Perú

Proyecto Tía María en Arequipa: Cierran paso por protesta en Tambo

Primer día de huelga indefinida en Tambo contra Tía María. Foto: GEC.
Diario Correo 17/02/2025
Varios pobladores del valle de Tambo, en la provincia de Islay, se movilizaron en el primer día de huelga indefinida, convocado por dirigentes de Cocachacra exigiendo la cancelación definitiva de las iniciativas de Southern Perú para el proyecto minero Tía María y La Tapada.

Los agricultores se reunieron en la plaza San Francisco durante la mañana y cerca al mediodía se movilizaron hasta el sector Boquerón, de Deán Valdivia, donde la vía fue bloqueada hasta altas horas de la tarde de ayer.

BLOQUEO
Varios vehículos de transporte personal, buses interprovinciales, quedaron varados por varias horas en la zona. Debido a este bloqueo, un grupo de hinchas del Independiente Santa Fe se quedaron en la zona por más de tres horas, a la espera de poder llegar a Chile y alentar a su equipo que juega hoy.

Los agricultores ratificaron que este proyecto afectaría el territorio agrícola y sus recursos hídricos, además de afectar la salud de los pobladores.

Miguel Meza, uno de los dirigentes, afirmó que la medida de lucha continuará este martes y de acuerdo a la población, podría llegar hasta la vía Cachendo. Además, comunicó que transportistas también se sumarían a la huelga indefinida y esperan que la presidenta Dina Boluarte los escuche.

La Asociación de Pescadores Artesanales de Camaroneros de Cocachacra se sumó a la medida de protesta.
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/proyecto-tia-maria-en-arequipa-cierran-paso-por-protesta-en-tambo-noticia/

Litio, Mexico

Litio para México dará detalles del “Plan Sonora”

Funcionarios del Inai fueron separados de sus cargos después de que se informara de un presunto caso de extorsión.
El Inai seguirá en funciones hasta que se aprueben las leyes secundarias en materia de transparencia y datos personales.foto: cuartoscuro Moisés Pablo Nava
17/02/2025

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instó a la empresa Litio para México a entregar detalles de los planes para la construcción de la planta fotovoltaica y de energía renovable “más grande de América Latina”.

Una persona solicitó a la empresa Litio para México información sobre los planes a ejecutar, sin embargo, el sujeto obligado respondió que no tenía información al respecto e instó al peticionario a canalizar su solicitud al gobierno de Sonora.

Y es que la construcción de dicha planta es parte del “Plan Sonora de Energías Sostenibles”.

No obstante, después de un análisis, los comisionados del Inai avalaron, por unanimidad, el proyecto de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, el cual instó a la empresa a realizar una nueva búsqueda debido a que se encontró que participa en dicho plan.

“A pesar de que Litio para México no es la única dependencia relacionada con el famoso ‘Plan Sonora de Energías Sostenibles’ hay evidencias claras de su participación”, expuso Del Río Venegas.

Designaciones

Por otra parte, el pleno del Inai aprobó las designaciones de Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu como secretario de Protección de Datos Personales; Haydee Samantha García Camarena, titular de la Dirección General de Prevención y Autorregulación; María Fernanda Hernández Enríquez, directora general de Capacitación y Víctor Manuel Castro Borbón, director general de Protección de Derechos y Sanción.

Sin embargo, este último nombramiento generó desacuerdos en el pleno, debido a que el funcionario mantiene un amparo que le permite percibir un salario superior al de la presidenta de la República.

Además, la comisionada Del Río Venegas, quien se opuso a la elección, indicó que su voto era en contra de la designación de Castro Borbón, debido a que su permanencia en el cargo contradice los principios de la Ley de Austeridad Republicana y representa una falta de congruencia con las políticas salariales aplicadas al resto de los trabajadores del organismo.

Castro Borbón es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y especialista en Derecho Penal y Criminología. Ha tenido cargos en el Tribunal Electoral federal. En el Inai, se desempeñaba como director de Sustanciación de Procesos en la misma dirección que ahora liderará.

