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Ríos de Puno son contaminados por mina Arasi

La República llegó hasta el lugar donde un río de metales pesados de la empresa Arasi se junta con el río Pataqueña de agua transparente. OEFA confirma que existe contaminación.  05/02/2018
PRUEBAS MEDIOAMBIENTALES. La República llegó a intersección de río contaminado y río Pataqueña. La imagen evidencia como un afluente limpio se junta con uno contaminado.

Liubomir Fernández
La contaminación de la cuenca Jatun Ayllu (Ocuviri-Lampa) y Llallimayo (Melgar) tiene su origen en la confluencia entre un río de metales pesados y un afluente de agua transparente donde todavía se puede pescar truchas.

Ambos afluentes están en la comunidad de Chacapalca, en la zona alta del distrito de Ocuviri, en la provincia de Lampa, a cinco horas de la ciudad de Puno.

La República se trasladó hasta la comunidad de Chacapalca. En el camino uno se encuentra con enormes montañas donde las alpacas reinan por ser su hábitat. Estos se alimentan en extensos bofedales, gracias al agua pura que baja de las cumbres. Este panorama contrasta cuando uno se encuentra con las operaciones de la mina Arasi, que explota oro hace varios años en la comunidad de Chacapalca. El proyecto pertenece a la empresa Aruntani, que también opera entre las regiones de Puno y Moquegua.

El punto de contaminación del cual es responsable Arasi está focalizado entre la intersección de dos vertientes que forman una “y”. El río que baja de las zonas altas se llama Pataqueña, cuyo caudal es transparente. Se puede llegar a ver incluso peces pequeños y consumir el líquido sin mayor problema. Paradójicamente este río pasa por un costado del campamento de la empresa. El problema es aguas abajo, cuando afluentes se unen.

El río Pataqueña pierde su transparencia, cuando por un costado recibe descarga de aguas turbias color beige oscuro lechoso, que salen del interior del campamento de la minera por la cuenca denominada Azufrini. Los peces que bajan de la altura vivos finalmente mueren, cuando se encuentran con la contaminación.

“Esas aguas son ácidas… Las familias que aquí vivimos estamos contaminadas”, aseguró Eduardo Ccahuanihancco Hancco, poblador de Cachapalca.

El vicepresidente de la comunidad, Juvenal Bodadilla Choque, aseguró que efectivamente la mina contamina el río que al final termina afectando a pobladores de la zona baja de la cuenca de Llamimayi, en la provincia de Melgar. En esta zona los campesinos se dedican a la crianza de ganado vacuno. El consumo de agua contaminada ha generado la muerte de decenas de animales.

No solo los campesinos confirman que existe contaminación. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también certificó que el efluente, que sale de la minera, tiene metales pesados.

Según el informe 077-2017 de la OEFA, la evacuación de aguas contaminadas devienen del botadero “Yesica”. Se detectó que allí existe afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro y manganeso. Estos metales pesados pasan por una quebrada y finalmente ingresan por el río Azufrini, ahora de metales pesados, el cual finalmente termina juntándose con las aguas cristalinas del río Pataqueña.

“Nos están envenenando y están matando a nuestros animales”, aseguró Nilda Chávez, pobladora de Llallimayo.

Aseguró que el caso es de vida o muerte porque de por medio está el medio ambiente y la sobrevivencia de la crianza de ganado vacuno.

http://larepublica.pe/sociedad/1179979-rios-de-puno-son-contaminados-por-mina-arasi

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Perú es el primer productor de oro en América Latina y sexto a nivel mundial

Y el último reporte de la Defensoría señala 120 conflictos socioambientales en el país.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló, hoy martes, que el Perú es el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial.

En una nota de prensa publicada en su página web, el gremio extractivo resaltó que La Libertad y Cajamarca son los mayores productores de oro en el país «al concentrar 50% de la producción aurífera nacional que ascendió a 151 toneladas al cierre del año 2017».

Precisó que La Libertad produjo 43 toneladas del metal precioso el año pasado y Cajamarca, 33. Detrás de estas regiones, se encuentran Arequipa con 20 toneladas y Ayacucho con 12.

Respecto a la producción de plata, la SNMPE señaló que esta fue de 4,304 toneladas en el 2017 y Áncash, Lima y Junín fueron las regiones con mayor producción al representar el 55% del total. Además, resaltó que el país es el segundo mayor productor de plata en América Latina y en el mundo con una producción acumulada de 8,679 toneladas en el período 2016-2017.

Todas estas cifras positivas que presenta el gremio minero no indican un factor importante: la dependencia de la economía peruana al sector extractivo.

Como indicó el exministro de Economía, Alonso Segura, van dos años seguidos de subida del precio de los metales, pero ¿qué pasaría si se produce una caída igual de repentina? El economista advierte vulnerabilidad del país.

Además, la actividad minera genera conflictos socioambientales en el País. En el último reporte de la Defensoría del Pueblo, se detectó 120 conflictos de este tipo, de los cuales 78 están relacionados a la minería.

https://redaccion.lamula.pe/2018/02/06/peru-mineria-america-latina-productor-oro-sociedad-nacional-mineria-petroleo/jorgepaucar/

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Piden al ministro Salinas atención prioritaria a niños afectados por metales tóxicos y petróleo

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: «Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana»

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.

