se canalizaron por esta vía. Si no ocurre algo más en el país, lo cierto es que desde el segundo trimestre y sobre todo en la segunda mitad del año, en los territorios tendremos todos los ojos puestos en los procesos electorales.

En medio de todo esto, la gran interrogante es si un gobierno a la deriva y un gabinete como el que acaba de juramentar, tendrá algo de capacidad para diseñar una verdadera estrategia de prevención y abordaje de conflictos sociales. Seguramente, lo que seguiremos viendo en una estrategia predominantemente reactiva, que buscará apagar incendios y por el perfil de varios de sus integrantes, se seguirá priorizando la herramienta de los estados de emergencia y la criminalización de la protesta, que ya se utiliza en varias regiones del país. ¿Alguien se imagina que esto pueda durar hasta el 2021?

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-clima-de-los-conflictos/

Todo el corredor. El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.

El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.

En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.

Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.

“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.

Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/11/declaran-estado-de-emergencia-en-todo-el-corredor-minero/

En lo que va del presente siglo, se renovó el interés en el estudio de la política fiscal y su relación con la renta generada en las industrias extractivas. Dos razones principales explican este resultado. Por un lado, en no pocos países, una parte significativa de los ingresos fiscales proviene de la renta que se genera en la explotación de recursos naturales no renovables. Por otro, el precio internacional de las materias primas -metales e hidrocarburos en particular- alcanzó niveles sin precedentes durante la década 2003-2012, lo que se tradujo en un incremento inusual de los ingresos fiscales.

En América Latina, si bien la década de bonanza minera impulsó procesos de crecimiento socio-económico, el fin del ciclo expansivo de los commodities hacia 2012-2013 trajo consigo una desaceleración del PIB y la caída de la recaudación, recordándonos la lección que nunca hemos terminado de aprender: la política fiscal se vuelve frágil e inestable cuando se sustenta –principalmente- en ingresos que se originan en la exportación de materias primas.

Sin embargo, tan importante como esta constatación lo es el preguntarse si durante el boom minero se recaudó todo lo que debía recaudarse. Es decir, ¿la política fiscal minera implementada durante la década de bonanza (2003-2012) fue la más adecuada para la apropiación óptima de la renta minera?

El marco teórico

El debate teórico en torno al binomio política fiscal – recursos naturales no renovables, ha girado en torno a cuál sería el instrumento ideal de tributación; es decir, aquel que: 1) deje en manos del productor el rendimiento normal de las inversiones, y 2) transfiera al Estado el máximo nivel de ingresos fiscales sin afectar la producción.

La teoría de la imposición en las industrias extractivas clasifica los instrumentos para obtener ingresos fiscales en tributarios y no tributarios. Para algunos autores, la imposición fiscal en las industrias extractivas debe basarse en la renta o beneficios que obtiene una empresa, es decir, en instrumentos tributarios (el Impuesto sobre Sociedades p.ej.); mas no en su producción o ventas, es decir, en instrumentos no tributarios (las regalías p.ej.). Las ventajas y desventajas que se atribuyen a uno u otro grupo de instrumentos generan discusiones acaloradas.

Las regalías o royalties: Son el pago que la empresa minera hace al Estado por el uso de un recurso natural de propiedad pública. Pueden adoptar diversas formas, pero su característica general es que se basan en la cantidad de recursos extraídos, en términos de valor o de unidad producida. No pocos autores consideran que las regalías son ineficaces (Boadway y Keen, 2013) y/o que afectarían en gran medida las decisiones de inversión de las empresas mineras (BID, 2013; Gómez et al., 2015).

La imposición sobre las rentas: Los impuestos que se imponen sobre la renta minera interferirían menos que las regalías en las decisiones de producción e inversión. Este grupo de instrumentos tributarios admite una amplísima variedad. La literatura especializada identifica al denominado “impuesto sobre la renta económica pura” como el más cercano al ideal de obtener el máximo de ingresos fiscales sin afectar el rendimiento normal de las inversiones. La “renta económica pura” de un recurso natural no renovable es definida como el excedente del valor bruto de producción que se obtiene después de restar todos los costos inherentes a la explotación de un depósito, incluyendo las remuneraciones de todos los factores de producción.

