Perú

PCM no resuelve conflictos y amplía emergencia en el Corredor Minero

DIFICULTAD. En Espinar y Chumbivilcas hay cinco conflictos que involucran a las mineras MMG Las Bambas y Glencore.
La República
08/03/2020
José Víctor Salcedo

El gobierno del presidente Martín Vizcarra amplió el estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur, en los tramos situados entre las provincias de Chumbivilcas y Espinar, por otros 30 días. La medida inicial vencía ayer. El Ejecutivo no pudo resolver los conflictos y su objetivo es mantener el control de la vía en manos de la Policía, con apoyo del Ejército, y así garantizar el transporte de minerales al puerto de Matarani (Arequipa).

No obstante, el panorama en Chumbivilcas y Espinar, donde hay cinco conflictos activos, se complica y la posibilidad de diálogo está entrampada. Veamos cada caso. Para el 5 de marzo estaba programada una reunión entre los comuneros de Urinsaya (Espinar), representantes de la empresa MMG Las Bambas y el Ejecutivo nacional. La cita no se desarrolló por inasistencia de los dirigentes. Sucede que, en la reunión previa (27 de febrero), la comunidad propuso que MMG Las Bambas pague 2 millones de soles como indemnización. No hubo acuerdo, porque los representantes de la minera y MTC no firmaron ningún acta.

Tampoco hay diálogo con los cinco distritos de Espinar (Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Condoroma y Ocoruro) para atender su reclamo de ser incluidos en la zona de influencia directa del proyecto minero Integración Ccoroccohuayco de la empresa Glencore.

El tercer caso corresponde al reclamo de las 13 comunidades de Espinar, que entre otras cosas demandan la aplicación de la consulta previa para validar el proyecto Integración Ccoroccohuayco y la instauración de un fondo social de emergencia. Solo se cumplió el primer punto.

En tanto, en la provincia de Chumbivilcas, las comunidades del distrito de Ccapacmarca piden anular la resolución ministerial N.° 372-MTC, que permitió reclasificar de manera definitiva como ruta nacional varias vías departamentales y vecinales.

Y en Velille, la empresa MMG propuso aportar S/ 2 millones como parte de un convenio de cooperación interinstitucional. La contrapropuesta de comuneros fue elevar la cifra a S/ 5 millones. Aún no hay acuerdo
https://larepublica.pe/economia/2020/03/08/pcm-no-resuelve-conflictos-y-amplia-emergencia-en-el-corredor-minero-lrsd/

Criminalización de la protesta, Perú

ONGs de Perú critican convenios de mineras con la Policía porque van contra indígenas

La ONU denunció que líderes sociales en Colombia han sido atacados por oponerse a los intereses de grandes empresas

Un hombre sostiene un cartel durante una protesta contra el fracking en Bogotá, Colombia, 7 de junio, 2019. REUTERS/Luisa González

Ambientalistas, campesinos, negros e indígenas sufren violaciones y abusos cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos, dice un informe de las Naciones Unidas
05/03/2020

Decenas de líderes sociales y activistas han sido agredidos en Colombia no solo por grupos armados, sino también por oponerse a los intereses de grandes empresas, informó este miércoles el relator especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Ambientalistas, campesinos, negros e indígenas “sufren violaciones y abusos de sus derechos cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos”, dijo Michel Forst en un informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.

Las agresiones ocurren cuando elevan su voz “frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales”, agregó.

Forst aseguró que entre 2015 y 2018 se registraron al menos 115 incidentes, “que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial”.

Los líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, en particular, padecen “presiones de empresas nacionales e internacionales que explotan los recursos naturales en sus territorios”, o cuando se oponen a los intereses de actores armados ilegales, agregó.
Aunque la violencia se ha aliviado desde el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC, la otrora guerrilla más poderosa de América, Colombia aún vive un conflicto armado que la azota desde hace casi seis décadas.

Al menos 108 activistas fueron asesinados en 2019, según la ONU. La mayoría de las muertes ocurrió en zonas donde operan grupos armados involucrados con el narcotráfico. En 2018 hubo 115.

Según Forst, las cifras convierten a Colombia en la nación latinoamericana con más asesinatos de defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la fiscalía, la mayoría de ataques a defensores provienen de grupos armados ilegales, financiados principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal.