Es oportuno recordar que las destituciones de Jonathan Mendoza, en la Secretaría de Protección de Datos Personales, y Miguel Novoa Gómez, en la Dirección general de Protección de Derechos y Sanciones, fueron tras ser señalados por un presunto intento de extorsión contra la Federación Mexicana de Fútbol para obtener boletos para el Mundial 2026, a cambio de reducir una multa impuesta por irregularidades en el manejo de datos personales.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/litio-mexico-dara-detalles-plan-sonora-20250217-746632.html

Bolivia, Litio

Litio: 17 años de promesas, descontentos y más de $us mil millones invertidos

Evo Morales(2006-2019) y el actual presidente Luis Arce, muestran el carbonato de litio, extraído de las salmueras del Salar de Uyuni
Evo Morales, cuando era presidente, suscribió al menos tres contratos con empresas chinas para la explotación de evaporíticos en Uyuni y Coipasa, pero tuvo que anular una sociedad con la alemana Acisa. Ahora, Arce sigue sus pasos con chinos y rusos.
Yolanda Mamani Cayo
16/02/2025
El litio, el ‘oro blanco’ que tiene el Salar de Uyuni, hizo pasar momentos difíciles al expresidente Evo Morales (2006-2019) y también complica al actual mandatario Luis Arce, —ambos elegidos por el MAS— quienes en sus casi dos décadas en el poder, proyectaron desde 2008 la explotación e industrialización del litio y otros recursos evaporíticos. El ambicioso plan enfrentó desde denuncias de corrupción hasta irregularidades en la suscripción de los contratos internacionales.

Han pasado 17 años. Al inicio fueron 5,7 millones de dólares para financiar la construcción de una planta piloto destinada a extraer litio a orillas del Salar de Uyuni; luego se hablaron de otros elevados montos para dar continuidad al proyecto de “romper la maldición de ser productor de las materias primas”, según solía decir Álvaro García Linera cuando era vicepresidente (2006-2019).

Hoy, ni la estratégica empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ni el Ministerio de Hidrocarburos y Energías han dado cuenta del monto total que el Banco Central de Bolivia (BCB) aportó para esta apuesta en calidad de “crédito extraordinario”.

Eso sí, según fuentes oficiales, se conoce que el Órgano Ejecutivo dispuso de al menos 6.860 millones de bolivianos, es decir, unos 1.000 millones de dólares, de acuerdo al cambio oficial, sin tomar en cuenta la devaluación y la apreciación de las divisas de estos dos últimos años.

Pero en esta entreverada historia de cientos de miles de millones de bolivianos o dólares, también son protagonistas consorcios empresariales de al menos seis países que, a lo largo de estos años, no solo pusieron sus ojos en las reservas del Salar de Uyuni (Potosí), sino también en el Salar de Coipasa (Oruro). Entre esos países están China, Alemania, Rusia, Francia, Austria e Irán.

Para los potosinos, representados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras organizaciones campesinas e indígenas, las reservas del Salar representan una oportunidad histórica para su desarrollo.

“No quiero que Potosí siga siendo la vaca lechera del país”, dijo el jueves la diputada Mónica Torres (CC) al momento instalar una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa para rechazar los nuevos contratos que firmó Arce con empresas de China y Rusia.

La histórica explotación de la plata y de otros minerales han aportado al desarrollo de la España colonial y, posteriormente, de Bolivia, pero sin dejar réditos al departamento. Así recoge la historiografía ampliamente debatida. Se suma al debate los indicadores de desarrollo humano que sitúan a la región en un nivel de pobreza extrema. Por eso, desde que se descubrió el litio, hace unos 50 años, es un tema clave e irresuelto para Potosí.

Sucedió, primero con la firma del contrato con la Lithium Corporation (Lithco), en el gobierno de Jaime Paz (1989-1993), después con el pacto entre YLB y el consorcio alemán ACI-Systems Alemania (Acisa) en 2018.

El acuerdo era por más de 60 años y, aunque supuestamente tenía aspectos ventajosos respecto al mercado, los potosinos lo rechazaron porque, además, exigían más regalías.

En 2019, Evo Morales tuvo que romper el acuerdo, pero lo hizo en un contexto de crisis política marcada por las denuncias de fraude electoral que gatillaron su renuncia a la presidencia.

Ahora bien, los contratos firmados por el actual Gobierno con el consorcio chino Hong Kong CBC y la empresa rusa Uranium One Group generan dudas.

Desde la planta piloto

En 2008, Evo aprobó el Decreto Supremo 29496. Declaró prioridad nacional la explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni y asignó “un presupuesto de $us 5.700.000” para la ejecución de ese proyecto piloto.

