“Nosotros somos comunidades muy bien organizadas y sabemos que si se acaba el agua ¿Qué nos queda?… nada, moriríamos es por eso, que vamos a luchar por nuestro cerros”, dijo Esperanza Ortega, quien junto a pobladores de diversos caseríos de Arcatao, Chalatenango, solicitaron al gobierno local una consulta popular para “blindarse” contra la minería metálica.
En un acto público fue entregada, este fin de semana, la solicitud formal por parte de las comunidades al Concejo edilicio de Arcatao, atendiendo el marco jurídico del Código Municipal que estipula entre los artículos 115 y 117, la facultad de los pobladores a demandar una consulta popular para tratar temas de relevancia -que consideren- tendrá incidencia en su territorio.
Los pobladores y vecinos del ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, acordaron no permitir más la explotación minera del proyecto El Bambú, a cargo de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y de El Puntal S.A. de C.V, que extraen titanio desde hace varios años en dicha comunidad.
Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa entregaron en concesión a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
Más de 200 concesiones para la explotación de minerales en Honduras fueron canceladas por incumplimiento de ley, reveló el director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), Agapito Rodríguez.Tales concesiones fueron otorgadas años atrás, pero nunca iniciaron operaciones por incumplir los requisitos que señala la Ley de Minería, incluso, muchas de estas empresas ni siquiera pagaron el canon correspondiente, indicó el funcionario.
El impacto ambiental de las industrias extractivas, como la minera y la petrolera, es una faceta opaca en México, como por ejemplo el uso de la fractura hidráulica, dijo a Sputnik Nóvosti Aroa de la Fuente, coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.
El informe que la empresa Barrick Gold le entregó al ministerio de Minería es contundente: la canadiense reconoció que pudieron certificar el derrame de 224.000 litros de solución cianurada en Veladero. Lo peor de todo es que es sólo lo que se pudo contabilizar desde el momento que se cerró el ingreso del químico al circuito de lixiviación, es decir, el derrame puede ser mucho mayor.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia da la razón a la asociación vecinal Oro No, que había denunciado la actuación ilegal de la canadiense por el incumplimiento en la autorización de horarios y la falta de control en los vertidos realizados durante sus tareas de prospección en Tapia de Casariego.
A partir de la 
A partir de la “Declaración de Acacoyagua”, elaborada en el marco del foro Estatal de Afectados por la Minería los días 15 y 16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, Chiapas, en donde “refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida”, avanzamos en diversas acciones políticas para denunciar la actividad minera.