El pasado 2 de diciembre se hizó pública la resolución del tribunal arbitral que veía la demanda de la empresa canadiense Bear Creek, en contra del Estado peruano. El tribunal arbitral ha ordenado el pago de una indemnización a favor de la empresa de 30.4 millones de dólares canadienses.

Como se recuerda, la empresa minera había llevado al Estado peruano a un proceso de arbitraje al amparo del capítulo de protección a las inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.  Bear Creek, propietaria del proyecto Santa Ana, ubicado en la provincia de Chucuito, zona sur de la región de Puno, estuvo envuelta en el conflicto conocido como el aimarazo, el año 2011.

La empresa argumentó que sus derechos habían sido afectados, cuando en el año 2011, el gobierno de Alan García suspendió las concesiones mineras, a través del Decreto Supremo 032, de junio 2011, que buscaba poner fin al conflicto. El argumento central fue que con esa decisión en el Perú se había producido una expropiación indirecta en contra de la empresa y que se habían afectado sus expectativas de ganancia futura.

Algunos analistas señalan que para el tribunal arbitral, la revocación del permiso por parte del Estado peruano fue precisamente una expropiación indirecta y el monto de la indemnización ha sido calculado en función de la cantidad invertida por Bear Creek en el proyecto Santa Ana y no se ha tomado en cuenta la fórmula que la empresa había utilizado, precisamente en función de “expectativas de ganancia futura”. Cabe señalar que la empresa canadiense pretendía una indemnización de mil doscientos millones de dólares.

Lo cierto es que este es un nuevo caso en el que el Perú pierde un poceso de arbitraje internacional vinculado a demandas de empresas transnacionales. Habrá que ver cuáles serán los siguientes pasos en este proceso arbitral y al mismo tiempo no estaría demás revisar la estrategia que desarrolla el Estado peruano frente a los diversos procesos arbitrales que enfrenta.

Por otro lado, cabe señalar que al inicio del segundo semestre del año fue condenado a 7 años de prisión efectiva el líder Walter Aduviri, por los delitos de disturbios y afectación a la propiedad pública y privada, por la revuelta del 26 de mayo de 2011 en contra del proyecto minero Santa Ana. La sentencia ha sido apelada y se espera el veredicto final.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2017/12/04/alerta-arbitraje-a-favor-de-empresa-canadiense-bear-creek-por-proyecto-santa-ana/

Nativos de Perú reubicados por la minería rechazaron la nueva ciudad a la cual fueron removidos.

La nueva ciudad llamada Nueva Fuerabamba fue creada para albergar a 1.600 familias que dejaron abandonados sus aldeas y tierras de cultivo.

Las familias dejaron sus hogares por irse a trabajar en la minería de cobre a cielo abierto.

El nuevo pueblo contaba con calles pavimentadas y casas con electricidad y agua potable.

Algunos de los servicios mencionados como agua y electricidad eran desconocidos por los nativos que no contaban con los mismos.

En la comunidad fueron ubicados los nativos quechuas de un pueblo remoto en el sur de los Andes peruanos.

La obra habitacional fue posible gracias a las empresas que ayudaron en su construcción, mientras que las comunidades tuvieron que dejar sus hogares por la minería.

Nueva ciudad

¿Qué se les ofreció a las familias? A las familias les fueron ofrecidos por las autoridades de la empresa las viviendas, empleos y los servicios.

Así lo sostuvo el operador de la mina, MMG Ltd, con sede en Melbourne de la estatal China Minmetals Corp.

Esta empresa ofreció a la comunidad empleos y compensaciones suficientes como para que los nativos no tuvieran que trabajar más adelante.

De acuerdo con lo indicado por los nativos lo prometido no fue así. Los aldeanos y MMG tuvieron disputas.

La disputa fue el control de los recursos naturales de la zona, así como de otros lugares del país.

Las batallas por el control de los recursos son normales en América Latina, pero en Perú los desencuentros son álgidos.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata.

Es por eso que, los nativos se han revelado contra la industria y las empresas que se niegan a compartir la riqueza en forma justa.

Perú sufre 167 conflictos sociales. En su mayoría estos conflictos guardan relación con la minería, por eso la Defensoría del Pueblo, debería tener como objetivo desarticular esos encuentros hostiles.

Nueva Fuerabamba fue la pieza central de uno de los asentamientos mineros más costosos, pero no negociados.