Esa norma también creó la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia, dependiente de Comibol y estaba bajo la tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia. Ese monto se cuadruplicó. La planta piloto de carbonato de litio en Llipi, inaugurada en 2013, demandó una inversión de 19 millones de dólares. Incluyó la infraestructura civil, piscinas y un laboratorio para análisis de sales y salmueras.

La premisa del gobierno de Evo era que el proyecto de industrialización del litio se ejecute enteramente con recursos del Estado, vía crédito del BCB y de las Reservas Internacionales. El 21 de octubre de 2010, anunció que la estrategia de industrialización del litio, en sus tres fases iba a costar 902 millones de dólares.

En la primera fase (2008-2017), la Dirección de Recursos Evaporíticos se convirtió en Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos. En 2017, el Gobierno creó YLB.

Quiebre

Tras la fractura política del MAS, Arce cuestionó el proyecto desarrollado a través de piscinas. En abril de 2024, el entonces ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo que entre 2008 y 2019, el Estado invirtió 4.871 millones de bolivianos para industrializar el litio y solo se recuperaron 98,9 millones de bolivianos. Las cifras no guardan relación con los anuncios de Evo.

“Desde 2013 a 2020 se ejecutaron 4.871 millones de bolivianos con créditos del Banco Central, total de ingresos 98,9 millones de bolivianos”, decía Molina y aseguró que el Estado no iba a recuperar la inversión “ni en 50 años”.

En tanto, entre 2021 a 2024, en la gestión de Arce, Molina aseguró que la inversión para el proyecto del litio en la estatal YLB fue de 1.346 millones de bolivianos.

Según el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, para este año el Gobierno dispuso 510.684.367 bolivianos para las tareas de la empresa estatal YLB.

Imagen
El Complejo de plantas del proyecto de insdustrialización del litio del Salar de Uyuni
Tomando en cuenta esos montos de los últimos 17 años, el proyecto de industrialización de los recursos evaporíticos, desde la instalación de la planta piloto hasta hoy asciende a 6.860 millones de bolivianos.

Los favoritos de Evo y Arce

Así como Arce firmó contratos con empresas chinas para el proyecto de industrialización, el expresidente Morales también priorizó tratos con los asiáticos.

Por ejemplo, en mayo de 2016, con una propuesta de financiación de 1.2 millones de bolivianos, “la empresa china CAMC Enginering Co. Ltd. Bolivia Branch, se adjudicó la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta Industrial Sales de Potasio”, se lee en un boletín de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.

Según YLB, la firma china terminó su trabajo en 2018, aunque la planta hasta 2022 operaba en un 16% de su capacidad.

El 16 de mayo de 2018, el entonces ministro de Energías Rafael Alarcón confirmó que la empresa china Maison Engineering se adjudicó la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en el Salar de Uyuni, por un monto de 96 millones de dólares.

El 6 de febrero de 2019, YLB informaba que el Gobierno seleccionó a la empresa china Xinjiang TBEA Group como “socio estratégico” para el desarrollo de proyectos de industrialización del litio en los que se debía invertir 2.300 millones de dólares.

Este consorcio chino fue elegido en alianza con América Baocheng Desarrollo y Tecnología del Salar, conformada en Bolivia, para financiar y ejecutar proyectos en el salar de Coipasa, en Oruro, y de Pastos Grandes.

En la era de Arce, en noviembre de 2024, YLB y la china Hong Kong CBC firmaron otro contrato para construir dos plantas de producción de carbonato de litio, con el sistema de Extracción Directa de Litio (EDL), con una inversión de 1.030 millones de dólares. La primera planta prevé producir 10.000 toneladas al año y la segunda 25.000 toneladas.

En septiembre de 2024, YLB y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el primer contrato para para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, utilizando la tecnología EDL (Extracción Directa de Litio, diferente a las piscinas de Evo) con una inversión prevista de 970 millones de dólares.

En junio de 2024, el presidente Arce anticipaba que la firma rusa empezaría a producir carbonato de litio con el sistema EDL a partir de este año. No fue el único acuerdo suscrito con los rusos y existe una importante coordinación con empresas de esa nación.

