Republica Dominicana

Denuncian grave depredación ambiental y explotación ilegal en ríos de la Guázara

Maiker González, señalado por minería no regulada, enfrenta protestas por dañar áreas protegidas. Denunciantes piden medidas urgentes y acusan impunidad por conexiones políticas y corrupción.
Denuncian grave depredación ambiental y explotación ilegal en ríos de la Guázara
depredacion en enriquillo

Barahona. La Fundación de Protección del Medio Ambiente de la Región Enriquillo, junto a la Asociación Incorporada y una amplia coalición de organizaciones sociales, emitió una alerta urgente sobre el deterioro ambiental que afecta a cinco ríos en el área de La Guázara. Según denuncias presentadas durante una reunión comunitaria celebrada el pasado domingo, las afectaciones serían consecuencia directa de una explotación minera masiva presuntamente liderada por el empresario Maiker González.

De acuerdo con las organizaciones, el caudal hídrico de los ríos ha disminuido de forma alarmante, lo que pone en riesgo no solo la biodiversidad de la zona, sino también la seguridad de las comunidades que dependen de estos recursos naturales. El uso de maquinaria pesada para la extracción de materiales sin controles ni permisos adecuados ha alterado significativamente los cauces fluviales, provocando daños irreversibles al ecosistema.

Expertos ambientales señalan que La Guázara se compone de lomas que funcionan como barreras naturales ante huracanes y ciclones, actuando como un escudo para comunidades cercanas como Cachón y Cabral. La destrucción de este sistema natural no solo representa un desastre ecológico, sino que también incrementa la vulnerabilidad de miles de habitantes frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Empresario vinculado a antecedentes de controversia ambiental

Maiker González, empresario minero con residencia en Baní, ha sido centro de múltiples denuncias y protestas por actividades extractivas no reguladas. Diversas organizaciones han señalado su implicación en operaciones en áreas protegidas como Las Dunas de Baní, Azua, Cachón y la sierra de San Cristóbal.

En movilizaciones anteriores, más de 3,000 personas lograron detener temporalmente algunas de sus operaciones por violaciones a la ley ambiental y afectaciones al patrimonio natural. Las investigaciones actuales sugieren que González habría adquirido derechos mineros de forma ilegítima, a través de familiares de antiguos titulares, como la esposa de Bolívar Ventura, en un proceso de separación legal.

Según los denunciantes, este procedimiento le permitió continuar las actividades mineras bajo nuevas razones sociales, en un esquema que implicaría una inversión estimada entre 400 y 500 millones de pesos, todo ello sin respetar las normativas ambientales ni sociales vigentes.

Las entidades sociales y ambientales acusan a González de operar dentro de un patrón de impunidad, en el que empresarios con poder económico y conexiones políticas evaden controles mediante permisos ilegales, presión institucional y supuesta corrupción administrativa.

Frente a la gravedad de la situación, el líder comunitario Domingo Feliz anunció que en las próximas semanas se iniciará un plan de lucha urgente que reunirá a todas las organizaciones sociales y ambientales de la región Enriquillo,con el objetivo de frenar las actividades extractivas, exigir responsabilidades y reclamar al gobierno medidas efectivas contra los crímenes ecológicos.

Colombia

Protesta minera: once campesinos de Jericó (Antioquia) enfrentarán procesos penales en libertad

Los 11 campesinos de Jericó que enfrentan procesos judiciales por protestas contra la minería en el suroeste antioqueño continuarán el proceso en libertad
Autor
cjgarcia

Tras la audiencia que se realizó este lunes, un juez decidió dejar en libertad a los 11 campesinos del municipio de Jericó, Suroeste antioqueño que afrontan el proceso por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales.

Según explicó la abogada de los 11 campesinos, Claudia Serna, en esta audiencia la fiscal del caso se encontraba solicitando la medida de aseguramiento, pero lograron comprobar que no era necesaria esta medida e indicaron que estás personas no representan un peligro para la sociedad.