Este es un resumen de las demandas que formalizaron al MINSA a fines del 2017

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En el Perú no se están consultando, medidas que pueden afectar derechos colectivos de Indígenas

Autor: Nylva Hiruelas -CooperAccion.org.pe

Ana Leyva, directora de CooperAcción, hace un balance de los procesos de consulta previa en las industrias extractivas que se han desarrollado en el país, y afirma que en casi todos los casos se está consultando decisiones operativas, excluyéndose las que son más relevantes y que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellas están las decisiones sobre el uso del territorio y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Leyva señala que en minería ninguno de los actos que se consulta permite establecer las condiciones sobre las que se dará esta actividad, ni las medidas de prevención, mitigación o compensación de sus impactos. Sostiene además que no hay margen para un diálogo real sobre la medida consultada.

Han pasado tres años desde que se implementó la consulta previa en minería, el número de consultas previas concluidas ha superado a las realizadas en el sector de hidrocarburos iniciadas hace cinco años. ¿Qué piensa al respecto?

R.-El gremio minero ya no ve a la consulta previa en minería como una traba, porque la manera en que se ha implementado la convierte en solo una formalidad. A lo largo del ciclo del proyecto minero, el Ministerio de Energía y Minas ha decidido consultar los últimos actos administrativos de la cadena de decisiones, es decir, los menos importantes.

P.- ¿Qué efectos jurídicos produce en los pueblos indígenas la autorización del inicio actividades de exploración?

R.- Es poco significativa, es una decisión operativa que no tiene mayores consecuencias jurídicas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Cuando se otorga dicha autorización, ya casi todo sobre el proyecto está decidido y nada de ello se puede cambiar.

P.- Pareciera que ha habido un antes y un después en el gremio minero. Antes señalaban que era un obstáculo para las inversiones, y ahora tras ser implementada, Carlos Gálvez presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó el año pasado que las consultas positivas podían ser tomadas como modelo y que a veces «se crean fantasmas ante lo desconocido». ¿Por qué ese cambio?

R.- Porque la consulta previa en minería se ha neutralizado. La consulta se ha convertido en un instrumento de legitimación de los proyectos. Ninguno de los actos que se consulta permite participar de las decisiones sobre si el proyecto va o no va ni sobre las condiciones necesarias para prevenir sus impactos sobre los derechos indígenas o para determinar las medidas que permitan mitigarlos o compensarlos. Además el proceso no permite un diálogo real sobre la medida. En un estudio realizado por CooperAcción que analiza 10 consultas desarrolladas, se puede observar que tan solo tres llegaron a la fase de diálogo, etapa previa a la decisión final. ¿Por qué la mayoría de consultas concluyeron luego de terminada la etapa de evaluación interna y no llegaron a la fase de diálogo? Porque no hay materia para debatir. Ante este problema, la metodología conduce a los participantes a conversar sobre impactos generales de la actividad minera. Pero al ser tan general, no se llega a nada concreto y los acuerdos terminan refiriéndose a obligaciones que el Estado ya tiene legalmente, independientemente de la consulta. La propia Defensoría del Pueblo se pronunció, afirmando que los acuerdos no versan sobre acciones concretas para prevenir afectaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

P.- ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llega?

R.- Son muy generales. Por ejemplo, que el Estado cumpla con fiscalizar y supervisar las actividades de la empresa, que la comunidad esté informada de las actividades del proyecto, que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales y sociales o que los incumplimientos de ésta, sean sancionados por el OEFA u OSINERGMIN. Gran parte de los casos no llegaron a la fase de diálogo porque no había discrepancias entre las comunidades y los representantes del Estado sobre esas propuestas. En esos casos el diálogo quedó agotado. Al plantearse cosas que ya estaban en la ley o en los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, las reuniones de cada etapa carecían de sentido. Los casos que llaman la atención, son las dos consultas realizadas casi simultáneamente sobre el proyecto Apumayo que corresponden a las decisiones casi finales sobre exploración y explotación, algo que materialmente debía ser imposible. Es más, algunas reuniones de la consulta sobre la medida referida a la explotación se dieron antes que las que correspondían a la autorización de inicio de la exploración.

P.- Afirmas que el EIA debe ser consultado. ¿Sobre qué podrían decidir los pueblos indígenas si se consultara?

R.- Si se consultara, en el proceso se podrían debatir los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales que tendrá el proyecto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, las canchas de relave podrían poner en riesgo alguna fuente de agua o estar ubicada en un espacio culturalmente importante. El ruido podría ahuyentar a los animales y con ello dificultar la caza. La llegada de gente foránea podría debilitar la identidad cultural. Si se consultara el EIA estos temas serían materia de la consulta.

P.- ¿Qué información se les alcanza a los pueblos indígenas que van a ser consultados sobre un proyecto?

R.- Les hablan de los impactos de la actividad en general. Les presentan una tabla de impactos genérica sin dar detalles del proyecto en concreto. Se evita en todo momento remitirse al estudio ambiental porque podría generar la expectativa de realizar cambios y eso no es posible porque el estudio ya se encuentra aprobado. Ante ello, podemos afirmar que la consulta no canaliza la preocupación de los pueblos indígenas.