ANÁLISIS

El nuevo gobierno debe ver tema del litio

Jimmy Osorio

Analista económico

Lo más sano es esperar al nuevo Gobierno y lo primero que debería haber hecho Yacimientos de Litio Bolivianos es socializar, informando sobre los beneficios y también los perjuicios sobre todo que va a tener el medio ambiente en la región.

Lo más aconsejable es que se deje en estatus quo porque los beneficios no se obtendrán de manera inmediata, puede demorar por lo menos entre cinco a diez años hasta que Bolivia cobre su primer dólar por la exportación del litio.

Entiendo la desesperación de la población potosina porque piensa que sus recursos naturales pueden ser regalados a esa empresa china, pero no va a ser de manera inmediata, además estos contratos tienen que ser revisados por la Asamblea Legislativa.

El Gobierno de Arce tiene menos de ocho meses y seguramente el próximo presidente y la próxima Asamblea Legislativa van a revisar. No hay forma de que el Estado se vea atado

El Gobierno ha fallado porque antes de firmar un contrato, antes de mandar a la Asamblea, debería haber socializado el proyecto de explotación del litio. Por eso, reitero, lo más sano y saludable era socializar los beneficios económicos, de desarrollo humano y también socializar el impacto ambiental.

Pero el Gobierno aun está a tiempo de hacer una pausa que es lo más recomendable, además hay temas más urgentes que debemos resolver como es el tema de la economía, el incremento en el precio del transporte, del pan.

Estamos viviendo una época electoral, el presidente se ha apresurado mucho, no es el tiempo y si es que el señor Arce decide ser candidato, este conflicto por el litio le va a restar apoyo. Los temas de larga data ya son competencia del nuevo gobierno, este gobierno debería estar ordenando la casa para dejarla ordenada y limpia.
https://eldeber.com.bo/pais/litio-17-anos-de-promesas-descontentos-y-mas-de-us-mil-millones-invertidos_503878/

Bolivia, Litio

Plan del gobierno de Bolivia para explotar litio con firmas china y rusa genera un baño de silbidos

Manifestantes gritan proclamas contra el gobierno en protesta por los contratos firmados para la explotación de litio con un consorcio chino y una empresa rusa, en La Paz, Bolivia, el jueves 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Juan Karita)
ASSOCIATED PRESS
13/02/2025
LA PAZ, Bolivia (AP) — Un baño de silbidos recibieron el jueves las autoridades del gobierno del presidente Luis Arce en su primer intento de acercar a la población su plan para producir carbonato de litio con un consorcio chino y una empresa rusa. El encuentro organizado en Potosí, donde se hará la extracción minera, se suspendió tras más de dos horas de gritos y abucheos.

En noviembre del año pasado, la empresa estatal de Bolivia YLB firmó un contrato con un consorcio chino —Hong Kong CBC— para construir dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería con una inversión de 1.030 millones de dólares. En septiembre, se firmó otro acuerdo con una empresa rusa —Uranium One Group (UOG), subsidiaria de la gigante Rosatom— para la instalación de una planta industrial adicional.

La polémica se acentuó la semana pasada cuando una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa china para que posteriormente pase a ser tratado por el pleno de la Cámara Baja, donde el partido de gobierno tiene el control.

Como reacción, el lunes se realizó una masiva marcha en contra de estos planes, con los que el gobierno pretende acelerar la industrialización del litio y que es la mayor apuesta del país para salir del difícil momento económico tras la caída de las exportaciones de hidrocarburos.

“Qué se anulen los contratos, qué se anulen ”, gritaban varios de los asistentes al evento en el que las autoridades buscaban dar a conocer los puntos de los cuestionados contratos en un teatro de la ciudad de Potosí, al sur de Bolivia, donde mayor rechazo han recibido.

En Potosí está una de las reservas más grandes litio.

En el evento de presentación estaban Omar Alarcón, el presidente ejecutivo de la empresa estatal Yacimiento de Litio Bolivia (YLB), así como Raúl Mayta, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos y Álvaro Arnez, viceministro de Energías Alternativas.

Las manifestaciones de rechazo, con silbidos y gritos constantes, impidieron a los funcionarios explicar en su totalidad el alcance del contrato y el acto terminó siendo suspendido, dijo el el presidente del Comité Cívico de Potosí, Alberto Pérez. Su gremio no acudió al acto porque critican que las autoridades no escuchan las observaciones.

