Los conflictos por la presencia de la actividad minera, así como proyectos mineros paralizados vuelven a ocupar las primeras planas. Uno de los que viene agravándose gira entorno al proyecto Las Bambas (Apurímac), donde una comunidad impide el paso de los vehículos de carga reclamando una compensación por el uso de la vía, y el diálogo se ha interrumpido. De otro lado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) viene criticando al gobierno, la forma como gestiona los conflictos, situación que deberá ser abordada por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar. Para analizar este contexto y otras situaciones de conflictos vigentes, Noticias SER conversó con Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAccion.

¿Qué opina de las expresiones de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, quien ha exigido más fuerza del gobierno para resolver los conflictos?

Yo creo que no se trata de fuerza, no más fuerza, es institucionalidad lo que se necesita para resolver los conflictos. Los conflictos que existen son por problemas de institucionalidad y falta de diálogo. El problema de las Bambas viene desde hace mucho tiempo, cuando se amplía la carretera y toman parte de las tierras de las comunidades a lo largo de la carretera. El tema de sus tierras no se ha resuelto porque el Estado las ha tomado para ampliar la carretera que hace viable el transporte del mineral y no resuelve ese problema. Por ello es que la gente tiene ese malestar.

¿Considera que el conflicto en las Bambas se agravará más, porque el diálogo entre la comunidad de Fuerabamba y MMG no está avanzando? 

No es la primera vez que se construye una vía o carretera, el asunto es que hay un procedimiento que se tiene que cumplir, se tiene que respetar y debe ser válido para todos. Se trata de prevenir haciendo las cosas bien, aquí la propia legalidad no ha sido respetada. En el conflicto de las Bambas hay una responsabilidad compartida entre el estado y la empresa minera.

Pasando a un conflicto que nunca se resolvió ¿Qué opina de la presión de la minera Southern para sacar adelante el proyecto minero Tía María?

Lo que se sabe es que el proyecto tenía aprobado el estudio de impacto ambiental (EIA), pero que vence en el mes de agosto de este año. Ello explica la presión, porque si Southern no obtiene la licencia de construcción antes de ese plazo tendrá que elaborar un nuevo EIA. Ahora bien, el proyecto minero Tía María es socialmente inviable, porque la gente no quiere, entonces ahí hay un problema de tensión fuerte.

¿Cómo evalúa el accionar del gobierno en La Pampa? ¿Cree que finalmente el Estado se ha tomado en serio el problema de Madre de Dios?

Creo que el problema tiene varias aristas y lo que se debería hacer es abordar la integralidad del problema, porque hay que considerar que miles de personas viven de dicha actividad, pero también hay una fuerte destrucción de la amazonia, lo que hace que la actividad minera en esa zona sea insostenible. Por ello, no solo se trata del uso de la fuerza policial, porque ese tipo de intervención es temporal, no se puede mantener por siempre. Si no se trabaja la otra dimensión del problema, buscando actividades de reemplazo, cuando la policía se retire de La Pampa seguramente volverá la minería informal e ilegal.

Cuando Salvador del Solar fue Ministro de Cultura afirmó que la consulta previa creaba falsas expectativas ¿Su nombramiento en la Presidencia de Consejo de Ministros es una señal que la Consulta Previa seguirá neutralizada?

Lo cierto es que la consulta previa no está sirviendo para defender derechos, lo haría si este proceso ayudara a poner condiciones para la inversión y realmente no está permitiendo hacerlo para inversiones extractivas. El momento y la forma en que se realiza no permite eso y se requiere un cambio para que garantice derechos. La consulta previa es un derecho que debe facilitar o permitir ejercer otros derechos, es un medio para y, en eso no está resultando la consulta. No sé si realmente haya la voluntad política para estos cambios que se requieren, para poner condiciones a las inversiones, porque en el Perú se considera que toda inversión es buena y no necesariamente es así. Todo lo ambiental implica costos, poner condiciones ambientales implica costos, pero tienen que ser asumidos, porque a la larga resulta ser beneficioso, porque ya no tendrías conflictos y los conflictos también le cuestan a la empresa, hay que tener una mirada de largo plazo y a veces nos quedamos solo en el corto plazo.