Por otro lado, la información que se proporciona es muy técnica, y poco asequible para los pueblos indígenas. Además, si bien hay traductores, estos traducen generalmente lo que los técnicos dicen, pero no los comentarios que hacen los representantes de los pueblos y que deberían ser escuchados por los funcionarios. Esto significa que no hay un diálogo real.

P.- En el caso de los hidrocarburos, ¿la medida que se consulta es más relevante que en minería?

R.- Son varias los actos que se consultan, pero solo uno de ellos tiene relevancia, me refiero a la aprobación del contrato. En el contrato se establecen las cláusulas socioambientales que guardan estrecha relación con los derechos de los pueblos indígenas. Es por esta razón que las comunidades de la zona de influencia del Lote 192 han reclamado ser consultadas sobre el nuevo contrato que se celebrará para que se continúe explorando y explotando el Lote.

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Los harakbuts, el pueblo nativo que la minería ilegal asfixia en Madre de Dios

Crisis en la Amazonía. Puerto Luz es una de las 10 comunidades de la Reserva Comunal de Amarakaeri que sufre los embates de la minería ilegal. Sus habitantes, que son más de 400, viven en medio de un panorama desolador y se han visto obligados a practicar la minería artesanal sin depredar sus bosques. Están amenazados por el olvido, la violencia y la contaminación.

Ya no quiero regresar allá.

Aquella mañana, al lado del río Colorado, en la región Madre de Dios, los labios de Julio Kirigwa, de 71 años, hablante de una sola lengua nativa (el harakbut) tiemblan. En cada palabra, él tiene miedo que los recuerdos de sus pasos pequeños y risas inocentes se esfumen y no puede evitar que sus labios dejen de temblar.

Yo jugaba en el agua cristalina, pescaba grandes peces con mi papá. Pero de eso ya no queda nada. Por eso ya no quiero salir de la comunidad (Puerto Luz) porque me duele ver la destrucción que hay afuera, mi corazón se rompe», responde Julio, quien siendo niño escapó hacia el monte y se convirtió en un sobreviviente de la fiebre del caucho, durante las primeras décadas del siglo XX. Él, como alguna vez experimentaron sus padres en su momento, observa ahora cómo sus descendientes enfrentan otros peligros: la minería ilegal, la tala de árboles y la invasión de sus bosques.

La comunidad nativa de Julio se llama Puerto Luz y desde 1970, cuando cambió de nombre, se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, provincia del Manu, a 6 horas de la ciudad de Puerto Maldonado en un viaje por carretera, trochas y ríos. Su extensión es de 56 hectáreas, su población sobrepasa los 400 habitantes que provienen de la etnia harakbut y su realidad hoy es crítica: es el pueblo más devastado, de los 10 que comprenden la Reserva Comunal Amarakaeri, debido a la fuerza de la minería depredadora.

El pueblo de Julio, que ahora es asfixiado por la fiebre del oro, también es el de Yesica Patiachi Tayori, de 31 años, la profesora de secundaria que el 19 de enero pasado se convirtió en la voz de las comunidades amazónicas frente al mismo papa Francisco. Bajo este escenario, días después, La República viajó a Madre de Dios en busca de su comunidad nativa multicolor, ancestral, pero lo que encontró a su alrededor fue un territorio marrón, gris, destruido, bajo un cielo de azul intenso y entre ríos contaminados, «de la muerte», como Yesica describió en su emotivo discurso.

Asfixia de un pueblo

Puerto Luz está ubicado a 20 minutos de un centro poblado llamado Delta 1, el cual es un punto neurálgico de la minería ilegal. En el trayecto de estos dos lugares, los mineros han instalado campamentos y durante el día y la noche extraen el oro del subsuelo con maquinaria pesada y mercurio, sustancia que después va a parar al río donde ya no se bañan los niños nativos.

«Nosotros venimos del Cusco y solo cumplimos órdenes de quien nos paga. Aunque creemos también que la tierra es de todos los peruanos y no solo de los nativos», responden dos joven sin polo que han sido descubiertos por los pobladores de Puerto Luz con machetes en la mano, que minutos antes usaron para derribar los árboles, cuyos troncos les servirán para instalar los artefactos acondicionados para extraer oro (dragas). Ellos ganan un jornal diario de 50 soles, trabajan en condiciones infrahumanas y forman parte de la maldita cadena que acorrala a los pueblos amazónicos, los ahoga y los arrincona.

La afectación de la zona cercana de la comunidad nativa Puerto Luz, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, había alcanzado las 1.561 hectáreas durante los últimos 4 años, según un estudio del Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP, por sigla en inglés). Actualmente, el daño es similar a 20 estadios nacionales, por lo menos.

«Recibimos el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), pero muy poco pueden hacer 14 guardaparques en una reserva natural de 402 mil hectáreas incluida la zona de amortiguamiento. Ahora nuestro temor es el avance de la minería ilegal hasta las cuencas que abastecen de agua a los pueblos de esa zona de Madre de Dios, sería una tragedia mayor a lo que se vive en la conocida zona de La Pampa», advierte Walter Quertehuari, un harakbut elegido presidente del ECA Amarakaeri. Por eso, en ese lugar del país, los líderes nativos son guardianes de su aún verde territorio que consideran ancestral.