Entre las críticas que ha recibido el gobierno es que las plantas no tienen un permiso ambiental y que no cuidan el agua en un lugar árido. El presidente de YLB, argumentó que mientras los contratos no estén aprobados no se puede hacer un “diseño de factibilidad y ”no podemos hacer ninguna licencia ambiental”.

Las autoridades también aseguraron que el Estado tendrá el control de un 100% de la comercialización del litio.

Ante los cuestionamientos sobre las bajas regalías que recibirá Bolivia por la explotación minera, Alarcón preguntó de dónde habían sacado esa conclusión ya que no se había definido ninguna cifra.

El presidente del Comité Cívico de Potosí recordó que la ley minera prevé unas regalías del 3%, lo que es criticado por insuficiente por los sectores que se oponen a los contratos.
https://apnews.com/article/bolivia-litio-protestas-contratos-5e4e5eda7b701f7effeee73f0259548d

Republica Dominicana

Defendiendo la vida, el agua y el oro! Coordinadora Nacional Popular convoca jornada de protestas contra la Barrick Gold

Nino Germán Pérez 05/02/2025
República Dominicana.-La Coordinadora Nacional Popular y diversas organizaciones sociales y ambientales anunciaron una serie de movilizaciones y protestas en contra de la minería a cielo abierto y las operaciones de la empresa Barrick Gold en República Dominicana.

Durante una rueda de prensa en el Colegio Médico Dominicano, los representantes de estos colectivos llamaron a la población a manifestarse en defensa del agua, la salud y el medio ambiente.

Las protestas incluirán marchas, caravanas y huelgas en distintas regiones del país, con el propósito de denunciar lo que consideran un saqueo de los recursos naturales y una amenaza para las comunidades afectadas por la actividad minera.

Calendario de movilizaciones:

Del 7 al 9 de febrero:
Recorridos en comunidades del Noroeste en defensa del agua y la vida, en rechazo a la minera Unigold.

10 y 11 de febrero:
Huelga general en Moca contra los abusos de la Barrick Gold y las promesas incumplidas del gobierno.

11 de febrero:
Piquete a las 10:00 a.m. frente al Ministerio de Industria y Comercio en protesta por los apagones y el alto costo de la vida.

19 de febrero:
Desde las 5:00 a.m. marchas y caravanas simultáneas hacia las instalaciones de la Barrick Gold en Cotuí y movilizaciones en la Autopista Duarte y en diferentes puntos del país contra la explotación minera.

Además, en los primeros días de marzo, se llevará a cabo un Encuentro Nacional de Coordinación de Comunidades Afectadas por las Mineras, donde se debatirán nuevas acciones y estrategias. También, el movimiento aprovechará el Día Internacional de la Mujer para manifestarse en las calles en defensa de los derechos humanos y ambientales.

Las organizaciones denunciaron que la expansión minera y la construcción de una nueva presa de cola de la Barrick Gold representan un grave peligro para la salud y el sustento de miles de familias en Cotuí y otras regiones del país.

Asimismo, advirtieron sobre el impacto negativo de otras empresas mineras, como Falcondo, Gold Quest, Unigold y Belfond, que, según afirmaron, ponen en riesgo las fuentes de agua, la agropecuaria y la biodiversidad en el Cibao, el Suroeste, la Línea Noroeste, el Este y el Gran Santo Domingo.

“El oro que se extrae no beneficia a la población dominicana, sino a las grandes corporaciones y a los políticos corruptos”, indicaron los voceros del movimiento, quienes criticaron la complicidad del gobierno con las mineras y el impacto económico que esto genera en la población con altos costos de vida, apagones y privatización de servicios esenciales.

Defendiendo la vida, el agua y el oro! Coordinadora Nacional Popular convoca jornada de protestas contra la Barrick Gold

Bolivia, Litio

Rechazo ciudadano a contratos de litio demuestra desconfianza en el Gobierno

18/02/2025
Diputado Alberto Astorga (CC) CREDITOS / RRSS
Ante los constantes incidentes y confrontación en eventos organizados para la socialización de los contratos para la explotación del litio, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, señaló que la ciudadanía rechaza estos convenios porque no confía en el gobierno central, en esa línea, sostuvo que corresponde dejar el tratamiento de este tema a una próxima administración.

