La entidad aseguró que estas podrían suponer una “extralimitación de las funciones” de alcaldes y gobernadores. También criticó el gasto público que se requiere para realizarlas. A pesar de que la consulta popular que se realizará en Ibagué, Tolima, para que los ciudadanos decidan si quieren, o no, que haya minería en el territorio fue recibida con buenos ojos, la Procuraduría aseguró este jueves que “las entidades territoriales no son competentes para realizar consultas populares sobre actividades de la industria extractiva”.
La Procuraduría envió una serie de observaciones a la Registraduría Nacional, en cabeza de Juan Carlos Galindo, en la que asegura que “los derechos económicos y sociales corren graves riesgos por estas pretensiones de las entidades territoriales”.