El reporte de Forst fue duramente criticado por el gobierno del presidente Iván Duque, que en días pasados consideró sesgado e impreciso el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que daba cuenta de abusos por parte de la fuerza pública.

“Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales” son “afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”, indicó la cancillería en un comunicado.
Entre 2015 y 2019, la ONG Business & Human Rights -que ofreció insumos al informe de la ONU- registró 181 ataques contra defensores “que trabajan en cuestiones empresariales”. De esos, 72 fueron asesinatos.
Las agresiones equivalen al 9% del total mundial en ese campo.
La mayoría tuvo lugar en zonas en donde se llevan a cabo grandes proyectos de minería, hidrocarburos, ganadería o energías renovables.

Forst se mostró preocupado por “la aparente conexión” entre la petrolera Frontera Energy, el ejército y la fiscalía colombianos en la “criminalización” de defensores de la tierra y el medioambiente en el este del país.

Frontera Energy resaltó el martes en un comunicado “su compromiso con la protección de los derechos humanos”.

“La gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del acuerdo de paz”, concluyó el relator.

Con información de AFP
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/03/05/las-onu-denuncio-que-lideres-sociales-en-colombia-han-sido-atacados-por-oponerse-a-los-intereses-de-grandes-empresas/

Perú

Las Bambas: Absuelven a 19 comuneros de Apurímac denunciados por minera

Tras conocer el fallo, los comuneros absueltos y sus familias celebraron aliviados sin poder contener las lágrimas.
La República, 02/03/2020
Los implicados fueron acusados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otros, durante el conflicto social con Las Bambas, en el 2015. No hallaron suficientes medios probatorios en su contra.
Celebran su inocencia. Los 19 comuneros del poblado de Cotabambas (Apurímac) que fueron denunciados por la empresa minera MMG Limited, quedaron absueltos. Así lo decidió el juez Andrés Abelino Aguilar del Juzgado Unipersonal de Cotabambas.

Los 19 pobladores eran investigados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. Esto tras el conflicto social desatado contra la mina Las Bambas, en setiembre del 2015.

PUEDES VER: Cusco: Declaran en estado de emergencia parte del Corredor Minero del Sur
Por estos presuntos ilícitos, la Fiscalía pedía entre 11 a 17 años de cárcel contra los comuneros denunciados. Además, solicitaba una reparación civil de 20 mil y 88 mil 660 dólares, en favor del Estado y la empresa MMG Limited, respectivamente.

El proceso judicial duró varios años y sufrió de múltiples postergaciones. Este lunes, por fin, el Juzgado emitió la absolución sustentada en la insuficiencia de medios probatorios contra los acusados y la aplicación de los principios de imputación necesaria.

Tras conocer el fallo, los comuneros absueltos y sus familias celebraron aliviados sin poder contener las lágrimas. Consideran que se hizo justicia y que su caso se configura como un precedente contra la criminalización de la protesta.

CONFLICTO
Cabe recordar que, en setiembre del 2015, las comunidades campesinas de Cotabambas iniciaron una protesta contra la empresa MMG Limited por realizar modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental en su proyecto Las Bambas, sin antes aplicar una consulta previa. El descontento de la población desembocó en un conflicto social que dejó tres muertos y varios heridos.
https://larepublica.pe/politica/2020/03/02/las-bambas-absuelven-a-19-comuneros-de-apurimac-denunciados-por-minera-mmg-limited-lrsd-protestas/

Perú

Esta es la nueva demanda que enfrentará Perú ante tribunal internacional

La minera Cerro Verde decidió demandar al país por pagos que le exige la Sunat, pero seguirán operando normalmente.
Fuente: Andina
02/03/2020
Actualmente Cerro Verde opera bajo un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión.
Perú presenta cartera de inversiones mineras por más de US$ 57,000 millones
La Sociedad Minera Cerro Verde inició una demanda contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por regalías que la empresa considera que no debería pagar.

El conflicto con la minera se debe a que la Sunat informó a la empresa que mantenían una deuda de US$1,100 millones por montos que la empresa no pagó entre el 2006 y el 2011.

Las regalías impagas son por la producción de la Planta de Flotación de Sulfuros Primarios que opera Cerro Verde desde el 2006. Sin embargo, la compañía señaló que tenían un contrato de estabilidad tributaria anterior a la ley de regalías mineras.

Cerro Verde argumenta que se buscó solucionar el conflicto y se puso en contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, pero no se tuvo un debido proceso.

