Imagen: Gestión 08/09/2020
Ayer el Primer Juzgado Colegiado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle de Tambo, que participaron de la protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía María (año 2015), el mismo que se había iniciado el 3 de marzo de este año y que fue interrumpido por la declaración de emergencia sanitaria.

Al respecto, cabe mencionar que el 9 de julio de 2020, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, formuló la solicitud de interrupción (quiebre) del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual. Se hizo este pedido al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial, en atención a la complejidad procesal que representa este caso y que se sustenta en el gran número de procesados, más de 160 testigos y peritos, abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

En efecto, David Velazco Rondón, en representación de la FEDEPAZ y abogado de 5 de los agricultores que vienen siendo juzgados injustamente; señaló que se evidenciaban graves problemas procesales que se generan en una audiencia judicial de carácter virtual o por video conferencia. Se sustentó que no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal.

También señaló que en este tipo de audiencias de carácter virtual no se verificaba el necesario cumplimiento de la publicidad del juicio oral que es otra exigencia de carácter fundamental (el control público en la administración de justicia) para calificarlo como que está dotado del debido proceso judicial. Precisó que las partes no podrían realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción debido a que por más que se trate de una video conferencia en “tiempo real”, las partes no necesariamente tienen la misma posibilidad de cuestionar, refutar, etc.. Y que el principio a ser juzgado en un tiempo razonable siendo una manifestación del debido proceso judicial, éste no se puede desarrollar en un juicio oral sin que estén presentes, conjuntamente, las otras garantías.

Desde ese día, la decisión del Juzgado quedó al voto, decisión que se dio a conocer ayer, 07 de setiembre, y por la cual el Juzgado resolvió declarar la interrupción (quiebre) del proceso asumiendo los argumentos de la defensa legal de los agricultores.

Al respecto, el Juzgado en los considerandos de su resolución ha señalado que una Audiencia Virtual afecta el derecho de defensa de las partes, porque, por ejemplo, si una de las partes desea formular objeciones a un interrogatorio esta manifestación, por las dificultades técnicas, puede llegar con retraso y no ser procedente si el declarante ya inició su respuesta. El Juzgado, consideró, también, que por ello se afectaba los principios de contradicción y de inmediación que garantiza que el órgano judicial, en un Juicio Oral pueda percibir de manera directa y presencial, por todos sus sentidos, la declaración, los gestos, etc. de un testigo, perito, agraviado, procesado, etc., principio que no se cumple mediante la video conferencia.

A continuación, señaló que una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran.

Reconoció que el juzgamiento en tiempo razonable también es un principio que ilustra el debido proceso judicial, pero que este principio debe aplicarse conjuntamente con los otros principios procesales, evitando llevar un Juicio Oral de cualquier manera.
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