¿Qué opina sobre las acusaciones al premier Del Solar de hacer presuntamente lobbies ante el Tribunal Constitucional cuando era Ministro de Cultura para abogar por una empresa minera en desmedro de los derechos de una comunidad de Tiquilla de Puno?

Si lo hizo está mal, porque el Poder Judicial así como el Tribunal Constitucional deben ser independientes, en especial este último que es el último nivel del Estado al que podemos recurrir ante la vulneración de derechos y de la última palabra. Cuando alguien tiene poder de influencia no debería intervenir de esa manera.

¿Cuál es su parecer sobre la situación de los pasivos ambientales en Hualgayoc?

Creo que el Estado debe garantizar la inversión, pero también la recuperación de los pasivos para que no contaminen.  Tenemos que tomar conciencia de los costos de ciertas actividades y asumirlos. Para ello se debe garantizar los montos de inversión necesaria, ya que los pasivos son enormes, y están repartidos por todo el país y es costosísimo asumir, pero hay que hacerlo, porque finalmente la población local es la que asume los costos y sufre las consecuencias.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/entrevista/ana-leyva-no-mas-fuerza-es-institucionalidad-lo-que-se-necesita-para-resolver-los?fbclid=IwAR2wnSLhn9tRfRye0kDrYIgQMTreBK21yssifTdLd9QkjTxqtlfOIa9zQ18

El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba de Apurímac , Gregorio Rojas, afirmó que los comuneros están a favor de una minería responsable y rechazó que sean “antimineros”, en referencia al conflicto con la empresa MMG Las Bambas.

No obstante, Rojas anunció que recurrirán ante una instancia internacional para solicitar una auditoria para que investigue el conflicto social.

En entrevista a RPP Noticias, el representante de la comunidad de Fuerabamba sostuvo que están de acuerdo con que se construya otra vía a fin de que cese el paso de vehículos de la minera en el tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU—135, que cruza el fundo Yavi Yavi en Chumbivilcas, Cusco.

“Nosotros, la comunidad, apostamos por la minería. Queremos una minería responsable. No somos antimineros. Una minería que cumpla con los compromisos. Vamos a llegar a otras instancias para pedir una auditoría internacional para que se investigue Las Bambas”, acotó.

“El gobernador regional de Cusco llegó hasta la ciudad de Lima y propuso sacar una vía alterna y nosotros [con eso] estaríamos solucionando y es viable […] Nosotros queremos respeto a la propiedad [vía]. No estamos pidiendo ni diez céntimos ni un sol acá. Queremos que el camino se construya en otro lugar y se respete la propiedad privada”, remarcó Gregorio Rojas.

El líder de la comunidad campesina de Fuerabamba detalló que desde este año, luego de una asamblea, contrataron los servicios de asesores legales.

Señaló que la vía es de la comunidad y el Estado peruano no debe intervenir. “Es una propiedad privada. Nosotros somos propietarios. Esto para mí, para la comunidad no es una vía nacional. No tienen un expediente técnico de la carretera”, indicó.

Tal como lo denunciamos el lunes 11 de marzo a través de una nota de prensa y adjuntando un informe; el mismo día de la juramentación del nuevo presidente del Concejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar; el día de hoy, el Semanario Hildebrandt en sus 13, confirmó que Salvador del Solar, en ese entonces ministro de Cultura, se reunió entre enero y febrero del 2017 con varios miembros del Tribunal Constitucional (TC): el presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y su sucesor Ernesto Blume Fortini; y los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos Nuñez; con el objetivo de que el TC rechace la demanda de amparo presentada por la comunidad campesina quechua Arboleda en contra del Ministerio de Energía y Minas por omisión de la consulta previa ante las concesiones mineras en la zona de Tiquicalla, Puno. Zona donde se encuentran las Chulpas de Sillastani, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El ahora premier Salvador del Solar acudió a esas reuniones junto al ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

El objetivo era influir en el voto de 4 vocales porque dos vocales ya habían manifestado su decisión de votar en contra y a favor de la consulta: José Sardón de Taboada en contra y Marianella Ledesma a favor; señaló uno de los magistrados que estuvo presente en esas reuniones, fuente de Hildebrandt en sus 13.