Guardianes de su tierra

Uno de ellos es Jorge Tayori, quien ha recibido amenazas de mineros ilegales. «Hasta ha sido secuestrado varios días por oponerse a los mafiosos del oro», cuentan en la comunidad Puerto Luz donde existen cerca de 20 concesiones mineras otorgadas por el Estado que están superpuestas con las tierras de los nativos.

«Nos invaden, pese a que tenemos títulos. Nos dicen: ‘¿Acaso tú has plantado estos árboles, has producido el agua?», cuenta Erasmo Manya, de 40 años, padre de familia, harakbut, quien ya en el 2016 se ha enfrentado a los mineros ilegales. «Ellos tienen armas y nosotros no. Estamos viviendo lo que vivieron nuestros antepasados con los caucheros».

En Puerto Luz, como en las otras 9 comunidades nativas de la Reserva Comunal de Amarakaeri, debido al acorralamiento de la extracción de oro y a la falta de oportunidades, las familias se han visto obligadas a practicar la minería artesanal. «Nosotros no buscamos oro para hacernos ricos, solo buscamos lo necesario para que nuestros hijos estudien», afirma Virginia Kirihua, de 36 años, quien desde niña ha visto cómo, primero, los hombres blancos, y luego los foráneos cobrizos, se han vuelto cada vez más ambiciosos por esos piedrecitas brillantes que sus ancestros confundían con los granos del maíz que ellos cosechaban.

Cultura que sobrevive

Yerco Tayori, de 26 años, líder de Puerto Luz, aclara que ellos no depredan sus bosques sino que solo esperan que el caudal del río Colorado disminuya para ir a las playas que se forman y buscar oro. «Nosotros no vamos a depredar la casa de nuestras futuras generaciones. Así como nuestros antepasados cuidaron nuestros bosques, nosotros hacemos lo mismo», precisa, tras agregar que otro riesgo que enfrentan es la construcción de una carretera.

El centro de salud de esta comunidad nativa no tenía personal médico hasta el año pasado cuando llegó la esposa de Yerco, quien es una enfermera técnica. En Puerto Luz hay 10 docentes para los niveles inicial, primaria y secundaria, pero solo uno habla la lengua harakbut. «Yo no quiero que mi lengua desaparezca, por eso, al acabar mi carrera de educación, yo volveré acá para enseñar», dice una joven de 19 años. Ella no olvida lo que le dijeron sus abuelos: «Si pudiera hablar castellano, les juro que yo defendería lo que ustedes no defienden».

Testimonio

Yesica patiachi Tayori

Soy del pueblo harakbut y recuerdo que de niña caminaba por el bosque verde y podía pescar allá. Lamentablemente, hoy se encuentra todo devastado por la minería ilegal y la tala ilegal que depreda y solo trae desolación a los pueblos. Ya no están los caucheros, pero su espíritu está en cada minero ilegal, en cada empresa petrolera, en cada maderero informal. Es de esta forma que estamos luchando. Por eso, tras la visita del Papa a Puerto Maldonado, esperamos que se haga eco de nuestro problema a nivel nacional e internacional. Queremos desarrollo sin depredación. Tiene que haber consulta previa, no solo por el bien de los pueblos nativos sino por el bien de la humanidad. Hoy el mundo se asfixia y si no hay bosque ni agua, ni aire, qué será de todos nosotros. Los pueblos nativos seremos estudiados en vitrina y no como cultura viva, como pretenden.

Bebé nativo bendecido por el Papa

Leandro tiene 4 meses y es conocido en la comunidad de Puerto Luz por ser el primer bebé nativo en ser bendecido por el papa Francisco en persona, en Madre de Dios.

El 19 de enero pasado, cuando se retiraba del Coliseo Cerrado, donde se reunió con 3 mil 500 representantes de comunidades nativas, el Papa le cogió la cabeza y le dio la bendición. «No me imaginé que iba a pasar eso, me emocioné mucho», cuenta Leidy Tayori, mamá de Leandro.

Este niño va a aprender la lengua harakbut que casi desaparece en su comunidad. «Haré un cuadro con la foto donde él sale con el Papa. Le enseñaré orgullosa», dice Leidy.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1177491-los-harakbuts-el-pueblo-nativo-que-la-mineria-ilegal-asfixia-en-madre-de-dios

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Ejecutivo autorizó a minera de capital canadiense operar en zona de frontera

Autor: Reina de la Selva.pe

Sociedad Minera San Miguelito tendrá concesiones y derechos mineros dentro de los 50 km de la frontera norte. El Ejecutivo autorizó que Sociedad Minera San Miguelito.