… y resuelve interrumpir (quebrar) el Juicio Oral, al cual estaban siendo sometidos, al considerar que no se
garantiza el debido proceso judicial en una Audiencia Virtual
El Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa, el día de hoy, declaró fundada la solicitud de
interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que participaron de la
protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal (año 2015), el mismo que se había
iniciado el 3 de marzo de este año e interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia
sanitaria generada por el Covid-19.
Como se recordará el 9 de julio de 2020, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que
fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, formuló la solicitud de interrupción (quiebre)
del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual, esto es
no presenciales, al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración
de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial, en atención a la
complejidad procesal que representa este caso y que se sustenta en el gran número de procesados,
más de 160 testigos y peritos, abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos
acusados, etc..
En efecto, David Velazco Rondón, en representación de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo
y la Paz – FEDEPAZ y abogado de 5 de los agricultores que vienen siendo juzgados injustamente;
señaló que se evidenciaban graves problemas procesales que se generan en una audiencia judicial
de carácter virtual o por video conferencia. Debido a que no hay una relación directa entre los
magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco
con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal.
Agregó que no cabía duda alguna que las audiencias, por más esfuerzo de ampliarlas que se pueda
hacer, limitaba seriamente la observación del público en general, por lo cual no se verificaba el
necesario cumplimiento de la publicidad del juicio oral que es otra exigencia de carácter fundamental
(el control público en la administración de justicia) para calificarlo como que está dotado del debido
proceso judicial.
Precisó que tampoco las partes podrían realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción
debido a que por más que se trate de una video conferencia en “tiempo real”, las partes no
necesariamente tienen la misma posibilidad de cuestionar, refutar, etc., argumentaciones de otras
de las partes o formular oportunamente objeciones a las preguntas impertinentes que se pudieran
formular a los testigos, peritos, acusados, etc..
A continuación expresó que si bien el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también,
una manifestación del debido proceso judicial, éste no se puede desarrollar en un juicio oral sin que
estén presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresión del debido proceso judicial.Los abogados defensores de algunos de los acusados expresaron su preocupación por las
dificultades que genera la comunicación virtual y se sumaron a la solicitud de interrupción (quiebre)
del Juicio Oral.
El 9 de julio de 2020, la decision del Juzgado quedó al voto, decisión que se dio a conocer el día de
hoy y por la cual el Juzgado resuelve declarar la interrupción (quiebre) del proceso asumiendo los
argumentos de la defensa legal de los agricultores.
En efecto, el Juzgado en los considerandos de su resolución ha señalado que una Audiencia Virtual
afecta el derecho de defensa de las partes, porque, por ejemplo, si una de las partes desea formular
objeciones a un interrogatorio esta manifestación, por las dificultades técnicas, puede llegar con
retraso y no ser procedente si el declarante ya inició su respuesta. El Juzgado, consideró, también,
que por ello se afectaba el principio de contradicción en el Juicio Oral.
Igualmente, el Juzgado estimó que se afectaba el principio de inmediación que garantiza que el
órgano judicial pueda percibir de manera directa y presencial, por todos sus sentidos, la declaración,
los gestos, etc. de un testigo, perito, agraviado, procesado, etc.. y que una diligencia mediante video
conferencia no la podia sustituir sin vulnerar dicho principio.
A continuación, señaló que una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el
principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad
de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento
del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe,
coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los
agricultores para evitar que estas situaciones ocurran.
Reconoció que el juzgamiento en tiempo razonable también es un principio que ilustra el debido
proceso judicial, pero que este principio debe aplicarse conjuntamente con los otros principios
procesales, evitando llevar un Juicio Oral de cualquier manera.
Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, expresa su satisfacción
con esta resolución que garantiza la realización de un Juicio Oral en absoluto respeto de las
garantías del debido proceso judicial.
Lima, 07 de setiembre de 2020
Con el ruego de su difusion
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03/09/2020
Imagen: Rumbo minero
El Sindicato de Trabajadores Funcionarios en Mina Antapaccay (SITRAMINA) ha lanzado un llamado a la solidaridad con su demanda de respeto a sus derechos laborales y reclamo por mayor atención a la empresa minera frente a los contagios de COVID-19.

“Compañía Minera Antapaccay S. A. una compañía de Glencore en Perú, que se ubica en la provincia de Espinar, en la región Cusco, viene desatando una feroz arremetida contra los derechos fundamentales a la salud la vida y trabajo de sus propios trabajadores en plena pandemia”, señalan en su reciente publicación en el facebook del sindicato.

Asimismo denunciaron que la empresa empezó a despedir selectivamente sin ninguna causalidad a varios trabajadores tan solo por ejercer sus legítimos derechos a la libertad sindical. Por esta razón solicitan la solidaridad de las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.
Fuente: www.conflictosmineros.org.pe
Observaotrio de Conflictos Mineros en el Perú

Este jueves, los líderes sociales de la provincia cusqueña dialogarán con representantes del gobierno central sobre la ampliación de Coroccohuayco y la consulta previa por el proyecto minero. Además, debatirán la propuesta que busca reformular el convenio marco y la necesidad de atención médica para las personas afectadas por metales pesados.

Por José Víctor Salcedo
CONTROVERSIA. Desde hace 35 años Espinar vive un largo conflicto debido a la presencia de la minería en la zona.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Aunque el pasado 7 de agosto los dirigentes de la provincia de Espinar, en Cusco, levantaron el paro que mantuvieron durante 23 días, no todas sus demandas han sido atendidas. Este jueves se reunirá la mesa técnica -integrada por autoridades, líderes sociales y representantes de la sociedad civil, la empresa minera y el Ejecutivo- para discutir la reformulación del convenio marco, la afectación de las personas con metales pesados y la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco, de la compañía suiza Glencore.

