En la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos) se estableció en 1998 que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. En el sistema interamericano de derechos humanos (en adelante, sistema interamericano), teniendo como referente dicha Declaración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión Interamericana, Comisión o CIDH) considera defensor o defensora de derechos humanos a “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”. Siguiendo lo indicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el “criterio identificador” del defensor o la defensora de derechos humanos es “la actividad desarrollada por la persona y no otras calidades”, como por ejemplo, “si ésta recibe un pago o no por sus labores o si pertenece a una organización civil o no”. En ese sentido, la Comisión interamericana ha destacado que “la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho”. Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos subrayó en su informe de 2013 a la Asamblea General de la ONU, acerca de la relación entre los proyectos de desarrollo a gran escala y las actividades de los defensores de los derechos humanos, que “resulta fundamental que los gobiernos y los demás agentes pertinentes faciliten la participación de los defensores de los derechos humanos en la elaboración de políticas y proyectos, así como en su aplicación y evaluación”.
La primera de estas investigaciones tiene que ver con la presencia de la empresa en resguardos indígenas emberakatios del alto Andagueda en Chocó.
La consulta popular minera, que fue aprobada por el concejo de Ibagué, pasó el control de legalidad ante el Tribunal Administrativo del Tolima y en consecuencia la Registraduría se encargará de la organización para que los ibaguereños acudan a las urnas.
¡COMO CONGA EN CAJAMARCA, TIA MARIA EN AREQUIPA; EN APURIMAC LAS BAMBAS NO VA!
Representantes de diversos territorios y organizaciones que forman parte de la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares se apostaron a las afueras de la Expomin 2016, en el Espacio Riesco, para increpar y repudiar al Consejo Minero por su participación y por sus reiteradas presiones para lograr un proyecto de protección de glaciares a la medida de la minería. Dando como resultado, un proyecto que finalmente no garantiza la protección de ningún glaciar, si no más bien regulariza y legaliza la intervención de los glaciares facilitando la explotación minera en las altas cumbres de nuestro país.
El Salvador, fue el escenario para VI encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, los días 23 y 24 de abril de 2016.
En un nuevo intento para arrebatarles los ricos terrenos del ejido El Bajío, las mineras Peñoles y Penmont acusaron a 11 campesinos de “asociación delictuosa” ya que se acusa a los humildes campesinos de robar más de 460 millones de litros de una solución cianurada rica en oro.
Ambientalistas salvadoreños realizaron un plantón frente a la sede de Banco Mundial en San Salvador para exigir a esa instancia resolver la demanda millonaria que la transnacional minera Pacific Rim interpuso contra el Estado salvadoreño por negarles los permisos de exploración y explotación de metales.
En esta zona de bosques de pino, encino y laurel, donde todavía transitan pumas, jaguares, venados y jabalís, los comuneros tienen, desde hace al menos tres décadas, como principal actividad el aprovechamiento forestal, además de una embotelladora de agua, el ecoturismo y la elaboración de artesanías.
Con más de medio centenar de personas nutridas por delegaciones de mujeres de distintos sitios de Salvador inició la rueda de prensa ofrecida en la Plaza Salvador del Mundo en ciudad San Salvador, en la que diversas voces de Mujeres latinoamericanas junto a Olivia la hija mayor de Berta Cáceres la reivindicaron y enfatizaron que su vida se ha multiplicado en todas las Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales de América Latina. La rueda de prensa contó con la participación de Yanira Cortez Procuradora Adjunta de la Defensa del Ambiente de el Salvador y de Margarita Posada del Foro de Salud de el Salvador, Vidalina Morales de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES de Santa Marta y Gloria Chicaiza en representación de la Red Latinoamericana de Mujeres.