El Ejecutivo autorizó que Sociedad Minera San Miguelito, empresa que tiene como inversionista principal a la canadiense Plexmar Resources, adquiera y posea concesiones y derechos sobre minas y recursos para el desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera norte del país. La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano.
“La solicitud de Sociedad Minera San Miguelito se encuentra incluida dentro del supuesto de necesidad pública establecido en el artículo 71 de la Constitución, dado que el interés en establecer la titularidad del derecho minero solicitado trasciende al interés privado, incidiendo de manera importante en el bienestar de la comunidad”, indica la resolución que lleva la rubrica del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El artículo 71 de la Constitución impide a los extranjeros (personas naturales o jurídicas) adquirir o poseer propiedades de forma directa o indirecta, ni en sociedad, dentro de los 50 kilómetros de frontera.
De esta forma, el gobierno aprobó la solicitud de Danilo Guevara Cotrina, peruano que tiene el 0.01% de participación en el capital de la empresa Sociedad Minera San Miguelito y que figura como gerente legal de Sociedad Minera Corona, que opera la mina de plata Yauricocha. Guevara solicitó adquirir dos derechos mineros ubicados en la zona de la frontera norte, en Ayabaca (Piura).
 
“La posesión directa o indirecta, individual o en sociedad de Sociedad Minera San Miguelito, sobre los bienes a que se refiere el presente decreto supremo, que no cuenten con la correspondiente autorización, da lugar a la pérdida del derecho adquirido”, se advierte en el decreto supremo.
El año pasado, el Ministerio de la Producción (Produce) dejó sin efecto un proyecto de resolución, prepublicado en julio del 2017, que planteaba autorizar a Aventura Plaza y Open Plaza, ambas del grupo chileno Falabella, a adquirir y mantener terrenos, respectivamente, dentro de los 50 kilómetros de la zona de frontera entre Chile y el Perú.
Fuente:http://reinadelaselva.pe/noticias/2423/ejecutivo-autoriz-a-minera-de-capital-canadiense-operar-en-zona-de-frontera
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Tía María: Fiscalía formaliza denuncia contra dirigentes sin tener pruebas suficientes

Autor: Redacción Muqui org.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró.

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: «nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/682-tia-maria-fiscalia-formaliza-denuncia-contra-dirigentes-sin-tener-pruebas-suficientes

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Perú. Consúltame De Verdad: Campaña pone en evidencia limitaciones de consulta previa en extractivas

Autor: Hiperactiva Comunicaciones, Kaos en la Red.

La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción. 

La forma en que se viene aplicando la consulta previa para actividades mineras y petroleras ha convertido este derecho en un mero trámite, según señala una reciente investigación. Frente a ello, organizaciones de la sociedad civil han lanzado una campaña que busca la modificación de los reglamentos emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, para que cumplan con el espíritu del Convenio 169 de la OIT: que la consulta permita garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro. 

En el Perú, hace 22 años entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, y hace seis años contamos con una Ley de Consulta Previa. Sin embargo, la implementación de este instrumento viene causando insatisfacción en las comunidades por su poca eficacia para lograr la defensa de sus derechos colectivos a la tierra y territorio. 

El informe “La consulta previa en minería en el Perú y el incumplimiento los estándares establecidos en el convenio 169 de la OIT”, elaborado por CooperAcción, analiza 11 de las consultas realizadas hasta el momento en minería en los seis años de vigencia de la norma. 

Uno de los principales cuestionamientos es que la consulta se ha convertido en un mero formalismo y se realiza en las etapas finales del proceso de inversión minera y petrolera, cuando ya no hay ninguna decisión relevante que tomar. Además, instrumentos tan importantes como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Cierre de Minas no pasan por consulta.  

Otro cuestionamiento es la rapidez con que se vienen dando las consultas. En algunos casos, las etapas informativa y de evaluación se realizaron en un mismo día. 

Además, muchos de los acuerdos que se alcanzan en estos procesos son en realidad obligaciones que ya tiene el Estado, al margen de la consulta. Por ejemplo, algunos de los acuerdos alcanzados en las consultas realizadas son “que se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”. 

“Aunque a los pueblos indígenas se les consulte, las medidas administrativas que son objeto de consulta no son trascendentes porque no tienen afectación jurídica directa a los derechos de los pueblos indígenas, y los acuerdos no versan sobre las acciones concretas para prevenir afectaciones de sus derechos. La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción. 

La campaña #ConsúltameDeVerdad tiene como objetivo demandar que la consulta en hidrocarburos y minería se ajuste a los estándares del Convenio 169 para que los pueblos indígenas tengan un diálogo y participación real. Ello implica modificar los reglamentos que regulan la consulta tanto en el sector minería como hidrocarburos. 

“Se ha traducido meramente en un trámite administrativo y lo que exigimos los pueblos indígenas es que tengan la aplicación efectiva como lo manda el convenio 169 de la OIT, que el tema de la consulta previa sea un mecanismo que nos permita llegar a acuerdos concretos y con la participación de varones, mujeres, jóvenes y niños, que somos finalmente todos los que integramos un pueblo indígena”, señala Gladis Vila, líder indígena de Huancavelica. 

Ana Leyva señala que el sector empresarial ya no se opone a la consulta previa debido a que se le ha vaciado de contenido, “ya no la consideran un obstáculo para la inversión porque ya no se está consultando nada relevante”. El gran desafío es que la consulta se transforme en un medio para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “para que les permita defender su derecho al territorio, a la tierra, al acceso a recursos naturales, su identidad cultural, y también sus opciones de desarrollo así como su autodeterminación. Se requiere que la forma como se viene implementando la consulta sea reformulada, para que realmente pueda dar presencia a los pueblos indígenas en la toma de decisiones”.  