Estos tres temas integraban las demandas de los manifestantes que acataron el paro desde el 15 de julio hasta el 7 de agosto contra la minera. Sin embargo, el pedido más visible fue la entrega de S/ 1.000 para afrontar la pandemia, solicitud que ya ha sido atendida. Ahora el diálogo se centrará en resolver los otros conflictos pendientes, que surgieron con la actividad minera en Espinar.

En ese contexto, el pasado 18 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano la ordenanza municipal Nº 75-2018, que reconoce la “autodeterminación de las comunidades campesinas del pueblo K’ana como comunidades indígenas de la provincia”. Dicha norma fue aprobada el 29 de octubre del 2018 en el concejo municipal, y dispone “el respeto de los derechos colectivos, culturales, sociales, identidad y autodeterminación como comunidades originarias ancestrales con autonomía, libre determinación y reconocimiento de su territorio y sus recursos”.

EN ESPINAR EXISTEN 79 COMUNIDADES DESCENDIENTES DE LOS K’ANAS.

¿Por qué se publicó recién una ordenanza emitida hace dos años? El gerente municipal de Espinar, Werner Salcedo Álvarez, explicó a OjoPúblico que la misma debió publicarse en 2018, pero esto no se hizo por desdén de las anteriores autoridades. “Esta ordenanza no fue debidamente publicada y, con ello, no podíamos cumplir con los requisitos que exigía la ley para declarar a Espinar como pueblo indígena. Es en mérito a esto que hemos hecho dicha publicación”, dijo.

En la provincia de Espinar existen, según la mencionada ordenanza, 79 comunidades campesinas descendientes de los k’anas, un pueblo preinca que habitó el territorio de las actuales provincias de Espinar y Canas. “Todos ellos se autoproclaman indígenas porque tienen una existencia ancestral milenaria de la nación K’ana. Esto les da la potestad de decidir qué hacer en los territorios que habitan”, explicó Santos Cosme Cáceres Quispe, expresidente de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE).

Sin embargo, la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo registra a 74 comunidades indígenas en toda la provincia de Espinar.

Espinar

TRADICIÓN. Las comunidades indígenas de Espinar defienden su territorio porque se dedican a la agricultura y a la ganadería.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, explicó a OjoPúblico, que dicha norma tiene un carácter declarativo y político, “pero no tiene efectos jurídicos vinculantes, porque ya el viceministerio de Interculturalidad había reconocido a las comunidades indígenas de Espinar”. Y así lo reitera también la ordenanza municipal.

Por su parte, el expresidente de FUCAE, quien fue uno de los impulsores de la ordenanza añadió que buscan “que los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reconocidas con su resolución y su personería jurídica, se autoproclamen y se autodeclaren como tales en base a sus estatutos.

De Tintaya a Coroccohuayco

Salcedo Álvarez considera que, con la entrada en vigencia de la ordenanza, las comunidades tendrán más beneficios, no solo en lo histórico y cultural. “Por ejemplo, podremos tener dos consejeros regionales por provincias como Quispicanchi, La Convención, Anta, Paucartambo y Canchis”. Actualmente Espinar solo cuenta con un consejero regional.

Además, las comunidades podrán exigir la aplicación de la Ley de la Consulta Previa para cualquier nuevo proyecto extractivo que se quiera ejecutar en sus territorios. “Debería aplicarse para el proyecto Integración Coroccohuayco, pero tengo entendido que las normas no son retroactivas. Más allá de eso, esperemos que ahora podamos tener inversiones que cumplan todos los requisitos del rubro minero”, precisó Salcedo.

Por su parte, Cosme Cáceres dijo que solicitarán que cualquier obra, particular o estatal, sea consultada con los campesinos. “Todas las medidas administrativas, en cualquier procedimiento para una obra o un proyecto, deben ser consultadas. Los proyectos mineros también”, añadió.

LAS COMUNIDADES PODRÁN EXIGIR LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA.