“Creo que ya no es necesario ningún tipo de socialización, se observa que la ciudadanía está reprochando estos contratos y lo que corresponde es su anulación. La gente ya no quiere que se le explique sobre la posible enajenación de nuestros recursos naturales”, aseguró el diputado.

Señalando que ningún proceso de socialización puede justificar la entrega del litio a una empresa china, Astorga aseguró que nuevamente quedó demostrado que el gobierno del Movimiento al Socialismo no cuenta con la confianza de la gente, hecho que obliga a demandar el tratamiento del tema litio bajo otra administración.

“La Asamblea Legislativa debe archivar estos contratos. Solo en una nueva gestión, con un nuevo gobierno, se podrán analizar de manera responsable y transparente todos los aspectos relacionados con el litio”, agregó.

El fin de semana, el ministro de Educación, Omar Veliz, y la diputada oficialista Elsa Ali, fueron expulsados abruptamente del ampliado de la Central Única de Comunidades Originarias de Nor Lípez, evento en el que se tenía previsto debatir los contratos de explotación de litio firmados con la empresa china CBC y la rusa Uranium One Group.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observó la forma en que pobladores de esta localidad ingresaron repentinamente a las instalaciones donde se realizaba el acto, para increpar a la autoridad e impedir se dé inicio a la explicación preparada. Veliz fue retirado del lugar a empujones.

Rechazo ciudadano a contratos de litio demuestra desconfianza en el Gobierno

El Salvador

Desplazamientos forzados y crisis ambiental, el precio de reactivar la minería en El Salvador

La medida impulsada por Bukele fue aprobada en una sesión exprés
Stanley Luna
04/02/2025
Imagen: EFE
El desplazamiento de comunidades y la profundización de una crisis hídrica son solo dos de las consecuencias a corto plazo que traería para El Salvador la reactivación de la minería metálica. La industria minera estuvo prohibida en el país centroamericano desde 2017 hasta el pasado 23 de diciembre, cuando el Congreso -donde el presidente Nayib Bukele tiene mayoría- revirtió dicha prohibición en una sesión plenaria exprés. Esta reactivación ocurre justo al mismo tiempo en que la Justicia profundiza la persecución contra los ambientalistas de las zonas donde la minería podría establecerse primero.

“La minería puede dejar a El Salvador como la superficie de la luna dentro de poco tiempo. La minería a nivel industrial desplaza a poblaciones, deja a gente sin sus lugares de origen. Realmente es una situación que nos hace cuestionar si será viable sostener la vida en un país”, advierte Andrés Mckinley, experto en agua y minería de la vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.

Mckinley estudia los efectos de la minería en América y África, y ejemplifica de forma básica los daños que esta industria traería para El Salvador: para lograr el oro equivalente a un anillo se necesitan procesar 20 toneladas de roca. Por lo tanto, en tres años, el suelo salvadoreño estaría lleno de cráteres parecidos a los de la luna.

Para volver a legalizar la minería, las y los diputados no realizaron ninguna consulta pública y el Gobierno dejó bajo reserva los supuestos estudios científicos realizados para justificar dicha actividad a escalas industriales. Para darse una idea, la extensión territorial de El Salvador es mucho menor a la de Uruguay.

Según Mckinley no solo su geografía hace inviable esta actividad a gran escala, sino que además la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas considera a El Salvador uno de los países en América Latina con mayor deterioro ambiental por la destrucción de sus bosques nativos y sus suelos a causa de malas prácticas agrícolas.

En ese sentido, dice el especialista, hay estudios que establecen que en los últimos cinco años se ha agudizado la crisis hídrica por la baja disponibilidad de agua por personas en El Salvador: de 3 mil metros cúbicos pasó a 1,700 metros cúbicos anuales. Cualquier mina industrial necesita hasta seis millones de litros de agua diarios para funcionar.

Ni hablar de las secuelas químicas que la industria puede dejar, como las lagunas de cianuro que quedan como residuo de la actividad minera, tardan en disolverse y pueden llegar a los mantos acuíferos subterráneos. Mckinley destaca que basta con lo equivalente a un grano de arroz de cianuro para morir por envenenamiento.

Redes sociales versus ciencia
El 27 de noviembre, Bukele publicó en la red social X que El Salvador tenía “los depósitos de oro con mayor densidad por km2 en el mundo”, al tiempo de que trató de “absurdo” que fuese el único país a nivel mundial que hasta entonces prohibía la minería.

