La Crisis Política que vive nuestro país esta logrando que olvidemos o posterguemos algunos temas importantes, como los procesos judiciales que enfrentan líderes sociales y defensores del territorio. Hace unas semanas Walter Aduviri fue condenado a prisión, en las siguientes líneas recordaremos el proceso y como podría marcar un precedente para dirigentes criminalizados en protestas sociales.

El “Aymarazo”, un breve recuento

El 28 de noviembre del 2007, se emitió el Decreto Supremo 083-2007-EM que declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin de que la empresa canadiense Brear Creek Mining Company pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de frontera con Bolivia. El proyecto minero de Brear Creek conocido como ‘Santa Ana”, ubicado en los distritos de Huacullani y Kelluyo de la provincia de Chucuito, región Puno, se sobreponía a los territorios comunales aymaras. La emisión de este decreto fue el punto inicial para que se desatara el conflicto socioambiental conocido como ‘El Aymarazo’.

Para la entrega de las siete concesiones que conformaban el Proyecto Santa Ana, se tuvo que recurrir a una excepción. Tal como la norma constitucional al respecto lo indica, los extranjeros no pueden adquirir derechos reales de ningún tipo dentro de los cincuenta kilómetros de frontera. Al suscribirse el decreto supremo en mención, este artículo de la Constitución fue inaplicado alegando “necesidad pública” para el desarrollo del proyecto minero en el lugar, siguiendo con las condiciones exigidas por el Reglamento de la Ley Nº 26505, donde se predispone que la solicitud presentada para la disposición de tierras tenga el visto bueno del Ministerio de Agricultura, de Defensa y del Interior, para que finalmente sea el Consejo de Ministros quien dicte el decreto requerido.

Con la dación de este decreto, el Estado se esfuerza en fundamentar que el interés de establecer la titularidad del derecho minero de Bear Creek trasciende al interés privado, y que por el contrario va a incidir de manera importante al bienestar de la comunidad; además, sienta por hecho que con la aprobación de esta excepción se logrará el desarrollo de esta zona de frontera y asegura el crecimiento del nivel de vida de los pobladores de la zona de incidencia de las actividades mineras, lo que no ocurre, lamentablemente. Sin embargo, el concepto de “necesidad pública” tiene que ver con obras de necesidad realmente colectivas, que beneficien a todos los peruanos, al conjunto de la población. En este caso, la pregunta de los aymaras era que qué tiene que ver la actividad empresarial con el interés público. Necesidad pública es, por ejemplo, las obras de infraestructura que realmente sean necesarias para el desarrollo de la población: carreteras, hospitales, centros educativos y demás servicios básicos.

El primer juzgamiento

En el 2017, Walter Aduviri, junto a otros nueve de los voceros aymaras, después de varios años de proceso judicial por haber liderado ‘el aymarazo’ pasaron a la parte última del juicio oral para esperar sentencia. En dicha sentencia, el Colegiado Penal de entonces hizo una diferenciación entre los delitos que se les imputaba a los aymaras procesados y el ejercicio del derecho a la protesta social, desde la visión que se debería tener y desde la visión de las entidades del Gobierno. Indicó que la persecución de la protesta social “genera una discusión respecto a la naturaleza justa de todas las protestas sociales, siendo que todos los reclamos sociales, a mérito de los protestantes, son debidos y por tanto legítimos; en tanto que para los representantes del gobierno o de las instituciones públicas, las exigencias de los protestantes serán indebidas y por tanto ilegítimas”. Al respecto, refuerza lo dicho citando al reconocido penalista Ramiro Salinas Siccha, quien sostiene que “este supuesto delictivo sólo responde a una política criminal del Derecho Penal del Enemigo, por tanto, coyuntural, esto debe suprimirse por ser, a todas luces, inconstitucional”.

El Derecho Penal, no puede reprimir conductas lícitas o manifestaciones sociales que tengan una finalidad lícita o legítima, orientado a reivindicar la vulneración de derechos fundamentales, en tales casos estas manifestaciones sociales constituyen ejercicio regular del derecho de protesta, que deriva del derecho de reunión, libertad de expresión y de asociación.
Pese a estos argumentos, Aduviri fue el único hallado culpable del delito de disturbios en calidad de autor mediato. Tras su impugnación, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia.