 

La campaña viene siendo impulsada por CooperAcción y Oxfam. 

Fuente:http://kaosenlared.net/peru-consultame-de-verdad-campana-pone-en-evidencia-limitaciones-de-consulta-previa-en-extractivas/

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PPK no observó ley que pone en riesgo a indígenas y áreas naturales protegidas

Autor: Redacción, La Mula.pe

Ante silencio del presidente, Luis Galarreta promulga norma fujimorista que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali pero no considera observaciones de comunidades indígenas y del Ministerio de Cultura.

Este lunes 22 de enero el diario oficial El Peruano publicó la promulgación de la Ley 30723, denominada ‘Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali’. Firmada por el presidente del Congreso Legislativo, Luis Galarreta, el 15 de enero.

La rúbrica es del legislador y no del jefe de Estado porque éste no la promulgó ni observó durante el tiempo establecido. La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, una norma rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y el Ministerio de Cultura. Incluso el entonces ministro Salvador del Solar envió al presidente del Legislativo un oficio en el que explicaba por qué el aún proyecto de ley no era viable.

Sin considerar al Ministerio de Cultura (que a través del Viceministerio de Interculturalidad era una parte a consultar) ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas (que viven en la Amazonía y así como supuestamente pueden ser beneficiados, también pueden ser afectados), la iniciativa fujimorista fue aprobada por tener la mayoría parlamentaria. Además, no se hizo estudios técnicos ni económicos.

«Si para algunos ustedes son un estorbo o un obstáculo, con sus vidas ustedes son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes de la misma», dijo el papa Francisco a los indígenas en Puerto Maldonado este 19 de enero.

Este lunes 22 de enero el diario oficial El Peruano publicó la promulgación de la Ley 30723, denominada ‘Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali’. Firmada por el presidente del Congreso Legislativo, Luis Galarreta, el 15 de enero.

La rúbrica es del legislador y no del jefe de Estado porque éste no la promulgó ni observó durante el tiempo establecido. La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, una norma rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y el Ministerio de Cultura. Incluso el entonces ministro Salvador del Solar envió al presidente del Legislativo un oficio en el que explicaba por qué el aún proyecto de ley no era viable.

Sin considerar al Ministerio de Cultura (que a través del Viceministerio de Interculturalidad era una parte a consultar) ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas (que viven en la Amazonía y así como supuestamente pueden ser beneficiados, también pueden ser afectados), la iniciativa fujimorista fue aprobada por tener la mayoría parlamentaria. Además, no se hizo estudios técnicos ni económicos.

La ahora ley expone a un alto riesgo a seis áreas naturales protegidas por el Estado (los parques nacionales Alto Purús, Cordillera Azul y Sierra del Divisor; las reservas comunales Purús y El Sira y el área de conservación regional Imiria), tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti). Además, pone en riesgo a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI).

Cuando conversamos en diciembre pasado con Julio Cusurichi, presidente de la organización indígena Fenamad, y con Lorena Prieto, directora de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, ellos confiaban en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski observaría la norma y hubiera un debate más allá del parlamento, de tal manera que participen activamente organizaciones indígenas, los ministerios de Cultura, del Ambiente, de Agricultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Conectividad

Mientras los congresistas de Fuerza Popular -autores de la norma- la defienden «el interés nacional de establecer carreteras» y aseguran que la carreteras permitirán una mayor conectividad en Ucayali, hay que recordar que las experiencias existentes no han sido positivas, pues han permitido el aumento de la minería y tala ilegales, y por ende la deforestación, violaciones de los derechos de las comunidades indígenas, prostitución, corrupción, cultivos de coca, entre otras malas consecuencias.

Hacer más carreteras -anota Rolando Navarro, exdirector de Osinfor- es abrir un frente favorable al extractivismo de manera incontrolable. “Si el congresista Tubino dice que las carreteras generan más conectividad, habría que preguntarle ¿mayor conectividad para qué?, ¿para la extracción ilegal de madera?”, señala a LaMula.pe.

Con él coincide el politólogo y exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra: «¿Conectar a quiénes con quiénes? Los principales impulsores de las carreteras en la amazonía el Perú son intereses informales e ilegales, incluida la corrupción como en la Interoceánica. La conexión debe servir a una ocupación sostenible del territorio, y a partir de ahí se identifica las opciones. Eso lo debe hacer el gobierno bajo criterios técnicos y no el Congreso», dice a LaMula.pe.

En opinión de Julia Urrunaga, directora en Perú de Environmental Investigation Agency (EIA), recuerda que a lo largo de la Amazonía hay abundante evidencia –incluidas impactantes imágenes satelitales– de la destrucción que generan carreteras como las que promueve esta nueva ley y que pasan sobre bosques primarios. «Las comunidades indígenas y sus organizaciones se han venido oponiendo fuerte y sostenidamente a estos proyectos por más de una década, precisamente porque ellos han experimentado esta destrucción», comenta.

Para Navarro, debemos analizar los reales intereses que hay detrás de esta ley. Por ejemplo, una de las principales intenciones mayores sería llegar a los lugares más recónditos donde aún hay caoba, pues en su opinión hay un lobby maderero a favor de esta norma. “El interés es llegar al potencial existente de madera, y la gran mayoría de especies de alto valor comercial está en áreas protegidas”, subraya.