Además, la minera explica que el proceso de arbitraje no afectará en sus operaciones y que los montos están siendo pagados bajo protesto.
https://rpp.pe/economia/economia/esta-es-la-nueva-demanda-que-enfrentara-peru-ante-tribunal-internacional-noticia-1249059

Acuerdos Comerciales y Mineria, Perú

Nueva cláusula en el TLC Perú-China podría frenar la violación de los derechos laborales y ambientales en Perú

peruinforma 28/02/2020
Perú y China suscribieron el 2009 un Tratado de Libre Comercio (TLC) y actualmente ambos países vienen negociando su optimización. Hecho que ha sido visto como una oportunidad por la sociedad civil con el fin de que se incluya en el tratado un Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, como el que Perú tiene suscrito en sus acuerdos comerciales con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Título mediante el cual ambas partes velen por el respeto del derecho a la protección del medio ambiente, así como de los derechos laborales, temas sensibles en la actividad minera en el país.

Solo cuatro empresas mineras de capitales chinos en el Perú representan más de 17 mil millones de dólares en inversión en el sector minero: Las Bambas en Apurímac, Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura. Estas cuatro empresas chinas han sido denunciadas ante la ONU el 2018 por graves violaciones de derechos humanos. Julia Cuadros, Directora de CooperAcción y especialista en minería y problemática ambiental en Perú, comenta que si bien estas violaciones ocurren como consecuencia de la debilidad de nuestras instituciones, son responsables también las empresas y los Estados de donde estas provienen. En estos casos, la República Popular China debería contar con mecanismos para vigilar y controlar que sus empresas no violen derechos en el territorio donde operan.

“Lamentablemente las empresas que invierten en nuestros países, en la medida en que nuestras legislaciones nacionales y nuestros marcos institucionales sean débiles, se aprovechan de esa situación y violan derechos. El tema está en que la violación de derechos no es solo responsabilidad de quien viola directamente, sino también de los Estados a los que responden esas empresas”, menciona Cuadros.

La República Popular China tiene obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, y está obligada por una serie de estándares internacionales y domésticos que la obligan a proteger el medio ambiente y los derechos laborales y sindicales. Razón más que suficiente para que se incluya en el acuerdo comercial entre China y Perú una cláusula que proteja los derechos laborales y el medioambiente.

A lo anterior se suma la posición favorable que la República Popular China manifestó respecto de las recomendaciones que recibió en el Examen Periódico Universal que rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 2018. Oportunidad en que China acogió 284 de las 346 recomendaciones que le fueron sugeridas por decenas de países; y aceptó específicamente, entre otras, dos recomendaciones de las misiones diplomáticas de Ecuador y Perú en Ginebra, que pidieron al Estado chino, respectivamente:

– “Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructuras dentro y fuera de su territorio sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y
– “Considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero.”

“Para llevar a la práctica las recomendaciones formuladas por Perú y aceptadas por China el año pasado, lo que exigen las organizaciones no gubernamentales es que se integre en la versión optimizada del acuerdo comercial un Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible mediante el cual, ambas partes, se comprometan formalmente a garantizar que ambos Estados contratantes velen por el respeto del derecho la protección del medio ambiente, así como de los derechos laborales de ambas partes, en el marco de las relaciones comerciales entre ambos países”, sostiene Javier Mujica, miembro directivo de Perú EQUIDAD, que forma parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente.

Para Mujica, esta nueva cláusula en el TLC Perú China podría frenar por ejemplo la violación de derechos laborales de la empresa china Shougang Hierro Perú, establecida en nuestro país desde el año 1992. Como se sabe Shougang Hierro Perú acumula múltiples denuncias por vulneración de derechos laborales o la existencia de condiciones de trabajo precarias, prácticas antisindicales o remuneraciones por debajo del promedio de la gran minería, etc. Debido a lo cual, desde hace 17 años, anualmente sus trabajadores se ven obligados a realizar huelgas indefinidas por sus derechos.

“Según informes publicados, se trata de una empresa con un cuestionable récord en materia laboral, destacando los problemas que se viven en la empresa respecto de los derechos de asociación sindical y negociación colectiva”, sostiene Javier Mujica.