Un nuevo juzgamiento

Luego de que la Corte Suprema declarara nulo todo lo actuado, ordenó que volviera todo a juicio oral y se dictara nueva sentencia. El ciclo de audiencias de este nuevo juicio oral dio su inicio en abril de 2019, dándose la sentencia de primera instancia a fines de agosto del año en curso.
La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Puno ha desplegado esfuerzos para Aduviri sea declarado culpable del delito de disturbios. Y así lo ha conseguido. Pero ahora toca ver si los medios probatorios en los que versa la sentencia dictada son suficientes para que ordenara la prisión efectiva por seis años y el pago de la reparación civil de dos millones de soles por parte del Gobernador Regional de Puno.

Para empezar, el Colegiado reconoce que el denominado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno nunca existió legalmente puesto que no existe medio probatorio que la reconozca como tal; sin embargo, indica que sí “existió de hecho” ya que sus miembros directivos se presentaban como tales en las distintas reuniones y cada que suscribían y remitían documentos a las distintas instancias. Y por su lado, Walter Aduviri se autoidentificaba como presidente de este Frente en todos los espacios en el contexto de la protesta.
Las declaraciones de los medios de comunicación escrita y televisiva que cubrieron “el Aymarazo” y que actuaron como testigos en este proceso penal, dieron cuenta que el frente era mencionado reiteradamente y que Aduviri se presentaba como presidente en las entrevistas y declaraciones públicas.

Ambos elementos dieron certeza al colegiado que Aduviri fue quien convocó la “huelga antiminera” y era líder del dicho movimiento social.
Pese a que la Policía Nacional y el Ministerio Público son instituciones destinadas a la investigación del delito y a su persecución, la Fiscalía ha tenido que recurrir en gran medida a la recolección de información periodística para fundar su acusación y atribuir responsabilidad de los desmanes ocurridos durante el desarrollo de la protesta aymara.
Resulta cuestionable la labor probatoria de la fiscalía, pero más que el colegiado haya valorado y tomado una decisión condenatoria a partir del trabajo de periódicos y vídeos de programas televisivos de noticias.

Lo preocupante de este hecho es que legalmente podría marcar un precedente para procesos contra hombres y mujeres que han sido denunciados en contextos de protestas por defender derechos humanos fundamentales y colectivos. La criminalización de la protesta ha sido una estrategia de varios gobiernos, debemos estar alertas para que ningún procesado por ejecer su derecho a protesta termine en prisión.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/el-camino-condenatorio-de-aduviri/?fbclid=IwAR3WrNQwyHCFh8ZGU_s9ZbImBYscmDjAZcWdQGQK6XSSAo7o_rMhj6xrVzA

Tras 4 años en Juicio y suspendido por 6ta vez.

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/946-juzgado-no-conto-con-interprete-quechua-y-suspende-juicio-oral-a-comuneros-de-cotabambas

Desde tempranas horas la Policía Nacional de Perú y la Fuerza Armada viene desbloqueando la vía conocida como el corredor minero sur, que atraviesa a las comunidades de Cancahuani del distrito de Ccapacmarca; Huniquiri, Idiopa Ñaupa,Japu, pertenecientes al distrito de Colquemarca, y Tincurca, perteneciente al distrito de Chamaca, que hacen parte de la provincia de Chumbivilcas en Cusco.

Desde hace 25 días los comuneros de estas localidades vienen bloqueando la vía en protesta frente a la contaminación ambiental que genera el paso de 600 camiones de la empresa china MMG Las Bambas, que transporta minerales desde Apurímac pasando por Cusco hasta el puerto de Matarani en Arequipa, donde embarcan el mineral hacia China. La PNP y la Fuerza Armada al llegar a la comunidad de Cancahuani reprimieron a los comuneros que se defendieron con palos y piedras, logrando despejar la vía y provocando lesiones en varios de los comuneros.