Hoy los pobladores luchan por adaptarse a esa nueva forma de vida, pero siguen extrañando su anterior modo de vivir.

Fuente:http://segundoenfoque.com/nativos-peruanos-rechazaron-reubicacion-nueva-ciudad-2017-12-11

La minería, legal o no, está acabando con la biodiversidad de la mayor selva del mundo y mermando la salud y el hábitat de miles de indígenas.

Su amigo Alfredo estaba inusualmente preocupado y su mirada agotada por el insomnio. Se le había acercado para decirle: “Víctor, los he oído. Quieren matarte”. Pero aquellos hombres no hablaban de Víctor. La tarde del 19 de noviembre de 2015, tres sicarios encapuchados lo mataron a él, Alfredo Vracko, en el terreno amazónico que el apasionado ecologista protegía de los mineros de oro, exhausto por miles de denuncias lanzadas al viento.

Una tarde húmeda y oscura, a orillas del río Tambopata, Víctor Zambrano recuerda a su compañero de cruzada con el ceño fruncido por el dolor y la repulsión. Acaricia las orquídeas y los frutos rojos del cacao en el gran jardín tropical al que ha dado el nombre indígena de su hija K’erenda Homet, brillante amanecer. Al terminar su carrera militar en Lima, en 1986, Zambrano volvió aquí, a la región de Madre de Dios, en el este de Perú, junto a la frontera con Brasil y Bolivia, para plantar a mano 19.000 árboles y arrebatar al abandono las 34 hectáreas de la familia. Era su homenaje a una Amazonia que encontró profanada por la agricultura salvaje, los ladrones de madera, la inercia del Estado y, sobre todo, por los asesinos de Alfredo, los garimpeiros, mineros ilegales de oro que desde 1999 han destruido 50.000 hectáreas de vegetación.

Perú es el sexto productor mundial del metal precioso y el primero de América Latina, y Madre de Dios proporciona el 70% del oro nacional. Aquí, en menos de veinte años, las canteras ilegales han aumentado un 400%: el Ministerio de Medioambiente calcula que cada año 50.000 mineros ilegales extraen de 16 a 18 toneladas. En 2016 cometieron el mayor ultraje: penetraron en la Reserva de Tambopata, 275.000 hectáreas de área protegida que Zambrano ayudó a crear. Él es el presidente del Comité de gestión, un puñado de voluntarios decididos a no negociar la inviolabilidad del mayor pulmón del planeta. Además de echar a los depredadores, arriesgando su vida, presionan al Gobierno regional, dirigido por un exminero reacio a legalizar a 4.000 pequeños mineros artesanales que, por el contrario, respetan la selva y, si se les apoya, podrían detener el saqueo de las mafias. “Los criminales me han ofrecido cuatro kilos de oro si me callo”, se acalora Zambrano, enérgico a sus 71 años y ganador de varios premios internacionales por su dedicación a la ecología. “Me negué, y ahora estoy en lo más alto de su lista negra. Me identifico con el bosque: no hay lugar para el miedo en mi camino”.

Desde que en 2008 la crisis económica hizo del oro un bien seguro, en Madre de Dios la deforestación se ha disparado: desde entonces se destruyen 6.000 hectáreas de Amazonia cada año, tres veces más que en el pasado. Y hoy, en esta región, que es la cuna de la mayor biodiversidad de la Amazonia peruana, grandes zonas verdes se han convertido en llanuras áridas y amarillentas, semejantes a cráteres lunares. Un estudio de la ONG estadounidense Verité calcula que las minas ilegales peruanas ganan 3.000 millones de dólares al año. La mitad de los 100.000 habitantes de Madre de Dios son inmigrantes de otras partes del país que acudieron a tamizar tierras y ríos para luego filtrar el polvo brillante con dosis masivas de mercurio: según el consorcio de universidades peruanas Carnegie Amazon Mercury Project, cada año se vierten en los cursos de agua de la región entre 30 y 40 toneladas de mercurio, y la población tiene en el cuerpo cantidades de este metal 34 veces superiores al umbral de alarma. Una catástrofe medioambiental y sanitaria que devenga a los mineros de 30 a 75 dólares al día a costa de terribles condiciones higiénicas, malos tratos de los jefes y guerras entre bandas rivales; en junio, cerca de Huepetuhe, una fosa regurgitó 20 cadáveres.