Tomando en cuenta el historial de vulneraciones cometidos por estas empresas, así como las negociaciones entre China y Perú iniciadas el primer trimestre del año pasado para optimizar su Tratado de Libre Comercio, distintas organizaciones no gubernamentales vienen impulsando un debate sobre la posibilidad de establecer en dicho tratado un marco jurídico que garantice el respeto a los derechos humanos en el Perú por parte de industrias de capitales chinos.

Marco en el que organizaciones como Perú EQUIDAD, CooperAcción y la Plataforma de la Sociedad Civil Sobre Empresas y Derechos Humanos han presentado solicitudes ante el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, para exponer y sustentar dicha propuesta. De ser atendida y aceptada, existirían garantías para que empresas como Shougang, Las Bambas MMG, Chinalco y Zijin Río Blanco Cooper, cumplan y respeten los derechos laborales y medioambientales en el Perú.

Nueva cláusula en el TLC Perú-China podría frenar la violación de los derechos laborales y ambientales en Perú

Perú

DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS BATEN UN NUEVO RÉCORD

Luis Espejo y José De Echave
COOPERACCION       02/03/2020
Imagen: El comercio

En los últimos años, las devoluciones de tributos internos se han incrementado de manera sostenida y el año pasado han batido un nuevo récord: S/. 17,131 millones. En los últimos 5 años, las devoluciones se han incrementado casi en un 80%.

Cabe destacar que desde el inicio del período de post súper ciclo de precios, la tendencia de las devoluciones ha ido al alza. En el período 2014-2019, prácticamente se han duplicado, mientras que la presión tributaria disminuía.

En el total de devoluciones, destacan nítidamente las del sector minero (27% del total): entre el 2015 y 2019, las devoluciones a empresas mineras pasaron de 2,385 millones de soles a 6,144 millones de soles el año 2017 y 4,643 millones de soles el año 2019. Esta situación tiene un impacto en la capacidad recaudatoria del Estado peruano.

Le sigue a la minería el sector manufactura (25%) y el de comercio (24%). Cabe destacar que las devoluciones de estos componentes se han incrementado significativamente desde el año 2014. Manufactura registraba devoluciones el año 2014 por un valor de S/ 2,169 millones, mientras que en 2019 ha sido S/ 4,222 millones. Por su parte, el sector comercio registró devoluciones en 2014 por un monto de S/ 1,522 millones de soles, mientras que en 2019 alcanzaron los S/ 4,180 millones.

En el Perú destacan las siguientes devoluciones por orden de importancia: devoluciones por exportación (el año pasado representaron el 68% del total); pagos en exceso o indebidos; recuperación anticipada del IGV; devoluciones de oficio; régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las devoluciones por exportación y las del régimen de recuperación anticipada por IGV. Si bien las devoluciones por exportaciones son las más relevantes y se mantienen por encima de los 10 mil millones de soles desde el año 2017, todo indica que el récord alcanzado el año pasado se debe, sobre todo, al importante incremento de las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada por el IGV.

¿Cómo se explica este fuerte incremento? Esta variable estaría relacionada con las inversiones pre operativas de grandes proyectos (mineros u otros) y algunos cambios normativos: en primer lugar debemos recordar que mediante Decreto Legislativo N.° 973 (marzo de 2007), se pasó a un régimen que incluía devoluciones para todas las inversiones en actividades económicas que generen renta de tercera categoría. Es así que a partir de 2007, se comenzaron a devolver montos por encima de los 500 millones de soles. Sin embargo, en septiembre de 2018 -mediante el Decreto Legislativo N.° 1423-se simplificaron las formas para que una empresa se acoja a este régimen especial de devoluciones[1]. Además, se incluyeron nuevas formas para implementar las devoluciones, como abonos a cuentas corrientes o de ahorro[2]. Estas modificaciones habrían permitido que las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada el año 2019 se incrementen de manera significativa.

[1] El DL N.° 1493 reemplaza todos los artículos, donde se hace mención al Contrato de Inversión con el Estado, (anterior requisito), reemplazándolo por una solicitud con carácter de declaración jurada.

[2] El DL N.° 1493 modifica el artículo 10.1, que incluye las notas de créditos negociables, agregando cheques no negociables o abonos en cuenta corriente o de ahorro.