Frente a la información de que los protestantes habrían sido heridos por perdigones, conversamos con el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe, quien relató que se encuentran confirmando los hechos para tomar medidas al respecto como Frente de toda la provincia. El operativo policial y de las fuerzas armadas se realiza en el marco de la implementación de la declaratoria del Estado de emergencia, a través del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM, emitido el día de ayer 15 de octubre, por 30 días en el sector del corredor minero sur que contempla los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas.

El Estado de Emergencia implica la suspensión de los derechos constitucionales respecto a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libre reunión. Desde tempranas horas el ministro del Interior, Carlos Morán, salió a los medios de comunicación a informar de la medida tomada y señalar que «apostamos por el diálogo, pero eso no se puede confundir con debilidad. Vamos a cumplir con nuestra función»; sorprendiendo a los comuneros de Chumbivilcas, en palabras del presidente del FUDICH, Carlos Quispe, debido a que ya habían pactado una reunión de diálogo para el 21 de octubre, y esta medida lo que genera es desconfianza en la población. «¿Si estamos en una democracia, no podemos protestar?», cuestionó el dirigente. Añadió que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también se ha pronunciado sobre la denuncia de contaminación ambiental realizada por los comuneros de Chumbivilcas.

Asimismo, la Federación Unificada de Campesinos de la provincia de Espinar tiene previsto realizar una asamblea este domingo 20 de octubre, debido a que el corredor minero también atraviesa varias comunidades de Espinar, realizando similares afectaciones que en Chumbivilcas. Como se recuerda, las comunidades mencionadas se encuentran en protesta desde el 22 de septiembre al denunciar la contaminación ambiental que sufren tras el paso de los camiones que transporta los minerales de la empresa MMG Las Bambas. El OEFA ya ha confirmado el 27 de septiembre la contaminación ambiental a través del informe denominado: “Fiscalización Ambiental Corredor Vial Ámbito de la Provincia de Chumbivilcas”, en el que señala que los resultados de las evaluaciones ambientales en los componentes de suelo, ruido, aire exceden los estándares de calidad ambiental.

El OEFA recomendó medidas preventivas y correctivas para la empresa minera: • Aplicación de supresores de polvo en los tramos donde existan localidades colindantes al corredor vial, así como el adecuado humedecimiento del corredor vial previo al paso de los camiones de transporte de concentrado para reducir la emisión de material particulado. • Restringir el tránsito de los camiones de transporte desconcentrado de Las Bambas en las localidades de Velille y Ccapacmarca, en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana del día siguiente. • Modificatoria y/o actualizar l EIA vigente en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA y en base a los resultados de la fiscalización realizada. Para mayor información sobre las causas del conflicto, ver el informe elaborado por la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco –> https://bit.ly/2Mng7au

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/948-chumbivilcas-inician-operativo-tras-declaratoria-de-estado-de-emergencia-en-corredor-minero?fbclid=IwAR1KmAFHpmEt7STdbjOK-m4DNK7VAQjWBOFffpDur8R37MC0KLG47IQheUo

Los dirigentes de diferentes centros poblados conversarán este 21 de octubre. Persistirán en su reclamo de no permitir el paso de vehículos encapsulados por el Corredor Minero del Sur .

Luego de más de veinte días de bloqueo del Corredor Minero del Sur, se abre una posibilidad de solución. Presidentes de las comunidades por donde pasa la vía acordaron que el 21 de octubre participarán en una reunión, a la cual asistirán representantes de las comunidades involucradas de Cotabambas (Apurímac). En el encuentro, definirán si conforman una nueva mesa de diálogo con representantes del Estado.

El dirigente Luciano Ataucuri Chávez manifestó que es muy probable que el escenario de esta reunión sea el sector de Congunya del distrito de Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas.

Además, ya habrían confirmado su asistencia representantes de pueblos del distrito de Mara, provincia de Cotabambas (Apurímac), y del distrito de Coporaque, provincia cusqueña de Espinar. Esperan que más dirigentes de otros centros poblados se unan.

En tanto, alrededor de veinte presidentes comunales chumbivilcanos, de los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille, mantendrán hoy una reunión privada.

Ataucuri Chávez manifestó que se mantendrán firmes en el pedido de que no circulen más por el Corredor Minero del Sur vehículos de MMG Las Bambas.