«Este proceso no ha terminado, estamos culminando las audiencias preliminares, las que tienen que ver con la medida de aseguramiento, pero este proceso continúa. estamos atentos a que nos hagan la citación para una audiencia de acusación para continuar con el proceso. Estamos contentos que se continúe el proceso en su presunción de inocencia y en libertad», dijo Claudia Serna.

Además, argumentó que, el juez promiscuo del municipio de Jericó decidió imponerles medida de aseguramiento no privativa de la libertad y deberán cumplir con algunos compromisos como no salir del país y presentarse a cualquier requerimiento.

La abogada defensora aseguró que en próximos días comenzará la etapa de acusación.

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Cabe resaltar que los campesinos de este municipio del Suroeste antioqueño llevan más de 15 años oponiéndose a la minería ilegal, pero los hechos por los que hoy enfrentan este proceso judicial se presentaron entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, cuando los habitantes del corregimiento de Palocabildo protestaron por la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti.

Este caso ha generado posiciones dividas en el país., pues diferentes líderes políticos se han pronunciado al respecto, entre ellos el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que, «El campesinado de Jericó da una lección a toda Colombia. Mi gobierno buscara la manera de apoyarlos en todo lo que podamos”.

https://www.msn.com/es-co/noticias/other/protesta-minera-once-campesinos-de-jeric%C3%B3-antioquia-enfrentar%C3%A1n-procesos-penales-en-libertad/ar-AA1GStCf?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1

Chile

Empresa agrícola reclama en contra de la aprobación ambiental de proyecto minero en la Región de Atacama

20/08/2025
Se admitió a trámite la reclamación de la Sociedad Agrícola Konavle Limitada (SAK), en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama (COEVA) que rechazó su solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Recuperación de Acopios de la Faena Algarrobo”, del titular Compañía Minera del Pacífico S.A (CMP).

La sociedad agrícola reclama que el proyecto de CMP fue calificado favorablemente de manera ilegal, debido a la existencia de una controversia judicial respecto de los deslindes del terreno en que se ubicará la iniciativa. Afirma la reclamante que durante la evaluación de impacto ambiental se habría omitido información territorial relevante, de la cual se deriva una eventual afectación al componente ambiental suelo y se compromete la viabilidad del otorgamiento de permisos sectoriales mixtos y de edificación.

La reclamante asevera que hizo presente estos vicios en su solicitud de invalidación de la RCA del proyecto ante la COEVA, pese a lo cual esta autoridad decidió rechazarla, argumentando que la falta de claridad en los deslindes del terreno en que se ubicará la iniciativa de CMP, constituiría una cuestión de carácter civil y no afectaría la legalidad de la RCA, determinación que la llevó a acudir ante el Primer Tribuna Ambiental con la presentación de esta acción judicial.

Deslindes

En la reclamación se explica que SAK es propietaria de la “Estancia Chañaral Lote Norte”, que colinda al oriente con la “Estancia Higuera de las Minillas” de propiedad de CMP. Se señala en la acción que no existiría consenso entre las partes sobre la demarcación o división material que separa ambos inmuebles.
Estas diferencias llevaron a SAK a presentar una acción reivindicatoria en 2011 ante el Juzgado de Letras y Garantía de Freirina, con el objeto de poner término a estas diferencias y recuperando, además, parte del terreno. Sin embargo, dicha acción fue rechazada, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Copiapó y luego por la Corte Suprema.

Medida cautelar

En la reclamación, se solicitó al tribunal disponer, como medida cautelar conservativa, que CMP se abstenga de ejecutar cualquier obra de construcción, movimiento de tierra o reprocesamiento de minerales en el área de 125,41 hectáreas objeto del proyecto, ubicada dentro del polígono en disputa de 9.470 hectáreas, hasta que este Tribunal resuelva este caso, o bien, disponer la medida cautelar que se estime pertinente.
Ante dicha solicitud, los ministros decidieron dar traslado a la reclamada para conocer sus argumentos antes de pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar.