Las carreteras no son la única solución

La Ley 30723 dice: “El departamento de Ucayali posee una gran riqueza de recursos naturales, una elevada disponibilidad de recursos híbridos y de flora y fauna silvestre. A pesar de ello, esta gran cantidad de recursos con que cuenta la región no es proporcional con su desarrollo, es menester señalar que una de la causas más importantes que impide el desarrollo sostenido y que lo sumerge en el atraso es la carencia de vías de comunicación, es decir la falta de carreteras que integren a los diversos distritos del departamento de Ucayali, permitiendo el tránsito fuido hacia las zonas de frontera con la finalidad de comercializar los diferentes productos de la región. Importante es destacar que, la superación de la pobreza que azola [sic] a esta región está directamente vinculada al insuficiente desarrollo vial y a la falta de integración de sus diferentes distritos y centros poblados”

Según la norma, las carreteras pueden pasar por el costado de un área protegida, pero se hace un corte de conectividad de pueblos indígenas transfronterizo (siempre han tenido conexión), que incluye la fauna silvestre. Es decir, se cortarían los corredores biológicos.

En la selva, el 95% de la deforestación ocurre a menos de 6 km de los caminos. Las carreteras que atraviesan la Amazonía son una amenaza en contra de nuestra multiculturalidad y la biodiversidad, además de violar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. «El Tribunal Constitucional del Perú ya ha establecido precedentes al declarar de interés nacional la protección de los bosques y de sus recursos para las generaciones futuras. Como nosotros lo vemos, esta nueva ley iría directamente en contra de este interés nacional ya definido por el Tribunal Constitucional», dice Urrunaga.

No es que se quiera detener el desarrollo. Pero veamos el ejemplo de la Interoceánica. “Se dijo que la carretera de Puerto Maldonado generaría desarrollo, pero lo que ha traído consigo es mayor pérdida de bosque, mayor facilidad de incursión al bosque para extracción minera, tala ilegal, ponen en riesgo a reservas comunales y territoriales. Si uno hace un análisis de áreas en las que hay condiciones de penetración, la pérdida de territorio o composición florística ha sido dañina”, explica Navarro.

Hay otras maneras de poder atender el desarrollo sin impulsar carreteras. Por ejemplo, está el Plan de Acción para el Desarrollo de Purús, que apuesta por el uso de la red hidrográfica del Purús. De hecho, la fluvial es una costumbre ancestral y el Estado debería apoyar estas rutas. También puede haber puentes aéreos, como ocurre en otras zonas.

«La integración de la región con esa zona se puede superar con tender un mejor servicio de puente aéreo con mayor frecuencia y también vía fluvial. No necesariamente con la construcción de carreteras cuando tenemos en los diversos frentes reservas comunales, parques nacionales, pueblos indígenas en aislamiento voluntarios, otros en contacto inicial y comunidades nativas que viven bajos sus propias costumbres desde muchos años en la zona», detalla Navarro.

Ante los comentarios de quienes están a favor de la norma porque la conexión aérea es cara, Lanegra indica que si el Estado quiere tener peruanos en la zona debe asumir un costo. «La otra opción apunta- es no tener gente ahí». Pero en su opinión, lo que falta es una política de fronteras: «Lo que es real es la ausencia de una política de fronteras fuerte en el país que permita discutir esto seriamente y atender a los peruanos que necesitan conexión».

¿Y PPK? 

Llama la atención el silencio del jefe de Estado, más aun cuando -como hemos mencionado líneas arriba- el exministro de Cultura se había opuesto a esta iniciativa legislativa, y funcionarios de este portafolio esperaban que el Ejecutivo hiciera las observaciones pertinentes.

Angela Acevedo, directora general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, señala en un informe enviado al viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna, que la norma no ha tomado en cuenta que los pueblos indígenas y en aislamiento no solo habitan en áreas naturales protegidas. Tampoco valora «la presencia de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento  y en situación de contacto inicial en la región Ucayali, así como el marco jurídico específicamente establecido para la protección de estos pueblos».

También se refiere a los impactos negativos que la construcción de carreteras podría producir en zonas poco intervenidas de la Amazonía en la que habitan los PIACI: «interrupción de prácticas de subsistencia  y, por lo tanto, problemas para conseguir sus fuentes de alimento que proceden  de la fauna silvestre … También son peligrosos los contactos forzados con terceros ajenos a las tierras que ocupan, lo que podría generar contagio de enfermedades, que configuran un riesgo latente de convertirse en un desastre en la salud de los PIACI debido a su alta vulnerabilidad inmunológica. Además de migración masiva e incremento de actividades ilícitas como la tala ilegal, minería ilegal, entre otros”.

Acevedo, incluso sugiere que se evalúe «el derecho a consulta previa sobre las medidas legislativas que afecten directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios».

Entonces, si el Viceministerio le envió el informe de Acevedo, ¿por qué PPK no hizo observación alguna? ¿Estuvo demasiado ocupado en salvarse de la vacancia presidencial, indultando y recibiendo al Papa?