Los que dictan la ley en esta tierra de nadie, según Verité, son la mafia local y los carteles colombianos, con intrusiones también de la ‘Ndrangheta calabresa. El oro ilícito se limpia con certificados falsos emitidos por intermediarios esparcidos por las tiendas de compro oro que se encuentran por todos los rincones, desde la capital, Puerto Maldonado, hasta los lugares más recónditos de la selva. A través de Bolivia y Brasil, el metal precioso llega a las refinerías de Suiza, Estados Unidos, Canadá y Europa. La mitad de las 120 empresas de exportación del país han sido investigadas, pero no ha cambiado nada, ni siquiera después de las incursiones a lo grande de las fuerzas del orden: “Es puro teatro. Aquí domina la corrupción”, asegura una fuente del grupo ecologista SPDA, que prefiere mantener el anonimato tras haber sufrido una emboscada. Añade que las leyes son ambiguas, y que ya ni se cuentan las confabulaciones de la política y la justicia; incluso un exministro fue detenido por exportación de oro sucio.

La guerra contra los enemigos de Madre de Dios es muy dura, pero un grupo de hombres inflexibles como Víctor Zambrano están decididos a ganar. La Pampa, área tristemente célebre de la carretera interoceánica entre Puerto Maldonado y Cuzco, es la zona de acción de Óscar Guadalupe. Pequeño y ágil a sus 50 años, lucha con su asociación Huarayo contra uno de los más sórdidos efectos secundarios de las minas: la prostitución infantil en los 400 locales de alterne que salpican los barrios de chabolas donde los mineros pasan su tiempo libre. “Atraen a las niñas de los pueblos andinos más pobres con la promesa de un trabajo de camareras”, cuenta Guadalupe, que ha salvado a miles de niñas prostitutas, incluso de 11 años, de estos tugurios de madera y chapa. Ya no cuenta las amenazas que recibe, “pero la gente honrada está de nuestro lado: nos informa de los peligros, de los movimientos de los mineros. Y mientras tanto, el negocio del oro no se detiene; siguen llegando nuevos buscadores. Y la policía se mantiene a distancia de la Pampa”.

Delta 1 es un barrio miserable surgido en 2000 junto al río Pukiri y que aún hoy carece de agua corriente y alcantarillado, bien escondido en la selva entre Boca Colorado y Huepetuhe. Hacia el mediodía, jovencitas con camiseta y falda corta aparecen y desaparecen por los repugnantes callejones junto a los burdeles Venus y Boa Negra. Una tienda de Compro oro destaca en algo parecido a una plaza. En los barracones con funciones de bar, los mineros libres ven películas de Bruce Lee entre perros callejeros y basura rancia. Para llegar a Delta 1, hay que vadear el río, marrón por los vertidos de las minas, y enfrentarse a miradas cargadas de hostilidad. Aquí, hace poco, ataron y redujeron a cenizas a tres hombres por robar oro.

Las minas se insinúan como una metástasis también a lo largo del lecho del gran río Madre de Dios, hogar de las comunidades indígenas. Martín Huaypuna Flores, de 60 años, fue el primero en dar la alarma en el año 2000, cuando un centenar de mineros desfiguraron su Tres Islas. “Sus excavadoras transformaron el bosque en una pradera aterradora”, recuerda. “Yo reuní a mi gente para expulsarlos”. Ciento cincuenta indígenas en canoas, con sus coloridos tocados de plumas de loro, armados solo con flechas y amor por la Amazonia, lograron vencer sin violencia. “Pero regresaron”, continúa Flores, “y los volvimos a echar, sin ninguna ayuda del Estado”. Hasta 2012 el Tribunal Constitucional no expulsó a los mineros de Tres Islas, caso único en la historia de Perú. “Es una pena que sigan allí”, suspira Flores. “Nadie ha ejecutado nunca la sentencia”.