En el caso del proyecto Integración Coroccohuayco, que lleva adelante Glencore, se debe resolver una acción de amparo, interpuesta por las comunidades, para que la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) -aprobada en 2019 por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) del Ministerio del Ambiente- sea sometida a consulta. “Se debe consultar la MEIA y, en la consulta, debería ser desaprobada. Entonces [Glencore] tendrá que hacer un nuevo proyecto con su Estudio de Impacto Ambiental, y ya no una modificación”, explicó.

Las comunidades de Espinar cuestionan que Glencore realice una segunda ampliación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tintaya, que cerró sus operaciones en 2011. Un año después de esto, la minera pidió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la modificación del EIA para Antapaccay Expansión Tintaya, que desde ese año opera en la provincia y funcionará hasta el 2022.

En 2014, Glencore presentó al Ministerio del Ambiente una segunda modificación del EIA para incluir la zona de Coroccohuayco al proyecto minero y extraer cobre por 30 años más. “No debe hacerse de esa forma. Es un nuevo proyecto y deben pedir nuevos permisos y aplicar la consulta previa, amplia e integral en los dos distritos y en las 79 comunidades”, sostiene Cáceres Quispe.

Espinar

INFORMACIÓN. Las comunidades cercanas al proyecto minero Ampliación Coroccohuayco participan en un proceso de consulta previa.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

Consulta previa a medias

Este jueves 3 de septiembre habrá una reunión virtual en Espinar, como parte de la mesa de diálogo para superar el conflicto con la minera, donde se tratará el pedido de anulación del MEIA del proyecto Integración Coroccohuayco, la atención a las personas afectadas con metales pesados y la reformulación del convenio marco.

Desde noviembre del año pasado, el Minem implementa la consulta previa por el proyecto Integración Coroccohuayco en 10 comunidades identificadas como parte de los pueblos indígenas en Espinar y que, a su vez, se localizan en el área de influencia de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto. Hasta el momento han avanzando con tres de las siete etapas del proceso de consulta previa.

Se trata de las comunidades Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Huisa Collana, Huisa, Anta Ccollana y Suero y Cama. El 17 de agosto pasado, estas 10 comunidades y el Minem firmaron una tercera adenda al Plan de Consulta Previa y, con ello, reprogramaron las acciones de las etapas de consulta. Así, la etapa 4 -informativa- se realizará el 17 y 18 de setiembre, la etapa 5 -evaluación interna- se realizará del 19 al 25 de setiembre, y la etapa 6 -diálogo- será del 5 al 16 de octubre.

ESTE JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE HABRÁ UNA REUNIÓN VIRTUAL EN ESPINAR, COMO PARTE DE LA MESA DE DIÁLOGO.

Las comunidades Pacopata, Huini Ccorocohuayco y Alto Huarca -zonas de influencia directa del nuevo proyecto minero- no participan del actual proceso de consulta previa. El presidente de Pacopata, Felipe Kana Chuctaya, dijo a OjoPúblico que están en desacuerdo porque el Minem realiza una consulta de inicio de operaciones, que es la etapa final del proceso. “Son muchos pasos que no se han cumplido, como el EIA, los actos administrativos, las exploraciones y la concesión, inclusive. Una consulta previa tiene un pitazo inicial y otro final. Seguramente vamos a tener que sentarnos con el Minem para discutir este tema”, argumentó.

La autoridad de Pacopata agregó que, para las tres comunidades, “es importante que se discutan los impactos. No solo es consultar si quieres el proyecto o no. ¿En qué condiciones? Ese es el tema. No se quiere hablar de los impactos, pero sí se quiere consultar el inicio de operaciones. No estamos en contra, pero sí hay una preocupación de las comunidades por el Estudio de Impacto Ambiental, sobre cómo nos afectará el proyecto”.

Por ese motivo, anunciaron que enviarán un oficio al Minem para solicitar una mesa de diálogo donde puedan exponer estas preocupaciones.