“Sí o sí vamos a pedir que la empresa minera construya la línea férrea o el mineroducto, porque recordemos que esa carretera no está en ninguna parte del estudio de impacto ambiental (EIA). Solo debían aperturarla para la etapa de construcción (de Las Bambas), pero ahora siguen usándola”, refirió Ataucuri.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/10/15/comuneros-de-cusco-analizaran-si-establecen-dialogo-con-el-gobierno-nacional-lrsd/

Efectivos policiales permanecerán en el lugar para asegurar el libre tránsito por la Panamericana Sur y el Corredor Minero. Pobladores del valle de Tambo llevan 87 días protestando contra Tía María.

La presencia del contingente policial se mantendrá en el valle de Tambo, en la provincia de Islay. El general Roy Ugaz, jefe de la IX Región Policial, sostuvo que los efectivos tienen la misión de mantener el control de los manifestantes que mantienen el paro indefinido contra el proyecto minero Tía María. La huelga ya tiene 87 días.

“La policía está ahí para mantener el libre tránsito tanto en la Panamericana Sur como en el Corredor Minero”, agregó el general Ugaz.

El Consejo Nacional de Minería ha señalado que, antes de fin de mes, emitirá su veredicto sobre el pedido de revisión a la licencia de construcción de Tía María. Pese a ello, los pobladores del valle persisten con la medida de protesta.

“La consigna de los agricultores es que se dé una solución a nuestro pedido (cancelación del proyecto), sino las marchas continuarán. Esperamos también que el presidente Martín Vizcarra llegue al valle con la respuesta”, indicó Marilú Marroquín, de la junta de usuarios La Ensenada-Mejía.

En tanto, el general Ugaz aclaró que ya no habrá más resguardo policial a los excongresistas por Arequipa. Informó que ya la prerrogativa ha sido retirada al día siguiente de la disolución del Congreso.

Por otro lado, señaló que gestionan más patrulleros para la ciudad. En la región existen 450 unidades, de las cuales algunas están en reparación.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/10/09/arequipa-policia-continuara-en-tambo-hasta-que-se-defina-la-suerte-de-tia-maria-mineria-lrsd/

El pasado 30 de setiembre del 2019 es una fecha que pasará a la historia, ya que el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso de la República, luego de que la alianza fujiaprista se dedicara a boicotear por más de 3 años cualquier intento de reforma política y de justicia planteado por el Ejecutivo. La convocatoria de elecciones parlamentarias para el 26 de enero del 2020 puede ser un punto de quiebre para empezar a discutir las verdaderas reformas que el país necesita, por ahora la crisis política se mantiene, ya que la discusión de la disolución del Congreso se trasladará al Tribunal Constitucional.

Pasada la crisis, el gobierno debe concentrarse en atender la conflictividad social que se ha reactivado en el sur andino peruano, los bloqueos del corredor minero en Cusco y Apurímac, y el rechazo al proyecto Tía María en Arequipa son papas calientes que el gobierno de Vizcarra no puede soslayar. En este campo el Ejecutivo no ha sido muy diligente, por el contrario el abordaje de los conflictos ha sido declarar estados de emergencia, usar la violencia y la represión policial en las movilizaciones, así como criminalizar a líderes y dirigentes sociales que participan en ella. En sentido hay dos casos que se han activado estas últimas semanas en las provincias cusqueñas de Chumbivilcas y Paruro, por el uso de la vía del corredor minero de la empresa MMG Las Bambas.

Chumbivilcas: El caso de Ccapacmarca y Colquemarca

El 1 de octubre pasado en el distrito de Ccapacmarca, uno de los lugares por donde transita el transporte minero de Las Bambas, se ha desatado un nuevo conflicto dejando como saldo varios heridos y detenidos por un enfrentamiento durante el desbloqueo de la vía. Las comunidades denuncian la contaminación ambiental debido al paso de más de 500 camiones diarios de la mina, así como la inconsulta construcción de las vías a las comunidades, y el no pago por el derecho de servidumbre ni compensación por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa minera Las Bambas. Las comunidades exigen que se derogue el D.S. 011-2016-MTC que aprobó la recategorización de esta vía como carretera nacional.