Para reanudar la lucha con nuevas armas, el activista ha reunido en una asociación, Afimad, a 49 comunidades indígenas dedicadas a la recolección de un fruto que para ellos es más precioso que el oro: la nuez amazónica o castaña. Sus altísimos árboles seculares absorben de forma prodigiosa el dióxido de carbono, y la castaña es el alimento símbolo de Madre de Dios, única región peruana que la produce, cubriendo el 11% del mercado mundial. Sus recolectores, guardianes de la salud de las plantas, son los centinelas del equilibrio ecológico. Cuentan con el apoyo de la ONG italiana Cesvi, que desde hace 25 años ayuda a las asociaciones locales a mejorar esta actividad medioambiental. “Nuestro objetivo es convencer a los jóvenes para que cuiden de estos árboles vitales para el ecosistema”, explica Brandi Gatica, responsable de Cesvi en Madre de Dios, una ingeniera forestal enamorada de sus bosques. “No es fácil trabajar con políticos más partidarios de las minas que de los castañeros”, admite, “pero gracias a nuestras peticiones, hoy se ha declarado a estos árboles prioritarios para el desarrollo de la región. Los recolectores reciben concesiones de tierras por parte del Estado y obtienen beneficios fiscales por su trabajo de conservación. Y están más motivados para plantar cara a los mineros”.

Hay alguien que va aún más allá, dedicándose a resucitar la vegetación asfixiada por el mercurio. “Las minas matan la biología de la selva”, explica el agrónomo Ronald Corvera Gomringer, apasionado director del Instituto de Investigación de la Amazonia peruana. En su jardín de los clones cerca de Puerto Maldonado, da vida a nogales y otras especies para reverdecer las tierras contaminadas por los garimpeiros. “Son plantas capaces de generar un suelo nuevo y de capturar el mercurio. Se necesitarán por lo menos 20 años; si las autoridades no actúan pronto, los mineros se nos van a adelantar. El hombre no es más que un elemento como otro cualquiera dentro del ecosistema amazónico: ¿qué derecho tiene a romper su equilibrio?”.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/11/22/planeta_futuro/1511358033_282056.html

NUEVA FUERABAMBA, Perú (Reuters) – Este pueblo remoto en el sur de los Andes peruanos iba a ser un ejemplo de cómo las empresas pueden ayudar a comunidades que tuvieron que dejar sus hogares por la minería.

Llamado Nueva Fuerabamba, fue construido para albergar a unas 1.600 personas que abandonaron su aldea y tierras de cultivo a fin de allanar el camino para una enorme mina de cobre a cielo abierto. El nuevo pueblo cuenta con calles pavimentadas y casas con electricidad y agua potable, alguna vez lujos para los indígenas quechuas que ahora viven allí.

El operador de la mina, MMG Ltd, unidad con sede en Melbourne de la estatal China Minmetals Corp, ofreció a la comunidad empleos y compensaciones suficientes como para que algunos ya no trabajen.

Pero el acuerdo no trajo la armonía que buscaban los aldeanos y MMG, un ejemplo de lo difícil que es evitar disputas mineras en esta nación rica en minerales.

Las batallas por el control de los recursos son normales en América Latina, pero las tensiones son particularmente altas en Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Muchos campesinos se han rebelado contra una industria que creen amenaza su forma de vida y les niega una parte justa de la riqueza.

Perú sufre 167 conflictos sociales, la mayoría relacionados con la minería, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cuya misión incluye desactivar este tipo de hostilidades.

Nueva Fuerabamba fue la pieza central de uno de los asentamientos mineros más costosos jamás negociado en Perú. Pero tres años después de mudarse, muchos de los pobladores aún luchan por adaptarse al entorno suburbano, mostraron dos docenas en entrevistas de Reuters con residentes.

Muchos extrañan la vida de cultivar papas y criar ganado. Muchos han malgastado lo que cobraron. Y la ociosidad y el aislamiento han embotado los espíritus de una comunidad cuyos antepasados ​​eran temidos abigeos.

“Estamos acá como encerrados en una cárcel, o en una jaula como esos animalitos que se crían,” dijo Cipriano Lima, un exagricultor de 43 años.

Mientras tanto, la mina conocida como Las Bambas, ha sido un imán para el descontento en una de las provincias más pobres de Perú. Enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en 2015 y 2016 dejaron cuatro hombres de la zona muertos.

Bloqueando las rutas para transportar cobre, los residentes de Nueva Fuerabamba han reclamado más ayuda financiera de MMG, y aldeas aledañas que no recibieron beneficios directos de la mina han exigido proyectos de infraestructura y compensación por el uso de carreteras locales.

La compañía reconoció que la reubicación ha sido difícil para algunos pobladores, pero dijo que la mayoría se ha beneficiado con mejores viviendas, servicios de salud y de educación.

“Nueva Fuerabamba ha experimentado un cambio positivo significativo”, dijo Troy Hey, gerente general ejecutivo de relaciones con las partes interesadas de MMG, en un correo electrónico a Reuters. MMG dijo que gastó “cientos de millones” en los esfuerzos de reubicación.