Espinar
MIEDO. Las comunidades de Espinar reclaman por la contaminación ambiental, así como la afectación a su ganado y a la salud de las personas.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

Heridas de un largo conflicto

La protesta de julio contra la minera Antapaccay dejó heridos por balas, perdigones y bombas lacrimógenas. Uno de ellos es la señora Juana Apaza (35), quien cojea cuando camina. El 20 de julio, cuando protestaba en el corredor vial del sur, una bomba lacrimógena casi le destroza el tobillo del pie izquierdo. “Ese día vivimos como una película de acción. Muchas personas caían. No sé si estarán bien. Ese día hemos corrido por nuestras vidas”, recuerda la mujer que denunció el ataque en la comisaría de Espinar.

Juana Apaza es comerciante, madre soltera y tiene dos hijos. Cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. “Ahora cuando escucho gritos o bulla siento que se me vacía el corazón, me asusto”, dice. A su costado, Evarista Ccolqque cuenta la desgracia que vivió su hijo, el 22 de julio. El joven -Wilmer Ilachoque Ccolqque- recibió el disparo de un arma de fuego de la Policía, mientras protestaba en el sector de Tintaya-Marquiri.

El 17 de agosto, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, para responder sobre los hechos ocurridos el 22 de julio -el día más violento del paro en Espinar-. Allí Montoya negó las denuncias vinculadas a excesos policiales durante los enfrentamientos.

Espinar

EXCESOS. Los enfrentamientos en Espinar dejaron varios heridos de bala. La policía negó haber usado armas letales, pero los testimonios son contundentes.

Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Aseguró, por ejemplo, que los agentes no usaron armas de fuego, pese a que la médico cirujano del hospital de Espinar -Gloria Cárdenas- confirmó la existencia de, por lo menos, tres manifestantes heridos de bala. El ministro del Interior tampoco reconoció el hostigamiento policial contra la doctora Cárdenas y dijo que, hasta ese día, la mujer no había solicitado garantías ni había denunciado el hecho ante la policía.

También negó que se hubieran efectuado detenciones la noche del 22 de julio. “[Los policías] han actuado al amparo de la ley”, enfatizó. Sin embargo, Evarista Ccolqque cuestiona que la Policía niegue el uso de balas durante la represión. “Los policías se quieren negar, [dicen] que no es bala. A nosotros, la doctora en el hospital nos dijo que es bala. Por eso estamos acá [en Cusco] para hacer revisar a mi hijo”, dice.

La organización Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos documentaron varias denuncias por violación a los derechos de los ciudadanos de Espinar. “Efectivos policiales golpearon a un joven y le causaron múltiples lesiones en el cuero cabelludo, rostro, manos y hombro izquierdo. De igual forma, se registraron seis casos de personas heridas por perdigones en el cuerpo, pese a que, por la peligrosidad de estas municiones, desde el 2006, únicamente se autoriza el uso de perdigones de goma”, dijeron en un informe al que accedió OjoPúblico.

TRES DE LOS HERIDOS RECIBIERON IMPACTOS DE BALA POR LA ESPALDA.

El documento añade que tres de los heridos recibieron impactos por la espalda, lo que evidencia que los efectivos policiales violaron la prohibición de usar la fuerza contra personas que huyen. Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, precisó que hay evidencias documentales, testimoniales, partes médicos y videos que acreditan la vulneración de los derechos humanos durante las protestas en Espinar.

“Es preocupante que el ministro haya negado las violaciones. No son especulaciones, las denuncias están respaldadas en documentos oficiales y en grabaciones que no se pueden negar. Sería mucho más saludable que las instituciones del Estado hagan una revisión interna y busquen las fallas institucionales además de las responsabilidades individuales. Es la única forma de avanzar”, reflexionó Pérez.

Ambas organizaciones recomendaron al Ministerio Público iniciar una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y que el Ministerio del Interior implemente reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de las manifestaciones en el país. Añadieron que los policías deben contar con equipos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y recibir un entrenamiento adecuado; que respete los derechos fundamentales de las personas.

(EDITORIAL ACTUALIDAD MINERA, COOPERACCION,Agosto 2020)
En el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima se decidirá si procede la demanda de amparo constitucional interpuesta por un colectivo ciudadano, exigiendo que se disponga el cese inmediato del proyecto Ariana por considerarlo una amenaza para la provisión de agua potable para Lima y Callao.