Perú

Arequipa: Fuerzas Armadas continuarán en Islay durante marzo por conflicto de Tía María

El Estado prorrogó la permanencia del Ejército hasta el 31 de marzo
El Estado prorrogó la permanencia del Ejército en el puerto de Matarani hasta el 31 de marzo. Según la Policía, aún continúan las convocatorias para realizar protestas contra Tía María, proyecto minero de Southern.
La República
28/02/2020
Las Fuerzas Armadas continuarán un mes más resguardando la seguridad en el terminal portuario de Matarani, provincia de Islay en Arequipa. El último jueves, el Estado prorrogó la permanencia del Ejército hasta el 31 de marzo.

La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano a través de la Resolución Suprema N° 019-2020-IN. Según lo detallado en la resolución, la IX Región Policial informó que los opositores al proyecto minero Tía María aún continúan las coordinaciones y convocatorias para continuar las protestas.

PUEDES VER: Siete proyectos dinamizarán la minería en el 2020
Se teme nuevamente el bloqueo de vías que paralice el transporte público y de carga pesada, así como el bloqueo y afectación a las instalaciones del puerto de Matarani donde llegan cargas provenientes de otras regiones o países.

El pasado 4 de agosto del 2019, el Estado autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay a consecuencias de los enfrentamientos que se desataron en rechazo a Tía María, proyecto cuprífero que la empresa Southern -desde hace años- intenta sacar adelante.

En seis ocasiones el Gobierno aprobó la permanencia del Ejército en el lugar. El último aplazamiento era del 1 de febrero al 1 de marzo, pero ahora los agentes permanecerán un mes más.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/arequipa-fuerzas-armadas-continuaran-en-islay-durante-marzo-por-conflicto-de-tia-maria-mineria-southern-lrsd/

Perú

¿Cajamarca la pobre? Una lectura que debe sobrepasar las cifras

Foto: Luisenrrique Becerra
Mirtha Vásquez, abogada, Congresista electa

Hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el «Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018″ que reveló cuáles son los distritos más pobres en el Perú. Aunque el estudio sólo mide la pobreza monetaria, es decir cuántos ingresos en dinero tiene mensualmente cada familia, y además se trata de un estudio del 2018, es decir no tan reciente; la noticia levantó revuelo entre un sector de la prensa nacional y “opinólogos” de derecha, que resaltan un aspecto que, siendo cierto, exige una lectura adecuada e integral: de los 22 distritos más pobres del país, 16 se ubican en Cajamarca y de estos, 10 están en la zona de influencia del proyecto minero Conga.

Entonces vienen análisis y aseveraciones ligeras, intuitivas, sesgadas y hasta tendenciosas. ¿Por qué Cajamarca sigue ocupando el primer lugar de pobreza en el país teniendo los más grandes proyectos mineros de explotación de oro que abonan millonarias ganancias? Porque los alcaldes y gobernadores se robaron la plata. ¿Por qué son pobres los distritos de la zona de influencia de Conga? Pues porque no aceptaron el proyecto. Y siguen las preguntas airadas hasta que se atreven a dar la receta para salir de esta situación: más inversión minera, reactivación del proyecto Conga y otros, ya que sólo estos salvarán a Cajamarca; e inclusive algunos se atreven a señalar que los recursos provenientes de la minería deben pasar a ser manejados por las propias empresas, vía fondos de fideicomisos, y no ser transferidos a los gobiernos locales y regionales.

Frente a estas afirmaciones, cabe señalar que el estudio cubre el período 2013-2018, y de acuerdo a lo indicado por la propia Ministra en relación a los datos difundidos por el INEI, a pesar de que la mayor cantidad de distritos pobres siguen en Cajamarca, esta región es la segunda con el mayor número de distritos con reducción de la pobreza. Se agrega además que » es la región que menos anemia tiene en el Perú, incluso menos que Lima”. Dicho de otra manera, y aunque no sea un consuelo, estábamos peor en la época del gran boom minero. Es decir, se logró empezar a reducir la pobreza y mejorar los índices de salud, cuando la población frenó el avance irresponsable de la actividad extractiva.

Otro dato que no se resalta es que el distrito de La Encañada donde se aceptó la minería y ha sido el centro de la explotación minera desde que Yanacocha se instaló, está ubicado en el puesto 12 del ranking. ¿Cómo se explica entonces que en los lugares donde hay minería y reciben los recursos más altos de canon persista la pobreza? Si bien no podemos descartar la mala gestión, e inclusive la posibilidad de corrupción, no se puede afirmar a raja tabla que todos los alcaldes y gobernadores regionales han sido ladrones y se han quedado con las millonarias sumas de dinero provenientes del canon y las regalías.