La minería es el motor de la economía peruana, que ha promediado un crecimiento anual del 5,5 por ciento en la última década. Aún así, los conflictos por minería han descarrilado miles de millones de dólares en inversiones en los últimos años, incluidos los proyectos de Newmont Mining Corp y Southern Copper Corp. Para calmar a la oposición, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha prometido mejorar los servicios sociales en las zonas rurales de la sierra de Perú, donde casi la mitad de los residentes viven en la pobreza. Pero pasar del conflicto a la cooperación no es fácil después de siglos de desconfianza. Las reubicaciones son particularmente complicadas, según Camilo León, especialista en reasentamientos mineros de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para los agricultores de subsistencia suele ser muy difícil abandonar sus tradiciones y acostumbrarse al entorno “muy urbano, muy organizado” de las ciudades planificadas, dijo León. “Es un shock para las comunidades rurales”. Al menos seis proyectos mineros han requerido reubicaciones en Perú, dijo León. Este mes, Perú licitará un proyecto cuprífero de 2.000 millones de dólares, Michiquillay, que también implicaría reubicar a otra comunidad.

“TODO ES DINERO”

MMG heredó el proyecto Nueva Fuerabamba cuando compró Las Bambas de la suiza Glencore Plc en 2014 por 7.000 millones de dólares. Bajo los términos de un acuerdo en 2009 y revisado por Reuters, los pobladores votaron a favor de intercambiar sus casas y tierras de cultivo por nuevas casas en un pueblo con servicios públicos modernos.

A los jefes de cada hogar, les prometieron trabajos en la mina. Se otorgarían becas universitarias a sus hijos, se les entregaría nuevas tierras para la agricultura y el pastoreo, aunque a cuatro horas en auto por la falta de tierra disponible cerca de Nueva Fuerabamba.

El efectivo fue un endulzante adicional. Los aldeanos dicen que cada hogar recibió 400.000 soles (120.000 dólares), lo que equivale a las ganancias de una vida para un trabajador de sueldo mínimo en Perú. MMG se negó a confirmar los pagos, argumentando que sus acuerdos con las comunidades son confidenciales. La empresa dijo que Nueva Fuerabamba, construido en una ladera a unos 25 kilómetros de la mina, fue producto de una larga consulta con pobladores sobre como querían vivir. Las comodidades incluyen una clínica, campos de fútbol y una plaza de toros de cemento para festivales. Pero algunos pobladores dicen que el acuerdo no ha sido el dinero caído del cielo que esperaban. Sus nuevas casas de dos y tres pisos de paneles de yeso les parecen débiles y frías en comparación con sus antiguas chozas de adobe con techo de paja que se calentaban con estufas de leña. Muchos han dejado de sembrar cultivos y cuidar ganado porque el terreno de reemplazo está en otra región, muy lejos para visitar regularmente. La mayoría de los empleos proporcionados por MMG son para mantenimiento del pueblo porque muchos carecen de las habilidades para trabajar en una mina moderna. Algunos gastaron los pagos recibidos de forma imprudente, dijo el presidente de la comunidad, Alfonso Vargas. “Algunos han invertido en negocios pero otras gentes no, han ido a tomar,” dijo Vargas.Ahora tienen que pagar por necesidades básicas como el agua, la comida y el combustible que antes sacaban de la tierra.

“Todo es dinero”, dijo Margot Portilla, una madre de 20 años, mientras cocinaba arroz en una cocina a gas en la casa amarilla de su cuñada. “Antes con bosta hacíamos fuego y nos cocinábamos todo. Ahora tenemos que comprar gas”.

PUEBLO FANTASMA

Sin embargo, algunos residentes reconocieron los beneficios de la mudanza.

El pueblo nuevo es más limpio que la vieja aldea, dijo Betsabé Mendoza, de 25 años, que invirtió lo que le pagó la mina en un taller metalúrgico en otro pueblo cercano y más grande.

Portilla, la joven madre, dice que sus hermanas menores están recibiendo una mejor educación que la que ella tuvo.

Aún así, las calles de Nueva Fuerabamba estaban prácticamente desiertas en un día de semana. Vargas, el líder de la comunidad, dijo que muchos residentes volvieron al campo o buscaron trabajo en otro lugar.