La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño decidirá si paraliza o no el proyecto Ariana, de la empresa Southern Peaks Minnig. Según explicó, Dionel Martínez, geógrafo de CooperAcción, dicho proyecto pretende depositar sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc, que capta el agua de la cuenca del río Mantaro hacia el río Rímac para abastecer a más de 10 millones de personas de Lima y Callao.

“La mina Ariana pretende desarrollarse en el corazón del sistema hidráulico Marcapomacocha que comprende el represamiento de seis lagunas, canales colectores y conductores, así como el túnel trasandino Cuevas Milloc. No olvidemos que el 69% del agua que consumimos en Lima y Callao está dotada por el rio Rímac y esto se debe al sistema hidráulico Marcapomacocha”, resaltó Martínez.
Los demandantes presentaron como elemento nuevo la carta de la empresa de agua potable de Lima y Callao, SEDAPAL, de fecha 18 de agosto de 2020, donde se señala claramente que “no se han desarrollado aún los estudios evaluativos pertinentes” en relación a la influencia del proyecto minero Ariana en el sistema Marca y el túnel Trasandino.

La abogada especialista en temas ambientales, Ana Leyva, explicó durante la audiencia que en mayo de 2019, SEDAPAL, Ariana y el Ministerio de Energía y Minas acordaron la contratación de un consultor externo, de prestigio internacional, para realizar un estudio sobre la influencia del proyecto minero en el sistema Marca y el Túnel Trasandino. Sin embargo, dicho estudio no se ha realizado aún por falta de acuerdo entre SEDAPAL y el MINEM sobre los términos de referencia del mismo.

SEDAPAL ha señalado en su propuesta de términos de referencia que tiene una legítima y comprensible preocupación en relación a los riesgos potenciales que cualquiera de las instalaciones del Proyecto Minero Ariana pudiesen tener a lo largo de la operación del mismo sobre la confiablidad del suministro de agua a la ciudad de Lima

Durante la audiencia judicial, los representantes de la empresa reconocieron que SEDAPAL ha pedido estudios adicionales que aún se encuentran pendientes.

La empresa minera Southern Peaks tiene preocupantes antecedentes que permiten dudar de su responsabilidad ambiental. La empresa fue propietaria de la mina Quiruvilca (La Libertad) entre 2012 y 2015, período en el cual recibió sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). OEFA declaró la responsabilidad de la empresa por diversos incumplimientos relacionados con el manejo de aguas de drenaje de los desmontes y relaves (resoluciones 988-2015-OEFA-DFSAI, 85-2016-OEFA/DFSAI).

Southern Peaks vendió la operación al empresario Luis Sáenz en 2015. Actualmente, la zona donde se encuentra Quiruvilca ha sido declarada en emergencia ambiental por las autoridades, debido a los graves impactos sobre el río Moche.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto afectará el derecho a la salud, agua y en un ambiente sano y equilibrado de millones de peruanos.

Según indicó Ruiz, el Sexto Juzgado Constitucional debería aplicar el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona.

Desde el 2017, la Constitución Política del Perú incorporó el artículo 7-A que establece que el Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y, como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Además, se establece que su dominio es inalienable e imprescriptible.

Se espera que en las próximas semanas, la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, tome decisión sobre este polémico proyecto.

24/08/2020 Bryan Quinde
mineria-general
A pesar de los altos precios de los metales, las inversiones mineras en el Perú cayeron 25% entre enero y junio de este año en parte por la suspensión de las actividades productivas durante la cuarentena, pero también porque el Gobierno no tiene un mensaje claro sobre la salida de la crisis que incluya la reactivación económica y la actividad minera, señala Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Geológicamente, tenemos una concentración alta de algunos metales como cobre y plata, tenemos un buen ecosistema, con mano de obra y firmas especializadas, pero el inversionista también requiere claridad y predictibilidad. Hay un ingrediente que está faltando, que es el respaldo político, y cada día que pasa se pierde la oportunidad de comunicar”, indicó.

Consideró que más allá de sacar adelante Tía María o algún otro proyecto en concreto, se requiere pensar en el largo plazo, difundiendo entre la población, congresistas y autoridades regionales y locales, la importancia de la inversión privada.