El caso del Perú

El Perú constituye un buen estudio de caso para evaluar la problemática planteada en este artículo, a saber, si la política fiscal minera fue la más adecuada para la apropiación óptima de la renta minera durante el alza del precio de los metales (2003-2012). En los años de mayor efervescencia del boom minero, la minería metálica aportó más del 60% de las exportaciones y contribuyó con poco más del 50% del Impuesto sobre Sociedades.

Política Fiscal frente a las Ganancias Extraordinarias

Durante la década de bonanza minera, tres Gobiernos se sucedieron en el Perú: el de Alejandro Toledo (julio 2001-julio 2006), el de Alan García (julio 2006-julio 2011) y el de Ollanta Humala (julio 2011-julio 2016), cada cual con predisposiciones distintas frente a la política fiscal minera.

Durante el Gobierno de Toledo (julio 2001-julio 2006), la política fiscal minera fue conformista. Se estableció el pago de regalías mineras en junio de 2004 (Antigua RM), del tipo ad-valorem; es decir, se aplicaba un porcentaje entre 1% y 3% sobre el valor de las ventas de concentrados. Instrumento valioso, pero que de poco sirvió: las empresas mineras más grandes del país no pagaron regalías porque se ampararon en sus Contratos de Estabilidad Tributaria (CET), ello a pesar de que el Tribunal Constitucional concluyó que las regalías no son un tributo y por ende debían ser pagadas por todas las empresas del sector.

Durante el Gobierno de García (julio 2006-julio 2011), las mineras obtuvieron sus mayores utilidades. Según estimaciones propias, los ingresos extraordinarios del sector minero debido al alza del precio de los metales sumaron US$ 97.651 millones durante 2003-2012: el 61% de ese total se registró durante dicho Gobierno.

A pesar de ello, la política fiscal minera de García fue la más pasiva y complaciente durante la década de bonanza. Se continuó cobrando solo las regalías y el Impuesto sobre Sociedades, sin tomar en cuenta el amplio abanico de instrumentos fiscales alternativos aplicados en el mundo para captar renta en las industrias extractivas (FMI, 2012). Las mineras más grandes siguieron sin pagar regalías: entre junio 2004 y septiembre 2011, once empresas habrían dejado de pagar US$ 1.619 millones por concepto de regalías (Mendoza y De Echave, 2016), monto mayor en 44% que las regalías pagadas por las 90 empresas que sí cumplieron con pagarlas en ese mismo período. Así, la muy parcial implementación de la Antigua RM evidenció la capacidad de las grandes mineras para hacer prevalecer sus intereses.

Al mismo tiempo, el Gobierno de García rechazaba la aplicación de un instrumento fiscal como el windfall tax, impuesto que grava las ganancias extraordinarias. En su lugar, optó por negociar con las mineras un “aporte voluntario” durante 2007-2011, decisión que no fue la mejor en términos de ingresos fiscales: 1) el 80,7% de los depósitos globales del referido “aporte voluntario” fue efectuado por siete empresas que contaban con CET y por ende no pagaban regalías.  2) Los US$ 626 millones que éstas depositaron, representaron solo el 51,9% de los US$ 1.205 millones que estas mismas empresas habrían dejado de pagar por concepto de regalías (Mendoza y De Echave, 2016).

Durante el Gobierno de Humala (julio 2011-julio 2016), se introdujeron cambios sustanciales en el régimen fiscal minero (septiembre de 2011) con el objetivo de hacer pagar regalías a las mineras que no lo venían haciendo. Se crearon el Impuesto Especial a la Minería (IEM), que comenzó a ser pagado por las empresas sin CET; el Gravamen Especial a la Minería (GEM), que recayó en las empresas que no pagaban regalías; y la Nueva Regalía Minera (Nueva RM). Hecho curioso, este cambio en la política fiscal minera no generó el fuerte rechazo que tuvo la imposición de la Antigua RM en 2004. ¿Cuál es la explicación?: los tres nuevos instrumentos fiscales tienen un común denominador: la base imponible es la utilidad operativa, ya no las ventas de concentrado como en el caso de la Antigua RM. Al aplicarse sobre las utilidades, la Nueva RM y el GEM dejan abierta la posibilidad para que las empresas manipulen sus costos y gastos con el propósito de reducir su utilidad operativa.