El alcoholismo va en aumento por el ocio y el dinero del acuerdo, agregó. Durante los 12 meses hasta julio, cuatro residentes se suicidaron tomando productos químicos agrícolas, según la fiscalía provincial, que no pudo proporcionar datos comparativos de suicidios en Fuerabamba antes de la reubicación.

MMG, citando un estudio “independiente” antes de la reubicación, dijo que la antigua aldea de Fuerabamba sufría de altas tasas de violencia doméstica, alcoholismo, analfabetismo, pobreza y falta de acceso a servicios públicos básicos.

Si bien la compañía considera al nuevo pueblo como un éxito, reconoció que la transición no ha sido fácil para todos.

“La conexión a la tierra, la restauración de los medios de subsistencia y la simple adaptación a las nuevas condiciones de vida siguen siendo un desafío”, dijo MMG.

Los residentes de Nueva Fuerabamba continúan presionando a la compañía para obtener asistencia adicional. Las demandas incluyen más trabajos y títulos de propiedad de sus casas, que aún no se han entregado debido a demoras burocráticas, dijo Godofredo Huamani, el abogado de la comunidad.

MMG dijo que sigue al ritmo de las necesidades de la comunidad a través de asambleas y representantes de la empresa a la mano en Nueva Fuerabamba para atender las quejas.

Mientras se preocupan por el futuro, muchos aldeanos se aferran al pasado. Flora Huamaní, de 39 años, madre de cuatro niñas, recordó cómo las mujeres solían juntarse para tejer la lana de sus ovejas para los vestidos negros tradicionales que usan.

“Eso era nuestra costumbre,” dijo Huamaní desde un banco en su patio delantero amurallado. “Ahora nuestro costumbre es tener asamblea tras asamblea tras asamblea” para discutir los problemas de la comunidad.

Fuente:https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1E11KP-OUSLT

Desde este lunes, un centenar de ciudadanos de distintas regiones que resultaron afectados en su salud por la presencia de la actividad minera sostendrán un encuentro en Lima y exigirán una adecuada atención por parte del Estado.

El encuentro a desarrollarse en el auditorio del Colegio Médico del Perú congregará a delegaciones del Espinar (Cusco), Hualgayoc (Cajamarca), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), Cuninico y las cuencas de Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza (Loreto), además de Puno, Callao y Amazonas.

La actividad se prolongará durante una semana y tiene como objetivo visibilizar la problemática vinculada a las actividades extractivas y generar soluciones desde un enfoque de salud pública.

Fuente:http://larepublica.pe/politica/1150220-afectados-por-metales-pesados-se-reuniran-en-lima

PEDIDO. Gerente social de empresa señala que no se ubican en cabecera de cuencas y tampoco contaminarán medio ambiente. Pobladores de Huancabamba temen daños a sus tierras y fuentes de agua.

Tras dos décadas de paralizado el proyecto minero Rio Blanco, ubicado en territorios de Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura, el gerente social, Boris Dávila Cáceres, aclaró algunas “dudas” y demandó la reactivación de la mesa de diálogo con los actores involucrados.

Según manifestó el funcionario de Minera Rio Blanco Copper, hay varios mitos sobre los trabajos que han imposibilitado el diálogo con las comunidades de Segunda y Cajas y autoridades de la zona, entre estos la contaminación a las cabeceras de cuenca.

Ante ello, aclaró  que si bien el proyecto estaría ubicado en los terrenos de las comunidades, sólo ocupará un 1.7% del total, y esta no afecta a ninguna naciente de agua. Incluso no verterán residuos en  los ríos Huancabamba ni Blanco.

Esto pese a que ONGs como el Instituto Montaña han advertido que el 80% del territorio de los páramos de los bosques andinos se encuentra concesionado a empresas mineras (como Rio Blanco), lo cual pone en riesgo a los proyectos hidroenergéticos de Alto Piura y Olmos, ante la amenaza de posibles actividades extractivas.

Dávila Cáceres aclaró que el proyecto se ubica en las faltas de río Chinchipe, el cual no tiene ningún contacto con el río Piura, Huancabamba o Quiroz, según la ubicación geográfica.

“Queremos deslindar que no vamos a dañar al medio ambiente. Hay características que se desconocen por el rechazo que hay a  la minería, nosotros no nos ubicamos en cabecera de cuencas. Además se hará un reservorio de agua de lluvia para almacenar el líquido elemento y no utilizar el agua de río, y no haríamos ninguna descarga al afluente”, sostuvo.