Así mismo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA presentó públicamente el 27 de setiembre el informe Fiscalización Ambiental Corredor Vial Ámbito de la Provincia de Chumbivilcas, el cual respalda los reclamos de las comunidades respecto a la contaminación que causa la circulación del transporte minero. El OEFA informó que los resultados de las evaluaciones ambientales en los componentes de suelo, ruido, aire exceden los estándares de calidad ambiental, recomendando medidas preventivas y correctivas para la empresa minera, entre las cuales está la de “restringir el tránsito de los camiones de transporte de concentrado de Las Bambas en las localidades de Velille y Ccapacmarca, en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana del día siguiente”, asimismo se ordena a la empresa minera “la modificatoria y/o actualización de  su  EIA vigente en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA y en base a los resultados de la fiscalización realizada”.

Paruro: Los reclamos y los últimos hechos registrados.

Al permanecer bloqueadas las vías del corredor minero por la ruta de Colquemarca y Ccapacmarca de Chumbivilcas, los camiones y encapsulados de la minera Las Bambas optaron por transitar por la vía alterna de la provincia de Paruro, es por ello que los pobladores de la zona de Ranraccasa, Paccaritambo, Ccoyabamba y Paruro acordaron el viernes 4 de octubre iniciar una medida de protesta respaldando las demandas de las comunidades de Chumbivilcas- El bloqueo de las vías se inició el lunes 7 en Ranraccasa, distrito de Yaurisque, lugar donde este martes 8 de octubre se han producido enfrentamientos, justamente al promediar las 11 de la mañana cerca de 100 efectivos de la PNP se hicieron presentes en la zona para proceder con el desbloqueo de la vía. Según testimonios de los pobladores y videos difundidos por las redes sociales, los policías intervinieron de manera violenta disparando perdigones y bombas lacrimógenas, lo que dejó como saldo cuatro mujeres heridas, una de ellas perdió el ojo izquierdo por el impacto de los perdigones, la señora fue identificada como Higidia Humpire Ataucuri (54).

El reclamo de la población, según señalan los dirigentes, es por el incumplimiento de los acuerdos de la asamblea multisectorial desarrollada en el distrito de Yaurisque el 21 de marzo pasado, acuerdo que fue ratificado por el Gobernador Regional del Cusco Jean Paul Benavente (22 de abril). En aquella reunión la minera MMG Las Bambas se comprometió a iniciar en junio el recapeo (arreglo) de la vía Huancaro – Paruro, y posteriormente el asfaltado de la vía Ranraccasa – Chumbivilcas.  Los pobladores también reclaman que su provincia sea considerada como zona de influencia directa ambiental y zona de influencia indirecta social del proyecto Las Bambas, ya que por esta vía también transitan los camiones de la minera, además de plantear la reforma de la ley general de minería, entre otros.

Los derechos vulnerados en las comunidades son reiterativos y muestran un patrón que se repite en otras provincias del corredor minero; se afecta el derecho a la protesta social, a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, a la consulta previa, entre otros. Si bien se han instalado varias mesas de dialogo en Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y recientemente en Paruro, en la práctica no están resolviendo los problemas que denuncian las comunidades. A la larga el problema es el mismo de siempre: la forma como se gestiona los conflictos mineros desde el gobierno central, reprimiendo y criminalizando las protestas, estrategia lo único que genera es mayor violencia y afectación de derechos.

NOTA

El día de hoy jueves 10 de octubre el gobierno regional del Cusco, el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM y la empresa minera Las Bambas han convocado a reuniones para establecer mesas de dialogo en Chumbivilcas y Paruro.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/informe/los-conflictos-mineros-en-paruro-y-chumbivilcas

Se acaba de publicar la Resolución Ministerial 293-2019-MINAM que plantea una serie de modificaciones al Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La finalidad de estos cambios según la exposición de motivos es establecer reglas y criterios que regulen la actuación de titulares de proyectos, autoridades y sociedad civil en la modificación y actualización de los estudios de impacto ambiental. De manera más concreta la propuesta señala que se busca establecer criterios transectoriales de participación ciudadana en la evaluación ambiental.