La respuesta del Ministerio de Cultura el 2017

La Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, enviaron una carta al Ministerio de Cultura el 28 de junio del 2017, señalando una serie de preguntas frente a las informaciones que habían llegado en ese entonces sobre una interferencia del ahora premier ante los magistrados del TC cuando se desempeñaba como ministro de Cultura.

En carta de respuesta a fines de agosto, el Ministerio de Cultura (MINCUL), a través del viceministerio de interculturalidad, precisó que efectivamente se habían reunido con los magistrados del TC para garantizar que el contenido del derecho a la consulta se dé de acuerdo al ordenamiento jurídico. “Desde el Ministerio de Cultura se realizaron diligencias al Tribunal Constitucional con la finalidad de entrevistarse con los miembros del referido órgano constitucional y exponer la necesidad e importancia del Ministerio de Cultura en dicho proceso, ello conforme al marco normativo vigente”. Y también adjuntaron una serie de argumentos de por qué no se debería aplicar la consulta previa antes de que el Ministerio de Energía y Minas otorgue las concesiones mineras: “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada y desnaturalizaba el derecho colectivo”.

Sin embargo, no dijeron si fue el procurador o el propio Ministro de Cultura Salvador del Solar, quién se reunió con los magistrados del TC. “Nos han respondido, sin negar o desmentir que el propio ministro de Cultura se ha reunido personalmente con los magistrados del TC”, señalamos en el informe que hicimos público el 11 de marzo a través de una nota de prensa, adjuntando la respuesta del MINCUL.

“¿Puede el Ministro de Cultura, cuyo Viceministerio de Interculturalidad se encarga de promover la política pública, abogar contra la consulta previa de una concesión minera?”

“¿A quién corresponde el patrocinio legal de los casos del Ministerio de Cultura, al Ministro de Cultura o al Procurador de dicho Ministerio?”, preguntó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, quién defiende el caso de la comunidad campesina Arboleda de Puno.

Y respondió: “Es evidente que no es competencia del Ministro de Cultura Salvador del Solar, la defensa judicial de los intereses del Ministerio de Cultura. No lo han nombrado ministro para eso.Su entrevista con los magistrados del TC constituye no solo un acto de inconducta funcional, sino incompatible con la prohibición expresa establecida en el artículo 139.1 de la Constitución, que reconoce: “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.

Las empresas mineras

En la carta de respuesta del Ministerio de Cultura a Red Muqui, IDL y DHUMA en agosto del 2017, nunca mencionaron el nombre de las seis empresas mineras que tenían las concesiones en el distrito de Tiquicalla.

Sin embargo, hoy Hildebrandt en sus 13, a través de la recopilación que tiene el propio TC, publicó que tres empresas mineras son canadienses: “Candente Gold”, que tiene2,700 hectáreas concesionadas; “Bear Creek Mining Company”, con cuatro concesiones que ocupan 900 hectáreas, y ““IMGOLD Company”, dueña de un asiento minero de 300 hectáreas. En cuanto a las locales, son “Buenaventura”, la minera del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, que tiene una concesión de 1, 000 hectáreas, y las compañías “Servicios Integrales en Producción Industrial” y “Colque”, con sendas concesiones de 100 hectáreas cada una”.

¿En qué situación está el juicio?

El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

El 2011, cuando el gobierno de Ollanta Humala otorgó varias concesiones en el distrito de Tiquillaca a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company; la comunidad campesina quechua Arboleda acudió al Tercer Juzgado Civil de Puno para solicitar que se realice la consulta previa.

La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque hubiera podido sentar precedentes constitucionales en la materia.

Sin embargo, con la última resolución del TC, que cambión de opinión entre noviembre y diciembre, devuelve a foja cero todo el proceso judicial, tras 7 años en esa instancia, perjudicando a la comunidad campesina que durante años ha esperado una respuesta de parte de la justicia peruana, gastando recursos y tiempo.

Para mayor ampliación sobre la última resolución del TC ver nuestra nota: Después de 7 años de espera TC se lava las manos ante Caso Arboleda en Puno

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/861-salvador-del-solar-favorecio-a-mineras-cuando-fue-ministro-de-cultura

Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.

Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas afirmó: «Las comunidades hemos acordado que Río Blanco no va”.  Señala que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder», aseveró.

