Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur, denunció ante el Juzgado Federal N°1 de San Juan a la minera chilena Antofagasta Minerals por «instalar un megabasurero en territorio argentino con desechos mineros contaminantes violando el artículo 41 de la Constitución y la Ley de Residuos Peligrosos (N°24051)». «La minera chilena Antofagasta Minerals, instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, creó una escombrera de material contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y contamina con drenaje ácido un curso de agua que alimenta al río San Juan (principal cuenca de la provincia)».
Un representante de la nación Uru Chipaya del departamento de Oruro, informó este martes que la falta de agua en la zona por el desvío del río Lauca, provocó una masiva migración hacia Chile, Argentina y otros países y advirtió que si el Gobierno no asume una política de protección, en poco tiempo más esa cultura habrá desparecido.
La oposición política lamentó este viernes que el Gobierno y los operadores políticos del MAS recién se hayan dado cuenta, diez años después, que las cooperativas mineras realizan operaciones de explotación al margen de la ley, sin considerar que durante ese tiempo, encubrieron todos los actos de ilegalidad y daños ambientales.
Una mina de oro que funciona desde hace tres años a un costado de la presa Picachos vierte desechos contaminantes al agua que es usada por el 70% de los habitantes de este puerto, denunció Sandra Guido, presidenta de la organización civil Conselva, Costas y Comunidades.
Derivado del reportaje publicado hace unas horas por la Agencia Internacional de Noticias REUTERS, en el sentido de que la Minera Peñasquito, perteneciente a la transnacional canadiense Gold Corp e instalada desde el 2008 en el municipio de Mazapil, ha ocultado desde hace tres años los altos niveles de contaminación por selenio y otros metales, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) exige una investigación internacional a fondo tanto a la empresa como a las dependencias federales mexicanas, pues es claro que hay un contubernio y corrupción porque no se ha cumplido con el reglamento preestablecido en la Ley Ambiental.
Más de la décima parte del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, señalan datos del cuarto Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a la industria extractiva, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.
Un informe de campo sobre los impactos de las actividades mineras en la Reserva Comunitaria de Junín, iniciativa de varios pueblos de la zona de Intag en la provincia de Imbarura, que es uno de estos territorios preciosos de nuestro Ecuador. Fuente de agua y vida, sus cascadas, fauna y flora son partes de la zona de amortiguamiento de la Reserva Cotacachi-Cayapas, uno de los parques naturales más importantes del mundo. En la actualidad, estas riquezas y los territorios de Intag en general están amenazadas por las actividades de exploración minera del consorcio formado por la Enami (Empresa Nacional Minera) y la estatal chilena Codelco con su megaproyecto minero de cobre Llurimagua, como lo revela nuestra última visita en la zona.
Tras analizar el alcance y contenido de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de explotación en el Campo de Montiel «Matamulas», «Rematamulas Fracción 1ª» y «Rematamulas Fracción 2ª», el Consejo de Seguridad Nuclear afirma que «las actividades previstas en los proyectos de explotación son susceptibles de generar un impacto radiológico para los trabajadores, el público y el medio ambiente».
La más reciente protesta ocurrió el pasado 18 de Agosto. Allí, organizaciones sindicales, sociales, cívicas, populares y políticas, la población ocupó las calles de Riohacha para minifestar su rechazo a las políticas económicas y sociales relacionadas a la “locomotora minero energética” del presidente Juan Manuel Santos; específicamente, la carbonífera en el Cerrejón.