Y hablando de canon y regalías y los ingresos millonarios que se presumen por estos conceptos, no está de más recordar que durante los años del boom minero y el aumento impresionante del precio de los minerales, el país no fue beneficiado como sí lo fueron las empresas mineras. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque desde los años 90 el sector minero ha sido protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron invariables y subsisten hasta hoy. En efecto, las mineras son beneficiarias de convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria que son su mejor arma para evitar el pago de nuevos impuestos, como las regalías fijadas el 2004.

Estos beneficios se aprobaron entre 1991 y 1992, congelando las condiciones fiscales hasta por 15 años. SI bien la mayoría de convenios vencieron hacia el 2007 (gobierno de Alan García) fueron renovados por los distintos gobiernos, de tal forma que empresas como Yanacocha siguen beneficiándose de los mismos en varios de sus proyectos. Por ello – atención amigos opinólogos- no es verdad que Cajamarca reciba sumas millonarias por canon y regalías, ya que varias empresas están exoneradas por sus convenios de estabilidad de pagar el último concepto.

Y en el caso del canon, tampoco se puede hablar de sumas millonarias. En realidad las empresas cuentan con diversos mecanismos para reducir el pago de los impuestos.

El primero, que viene desde 1993, permite a las mineras reinvertir hasta el 80% de sus utilidades en nuevos proyectos a cambio de exonerarles el mismo monto del impuesto a la renta. Osea, lo que ganan lo declaran invertido en otra mina y listo, se reduce el pago del canon. Según un estudio de la ONG Cooperacción, entre el 2001 y el 2011 se utilizó ocho veces más el beneficio de reinversión que cuando estaba vigente. En total se canjearon US$ 2.982 millones de utilidades, lo que significó una pérdida de US$ 447 millones por canon minero. Los principales perjudicados fueron las poblaciones asentadas en las zonas de explotación que son quienes reciben estos recursos. La empresa Yanacocha es una de las que ha venido usando más este beneficio en nombre de sus convenios de estabilidad. Y tal vez por eso la pobreza golpeaba más a Cajamarca en la época de la gran bonanza minera.

Por otro lado, el sector minero mantiene dos excepciones tributarias: se les devuelve el IGV que pagan por las actividades y compras que realizan durante la fase de exploración minera y se les reduce el 20% del valor anual de sus maquinarias (depreciación acelerada), lo que también aminora el monto sobre el que se deducirán sus impuestos. Por ambos “incentivos” el fisco dejó de recaudar S/ 609.555 millones en la última década. Dicho sea de paso, el presidente Vizcarra acaba de extender por tres años más este beneficio, vía Decreto de Urgencia, la reducción del Impuesto a la Renta (IR) por obras de infraestructura, es otra de las gracias que mantiene el sector minero.

De acuerdo a un informe de Ojo Público[1] el monto que el fisco dejó de recaudar por estos cuatro beneficios equivale a todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) para los 500.000 beneficiarios del país en 10 años. Como resultado de esta situación, el aporte de la minería a la recaudación peruana es ahora sólo del 3%, el más bajo desde hace 12 años, y en ningún momento, incluida la época del boom minero, los beneficios y convenios tributarios han sido cuestionados.

En conclusión, los ingresos millonarios de la minería son una aseveración mítica por los beneficios que gozan las empresas. Y ello se suma a los mecanismos de distribución del canon, que dependen de la ley, existiendo una serie de restricciones para la buena gestión e inversión de los recursos en aras del desarrollo regional.

Por el momento un dato objetivo del estudio del INEI que no puede pasar desapercibido es que el 87% de la población de los distritos con mayor pobreza tienen como principal actividad la agricultura ¿No deberíamos entonces enfilar los esfuerzos en potenciar esta actividad sostenible?

La solución no es más minería ni que las empresas manejen los fondos. Ir en ese sentido es terrible para la gobernabilidad, porque los propios datos arrojan que incluso en el periodo de mayor explotación y mayor cotización de los minerales, los territorios de explotación no solo se empobrecieron más, sino se perdieron zonas importantes de producción agropecuaria, sufrieron contaminación y la población fue afectada en su salud.