En menos de un mes, el Congreso revirtió esa prohibición y entonces cientos de personas y organizaciones comenzaron a organizarse para oponerse a la medida, como la manifestación masiva convocada el 19 de enero en la capital salvadoreña, San Salvador; y la actual recolección de firmas para expresar el rechazo a esta decisión inconsulta.

De acuerdo con la última encuesta presentada por la Universidad Francisco Gavidia, la decisión de permitir la minera coincide con la mayor caída de la imagen de Bukele en casi seis años como mandatario, de 8.4% al 7.7%.

Y es que el mandatario salvadoreño asegura, sin publicar estudios, que en un 4% del área potencial estudiada para la minería identificaron 50 millones de onzas de oro, pero que, en su totalidad, la reserva de oro del país equivale a 3 billones de dólares. Sin embargo, recientemente Steven Emerman, experto en hidrogeología y consultor internacional de minería, publicó un artículo en la página de la organización Heinrich-Böll-Stiftung en el que compara las reservas mundiales de oro y su valor económico, para concluir que las publicaciones de Bukele son “inconsistentes” respecto a datos globales.

Defensores ambientales en la mira
Días antes de la reactivación de la minería metálica en El Salvador, el 27 de noviembre una cámara penal revirtió el fallo por el que, en septiembre pasado, habían sido absueltos seis personas acusadas del asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil e interna salvadoreña (1980-1992). Cinco de los procesados son defensores ambientales de la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas, a casi 50 kilómetros de la capital y que es referente en la lucha antiminera. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales consideran que la causa judicial se trata de una persecución por su trabajo de activistas.

Desde que estos defensores ambientales fueron detenidos, la comunidad Santa Marta señaló que el objetivo del Gobierno era la reactivación de la minería en El Salvador, algo que no muchos creyeron. Esto es lo que cuenta Peter Natarén, presidente de la Cooperativa Santa Marta y miembro de la Mesa Nacional contra la Minería, creada en 2003. Además, se trata de un proceso irregular reabierto en la administración del fiscal general Rodolfo Delgado, colocado en su cargo por los y las diputadas afines a Bukele sin un proceso constitucional.

Natarén señala que las detenciones de los ambientalistas hicieron más fuertes las sospechas de la reversión de la minería, ya que nunca habían escuchado a Bukele pronunciarse a favor del ambientalismo. Asimismo, agrega Natarén, los terrenos que vecinos de Cabañas habían adquirido a Pacific Rim -una minera canadiense que en 2016 perdió un arbitraje internacional contra El Salvador- fueron comprados por empresas supuestamente financiadas con fondos extranjeros y también, en 2022, a la zona llegaron representantes de la minera Titan Resources Limited -con sede en el país vecino de Honduras y Perú- a ofrecerles gratuitamente invernaderos y estanques de peces a algunos vecinos, sin dejar rastro del origen de lo fondos de esos proyectos.

Pero la alerta se activó cuando Bukele hizo públicas sus intenciones de volver a la minería a través de las redes sociales, porque en Cabañas la lucha contra la prohibición de esta industria conllevó al asesinato de cuatro ambientalistas. “Para ellos, los ambientalistas de Santa Marta son un peligro, porque pueden generar un movimiento de resistencia. Por eso los habrían capturado previamente”, sostiene Natarén.

Ahora el escenario para la lucha contra la minería es diferente. Si bien la exploración minera aún no comienza, diversas investigaciones periodísticas dan cuenta del desplazamiento de comunidades campesinas en el centro y en el oriente del país por la ejecución de otros proyectos públicos y privados bajo el aval del Gobierno.

Bukele fue reelecto en 2023, pese a que la Constitución prohíbe las reelecciones inmediatas de los mandatarios, y mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción en respuesta a la violencia pandilleril, una medida que se caracteriza por la militarización de los espacios públicos y que fue denunciada internacionalmente por la violación sistemática de derechos humanos.

Desde 2021 logró la cooptación del Estado, destituyendo por medio de un Congreso afín, al fiscal general y a la Sala de lo Constitucional de la Corte, para imponer a Delgado y otros funcionarios simpatizantes del Gobierno.