El proyecto

En febrero de 2023, CMP ingresó la declaración de impacto ambiental del proyecto “Recuperación de Acopios de la Faena Algarrobo”, que tiene como objetivo la recuperación y procesamiento de minerales de hierro extraídos de acopios históricos existentes en dicha faena a fin de producir pre-concentrado de hierro. Su objetivo secundario es abastecer a faenas de CMP que requieran de este mineral y cuenten con la autorización para recibir y/o procesar minerales externos y/o venta directa (como lo son Planta de Pellets, Planta de Magnetita y Puerto Totoralillo).

El proyecto se localiza en la Región de Atacama, provincia del Huasco, comuna de Vallenar, a 35 km al suroeste de la ciudad de Vallenar. Las instalaciones asociadas a las obras o acciones del presente proyecto se encuentran en la faena minera, como instalaciones remanentes (acopios a explotar, instalaciones auxiliares y servicios). La iniciativa contempla una vida útil de 17 años y considera una inversión de 17,2 millones de dólares.

Empresa agrícola reclama en contra de la aprobación ambiental de proyecto minero en la Región de Atacama

Ecuador

Organizaciones de Azuay anuncian protestas contra la minería con apoyo del FUT y la Conaie

 ¿qué dicen sobre Leonidas Iza?
La medida incluirá cierre de vías. Una marcha y un posterior levantamiento se realizarán en septiembre.

En el marco del apoyo a las organizaciones de Azuay, el presidente de la Conaie anticipó que próximamente convocará a una asamblea plurinacional para debatir sobre la realidad del país y tomar decisiones. (Foto: Cedocut).
En el marco del apoyo a las organizaciones de Azuay, el presidente de la Conaie anticipó que próximamente convocará a una asamblea plurinacional para debatir sobre la realidad del país y tomar decisiones. (Foto: Cedocut).
Redacción La Hora,
21/08/2025
Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldaron a Yaku Pérez y otros representantes de Azuay en su postura en contra de la minería.

Este 21 de agosto de 2025 se expresaron en una rueda de prensa conjunta en Quito. “El presidente (Daniel Noboa), pese a haber perdido el Estado en todas las jurisdiccionales constitucionales, el mes pasado acaba de aprobar la licencia ambiental para la explotación minera en Kimsakocha. Esto significa el acabose de Cuenca”, dijo Yaku Pérez, abogado, al referirse al actual Gobierno.

“La Corte de Justicia de Cuenca dijo que tiene que hacerse consulta previa, libre e informada, tiene que hacerse consulta ambiental y tiene que presentarse informes técnicos. Nada de ello se ha cumplido. Sin embargo, presentan la licencia ambiental y autorizan el faenamiento minero. Frente a esto, vamos a presentar dos acciones judiciales internacionales. La primera ya lo hicimos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y está listo el informe para admisibilidad en Washington (Estados Unidos)”, anticipó Pérez.

La segunda acción es una reunión con autoridades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Quito, este 21 de agosto. Allí presentarán un reclamo formal al Estado de Ecuador “porque se hizo una consulta previa fraudulenta”, según Pérez. Algunas habitantes de la comunidad de Escaleras, de Cuenca, que estuvieron presentes, ratificaron que no están de acuerdo con la minería.

“Nosotros saludamos a nuestras compañeras que han estado en plantones ayer (20 de agosto). Ellas son defensoras del agua. No las vamos a dejar solas”, aseguró Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, también manifestó su apoyo: “Estamos aquí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas quienes vienen luchando en todo el territorio ecuatoriano”.

Las medidas de protesta
Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas (FOA) del Azuay, dijo que hay un espíritu de cuerpo para hacer respetar las consultas populares sobre prohibir la minería.

En ese contexto, apuntó que el 16 de septiembre realizarán en Cuenca una “marcha multitudinaria”. Envió un mensaje al Gobierno: «Nunca podrá explotar Kimsakocha porque ellos se encuentran totalmente unidos. En el caso de que este Gobierno no entienda este lenguaje pacífico desde nuestra parte, anunciamos medidas de hecho, nos vamos al levantamiento por el agua”.

Ese levantamiento implicará cierre de las vías “hasta hacer retroceder al Gobierno”, señaló.

“Por eso estamos construyendo esta unidad con los hermanos trabajadores, pero también con la Conaie, con la Ecuarunari y estamos juntos preparando ese gran levantamiento”, agregó.