El congresista Hernando Cevallos comentó: «Ayabaca es una región rica, con una gran potencialidad y deberíamos poder desarrollar nuestras potencialidades, sin embargo, ahora es una de las zonas más pobres del país con desnutrición y anemia. Ese es el resultado de un Estado ausente que no impulsa actividades productivas».

También se le dio la palabra a la congresista Tania Pariona quien aseguró que “el Estado no ha volteado a mirar a los sectores agrarios que necesitan apoyo tecnológico, asistencia técnica y capacitación”.  Agregó que apoyaba la defensa de los páramos que han emprendido los comuneros. “Yo concuerdo plenamente en eso que ustedes sostienen y defienden”, afirmó.

La parlamentaria declaró que el proyecto minero Rio Blanco sería el segundo proyecto más grande de cobre, por eso hay tanto interés de parte del Estado en que se ejecute.  Resaltó que se tiene que respetar la voluntad del pueblo.

El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castillo Torres se disculpó la inasistencia del Ministerio. En la carta de respuesta a los dirigentes afirma que el proyecto minero Río Blanco no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación.

Entre los acuerdos del encuentro se exige respetar los resultados de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca el año 2007, donde el 95% de la población en promedio votó a favor de respetar su modelo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo. También, rechazaron el Proyecto de Ley 1910, del congresista Luis López de Fuerza Popular que pone en riesgo los territorios de las comunidades de Piura.

Fuente:http://www.muqui.org/details/itemlist/tag/R%C3%ADo%20Blanco

En el fundo Yavi Yavi (Cusco), propiedad de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), se vive una tensión constante desde el 22 de agosto del año pasado. Pero desde el último 4 de febrero, el problema se agravó.

Desde aquella fecha, los comuneros cerraron el paso a los vehículos de la empresa MMG Las Bambas, la segunda minera más importante del país, por el tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU-135, que cruza este fundo. Un conflicto considerado por la defensoría como uno de los más preocupantes del país por su persistencia. Hoy se cumplen 209 días desde que se inició este problema.

De acuerdo con Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, cada día la minera deja de transportar desde sus instalaciones hasta el puerto de Matarani (Arequipa) concentrado de cobre valorizado en US$6 millones.

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios confirmó la sentencia de que reconoce los derechos a la consulta previa, propiedad territorial, autonomía, vida e integridad física, salud, ambiente y agua de la comunidad nativa “Tres Islas”.

En la sentencia se declara la nulidad de las concesiones mineras, predios agrícolas y los derechos de uso de agua otorgados a terceros, sin consulta previa, por el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). También ordena el cese de todas las actividades derivadas de dichas concesiones y licencias, para lo cual, dispone el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La sentencia de segunda instancia obliga a los demandados “reponer las cosas al estado anterior a las concesiones” y, por ende, descontaminar, reforestar, atender la salud y proveer agua segura a la comunidad nativa “Tres Cruces”, compuesta por descendientes de Pueblos Shipibo y Ese’Eja , y ubicada en el departamento de Madre de Dios.

“Esta sentencia marca un hito en la historia jurídica del país, por ser la primera sentencia definitiva que, en cumplimiento de los estándares internacionales, declara la nulidad de actos administrativos que afectan a Pueblos Indígenas, emitidos sin consulta previa”, dijo la abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), defensa legal de la comunidad.

Fuente:https://www.radionacional.com.pe/informa/nacional/comunidad-nativa-tres-islas-gano-sentencia-contra-mineria-ilegal

El paso de vehículos encapsulados de la minera MMG Limited, dueña de Las Bambas, por el corredor minero del sur está restringido desde hace más de un mes. Los pobladores de la comunidad campesina apurimeña de Fuerabamba, reasentados en territorio cusqueño, decidieron cerrar el paso a esas unidades vehiculares en el fundo Yavi Yavi, situado en el distrito de Colquemarca, debido a que consideran que no hay respuesta satisfactoria a sus demandas.

Los comuneros reclaman el pago de una compensación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Limited y a la empresa minera, por el supuesto uso de tierras comunales para la construcción de la carretera y a la empresa minera el pago de 80 dólares por metro cuadrado, que haría un total de 30 millones 400 mil dólares de compensación por transitar por sus tierras. La empresa habría ofrecido desembolsar 50 mil soles por hectárea, es decir un total de 1 millón 900 mil soles.