“Justamente como es un Gobierno que está por salir y no se puede reelegir, debería aprovechar en hacer un rol de estadista, de mirar no el corto plazo, sino dejar sentadas las bases para el largo plazo”, agregó Gobitz.

Conflictos sociales

Por su parte, Roberto Casanova-Regis, socio de Tax & Legal, experto en mining de KPMG, coincidió en que de nada sirve tener un buen precio de los metales si no se aprovecha la oportunidad y los proyectos siguen sin desarrollarse.

“En el Perú tenemos cerca de 15 proyectos mineros importantes, que todavía no entran en operación falta de temas como la licencia social, Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Estudios de Factibilidad, entre otros”, señaló.

Uno de los grandes problemas, que afronta la minería es que la viabilidad de los proyectos no está asociada solo al potencial minero y geológico, sino con tener una buena relación con las comunidades adyacentes”, precisó.

Consideró que, debido a las elecciones generales del 2021, muchos proyectos extractivos pueden servir como instrumentos de politización, pero en esos casos, la respuesta del Estado tiene que ser técnica, porque si no, nunca se podrán sacar adelante los proyectos.

“Es un tema crucial destrabar ahora los proyectos mineros. Si todos los ‘stakeholders’ no se sientan y resuelven los problemas para tener soluciones integrales, no se va a poder desarrollar nada”, advirtió Casanova-Regis.
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/iimp-inversion-minera-requerira-respaldo-politico-y-buen-manejo-de-conflictos-sociales/

20/08/2020 Bryan Quinde
tia maria proyecto minero
Diversos sectores económicos en el país, públicos y privados, han coincidido en que uno de los principales motores para sacar de la recesión al país es el de la actividad minera, en particular la puesta en marcha de diversos proyectos hoy paralizados. No obstante, el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, indicó que el Gobierno no quiere imponer los proyectos minero energéticos, sino que promoverá que se desarrollen aquellos que logren tener la aceptación social.

“Y los que no tengan la aceptación social que se inicie el diálogo multiactor, con toda la paciencia, para poder absolver cualquier duda y preocupación que exista”, anotó.

Posteriormente, en particular dijo que el Ejecutivo no forzará la ejecución de los proyectos mineros Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) si estos no tienen aceptación social.

En la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el ministro indicó que se buscará iniciar un diálogo con la empresa y las comunidades de las zonas para que se generen los consensos correspondientes, sin imponer el avance de proyectos.

“Nuestro compromiso es no forzar los proyectos que no tengan aceptación social y trabajaremos para que eso se consiga”, declaró Incháustegui. “Sin consensos ni aceptación social, los proyectos van a ser difíciles (de avanzar) y el gobierno no tiene una actitud de querer imponer, sino de concertar”, añadió.

Tanto en Conga como en Tía María, Incháustegui sostuvo que “se tienen los permisos listos, pero se tiene que hacer una acción con la población y autoridades de la zona”.

Apuntó a que otro enfoque del gobierno será revisar la manera en que los proyectos mineros con aceptación social inicien en un plazo breve posible.

SIT Gas y el proyecto 7 regiones

Respecto al proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural (SIT Gas), el ministro indicó que se trata de “un proyecto que está avanzando”, apuntando a que se viene evaluando su cronograma y que para setiembre u octubre se tendrá el informe final que determine si este proyecto es viable o no.

Sobre el proyecto de masificación de gas natural que beneficiará a 7 regiones del país, Incháustegui recordó que para setiembre de 2020 se adjudicará el proyecto. “Va a ser una concesión autosostenible, de 32 años años y con una inversión de 200 millones de dólares”, explicó.
*foto referencial
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/minem-no-se-impondran-proyectos-de-minas-sin-aceptacion-social/

24/08/2020
¿Sabías que el agua de Lima está en peligro por un proyecto minero? Desde hace más de un año, un colectivo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la preservación de las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de Lima y el Callao, advirtió que se había autorizado la construcción del proyecto minero denominado Ariana en medio del sistema de lagunas que abastecen buena parte del sistema de agua potable de nuestra ciudad.