La precisión de los instrumentos fiscales

El cambio introducido en la forma de calcular las regalías mineras no se justifica. La Antigua RM no tuvo un impacto negativo en las decisiones de inversión de las empresas del sector como supone la teoría: entre 2004 y 2011, la inversión en minería se multiplicó en cerca de nueve veces y las utilidades de las 10 principales mineras se multiplicaron en poco más de cinco veces.

La Nueva RM –supuestamente más ventajosa que la Antigua RM- se paga desde noviembre de 2011; sin embargo, la inversión cayó en 57,2% entre 2013 y 2016. Similar tendencia se observa en las utilidades mineras. Por tanto, lo menos que puede decirse es que, para el período bajo análisis y en el caso concreto del Perú, la imposición de regalías ad-valorem no afectó la inversión ni las utilidades mineras. En cambio, la Nueva RM sí afectó la captación de la renta minera por parte del Estado. Según estimaciones propias, durante 2012-2016, 20 principales mineras pagaron por concepto de la Nueva RM, US$ 342 millones menos de lo que hubiesen tenido que pagar bajo el esquema de la Antigua RM.

En consecuencia, la política fiscal minera implementada en el Perú durante la década de bonanza se caracterizó por su extrema pasividad y complacencia, lo que no permitió un incremento de los ingresos fiscales en la misma medida en que aumentaban las utilidades extraordinarias del sector. Se trató de un régimen fiscal más bien “regresivo”, en el sentido que no permitió una participación creciente del Estado en la renta minera. La recaudación de ingresos fiscales provenientes de la renta minera estuvo por debajo de los estándares internacionales: si bien durante 2005-2008, el Estado captó en promedio anual el 54,9% de la renta minera antes de impuesto; este resultado bajó a 33,5% durante 2009-2012, y 18,8% durante 2013-216.

La necesidad de instrumentos fiscales alternativos

Desde febrero de 2016, el precio internacional de algunos metales se ha recuperado. Si bien la posibilidad de acercarse a los picos alcanzados durante la reciente bonanza minera está negada, también es cierto que esta recuperación se produce a partir de un piso que quedó establecido por encima de los niveles pre-bonanza. Por tanto, la caída del precio de los metales a partir de 2012-2013 no ha representado una catástrofe financiera para las mineras, sino más bien una reducción de sus ganancias extraordinarias, lo cual nos conduce a la siguiente pregunta: ¿por qué entonces los ingresos fiscales vinculados a la actividad minera se han desplomado?

En este contexto, el contar con una política fiscal dotada de instrumentos adecuados para la captura óptima de la renta minera es una necesidad latente para los países exportadores de recursos naturales no renovables. Es decir, una política fiscal minera alternativa, que supere los errores del pasado reciente, fortalezca sus instituciones y vaya de la mano con una política de inversión minera ambientalmente sostenible.

Una política fiscal minera basada solo en instrumentos ya tradicionales como el Impuesto sobre Sociedades y las regalías no es suficiente. Debiera explorarse otros instrumentos fiscales, como aquéllos que forman parte del grupo de los impuestos que gravan las “rentas puras”, que tienen la ventaja de dejar ganancias adicionales en manos de los inversionistas, pero al mismo tiempo permiten al Estado participar de manera progresiva en las utilidades extraordinarias. Este tipo de instrumentos debiera aplicarse de manera complementaria a los instrumentos tradicionales ya mencionados.