Más allá de la finalidad declarada, encontramos varios artículos sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). También se pretende modificar definiciones y los anexos sobre términos de referencia en los puntos referidos al plan de participación ciudadana y al plan de relaciones comunitarias, de los EIA categoría II y III. Asimismo, sobre el contenido de la evaluación preliminar en el punto relaciones comunitarias. A ello se suma otros sobre el cambio de titularidad del proyecto, la clasificación de proyectos de categoría III, la clasificación anticipada y términos de referencia de proyectos, el inicio de actividades y la pérdida de la certificación ambiental.

Lo más comentado hasta ahora ha sido que la propuesta normativa exige EIA detallados (categoría más exigente) solo a los proyectos en los que se pueden presentar impactos negativos altos. El reglamento actual señala que deben presentar EIA detallados los proyectos que pueden generar impactos negativos significativos. Es decir, la propuesta plantea un cambio en la terminología usada.  Para zanjar este punto debemos decir, que el MINAM no está facultado para realizar un cambio de esta naturaleza, ya que el reglamento en su formulación actual reproduce lo que dice la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley del SEIA). Esta Ley es la que se refiere a impactos significativos y los define. Cambiar el término requeriría también un cambio en dicha Ley. Además, el MINAM no explica en la exposición de motivos por qué pretende realizar cambios en la terminología usada. Nos preguntamos si detrás de ello hay un nuevo intento de flexibilización, ya que el término “alto” podría reducir la aplicación del EIA detallado.

En cuanto a la participación ciudadana, el proyecto normativo parecería querer armonizar a los sectores en sus procedimientos, más no fortalecerla, pues no aborda los problemas más acuciantes que enfrenta el proceso de evaluación de impacto ambiental en esta materia. Al respecto, dos temas nos parecen centrales:

1. Primero, cómo se pasa de una participación ciudadana formal a una participación efectiva. Todos sabemos que los estudios de impacto ambiental son informes interdisciplinarios, complejos, difíciles de entender. Incluso cuando un dirigente se refiere a ellos, muchos piensan que su opinión no es válida porque no está en condiciones de entender sus contenidos.

Por lo tanto, tener una participación real requiere revertir esa situación. La pregunta es cómo hacerlo. En CooperAccion alguien proponía que así como existen abogados de oficio en lo penal para aquellos que no tienen recursos económicos, podría utilizarse una figura similar para los procesos de participación ciudadana; es decir, otorgar una asesoría gratuita, para aquellos que no pueden contratar una asesoría técnica que vele por sus intereses. Esto se hace aún más necesario, si es que con la aprobación del EIA se declara la viabilidad ambiental del proyecto, tal y como lo propone una de las modificatorias del reglamento.

De esa manera, la audiencia pública podría pasar de ser un espacio principalmente informativo del EIA, que tiene como principal protagonista a la consultora que lo elaboró (por tratarse de un estudio de parte), a un espacio de discusión y debate amplio y más fundamentado, garantizando la existencia de opiniones sólidas planteadas desde la sociedad civil o de los gobiernos subnacionales. En este punto es necesario considerar que no cualquier profesional puede opinar sobre los EIA por más buena voluntad que tenga, ya que requiere de un conocimiento especializado y de manejo de cierta información.

En consecuencia, sería importante que los gobiernos subnacionales y las universidades pudieran participar en el debate, y para ello se podría recurrir a consultorías financiadas con fondos proporcionados por las empresas y/o el Estado. Tal vez, también el Estado podría generar un registro de consultoras o personas que hacen revisión de EIA para sociedad civil, cuya experiencia y seriedad sea verificada por éste.

2. Otro gran problema para la participación ciudadana son las numerosas modificaciones que sufren los EIA. A veces se realizan dos por año. La mayoría de ellas se hacen mediante el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es un procedimiento sumario para aprobar modificaciones en los EIA que no contempla mecanismos de participación ciudadana, incumpliendo así el principio de participación establecido en las normas que regulan el SEIA y la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por otro lado, el que sean tan numerosas y frecuentes las modificaciones torna imposible que las poblaciones locales o los ciudadanos las puedan seguir y participar en ellas. Por lo tanto, éstas deberían ser planificadas y realizarse en bloque, lo cual permitiría además mejorar la determinación de impactos acumulativos y sinérgicos y tener una mirada de conjunto de los cambios y sus impactos.