Por ello, para Dávila es necesario reactivar el diálogo, teniendo en cuenta el contexto en que aún se encuentran la provincias. “La situación no ha mejorado, el 80% de la población se encuentra en pobreza y el 45% en pobreza extrema, además de la desnutrición que alcanza el 50% de los niños”, señaló.

Cabe recordar que una delegación de huancabambinos logró recolectar 5,335 firmas en respaldo al proyecto minero, pero hay otro sector de la población que aún es reacia a continuar con el diálogo.

Este memorial se presentó en octubre pasado en la mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, porque como como se sabe dicha comuna cerró la oficina de Río Blanco el pasado 17 de agosto, suepuestamente por no contar con el documento original de la licencia de funcionamiento.

Los promotores han mostrado su aceptación a la inversión privada, “porque estamos seguros que traerá el desarrollo y el progreso para Huancabamba”, dijo uno de los vecinos, Servando Ocaña.

EXHORTACIÓN

El defensor del Pueblo, César Orrego Ozula, invocó a las comunidades de Huancabamba a retomar el diálogo con la empresa Rio Blanco en torno al proyecto minero que busca explotar cobre y molíbdeno, para así dar por finalizado el conflicto que existe en dicha provincia.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1150465-rio-blanco-insiste-en-retomar-dialogo-para-iniciar-proyecto-minero

Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/655-mujeres-conflictos-territorio.

Pobladores de la cuenca del río Ayash denuncian contaminación del agua e impactos negativos en la salud pública. Afirman que el ambiente sufre producto del vertimiento de relaves de la compañía minera Antamina SA. Los reclamos de este grupo humano, residente en San Marcos, provincia ancashina de Huari, representan solo uno de los 167 conflictos sociales presentes en nuestro país, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (DP), correspondiente al mes de octubre de 2017.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la DP, del total de conflictos, 114 se encuentran activos y otros 53 permanecen en estado latente. Por distribución territorial, la mayoría se concentra en la región Áncash, con nada menos que 27 casos por resolver. Seguidamente, se ubican Puno (15 casos) y Apurímac (13). Según las causas, los conflictos más frecuentes están relacionados con temas socioambientales, con un 71.9% del total de casos a nivel nacional.

En este rubro, la lista es encabezada por disputas relacionadas con el sector minero: 77 casos en todo el Perú. Es precisamente el factor minería el que ha contribuido para posicionar a Áncash como la región con mayor conflictividad.“La particularidad es que Áncash tiene varios proyectos mineros en zonas importantes de la región como el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos. Operan grandes mineras como Barricky Antamina, las mismas que por incumplimiento generan focos de conflictividad con varias comunidades”, señala Porfirio Barrenechea, adjunto al defensor del Pueblo para Conflictos Sociales.

Para el funcionario hay además otro factor capaz de avivar conflictos: la situación posdesastres naturales. “El tema de la reconstrucción tiene mucho que ver con las quejas de la población frente a la atención del Estado para atender las necesidades básicas luego del desastre”, afirma. Violencia. Por otro lado, Barrenechea recalcó que, “más allá de la cantidad de conflictos, hay que analizar la intensidad de las protestas. Y eso depende de los fallecidos, heridos, agresividad en las manifestaciones o personas detenidas”. Con ello, recordó que en el mes de octubre se registraron tres muertes durante un enfrentamiento entre mineros ilegales en la zona de Parcoy, provincia de Pataz, en La Libertad. La disputa por un terreno para ejercer la actividad ilícita acabó con la vida de esas tres personas.Pero, ¿hay forma de prever si un conflicto llegará a tales niveles de violencia? De acuerdo con Barrenechea, existe cierta impredecibilidad. “Hay conflictos que tienen tres o cuatro años y continúan en negociaciones. Pueden pasar súbitamente de una fase de tranquilidad o diálogo a una nueva situación crítica porque no se cumplieron los acuerdos. Es totalmente variable y solo depende de cómo se va manejando”, comenta.El portavoz de la DP enfatizó, no obstante, que ciertos contextos, como la temporada electoral, suelen encender conflictos. “Por experiencia, conocemos que cuando hay elecciones el nivel de conflictividad aumenta en la mayoría de regiones”, añade.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/lima/defensoria-del-pueblo-conflictos-sociales-787149/