Según los representantes de Azuay, la marcha será para que se revoque la licencia ambiental, pero si no sucede, vendrá el “levantamiento indefinido” el 23 de septiembre.

Reacciones sobre el caso de Leonidas Iza
“La fuerza pública tiene que dar la seguridad a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, y no perseguir a los hermanos y hermanas quienes luchamos por el agua, por el territorio, por la selva. El Gobierno tendrá que investigar por qué estuvieron ahí (los tres policías en San Ignacio, en Cotopaxi). Muchas veces los y las luchadoras hemos sido perseguidos. Aquí no hay seguridad para los pueblos y nacionalidades que siempre hemos venido resistiendo en defensa de la vida”, argumentó Vargas al ser consultado sobre la situación de Leonidas Iza, expresidente de la Coanie, quien fue llamado por Fiscalía por la retención de tres policías en Cotopaxi.

Pérez manifestó que no hay preocupación sobre las consecuencias por las futuras protestas. “A lo único que le tenemos miedo es a la corrupción, a la pobreza, esas gigantescas asimetrías sociales. Al autoritarismo ya le perdimos el miedo. (Rafael) Correa nos metió presos. Salimos de la cárcel. Hemos perdido el miedo y vamos a levantar la voz el día 16 de septiembre y luego el 23 de ser necesario, ahí estaremos en las calles”.

Vargas dijo que el camino es la resistencia cuando no se respetan las decisiones del pueblo, en referencia a las consultas populares en Azuay.

El presidente de la Conaie comentó que ha mantenido conversaciones con otros líderes del movimiento indígena para consolidar y tener alianzas con otros movimientos sociales y universidades.

“Por eso invito a todas las organizaciones del país, próximamente estaremos convocando a una gran asamblea plurinacional para analizar, debatir la realidad del país y tomaremos decisiones con nuestras bases, en el seno de nuestras asambleas”, anunció. Vargas además indicó que hoy presidirá una reunión del Consejo político de la Conaie para tomar decisiones, no especificó sobre qué temas. (KSQ)
https://www.lahora.com.ec/politica/Organizaciones-de-Azuay-anuncian-protestas-contra-la-mineria-con-apoyo-del-FUT-y-la-Conaie-que-dicen-sobre-Leonidas-Iza-20250821-0021.html

Perú

Perú: 20 comunidades indígenas inician protestas en contra de la minería ilegal en la región de Loreto

No a la Mina
18/08/2025
Pobladores de 20 comunidades de la cuenca baja del río Tigre, en la provincia peruana de Loreto (norte), iniciaron en la noche de este domingo un paro indefinido contra la minería ilegal y la inacción del Gobierno frente a la contaminación de sus aguas y sus espacios vitales.

Más de 20 dragas de mineros ilegales operan en la zona y contaminan los cauces de agua con mercurio. El presidente de la Federación de Comunidades de la cuenca del Bajo Tigre (Feconabat), César Moreno Culqui, denunció: “Desde que amanece hasta que anochece están soltando el mercurio y nosotros consumimos esa agua. Por eso iniciamos esta lucha hasta que las autoridades se hagan presentes y expulsen a los mineros ilegales“.

Las comunidades exigen la presencia en el área del Gobierno de la presidenta de facto Dina Boluarte y que tome acciones concretas para detener la minería ilegal y, con ello, evitar los daños que el mercurio está causando a la salud humana, a la seguridad alimentaria y a los ecosistemas.

De acuerdo con medios locales, las comunidades determinaron bloquear el acceso al río Tigre, lo que afecta directamente el abastecimiento y operación de los lotes petroleros 8 y 192, ubicados en esta cuenca. También impedirán la navegación hasta que el Gobierno no retire las dragas y poner en práctica otras acciones de control territorial…
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/per%C3%BA-20-comunidades-ind%C3%ADgenas-inician-protestas-en-contra-de-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-la-regi%C3%B3n-de-loreto/

Perú

COMUNIDADES DE ESPINAR BUSCAN JUSTICIA: PJ REALIZÓ AUDIENCIA DIRIMENTE EN CASO COROCCOHUAYCO

20/08/2025
La Primera Sala Mixta – Sede Sicuani de la Corte Superior de Justicia de Cusco, el 13 de agosto, realizó una audiencia cuyo propósito era que un juez superior emita voto dirimente para configurar fallo de segunda instancia en el proceso de amparo sobre omisión de consulta previa seguido por las comunidades campesinas quechuas de Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano contra el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la Compañía Minera Antapaccay S.A.