Asimismo, las regalías mineras debieran ser del tipo ad-valorem, pues las que se aplican sobre las utilidades deja amplios grados de libertad para que –en países con instituciones débiles y altos niveles de evasión- las empresas manipulen sus costos y gastos con el propósito de reducir sus utilidades. Es lo que la literatura especializada califica como “información asimétrica”, fallo del mercado particularmente acentuado en minería: el productor minero es el único que cuenta con buena información sobre la estructura y magnitud de los costos involucrados en su proceso de producción (Land, 2008), así como sobre los aspectos técnicos y comerciales de su proyecto productivo (FMI, 2012). Ello deja margen para una manipulación de los costos que busque disminuir artificialmente la tasa de retorno en cada uno de los proyectos que posee una misma empresa.

En el caso del Perú, desde 2011, los costos y gastos del sector minero crecieron a una tasa media anual de 6,9%, a pesar de que sus ventas cayeron en 3,8%. Ello tuvo dos efectos complementarios: 1) reducción de las utilidades y –por ende- del Impuesto sobre Sociedades. 2) Mayores devoluciones del Saldo a Favor del Exportador (porque se incrementaron las compras y el crédito fiscal), lo que redujo los ingresos fiscales netos del país.

Por tanto, para el éxito de esta política fiscal alternativa, resulta de particular importancia que la Administración Tributaria amplíe su control sobre los costos y gastos declarados, los precios de transferencia y las prácticas elusivas. En la búsqueda de este objetivo, el avanzar hacia un mayor involucramiento con los principios del Plan de Acción BEPS resulta impostergable, pues una de las principales características de las empresas mineras es que están vinculadas a grupos económicos transnacionales, con una alta capacidad para la planificación fiscal agresiva y lo que ello implica en términos de erosión de las bases imponibles y del traslado de beneficios.

De los tres Presidentes que gobernaron el Perú durante la década de bonanza minera (2003-2012), el primero (Toledo), está con dos órdenes de prisión preventiva y actualmente se encuentra prófugo en Estados Unidos; el segundo (García), viene siendo investigado preliminarmente por un equipo especial del Ministerio Público; el tercero (Humala), se encuentra en la cárcel con 18 meses de prisión preventiva. La situación legal de los tres constituye un segundo común denominador: están siendo investigados por sus vínculos con Odebrecht, la multilatina de origen brasileño que pagaba millonarios sobornos a cambio de contratos.  ¿Estamos frente a una terrible confirmación de “la maldición de los recursos naturales”? ¿Acaso mientras algunos gobernantes priorizaban la búsqueda de sinuosos caminos para captar y lavar capitales, lanzaban una mirada laxa y complaciente a la política fiscal minera?

Referencias

BID (2013): Recaudar no basta: Los impuestos como instrumento de desarrollo; editado por Ana Corbacho, Vicente Fretes y Eduardo Lora. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

BOADWAY, Robin y Michael KEEN (2013):  Rent Taxes and Royalties in Designing Fiscal Regimes for Non-Renewable Resources.

FMI (2012): Fiscal Regimes for Extractive Industries: Design and Implementation; Prepared by the Fiscal Affairs Department. Washington, D.C.: International Monetary Fund (IMF).

GÓMEZ SABAÍNI, Juan Carlos; JIMÉNEZ, Juan Pablo y Dalmiro MORÁN (2015): El impacto fiscal de la explotación de los recursos naturales no renovables en los países de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: NNUU – CEPAL.

LAND, Bryan C. (2008): Resource Rent Taxation – Theory and Experience. Washington D.C.: International Monetary Fund.

MENDOZA, Armando y José DE ECHAVE (2016): ¿Pagaron lo justo? Política fiscal peruana en tiempos del boom minero. Lima: OXFAM – CooperAcción.

TORRES CUZCANO, Víctor (2013): Grupos económicos y bonanza minera en el Perú. El caso de cinco grupos mineros nacionales. Lima: CooperAcción.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/boom-minero-politica-fiscal-y-corrupcion/

En este distrito, se oponen a la ejecución de obras hidráulicas que la empresa Southern Perú planea ejecutar en cercanías del río Torata.

