La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a la empresa Anglo American Sur S.A. a reparar el daño ambiental provocado en la quebrada El Gallo, ubicada en la comuna de Nogales, en la región de Valparaíso, y a pagar una indemnización de 600 millones de pesos por la extensión operativa de la mina El Soldado.
En fallo unánime, la Sala Constitucional del máximo tribunal respaldó el fallo dictado por el 21° Juzgado Civil de Santiago que estableció la responsabilidad de la empresa minera en el daño ambiental provocado por la operación de la expansión de la mina El Soldado, ubicada en la comuna de Nogales, y que provocó daños al ecosistema y especies autóctonas, tales como ejemplares de belloto del Norte, que se encuentra protegido por ley.
La explotación y exploración minera habría dejado rezagos nefastos para los recursos hídricos y para los páramos de Tasco, Boyacá. Así lo afirman los Campesinos y ambientalistas que se han enfrentado desde hace más de un año, con protestas simbólicas, a las multinacionales interesadas en sacar carbón y/o hierro en Tasco, Boyacá.
La minera Barrick Pueblo Viejo será el agente de ejecución de las obras, que incluye el cierre de la presa de Mejita, aportando US$75 millones. Pero el Estado dominicano también aportará alrededor de US$25 millones ocupándose de las labores de supervisión de personal, maquinarias herramientas, bienes intangibles y obras de infraestructura. Los trabajos abarcarán la remediación en la presa de colas de Mejita, rajo Cumba, Hondo Norte, Hondo Sur, reubicación y disposición de los suelos impactados con mercurio, intervención de la Cañada Honda, ríos Maguaca y Margajita, así como el reservorio Hatillo y las instalaciones para la disposiciones de sedimentos, entre otros.
El fin de semana pasado se realizó en Mendoza el encuentro de la Unicón de Asambleas Ciudadans de Cuyo y NOA. Allí entrevistamos a Larisa Vieira, de Articulação Internacional de Atingidos pela Vale.
En los distritos de Alto Selva Alegre, Mariano Pelgar, Sabandía, Characato y Cerro Colorado, la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) habría identificado junto con la fiscalía del medio ambiente hasta diez zonas donde se realiza extracción de material de construcción y agregados de forma informal y viene generando contaminación.
Les inquieta el elevado riesgo de contaminación que podría afectar a la población y al Duero. “Nuestros vecinos portugueses han mostrado su preocupación por las consecuencias negativas que para ellos supone este proyecto minero. En este sentido conviene señalar que el gas radón que se va a liberar a la atmósfera como consecuencia de las explosiones previstas puede recorrer cientos de kilómetros y afectar negativamente a la población”, explica José Ramón Barrueco, de Stop Uranio.
¿Está garantizado el derecho a la tierra y el territorio para las mujeres? Para contestar esta interrogante la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) desarrolló el conversatorio «Demandas y desafíos de las mujeres frente al derecho a la tierra y territorio».
El ex académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Francisco Patiño Cardona, advirtió del peligro que representa el Proyecto Pachuca, que busca remover más de 110 millones de toneladas de relaves también conocidos como jales —montículos de tierra o lodo sustraídos de las minas durante la extracción de los metales preciosos— para enviarlos al municipio de Epazoyucan.
Desde hace tiempo, las tierras altas de los Andes peruanos han atraído a muchos interesados en hacer fortuna. Hace siglos, los conquistadores españoles explotaron el oro y la plata, terminando con el Imperio Inca. Actualmente, son las grandes empresas mineras las que explotan los abundantes recursos en las entrañas de la tierra.
Todos los partidos políticos que participaron en el debate organizado este martes por la plataforma Sí a la Tierra Viva rechazaron la minería de tierras raras en la provincia de Ciudad