Se trata de un proceso judicial en el que dichas comunidades reclaman la consulta previa, libre e informada de la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Antapaccay – Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco.

Esta audiencia se produce luego de que, en abril de 2025, el juzgado de Espinar resolviera declarar infundada la demanda de las citadas comunidades, que estas apelaran la sentencia y que dos jueces superiores (Sumire López y Villa Humpiri) votaran por declarar nula la sentencia de primera instancia, mientras que el tercer magistrado (Gil Caviedes) votara por confirmarla. Al no alcanzarse tres votos con el mismo fallo —requisito en materia constitucional según la Ley Orgánica del Poder Judicial—, se convocó a un cuarto juez para dirimir.

Durante la audiencia del último miércoles 13 de agosto, los abogados defensores de las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata reiteraron que el acto administrativo de aprobación de la MEIA debe ser consultado porque define las afectaciones se sufrirán en estas comunidades y las medidas para evitarlas, mitigarlas o compensarlas.

La defensa de la parte demandante de las comunidades señaló que “En el caso concreto de la comunidad de las comunidades demandantes, como podemos ver el mapa, hay afectación directa del territorio, porque el proyecto se superpone a los territorios de la comunidad de Huini y de Pacopata. El informe que sustenta la aprobación de la modificatoria del EIA dice que las comunidades van a reducir su territorio, perderán infraestructura colectiva e hidráulica”, advirtió.

Por su parte, la abogada de una de las comunidades señaló: “La consulta previa, señor magistrado, garantiza que la opinión de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta antes de la adopción de cualquier decisión que se les pueda afectar. En este caso, el voto de discordia sostiene que el EIA no debía ser consultado porque no incide directamente en las comunidades. Sin embargo, la propia MEIA prevé reasentamiento y prevé afectación a los medios de vida, a la cultura y al territorio”.

De otro lado, la defensa de la empresa Antapaccay reiteró que la aprobación de un estudio de impacto ambiental no constituye un acto sujeto a consulta previa, argumentando que este instrumento no autoriza el inicio de actividades y que la responsabilidad de convocar a la consulta corresponde al Ministerio de Energía y Minas.

El caso Coroccohuayco es emblemático porque pone en debate si la consulta previa debe realizarse antes de aprobar estudios de impacto ambiental o sus modificatorias, etapa clave en la definición de impactos y obligaciones socioambientales de los proyectos extractivos. La decisión que adopte la Sala en los próximos días será un precedente importante para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto de los estándares ambientales en el Perú.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile, Litio

SQM reduce un 59% su utilidad neta trimestral debido a la caída de los precios del litio

FOTO DE ARCHIVO. Un camión carga salmuera concentrada en la mina de litio de SQM en el salar de Atacama, en la región de Antofagasta, Reuters 20/08/2025
La chilena SQM , el segundo productor mundial de litio, registró el miércoles un descenso del 59% en su utilidad trimestral debido al retroceso de los precios del litio.

La empresa registró una utilidad neta en el segundo trimestre de 88,4 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de los analistas, que lo situaban en 143,01 millones, según datos recopilados por LSEG.

Sus ingresos, de 1.040 millones de dólares en el trimestre, coincidieron en líneas generales con las estimaciones de los analistas, de 1.064 millones.

Los precios del litio bajaron alrededor de un 34% interanual, según la empresa.

Los precios mundiales del litio, un componente esencial de las baterías de los vehículos eléctricos, se han desplomado casi un 90% desde su máximo alcanzado a finales de 2022, lo que ha llevado a los productores de todo el mundo a recortar plantillas y reducir planes.