La zona que corresponde al fundo Yavi Yavi, ha sido declarada en Estado de Emergencia, desde hace varios meses atrás, desde que comenzó las protestas.

Durante el tiempo que los comuneros mantienen la restricción del tránsito en el  corredor, la Policía intentó habilitar la vía, pero sin éxito.  Hubo conatos de enfrentamientos en Yavi Yavi. En ese periodo también hubo varios intentos de diálogo para resolver el conflicto, pero las partes no se ponen de acuerdo.

En  esta semana dos reuniones han sido suspendidas: el lunes y miércoles. El día miércoles 13 de marzo no llegaron a la cita convocada por el Gobierno Regional del Cusco, los representantes de MMG, de la comunidad Fuerabamba, ni de la PCM.  Para el martes 18, se ha convocado a una nueva reunión. Si no se restablece el diálogo, el corredor minero del sur seguirá cerrado y el riesgo de enfrentamientos con la policía aumenta.

Sobre estos hechos se han pronunciado el presidente de CONFIEP, Roque Benavides, exigiendo “más firmeza” desde el gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ha denunciado que hay “un sabotaje” al proceso de diálogo con la población de Las Bambas por parte de “asesores” de las comunidades, que son abogados particulares, contratados directamente por los comuneros. La SNMPE, señaló que “Las Bambas es una de las principales productoras de cobre en el Perú, y el bloqueo por parte de un grupo de pobladores de Fuerabamba impacta a la economía nacional y puede desincentivar la inversión privada.”

Antecedentes: un problema que se pudo prevenir

Yavi Yavi es un fundo dado en compensación a la comunidad de Fuerabamba por las tierras que dejaron para que se explote el primer tajo de la empresa Las Bambas.

Este fundo se encuentra en el recorrido de la carretera por donde se realiza el transporte minero. La carretera, en varios tramos ocupa tierras comunales de un conjunto de comunidades, una de ellas sería Fuerabamba. Cuando se ha ido construyendo la carretera o ampliándola, y convirtiéndola en vía pública se debió previamente, hacer el saneamiento legal de la tierras. Esto no se hizo y constituye una situación irregular que viene generando una serie de problemas y que el Estado debe resolver lo más pronto posible.

Además de ello, el transporte minero a través de camiones de carga pesada, que transitan por una vía no asfaltada vienen generando una serie de impactos ambientales que no han sido debidamente determinados y sobre los cuales nadie se hace responsable y nadie fiscaliza. Este también es un foco de conflicto que requiere de una pronta respuesta.

15 de marzo de 2019

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/03/15/persiste-el-conflicto-social-en-las-bambas-por-una-carretera/

Cooperacción, institución de la sociedad civil que defiende derechos colectivos y el medio ambiente, interpuso una demanda de acción popular contra el Ministerio de Energía y Minas, solicitando que la Resolución Ministerial No.120-2014-MEM-DM publicada en el 2014 sea declarada nula por ilegal. El recurso de anulación fue presentado ante la Sala especializada en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el pasado 6 de marzo.

La demanda de acción popular se dirige concretamente a que se anule la norma que establece los criterios de aplicación de un nuevo instrumento de gestión ambiental que se ha convertido en el más usado por las grandes empresas mineras.

El famoso Informe Técnico Sustentatorio- ITS

Para realizar cambios en un proyecto minero se requiere de un instrumento de gestión ambiental y de su aprobación por el Estado. Hasta mayo del 2013, los cambios propuestos debían seguir un procedimiento de aprobación denominado “Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)”, cuya evaluación – aunque con menor detalle y requisitos que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – podía durar 120 días calendario, suponía algunos mecanismos de participación ciudadana y la emisión de opiniones de entidades estatales especializadas.

La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante D.S. 054-2013-PCM, creó un nuevo instrumento de evaluación de impacto ambiental: el Informe Técnico Sustentatorio (ITS). El ITS debía permitir aprobar cambios menores de carácter “no significativo” en los proyectos de inversión con un procedimiento de solo 15 días hábiles de plazo (a diferencia de la MEIA que duraba 120 días). El corto plazo de su trámite implicaba que se excluyera cualquier mecanismo de participación y las opiniones técnicas de entidades estales especializadas, aunque la norma no nada explícito al respecto.