Moquegua. Los dirigentes de las organizaciones agrarias y juntas de usuarios acordaron realizar una movilización el próximo lunes 15 de enero. La jornada será en defensa del agua y en rechazo a la presunta contaminación de las cuencas hídricas por el desarrollo de la actividad minera.

Para el presidente de la Junta de Usuarios de Torata, Samuel Coayla, no hay ninguna respuesta de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ni del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre el reclamo que hicieron meses atrás.

En este distrito, se oponen a la ejecución de obras hidráulicas que la empresa Southern Perú planea ejecutar en cercanías del río Torata.

Coayla dice que la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina-Ocoña le dio permisos a la minera de manera irregular en noviembre de 2016.

Estas autorizaciones son para ampliar el sistema de derivación del río Torata, el dique de retención y sistema de manejo de agua y el canal de coronación del depósito de desmonte. El dirigente indicó que hay temor de que se contamine el río.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Usuarios de Moquegua, Juan Rodríguez, sostuvo que no son los únicos problemas. Mencionó que al iniciarse el proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American de igual manera se provocará contaminación del río Asana y Moquegua. Dijo que también por eso saldrán a las calles.

Otros dirigentes cuestionaron que el Gobierno otorgue mayor disponibilidad del recurso a favor de la minería y no para la población y la agricultura.

A la asamblea que se desarrolló en la Junta de Moquegua asistieron directivos de agricultores de Ilo y de todas las comisiones de regantes de Mariscal Nieto.

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

Un mensaje de respeto a las Comunidades Campesinas y sus territorios

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

 

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

Un mensaje de respeto a las Comunidades Campesinas y sus territorios

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

Fuente:http://iglesiasymineria.org/2018/01/08/comunidades-afectadas-por-la-mineria-esperan-del-papa-un-mensaje-de-esperanza-y-defensa-frente-a-la-violencia-ambiental-que-sufren-sus-territorios/

La oposición a la explotación minera en Huanta crece. Ahora no solo son líderes de organizaciones de base o los antimineros los que están en contra, ahora la autoridad provincial y de algunos distritos ya participan de las reuniones del Comité Provincial Contra la Minería.

Fue en la última reunión que se desarrolló sábado pasado, convocada por dicho Comité se le vio al alcalde de la provincia de Huanta, Percy Bermudo; así como a los alcaldes de los distritos de Luricocha e Iguaín, Marcial Quispe y Eusebio Quispe, respectivamente.

En dicha reunión, se aprobó decir “no” a cualquier tipo de intervención de empresas mineras en la jurisdicción de la provincia de Huanta, debido a que la explotación minera es un agente contaminante principalmente del agua, como es el caso de Putccapampa.

Benito Cabezas, presidente del Comité Contra la Minería, manifestó que en la reunión también se acordó impulsar la sensibilización a las comunidades sobre las consecuencias de la minería de diversas maneras, brindando charlas, realizando difusión a través de los medios de comunicación y colocando panales publicitarios, con un mensaje concreto de rechazo a la explotación minera.

Además, remarcó que el alcalde de Luricocha se comprometió reforestar con 30 mil plantas silvestres (pino) el territorio de la comunidad de Putccapampa, zona afectada por los trabajos mineros en el distrito de Chaca.

Por su parte, la comuna provincial se comprometió a construir una caseta de vigilancia en la zona afectada para no permitir el ingreso de las empresas mineras.

Cabe destacar, que en la reunión de fin de año 2017 participaron las comisiones de regantes de Razuhuillca, Luricocha e Iguaín; representantes del Frente de Defensa del Pueblo de Huanta, Federación Agraria y de otras instituciones.

La Sala penal de Apelaciones de Puno desestimó la apelación a la sentencia de 7 años de cárcel por los disturbios durante el aimarazo en el año 2011.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno dispuso la orden de captura del dirigente aimara Walter Adivuri Calisaya, tras desestimar la apelación presentada por su defensa a la sentencia de 7 años de cárcel en primera instancia.