En junio, SQM comenzó a despedir al 5% de su personal en Chile mientras se enfrentaba a una prolongada caída de los precios mundiales del metal para baterías.

«Como se anticipó, durante el segundo trimestre, atravesamos un período de precios del litio más bajos que los observados en trimestres anteriores. En este contexto, algunos de los contratos vigentes alcanzaron los límites inferiores establecidos en estos, lo que afectó los volúmenes acordados», dijo el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.

El mes pasado, Moody’s rebajó la perspectiva de la minera a «negativa» desde «estable» debido a la incertidumbre en torno a los ingresos por litio, pero afirmó la calificación crediticia.

SQM, una de las dos empresas que producen litio en Chile, también fabrica fertilizantes y productos químicos industriales. Está previsto que este año finalice una asociación con el productor estatal de cobre Codelco para producir litio en el salar de Atacama.

(Información de Chandni Shah en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
https://es-us.finanzas.yahoo.com/news/chilean-lithium-miner-sqm-begins-160706816.html

Bolivia, Litio

Bolivia y el litio: el escenario minero tras una segunda vuelta sin el MAS

Interferencia 20/08/2025
Las reservas de 23 millones de toneladas del mineral, la mayoría en el salar de Uyuni en la región andina de Potosí, fueron apuntadas como ‘moneda de cambio’ durante las elecciones presidenciales llevadas a cabo el domingo pasado. En medio de una profunda crisis económica, el Congreso del país andino aprobó un contrato para una planta de explotación con una firma rusa que contempla una inversión de US$ 975 millones.

El domingo pasado, Bolivia definió a los dos candidatos que el próximo 19 de octubre se medirán en la segunda vuelta presidencial: el senador Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) y el ex mandatario Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libre). El trasfondo de estas elecciones era particularmente importante en este proceso electoral, pues estuvo marcado por la aguda crisis económica que atraviesa el país y por la fractura interna del oficialismo y en específico del MAS (Movimiento al Socialismo), el partido gobernante, que pondrá fin a una hegemonía de 20 años en el poder que inició con de Evo Morales en 2005 y finalizará con Luis Arce en 2025.

En ese contexto, una de las incógnitas es que sucederá con la explotación del litio y los contratos suscritos a ella, particularmente con Rusia y China.

Los salares de Bolivia albergan los mayores recursos mundiales del metal para baterías. El país posee un estimado de 21 millones de toneladas de litio, lo que representa aproximadamente el 38% del total mundial. Sin embargo, la nación ha luchado durante mucho tiempo para aumentar la producción o desarrollar reservas comercialmente viables. En 2022, Bolivia produjo solo alrededor de 600 toneladas de carbonato de litio, mientras que los vecinos Chile y Argentina produjeron aproximadamente el 45% del suministro mundial.

Empresas rusas y chinas se encuentran entre las pocas que han avanzado con propuestas de desarrollo, pero existe incertidumbre puesto que los acuerdos no han recibido la aprobación del poder legislativo, donde el partido gobernante está fracturado y Arce carece de una mayoría en el Congreso. Algunos inversores esperan que un cambio político pueda conducir a cambios en el entorno regulatorio del país y abrir el camino para acceder a los recursos de litio en gran parte sin explotar.

Hace unos días, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó el contrato de asociación suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group, que prevé la instalación de un proyecto industrial de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, departamento de Potosí.

“Aprobado el Proyecto de Ley N° 172024 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, remítase al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración, conforme al reglamento”, afirmó Hernán Hinojosa, presidente de esa instancia legislativa, tras la votación.

El contrato incluye una inversión superior a los $US 975 millones, destinada a la construcción de una planta con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), una técnica innovadora que permite obtener litio de forma más eficiente y sustentable, reduciendo el tiempo de producción y el impacto ambiental.

Propuestas para la segunda vuelta
En el caso de Rodrigo Paz, sus principales propuestas tienen que ver con el fortalecimiento de la autonomía. Es decir, plantea que el Estado central maneje solo el 50 % de los recursos económicos y que el restante 50 % lo entregue a las regiones a través de los gobiernos subnacionales y universidades. Con esos fondos hace planteamientos para mejorar la salud y la educación, de manera que se corte la dependencia con el Gobierno nacional en tales materias.