Las empresas mineras empezaron inmediatamente a utilizar este procedimiento. Por ejemplo, al poco tiempo de aprobado -y cuando aún no existían directrices claras sobre su uso- la empresa minera Las Bambas presentó (julio de 2013) un primer ITS para modificar el diseño del megaproyecto Las Bambas. Mediante el uso del ITS, de evaluación rápida y sin mecanismos de participación, el MINEM aprobó el cambio de la ubicación de dos componentes principales (plantas de procesamiento de mineral) nada menos que de una región a otra, esto es, de Cusco a Apurímac. Surgieron entonces serias interrogantes: ¿Qué se entiende como impacto no significativo? ¿Cuál era la naturaleza de las modificaciones que se pueden tramitar por procedimiento simplificado como el ITS?

En el análisis que realizó Cooperacción en esta demanda, se establece que “los criterios técnicos que orientan y regulan el uso del ITS en el sector minero peruano no son conforme a derecho. Estos criterios entran en contradicción con normas de mayor rango que regulan la materia. Además, su aplicación genera en la práctica un uso impreciso, discrecional y contradictorio del instrumento por parte de los administrados y una inadecuada evaluación ambiental de los impactos ambientales que se producen por las modificaciones aprobadas por los ITS. Ello se traduce en una afectación y/o riesgo de afectación grave al derecho al ambiente, a la salud y al bienestar de las personas.”

El DS.054-2013-PCM, norma que crea el ITS, señala expresamente que este procedimiento (por su naturaleza excepcional y de rápido trámite) será utilizado solo para modificar componentes auxiliares de los proyectos mineros, ampliaciones o mejoras tecnológicas. Asimismo, el Reglamento Minero Ambiental aprobado por D.S. 040-2014-EM señala que las modificaciones por ITS se realizarán excepcionalmente para cambios tales como “las características o la ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones auxiliares”.

La RM.120-2014 –MEM-DM permite la modificación vía ITS de varios otros componentes principales como el tajo, los depósitos de relaves, las plantas de beneficio, etc.  Esto no debería proceder pues, por ejemplo, el aumento del tajo puede suponer afectación de cursos superficiales y subterráneos de agua.  Además de ello, la modificación de la cantidad de producción tendrá como consecuencia, cambios en cadena en los demás componentes. Para evitar riesgos, esta norma establece porcentajes que limitan los cambios. Pero son insuficientes.

Además, la mencionada resolución incluye cláusulas abiertas que permiten al titular minero exceder los límites porcentuales indicados y el número máximo de ITS por unidad minera; siempre que el titular justifique técnicamente que los impactos a generarse sean no significativos. Esto trae, en la práctica, que se pueda realizar cualquier tipo de modificación a los proyectos vía ITS y que existan más de 3 ITS por unidad minera; lo que desnaturaliza el carácter excepcional del ITS.

Las estadísticas del SENACE para el periodo 15 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 indican que, para ese entonces, en total se habían presentado 436 ITS para todos los sectores. De este número, 175 corresponden a proyectos del sector minero, habiéndose aprobado 138, desaprobado 11, mientras 13 se reportaban como en evaluación y 13 habían sido calificados como otros. Por otro lado, según SENACE durante el mismo periodo solo se presentaron 29 EIA y/o modificatorias de EIA (MEIA) para proyectos mineros, sin que la entidad ofrezca un dato desagregado de esa información. De estos fueron aprobados 14, se desaprobó 1, y 14 se mantenían en evaluación (10) o en situación de otros (4).

Conclusión: más flexibilidad para las mineras

Las cláusulas abiertas y la falta de parámetros técnicos específicos de la RM.120-2014 –MEM/DM en la práctica promueven un uso discrecional de este instrumento: para todo tipo de cambios y para todo tipo de estudio ambiental (EIA, DIA, PAMA). Gracias a su “apertura”, este instrumento se ha convertido en la principal vía de las empresas mineras para modificar sus proyectos, no solo con menores plazos que los canales regulares sino también con menores estándares de evaluación ambiental. Esta situación trae serias consecuencias para las zonas de operación y las comunidades locales, atentando y poniendo en riesgo derechos constitucionales como el derecho a un medio ambiente saludable, a la salud y a la vida digna.