Aduviri, además deberá pagar 2 millones de soles como reparación civil por los disturbios que se generarán durante las protestas que dirigió el 2011 contra el proyecto minero Santa Ana y terminó en la cancelación del mismo.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno dispuso la orden de captura del dirigente aimara Walter Adivuri Calisaya, tras desestimar la apelación presentada por su defensa a la sentencia de 7 años de cárcel en primera instancia.

Aduviri, además deberá pagar 2 millones de soles como reparación civil por los disturbios que se generarán durante las protestas que dirigió el 2011 contra el proyecto minero Santa Ana y terminó en la cancelación del mismo.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1164022-ordenan-captura-de-dirigente-aimara-walter-aduviri

RED MUQUI es un colectivo nacional que se conformó en octubre del año 2003 en una coyuntura particularmente especial, luego de culminado abruptamente el tercer gobierno de Alberto Fujimori por los hechos de corrupción que fueron públicos, del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua y recién iniciado el gobierno de Alejandro Toledo.

En esa época se avizoraba una creciente conflictividad social vinculada con el crecimiento desmedido de las actividades extractivas, en especial la actividad minera, en la que se centraba nuevamente la dependencia de nuestra economía.

Casos como la consulta vecinal realizada en Tambogrande (Piura) en el año 2002, donde el 98% de su población votó por la no realización de actividad minera en sus tierras, y la terrible contaminación producida en La Oroya (Junín), a sólo cinco horas de Lima, donde más del 90% de los niños tenía intoxicación por plomo producido por la actividad minero-metalúrgica, lo que la colocaba luego, entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo, impulsaron a un conjunto de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, a unirse en un solo esfuerzo por el acompañamiento de casos y propuestas, así nació la RED MUQUI.

Desde RED MUQUI, nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional de 11 regiones del país, avizoramos juntos, el logro de un Perú donde pueblos y comunidades disfruten plenamente del acceso a sus territorios y recursos naturales, donde ejerzan sus derechos individuales y colectivos con criterios de justicia social y ambiental nacionales e internacionales, y donde puedan ejercer sus modos de vida que se cimientan en la sostenibilidad y el Buen Vivir. Pero pese a nuestros llamados y propuestas, los retrocesos en los últimos años son evidentes, y borran los avances que se habían logrado, remontándonos a la misma situación que vivimos en la época del gobierno de Fujimori.

La coyuntura actual de crisis que vive el país, con el presidente Kuczynski salvado de la vacancia, a partir de tratos con la bancada fujimorista, nos remonta a recordar el por qué se conformó la RED MUQUI y plantear nuestra posición sobre la situación que atravesamos:

Recordamos que los problemas de flexibilización de marcos ambientales y de acceso a las tierras comunales se inician justamente con el gran paquetazo de decretos legislativos producido con el autogolpe del gobierno de Fujimori el año 1992, cuando con el D. Leg. 757, Ley Marco de la Inversión Privada, se deroga en gran medida el D. Leg. 613, Código del Medio Ambiente, con menos de dos años de vigencia, que era un Código de avanzada y ejemplo para América Latina, evitando medidas de protección y conservación, para facilitar las inversiones “a cualquier costo”. Asimismo, la nueva Constitución del año 1993, dictada por el gobierno de Fujimori, elimina las garantías de “inembargables e inalienables” de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, para sólo dejar la de “imprescriptibles”, previendo sólo una perspectiva económica de su uso para el acceso a los créditos y la posibilidad de su embargo, sin considerar la relación social, cultural, religiosa que las comunidades tienen con sus tierras y sus recursos naturales.

Ese mismo escenario de involución legal, sin vivir la misma coyuntura económica y política que se vivió a inicios de los años 90, es el que sufrimos hoy, y es que en realidad pese a las votaciones cada 5 años, no vivimos una auténtica democracia.