Por ello Cajamarca sigue siendo pobre, porque siendo la región que más ha aportado con minerales, nunca recaudó lo que debería y se siguen destruyendo grandes zonas de producción sostenible. Cajamarca sigue siendo pobre porque tiene la mayor cantidad de pasivos ambientales y gran parte de la población contaminada con metales pesados en Hualgayoc o Choropamapa, sigue sin atención. La economía no es el fin, es el medio para dignificar a las personas y si el modelo económico afecta la dignidad e integridad, no debe profundizarse sino revisarse.

Ahora mismo necesitamos diversificar la economía, revisar el modelo extractivista que ha llegado a su límite. También debemos volver a recaudar como país lo que realmente nos corresponde. Las empresas no deben tener más privilegios, las empresas deben pagar lo que le deben a este Estado. Y esta deuda no se reduce a las obligaciones tributarias sino debe incluir pagar por los graves efectos causados en el medio ambiente y sobre todo en la salud y la vida de las personas.

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[1] https://ojo-publico.com/331/las-intocables-exoneraciones-del-club-minero

Perú

«Entre el hierro y el mar», el documental sobre las consecuencias de la minería en Marcona

Productora Hiperactiva Comunicaciones estrenará su primer largometraje, un filme sobre la situación del distrito de Marcona (Ica), donde opera la minera china Shougang.

Tras 67 años de actividad minera en Marcona, la situación en este distrito de la provincia de Nasca (región Ica) no es como los promotores de las industrias extractivas quisieran mostrar como ejemplo: tiene el 78% de su territorio bajo concesión minera, es escenario de denuncias de contaminación ambiental y violación a derechos laborales, y los servicios de salud son de baja calidad.

A través de la voz de los ciudadanos y autoridades de este distrito, el documental «Entre el hierro y el mar» da cuenta de la forma en que la actividad minera ha afectado la economía de Marcona a través de obstáculos para diversificar la producción y para contar con una infraestructura adecuada a la zona. Un ejemplo de ello es que desde hace cinco años Marcona no cuenta con un hospital y los suministros de agua y luz proceden de la mina Shougang.

El documental, de la productora Hiperactiva Comunicaciones, abre el debate sobre si la minería por sí misma puede generar desarrollo y plantea la necesidad de repensar el modelo extractivista en el Perú.

«Para las entidades estatales que promueven la inversión y los funcionarios de la minera Shougang, esta empresa realiza sus actividades de manera responsable. Sin embargo, en el filme se puede constatar la disputa territorial, la afectación de la economía local, la contaminación y la violación de derechos laborales», dice la productora.
En setiembre pasado, el sindicato de obreros de Shougang protestó pidiendo iniciar diálogo con la minera china. Los trabajadores pidieron aumentos salariales y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se mostraron indignados porque Shougang solo les aceptó un aumento de S/1,90 por día. El sindicato pedía S/7,90 diario, ya que las ganancias de la minera han aumentado en 237%.

Esa huelga es solo una de las más de 17 medidas de protestas registradas. En su Memoria Anual 2018, Shougang reconoce que tiene sanciones impuestas por Oefa, Osinergmin y Sunafil por un monto superior a 15 mil millones de soles. La empresa también reconoció que destinó 197 mil soles para cubrir gastos en sus procesos legales.

El documental “Entre el hierro y el mar” es dirigido por la periodista Maga Zevallos y cuenta con el apoyo de la ONG CooperAcción.
ADELANTO DEL VIDEO: https://youtu.be/T_rhrfumOMs

Perú

Siete lomas de Arequipa son de interés regional

Gobierno regional de Arequipa publicó ordenanza regional que declara de interés público la conservación de estos ecosistemas. La norma fue aprobada en el contexto del conflicto por el proyecto minero Tía María.
La República
01/03/2020
Se publicó la ordenanza regional que declara de interés público la conservación de siete ecosistemas frágiles costeros (lomas).

La norma fue aprobada en noviembre por el Consejo Regional, en el contexto del conflicto por el proyecto minero Tía María y una supuesta superposición con Lomas de Cachendo.

El jefe de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA), Carlos Santos Roque, sostuvo que tendrán 60 días para elaborar un plan de acciones para proteger la flora y fauna de la zona. No especificó si la norma impedirá un futuro desarrollo del proyecto Tía María.

Por su parte, el consejero regional José Luis Hancco consideró que la ordenanza no afectaría al proyecto minero por no ser retroactiva; sin embargo, considera que sí ayudará a emprender acciones de preservación de los ecosistemas
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/01/siete-lomas-de-arequipa-son-de-interes-regional-lrsd/