En tanto el gobierno peruano no cuenta con una metodología propia, en la práctica existe un amplio margen de discrecionalidad para el titular minero en la estimación de los impactos de sus operaciones. Las empresas vienen utilizando metodologías con distintos rangos de valoración de impactos, elegidas discrecionalmente; estas muchas veces no recogen la realidad de los ecosistemas, las comunidades, ni la vulnerabilidad de la flora y fauna endémica del Perú. Ello, en combinación con plazos rápidos e instrumentos acelerados de evaluación ambiental como el ITS, se traduce en un incentivo perverso para el titular minero: se estarían subestimando impactos ambientales para agilizar inversiones, con graves efectos a largo plazos y para las localidades donde operan las empresas mineras. Esta situación sin duda socava el sistema de evaluación del impacto ambiental en el país.

Como hemos visto, el amplio margen de discrecionalidad que se genera a través de los criterios técnicos que orientan el uso de los ITS genera que los titulares mineros puedan tramitar modificaciones a sus proyectos sin control en el número ni en el contenido de los cambios. En la práctica los titulares mineros pueden proponer cualquier cambio, de cualquier componente, las veces que sea necesario.

Así, existen empresas mineras que cuentan hasta con 5 ITS por cada proyecto minero. El hecho de que existan tantos instrumentos de gestión ambiental para un solo proyecto genera una gran dificultad para su evaluación, vigilancia y fiscalización ambiental por parte de las entidades competentes y de la ciudadanía. Hace también muy difícil que la población le pueda dar seguimiento a los cambios y que participe en los procesos de evaluación. Además, el procedimiento de aprobación de los ITS, por su plazo tan corto hace inviable el uso de mecanismos de participación.

A ello se añade, que los cambios mediante ITS permiten la ubicación de componentes mineros en el límite del área de influencia ambiental directa, sin que se tenga que redimensionar como correspondería. Esto impide que se visibilicen los nuevos impactos en zonas que no son consideradas áreas de influencia ambiental directa y que no tienen línea de base.

Casos:

-Un caso de una deficiencia en la evaluación ambiental realizada en los ITS, lo encontramos en el proyecto de exploración minera CORANI en Puno, donde se incrementa y reubica el número de plataformas. La norma señala técnica de ITS señala que pueden hacerse modificaciones dentro del área del proyecto inicialmente aprobada en el estudio ambiental; sin embargo, la reubicación de una plataforma se hizo en el límite del área de influencia ambiental directa (AID) del proyecto. Consideramos que, al reubicarse la plataforma de perforación en el límite de la mencionada AID, lo lógico hubiera sido que esta sea redimensionada; esto es, que el límite la AID también fuera ampliado por los posibles impactos del componente modificado, pero no fue así.

-Otro caso que llama la atención es la aprobación de la segunda modificación del Proyecto Sulliden Shahuindo a través de ITS, con fecha el 26 de marzo de 2014 y cuyo titular es la empresa minera Shahuindo S.A.C. Con la aprobación del ITS se aprobó la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas como se aprecia en el informe técnico que sustenta la aprobación del mencionado ITS. Por la especialidad de este componente y su relación con la calidad del agua, dicho ITS no debió ser aprobado sin contar con la opinión favorable de la ANA. No obstante este procedimiento rápido no da lugar a opiniones de autoridades competentes, lo que evidentemente le resta calidad a su evaluación de impactos ambientales.

-Otro caso a resaltar es el ITS del proyecto de exploración minera Maqui Maqui, aprobado el 2014, de Minera Yanacocha S.R.L. A través de dicho ITS la empresa minera solicitó ejecutar 50 plataformas adicionales a las que ya tenía. Debemos señalar que esta empresa primero solicitó 245 plataformas en su EIAsd, luego tras una modificación de EIAsd logró adicionar 502 plataformas de perforación (115 superficiales y 387 subterráneas), más 1250 m de túnel de exploración subterránea y   10 297 m de camino de acceso. Luego, con el ITS en mención planteó ejecutar 50 plataformas de perforación, 2.81 km de acceso, 100 pozas de fluidos y 35 sedimentadores, por un tiempo adicional de 08 meses. En este caso no se hizo la estimación de los impactos acumulativos de todos los cambios realizados. Entre estos cambios se puede evidenciar que la adición de las plataformas se ha hecho dentro y fuera del área de influencia ambiental directa.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/presentan-demanda-judicial-contra-criterios-de-aplicacion-de-modificaciones-de-proyectos-mineros/

El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

Recordemos que el presente caso es una demanda de amparo de comunidades de Arboleda contra el Ministerio de Energía y Minas por omisión de consulta previa antes del otorgamiento de concesiones. La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque podría sentar precedentes constitucionales en la materia.

