Una de las primeras cosas que llama la atención cuando uno ingresa a Cocachacra, Punta de Bombón o cualquier otra localidad del Valle del Tambo, es ver las casas embanderadas. La bandera verde con el lema “Agro Si Mina No” está en casi todos los techos de las casas y proyecta la imagen de una población que sigue vigilante luego de los graves enfrentamientos ocurridos el año pasado. Hace unos días visitamos Cocachacra y luego de conversar con pobladores y algunos dirigentes se abre una necesaria reflexión sobre los escenarios post conflicto de este y otros casos.
Si bien es cierto que la literatura sobre conflictos sociales vinculados a actividades extractivas, ha crecido en la última década en número y en calidad, tanto en el Perú como en otras partes del planeta, todavía se notan algunas claras ausencias. Con distintos enfoques y puntos de vista, la casi totalidad de investigaciones realizadas se han centrado sobre todo en analizar la manera como se forjan los conflictos, la tipología de los mismos, el comportamiento de los diferentes actores involucrados, la fase de estallido y cómo se pasa luego a escenarios de negociación, acuerdos o también los entrampamientos que se producen. Por supuesto también se realizan balances de los procesos, entre otros aspectos.



El lunes 21 de marzo estaba programado el inicio de los espacios de trabajo de la Mesa para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, creada según Resolución Ministerial 263-2015-PCM del 14 de noviembre de 2015. Sin embargo los funcionarios del gobierno nacional no llegaron a la localidad de Tambobamba.
Persiste la desconfianza de parte de los pobladores que habitan en la cuenca Jatun Ayllu (Lampa) y parte de Llallimayo (Melgar) respecto a los resultados de los monitoreos de posible contaminación minera. En la víspera, los pobladores del distrito de Ocuviri (Lampa) se reunieron para escuchar el pronunciamiento de las entidades fiscalizadoras del recurso hídrico, el tema central fue el resultado de los monitoreos realizados en reiteradas oportunidades en la cuenca Jatun Ayllu y ríos adyacentes; sin embargo se quedó en descontento.
La Dirección de Cultura de Ayacucho paralizó las obras de la minera Apumayo por daños en el cerro Inyahuato.
Las acciones de la minera habrían ocasionado daños a chullpas y estructuras arquitectónicas ubicadas en el cerro.
El alcalde de este sector, se ratificó en señalar que la población de Sucre y Lucanas no permitirán el ingreso de minería en el Apu Ccarhuarazu, como pretendía hacerlo la minería Laconia. «La población en general no va permitir que esta empresa minera inicié procesos de exploración en el Apu Ccarhuarazu», acotó. Continúan los trabajos con el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) para los estudios que permitan declarar intangible esta zona. El año pasado el rechazo a la exploración minera conllevo a varias protestas de la población.
Los líderes y autoridades de 17 comunidades del área de influencia directa del proyecto minero de Las Bambas iniciaron una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima. El lunes 7 de marzo, la delegación llegó a Arequipa.
Ayer, 9 de marzo, se desarrolló una nueva sesión de la Mesa de Desarrollo de Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas, en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia. Cabe señalar que hasta el momento no se concreta la firma del «Segundo Convenio Específico para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en el Distrito de Chamaca Correspondiente al Año 2015».
¿Usted sabía que en las dos últimas décadas ha habido años en los que la Sunat le ha devuelto a las empresas mineras más de lo que pagan por Impuesto a la Renta? ¿Es cierto? ¿Es posible?
Pueblo de Sanco denuncia que su permanencia está en riesgo debido a las actividades mineras. Las actividades de la empresa minera Apumayo S.A.C están amenazando con la permanencia de los pobladores del distrito de Sancos en la provincia de Lucanas (Ayacucho), denunció el integrante de la Comisión de Defensa del referido distrito Abner Velasco Ortega. Abner Velasco Ortega de la Comisión de Defensa del pueblo de Sanco, afirmó que la empresa Apumayo S.A.C obtuvo la concesión de manera ilícita ante las autoridades.
El día de ayer, 29 de febrero, luego de una audiencia preliminar, la Alta Corte de Londres concedió un plazo adicional antes de dar inicio al juicio contra la empresa minera Glencore (Xstrata) por su responsabilidad en las acciones de violencia que causaron tres muertes y decenas heridos durante la protesta social de mayo de 2012, en la provincia de Espinar, Cusco.