“El discurso del gobierno no va conectado con la realidad. El discurso y la realidad no van en paralelo. En el Perú hay dificultad para respetar los estándares establecidos. Si hay interés del gobierno de cuidar las áreas protegidas, debería dejar sin efecto esta norma”, dice Navarro.

Para Lanegra, la posición del Ejecutivo ha sido no enfrentar al congreso y simplemente no dar fondos para los proyectos. «Pero se olvida de que los gobiernos regionales y locales -usando recursos de la ilegalidad- lo pueden hacer. Y qué además la ley incluye el mantenimiento de trochas, lo que en la práctica las alentará en la selva», subraya.

Francisco estuvo en Puerto Maldonado y dio un discurso a favor de los pueblos indígenas. Para algunos analistas, dijo lo que otros presidentes peruanos nunca dijeron (incluidos ministros de Cultura, por cierto).

“La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales”, dijo.

El discurso del Papa fue recibido con aplausos por algunos y con  excepticismo de activistas ambientales e indígenas. ¿Algunos empresarios habrán preferido voltear la mirada? Seguro que sí. Sea como fuere,  esta ley -como enfatiza Lanegra- es casi una copia de lo que criticaba el Papa Francisco, «ver a la Amazonía como un lugar rico en recursos que solo hay que explotar para conseguir la prosperidad».

Finalmente, esta ley contraviene compromisos internacionales asumidos por Perú, incluidas las promesas de cambio climático y los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa.

¿El Ministerio del Ambiente se pronunciará?

Pero no. El jefe de Estado, a pesar de recibir un informe del Viceministerio de Interculturalidad en el que advertía los peligros de la norma, aparentemente se dedicó a otros temas y no se manifestó al respecto.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/01/22/ppk-no-opina-y-permite-que-ley-fujimorista-que-pone-en-riesgo-a-indigenas-y-areas-naturales-protegidas-sea-promulgada/albertoniquen/

 

Perú

¿Qué está pasando en Las Bambas?

Autor: José De Echave C.
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país.

El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país. Más de 10 mil millones de dólares invertidos y la proyección de una producción de más de 400 mil toneladas de cobre que, con el aporte de otros proyectos, está permitiendo que se duplique la producción de cobre del país. La producción comercial de Las Bambas se inició en el mes de agosto de 2016.

En los últimos meses, reiteradamente delegaciones de la zona de influencia del proyecto han venido a Lima a pedir diálogo y básicamente lo que han recibido es un portazo en la cara. Sin embargo, cuando estallan los conflictos a esos mismos comuneros los acusan de intransigentes.

¿Qué está pasando en la zona de influencia del proyecto y por qué se siguen reportando situaciones de tensión y conflicto latente? En primer lugar es importante subrayar que en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la población se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas.

¿Cuáles son los temas de preocupación y las principales demandas de la población? Un primer tema tiene que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del lado del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los últimos años.

Pero la preocupación de la población también se explica porque Las Bambas muestra la manera como se vienen modificando de manera reiterada y significativa los proyectos mineros, utilizando las nuevas herramientas creadas por los paquetazos ambientales que han flexibilizado las normas y limitan aún más los mecanismos de participación ciudadana.

Un informe de CooperAccion remarca que el proyecto Las Bambas fue modificado hasta en cinco ocasiones en menos de 20 meses; es decir en promedio una modificación cada 4 meses: dos veces se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en tres ocasiones se utilizó el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), procedimiento creado por el primer paquetazo ambiental (DS 054-2013-PCM), que permite aprobar cambios a los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación ciudadana. En el último año, las modificaciones, vía ITS y vía Estudio de Impacto Ambiental, han continuado.

Las reiteradas modificaciones y el uso y abuso de los nuevos instrumentos para producir cambios sustantivos en los proyectos, están a la base del desconcierto y preocupación de la población. Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoción de la inversión que en los últimos años han recortado estándares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental.

El otro tema que causa malestar en la zona está relacionado con las reiteradas declaraciones de estados de emergencia. El último fue decretado el pasado 11 de enero (decreto supremo 006-2018-PCM) y abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, la vía que une las operaciones de Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa).

Lo cierto es que el estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”. Algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación -supuestamente excepcional- desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

Como lo señala una alerta del Observatorio de Conflictos Mineros, “dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía”.

¿Qué hacer? Las Bambas muestra una vez más la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de diálogo que se han venido implementando en los últimos años, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la población local, el diálogo intercultural, etc. Tampoco se trabaja para nivelar las asimetrías de poder al momento de la negociación, ni se consideran orientaciones generales para sentar las bases para un desarrollo integral en una perspectiva de mediano plazo que fortalezca al mismo tiempo las capacidades e institucionalidad local.

Un proyecto como el de Las Bambas debería ser una prioridad para nuestras autoridades que deberían hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, más aun cuando en este caso -insistimos- la gente no se opone al proyecto. El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no sólo por la falta de voluntad política, sino también por su propia debilidad estructural, la carencia de competencias, capacidades y herramientas.

El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la actividad minera es un aspecto determinante para la construcción de un nuevo escenario de gestión equilibrada e independiente. Es sólo de esta manera que las instancias del Estado peruano, encargadas de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones. Mientras tanto las comunidades en la zona de influencia de Las Bambas siguen esperando que los atiendan.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/22/que-esta-pasando-en-las-bambas/