Ésta última resolución del Tribunal Constitucional (TC) que data de diciembre de 2018 fue notificada en la misma semana que la anterior resolución de noviembre de 2018 (notificada el lunes 04 de marzo de 2019) donde el TC se ratificaba en la postura que mantiene desde el 2012, donde señala que tiene jurisdicción para resolver el caso.

Este cambio de postura se da en casi un mes, entre noviembre y diciembre del 2018, y llama la atención de los abogados de las instituciones que vienen litigando el caso. En palabras del Dr. José Bayardo Chara de DHUMA: “en la misma semana nos notifican dos resoluciones con contenido contrario. Durante el año pasado hubo bastante movimiento en el TC, ya que intervino la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía presentando un amicus curiae para el caso, donde señalaban que se afectada su derecho a la defensa por no ser considerados parte del proceso”. Según el abogado de DHUMA ésta resolución no toma en cuenta el principio de economía procesal y tutela jurisdiccional efectiva, ya que el juicio ha estado sin resolverse 7 años, para que al final el TC decida declarar nulo todo lo actuado y devuelva el caso a primera instancia.

En un reciente pronunciamiento del 12 de marzo, IDL y DHUMA cuestionan: “Que el juicio vuelva a foja cero afecta los derechos constitucionales de la comunidad campesina. ¿Qué pasa con el derecho de la comunidad a tener un proceso judicial rápido, sencillo y efectivo que se dilucide ante jueces y tribunales? Es intolerable el desdén que el TC ha mostrado con su inoperancia y negligencia en este proceso constitucional.

Aymarazo

El 2011 se desarrolló el Aymarazo; un ciclo de protestas organizadas por comunidades campesinas de Puno durante el gobierno de Alan García, que autorizó las operaciones de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito en Puno, bajo el argumento de que el territorio ya estaba concesionado. En ese entonces, las comunidades descubrieron que el 60% de sus territorios habían sido concesionados sin que se les consulte. Producto de éstas protestas, 18 comuneros aymaras fueron procesados penalmente por oponerse a la ejecución de las obras de la minera canadiense; siendo acusados del delito de “extorsión”.

La posición del Ministerio de Cultura y Salvador del Solar

En agosto del 2017, Red Muqui presentó una carta al MINCUL para conocer su postura en el caso Arboleda debido a que el ex ministro de cultura y ahora presidente de la PCM, Salvador del Solar, se habría reunido con los integrantes del tribunal para hacer incidencia personal en el caso de la comunidad de arboleda. En ese entonces, a través de una carta de respuesta, el MINCUL no desconoció ello ante nuestra pregunta formal y señaló que el MINCUL solicitaría su participación en el proceso en calidad de litisconsorte.

La respuesta formal que nos dio el Ministerio de Cultura fue bastante preocupante porque desconoció la importancia de los derechos colectivos de autodeterminación de los pueblos indígenas sobre su territorio, además que negó que las concesiones mineras no consultadas sí afectan los derechos de las comunidades campesinas. Entre las partes más controversiales de la respuesta del Ministerio de Cultura tenemos las siguientes:

• ·«De la evaluación técnica del Ministerio de Cultura, se considera que una eventual consulta previa sobre concesiones mineras podría desnaturalizar este derecho colectivo”.
• “La medida administrativa asociada al título de concesión minera no generaría afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que la concesión solo otorga un derecho de carácter expectaticio al titular de la misma”.
• “El título de concesión no supone, per se, la implementación y viabilidad de un proyecto minero sobre una zona concesionada. Motivo por el cual, la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/860-despues-de-7-anos-de-espera-tc-se-lava-las-manos-ante-caso-arboleda-en-puno