Los hechos recientemente conocidos sobre los negocios realizados por empresas del Presidente de la República cuando ostentaba cargos públicos en anteriores gobiernos, evidencian las continuas denuncias de “puertas giratorias” que desde Red Muqui hemos realizado, donde los operadores del sector privado pasan al sector público, facilitando normas, contratos y proyectos, y luego regresan al sector privado promovidos a nuevos cargos por la información privilegiada que tienen, o por las facilidades que han prestado a las empresas durante la gestión pública que asumieron. Lo más grave es que éstas personas asumen como normales éstas prácticas, sin asumir responsabilidades por su accionar.

Nuestros últimos gobiernos, desde el gobierno del condenado ex presidente Fujimori, pasando por Toledo, García, el propio Humala, pero en especial el actual presidente Kuczynski, estuvieron o fueron cooptados por el poder económico, para flexibilizar aún más las normativas y políticas públicas que ya se habían sido flexibilizadas desde el gobierno fujimorista, en diversos ámbitos, facilitando las actividades extractivas, fundamentalmente la actividad minera, eliminando las garantías para las tierras y derechos de nuestras comunidades campesinas y nativas, eliminando las regulaciones ambientales, con los paquetazos normativos y los decretos legislativos emitidos con las facultades brindadas por el actual Congreso de la República, en favor de las empresas.

Nos preocupa desde RED MUQUI que ésta situación de indiferencia de nuestros gobernantes, por una economía que tenga como centro a la persona, su dignidad, participación, seguridad y el bien común, y que más bien prioriza favorecer al poder económico, dejando de lado a la mayoría de peruanas y peruanos, genere situaciones de violencia, que ya se están promoviendo con la represión policial y procesos de criminalización de la protesta social, que se han seguido ejerciendo durante este gobierno, con las declaraciones de estado de emergencia en lugares donde las poblaciones han realizado protestas pacíficas y justas por actividades mineras que no cumplen estándares ambientales y sociales, y se agudicen ahora por las nefastas decisiones políticas del actual gobierno, como la del reciente indulto al condenado ex presidente Fujimori.

La situación actual de crisis que vivimos, evidencia que en materia económica, independientemente de las luchas por parcelas de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, en realidad lo que ha habido desde el inicio del mandato del presidente Kuczynski es un cogobierno con el Fujimorismo, que luego ha incluido acuerdos de impunidad y solapamiento de la corrupción, y que la actual decisión de otorgar el indulto al condenado por delitos contra los derechos humanos, ex presidente Fujimori, simplemente lo confirma.

Finalmente, nuestros gobernantes en el poder ejecutivo y legislativo deben asumir sus responsabilidades, y dar los pasos que correspondan para que haya autoridades que con independencia y dejando de lado lazos con intereses económicos, tomen decisiones en favor de todas/os los peruanos, no como ha sucedido hasta la fecha.

Lima, 28 de diciembre de 2018

RED MUQUI

Exigen la expulsión de todas las empresas mineras del Valle Nepeña para evitar la contaminación de los ríos de la provincia del Santa.

Decenas de agricultores y pobladores de la ciudad de Jimbe, en el distrito de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, región Áncash, acatan un paro de 24 horas para exigir el cese de la actividad minera informal en la cuenca Nepeña.

La protesta está dirigida principalmente contra la empresa GM Pequeños Constructores Mineros y el Consorcio Minero y Operaciones Conexas, compañías que se dedican a la explotación de oro en el Valle Nepeña. La principal preocupación es que los afluentes y la principal laguna de la zona, Matamata, se contamine con metales pesados derivados de la minería.

A esta preocupación se suma un informe de la Red de Salud Pacífico Sur, el cual señala que en algunas captaciones y reservorios de agua en Cáceres del Perú han encontrado presencia de aluminio, arsénico, hierro y fósforo.

La paralización fue convocada por el Frente de Defensa y Desarrollo de la citada cuenca, en la que participaron los representantes de las juntas de regantes y comunidades campesinas de los distritos de Samanco, Nepeña y Moro.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-agricultores-jimbe-acatan-paro-mineria-informal-noticia-481589