En el sector extractivo, Paz apuesta por un “capitalismo energético inteligente” que diversifique las fuentes de ingreso: estima que el litio podría generar hasta 600 millones de dólares anuales y el oro hasta 2.500 millones; propone, incluso, un banco especializado para cooperativistas auríferos.

Por su parte, el ex mandatario «Tuto» Quiroga admitió que analizaría la permanencia de Bolivia en el grupo de los BRICS, enfatizando el vínculo comercial con India y China. También criticó al Mercosur y adelantó que apostaría por un “triángulo sudamericano” para la explotación de litio junto a Argentina y Chile y que mantendría una “agresiva posición” para buscar tratados de libre comercio con varios países, incluído EE.UU..

Esta estrategia, según comentó, persigue un fin claro: atraer inversiones y consecuentemente divisas para estabilizar la economía boliviana, hoy en crisis. Para ello, explicó, buscaría el apoyo Organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Nuestra carta de presentación es abrir Bolivia a inversión en litio. Tenemos casi un tercio del litio del planeta. Yo creo firmemente que Argentina, Chile y Bolivia podemos hacer la OPEL, la Organización de Países Exportadores de Litio, exportarlo como materia prima, como alguna vez hicimos con el gas a precios de mercado. Pero también crear zonas francas donde, a un precio menor, podamos suministrar el litio para hacer aquí las baterías y hacer de nuestro triángulo sudamericano de Bolivia, Argentina y Chile una potencia mundial que haga la manufactura de baterías de litio durante las próximas décadas, dejemos atrás el extractivismo e ingresemos en la cadena de valor agregado», dijo en entrevista con CNN.
https://interferencia.cl/articulos/bolivia-y-el-litio-el-escenario-minero-tras-una-segunda-vuelta-sin-el-mas

Perú

Nexa retoma operación minera en El Porvenir y Atacocha, tras cese de protestas

Brasileña Nexa Resources informó el reinicio de las actividades en sus minas El Porvenir y Atacocha.
La inversión polimetálica de Nexa: US$ 347 mlls. para Perú y Brasil este 2025
Hace una semana, los pobladores del anexo de San Juan de Milpo iniciaron una protesta que interrumpió labores en minas El Porvenir y Atacocha. (Foto: Nexa – El Porvenir).
19/08/2025
La brasileña Nexa Resources comunicó la reanudación de las actividades mineras en sus unidades polimetálicas El Porvenir y Atacocha, ubicadas en el Complejo Cerro Pasco; en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De acuerdo con la empresa, las protestas que venían realizando algunos pobladores del anexo de San Juan de Milpo (Pasco) han cesado, permitiendo retomar las labores interrumpidas en las minas desde hace una semana.

“Nexa continúa sosteniendo un diálogo constructivo con los representantes de la Comunidad, y sigue comprometida con el desarrollo sostenible de sus comunidades del área de influencia de sus operaciones”, resaltó la compañía.

Expand IconNexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial. (Foto: Nexa).
Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial. (Foto: Nexa).

Presencia y operaciones de Nexa
Con más de 65 años de operaciones en América Latina, Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial, según Wood Mackenzie. El portafolio de la compañía incluye cuatro minas subterráneas polimetálicas, una mina a tajo abierto y tres fundiciones —incluida Cajamarquilla, la más grande de las Américas— con operaciones en Perú y Brasil.
https://gestion.pe/economia/empresas/nexa-retoma-operacion-minera-en-el-porvenir-y-atacocha-tras-cese-de-protestas-noticia/

Perú

Dina Boluarte destinó más presupuesto para sofocar protestas que para combatir la minería ilegal

Entre 2023 y 2025, el gobierno de Dina Boluarte incrementó en más de 63% los fondos para controlar movilizaciones, mientras que la lucha contra la minería ilegal solo creció 1,9%, según un informe de La República
Nicol Chauca Alendez
20/08/2025

La Policía se enfrenta con manifestantes durante protestas en las que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso hoy, en Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía
La distribución del presupuesto nacional vuelve a poner bajo la lupa las prioridades del Ejecutivo. Un reciente informe de La República reveló que, durante el gobierno de Dina Boluarte, se destinaron recursos muy superiores al control de protestas sociales en comparación con la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más lucrativas y violentas del país.