De otro lado, en cuanto a los términos de referencia para los planes de relaciones comunitarias, otra de las propuestas incluidas en este proyecto normativo, consideramos que se debería señalar de manera explícita la necesidad de establecer indicadores de cumplimiento del respeto a los derechos humanos y los derechos colectivos de pueblos indígenas.

Otro tema importante es la incorporación de la consulta previa en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tal y como lo recomienda la Defensoría del Pueblo (Informe 001-2019-DP-AMASPPI-PPI), lo cual permitiría avanzar en el compromiso de adecuar la legislación peruana al Convenio 169 de la OIT.

En lo que respecta a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de políticas, planes y programas públicos, nos parecen interesantes los cambios propuestos. En primer lugar, acertadamente, la propuesta marca la diferencia entre la EAE y los EIA, pues la primera analiza la consistencia en el cumplimiento de objetivos ambientales, y la segunda los impactos de un proyecto . Por ello, en la finalidad de la EAE se incorpora la idea de que se trata de un proceso de apoyo a la planificación.

Otro punto importante, es fijar a qué políticas, planes y programas se le aplica la EAE. La propuesta señala: “(…) a las políticas, planes y programas públicos vinculados con las prioridades y objetivos de desarrollo nacional, regional o local, susceptibles de originar implicancias ambientales negativas significativas”. El problema reside en quién determina que una política, plan o programa público está vinculado a prioridades y objetivos de desarrollo. Del procedimiento se desprende que el proponente es quien toma la iniciativa. La pregunta a realizar es qué pasa si no la considera necesaria. Somos de la opinión que habría que garantizar la petición de parte para aquellas situaciones en que la ciudadanía considera necesaria realizar la EAE.

Por último, consideramos que existen otros temas álgidos en los procesos de certificación ambiental que requieren ser tomados en cuenta en una propuesta de reforma normativa, con la finalidad de fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. A continuación enumeramos brevemente algunos temas que habría que considerar:

• Incorporación de los planes de reasentamiento de poblaciones y comunidades indígenas, así como la exigencia del consentimiento libre, previo e informado en el caso de estas últimas. Asimismo, se debe garantizar la opinión vinculante del organismo público que vela por el derecho de esas colectividades. Cuando se trata de traslado de centros poblados, y ciudades,  la norma debería establecer la relación con el sistema de planificación.

• Necesidad de establecer límites al uso abusivo de los ITS ya que debilita al sistema de evaluación ambiental, al haberse distorsionado su razón de ser.

• En los términos de referencia se deben mejorar los requerimientos para los estudios geológicos, hidrogeológicos, y de geotecnia y asegurar el análisis integrado de los mismos.

• Establecer los criterios para garantizar una adecuada representatividad de las muestras que se toman en los estudios de línea de base y de los puntos de monitoreo.

• Establecer la exigencia de una línea de base de impactos a la salud.

• Incorporar la evaluación de la compatibilidad territorial del proyecto, con opinión de los gobiernos regionales y locales.

• Establecer criterios y exigencias para la labor de las consultoras ambientales encargadas de la elaboración de los EIA a fin de garantizar que los estudios sean rigurosos y permitan implementar eficazmente el enfoque preventivo en la gestión ambiental de los proyectos mineros.

• Definir criterios para el uso de metodologías que determinan impactos acumulativos y sinérgicos. Igualmente establecer criterios para la determinación de las áreas de influencia directa e indirecta.
 

10 de octubre de 2019

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Licencia. Se pronunciará en 15 días hábiles sobre la construcción del proyecto minero. Junta de Usuarios confía en la contundencia de sus argumentos y Southern en sus criterios técnicos.

Según el documento presentado a Senace, se realizarían 5 cambios importantes al EIA de 2016. Este instrumento sirve para advertir los riesgos ambientales.