Por eso este colectivo, integrado por instituciones como CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal-IDL, y diversos especialistas han lanzado la campaña Día Cero Perú, donde se informa sobre las implicancias ambientales, sociales y legales de este caso. Asimismo el colectivo presentó una demanda el año pasado al Sexto Juzgado Constitucional de Lima, que viene evaluando la suspensión del proyecto por ser una amenaza a las fuentes de agua que nos abastecen. La decisión la tiene el Poder Judicial y este 27 de agosto se verá en una audiencia si suspende o no este proyecto minero.

Entérate más de este caso en la conferencia en vivo de este miércoles 26 de agosto a las 5:30 pm y donde expondrán Maritza Quispe, abogada del IDL; Dionel Martinez, géografo de CooperAcción; la ex congresista y socióloga Marisa Glave y Christian Astudillo, dirigente del Comité de Medio Ambiente de Marcapomacocha. La conferencia se transmitirá en vivo por el portal Wayka Perú ( https://www.facebook.com/waykaperu/ )

Asimismo puedes sumarte al twitazo denominado #SalvemosElAguaDeLima que se realizará todo el día miércoles desde las 9:00 am. Puedes compartir nuestros mensajes y gráficas desde la página de la campaña ( https://www.facebook.com/diaceroperu/ )

Participa de la conferencia AQUÍ ► https://bit.ly/3j7aN8w

Congresista del Frente Amplio se mostró indignada por el discurso de Pedro Cateriano.
03/08/2020
Las ausencias del mensaje presidencial se mantuvieron e incluso hubo hasta contradicciones. La congresista Mirtha Vásquez (Frente Amplio) criticó el discurso del Jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, y argumentó los motivos por los que su bancada no le dará el voto de confianza.

Vásquez reclamó la ausencia de medidas concretas para atender la situación de las más de 1,000 mujeres desaparecidas en esta pandemia, así como otras poblaciones vulnerables.

Además, señaló que el discurso de Cateriano está lleno de ofrecimientos a grandes empresas, pero no tanto a favor de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas.

«Ojalá a la mayoría de peruanos nos toque también esos beneficios», dijo la parlamentaria en su intervención en el Pleno.

Para la congresista Vásquez, el discurso de Cateriano, tan enfocado en resaltar los beneficios de la minería, casi ignorando los conflictos socioambientales y la contaminación, es similar a lo dicho años atrás por el expresidente Alan García (Apra), que pronunció repetidas veces su teoría del ‘Perro del hortelano’.

«No había escuchado un discurso tan abierto con la minería desde García con su concepción del ‘Perro del hortelano’. Solo ahora tenemos que 56 empresas grandes formales están sancionadas y no quieren pagar sus multas», dijo.

En este sentido, señaló el caso actual de las comunidades campesinas de la provincia de Espinar (Cusco), donde ciudadanos y ciudadanas vienen protestando por un bono solidario que salga de los fondos del Convenio Marco que tienen con la mina Antapaccay de la multinacional Glencore.

«En Espinar, la gente está recibiendo balas por pedir pan», dijo.

En los más de 20 días de huelga indefinida en Espinar, se han reportado al menos tres heridos de bala y dos personas desaparecidas.

La congresista Vásquez lamentó que, en lugar de fortalecer institucions fiscalizadoras como Sunafil, Oefa u Osinergmin, el Jefe del Gabinete Ministerial esté anunciando flexibilizaciones.

«No podemos dar el voto de confianza a un gobierno que prioriza las inversiones mineras antes que la salud, que reprime a la población como lo está haciendo en Espinar y que busca flexibilizar estándares ambientales y sociales», finalizó.

Acerca del discurso en defensa de la minería, debemos recordar que el presidente Martín Vizcarra dijo, en su mensaje presidencial por fiestas patrias, que iba a tomar en cuenta las recomendaciones para una minería sostenible.

Anteriormente, organizaciones sociales y ambientalistas han pedido al Ejecutivo que la reactivación no solo sea «económica», sino que también se «reactive» el respeto a los derechos humanos y a vivir en un ambiente sin contaminación.
[Foto de portada: Andina]
https://redaccion.lamula.pe/2020/08/03/vasquez-no-podemos-dar-voto-de-confianza-a-un-gobierno-que-prioriza-la-mineria-antes-que-la-salud/jorgepaucar/