Según la investigación periodística, el Ministerio del Interior recibió S/1.125 millones en 2025 para el programa “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”. En contraste, el mismo año, los fondos dirigidos al combate de la minería ilegal apenas alcanzaron S/63.2 millones, cifra considerada insuficiente frente a la magnitud del problema.

Cifras que evidencian las prioridades del Ejecutivo
De acuerdo con los registros revisados por La República, el presupuesto contra la minería ilegal mostró variaciones mínimas entre 2023 y 2025. En 2023, Boluarte destinó S/62 millones a este objetivo; en 2024, la cifra se elevó a S/79.7 millones; y en 2025, el monto volvió a reducirse a S/63.2 millones.

Sin embargo, el asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz, La Libertad, fue un punto de quiebre. El hecho obligó a la presidenta a viajar a la zona y anunciar un “enfrentamiento sin cuartel” contra las mafias del oro. A raíz de la tragedia, el presupuesto inicial para este año fue modificado a S/83.6 millones, un incremento de poco más de S/20 millones.

La diferencia se acentúa al contrastarlo con el gasto destinado en programas contra protestas. En 2023 se asignaron S/687.4 millones, en 2024 se subió a S/715.6 millones y en 2025 se disparó a S/1.125 millones. Es decir, mientras los fondos para conflictos sociales aumentaron 63,74% en el período, el presupuesto contra la minería ilegal apenas creció 1,98%.

La brecha resulta más llamativa si se considera que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal aurífera mueve aproximadamente US$6.840 millones al año, superando al narcotráfico y la trata de personas.

Policías con pocos recursos
Fuentes policiales consultadas por el medio señalaron que la asignación resulta insuficiente para enfrentar a las bandas criminales. “La minería ilegal ha superado al narcotráfico. Un kilo de cocaína se cotiza en US$2.500, mientras que uno de oro supera los US$100.000. Sin embargo, contamos con pocos recursos para combatir a las mafias del oro”, comentaron.

El kilo de oro ilegal
El kilo de oro ilegal puede alcanzar los 100 mil dólares en el mercado negro, superando con creces al narcotráfico, según el Mininter. (Composición Infobae/ Fotos Sector Minero Energético/Política Exterior)
Los efectivos añadieron que apenas disponen de 40 vehículos para sus operativos, cuando se requieren al menos 200 para cubrir las principales zonas afectadas. “Se combate de manera desigual con organizaciones criminales que manejan mucho más presupuesto que la Policía”, enfatizaron.

De los S/63,2 millones asignados en 2025, solo S/15 millones llegaron a la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, unidad especializada en enfrentar la minería ilegal. El resto fue distribuido en otras dependencias, diluyendo la capacidad operativa.

Operativos limitados frente a un negocio millonario
En lo que va del año, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP realizó 3.860 operativos a nivel nacional, de los cuales 1.360 estuvieron vinculados directamente a la minería ilegal. Se incautaron maquinarias, motores, combustible y armas por un valor cercano a S/2.000 millones.

Más de cinco horas duró el operativo en La Libertad, donde se incautó armamento militar usado por grupos armados que protegían actividades de minería ilegal.
A pesar de los resultados, las autoridades reconocen que el impacto sigue siendo limitado, ya que la estrategia se concentra en los eslabones más débiles de la cadena: los mineros ilegales en los socavones. Los grandes exportadores que adquieren el oro ilícito, sin embargo, permanecen fuera del radar de las operaciones.

Estado de emergencia y fondos mal distribuidos
Tras la masacre en Pataz, el gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia e incorporó S/52,6 millones adicionales para intensificar la fiscalización del transporte de insumos químicos y explosivos.

De ese monto, S/26 millones fueron transferidos a las Fuerzas Armadas, mientras que apenas S/6 millones se dirigieron a la Policía Nacional, institución que cuenta con personal especializado en minería ilegal.
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