En este contexto y ante el descontento social, según Natarén, Bukele solo tiene dos posibilidades con la minería: hacer uso de la Fuerza Armada para avanzar con esta industria o retroceder si la sociedad civil presenta una demanda a la Corte, la cual también depende de él. “Es un tipo bastante egoísta, que no quiere escuchar a la iglesia, a las universidades ni a sus propios votantes. Miles que lo votaron no lo aprueban en este tema”, concluye Natarén.
https://www.pagina12.com.ar/801513-desplazamientos-forzados-y-crisis-ambiental-el-precio-de-rea

Perú

ESPINAR: JUSTICIA PARA SERGIO HUAMANÍ, ABSUELTO EN DEMANDA PRESENTADA POR GLENCORE ANTAPACCAY

www.conflictosmineros.org.pe – Alerta informativa
04/02/2025
En un fallo trascendental para la defensa de la libertad de expresión, en segunda instancia por el Juzgado Penal Unipersonal de Espinar absolvió a Sergio Huamani Hilario, quien fue querellado por la Compañía Minera Antapaccay S.A. bajo el expediente 00118-2023-0-1009-JR-PE-01 por el presunto delito de difamación calumniosa agravada.

La querella se originó a raíz de declaraciones emitidas por Huamani Hilario el 5 de marzo de 2023 durante el evento político cultural a la memoria del líder social Oscar A. Mollohuanca Cruz. La compañía minera alegó que dichas afirmaciones afectaban su derecho al honor y la buena reputación.

Sin embargo, tras evaluar los argumentos y las pruebas presentadas, el tribunal concluyó que las expresiones emitidas por Huamani Hilario se enmarcan dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, conforme a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el juzgado señaló que la restricción penal al derecho de expresión debe cumplir con requisitos de legalidad, proporcionalidad y necesidad en una sociedad democrática, los cuales no se evidenciaron en este caso.

La resolución judicial establece que se absuelve a Sergio Huamani Hilario del delito de difamación calumniosa agravada en agravio de la Compañía Minera Antapaccay S.A., ordenando el archivo definitivo del proceso y la anulación de los antecedentes generados por esta causa. Asimismo, el juzgado ha determinado que la demanda interpuesta por la empresa no tuvo argumentos suficientes.

El tribunal destacó que las expresiones atribuidas al querellado no contenían una imputación específica y directa de delito, y que el contexto en el cual se pronunciaron forma parte de un debate de interés público. Además, se tomó en cuenta que la muerte de Oscar Mollohuanca, exalcalde de Espinar y reconocido líder social, fue un hecho de alto impacto en la comunidad, generando preocupación y debate público.

La decisión del juzgado sienta un precedente relevante sobre la protección del derecho a la libertad de expresión en contextos de discusión pública, especialmente en territorios donde la actividad minera genera conflictos socioambientales. Asimismo, reafirma el criterio de que las restricciones a este derecho fundamental deben ser excepcionales y estar justificadas por una necesidad social.

Este fallo representa un avance en la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, particularmente en la protección de la libertad de expresión. Refuerza la importancia del debate libre y abierto sobre temas de interés colectivo, permitiendo que las voces críticas puedan manifestarse sin temor a represalias, lo que contribuye al fortalecimiento de la democracia y la transparencia en la discusión pública.

Chile

Aymaras de Tarapacá luchan en tribunales contra expansión de mina Collahuasi, tercera más productiva de Chile

María del Mar Parra 01/02/2025
Tribunales Ambientales deberán determinar el futuro de la minera Collahuasi, que busca extender su operación por 20 años más mientras comunidades aymara acusan que fueron excluidas de la evaluación ambiental. En una causa paralela, comunidades costeras le imputan daño ambiental a la minera en el mar.
Entre las tres mayores productoras de cobre del país, la minera Doña Inés de Collahuasi que opera desde 1999 en Pica, Tarapacá, busca extender su operación por 20 años más. Pero comunidades aymara de la zona están llevando adelante una oposición ante la justicia, además de una demanda por daño ambiental contra la empresa.

La ampliación contempla una inversión de US$ 3.200 millones y obtuvo su permiso ambiental en 2021, luego de lo cual el Comité de Ministros ratificó la aprobación del proyecto. Ahora, enfrenta ante el Segundo Tribunal Ambiental alegatos de comunidades Aymara tanto de la zona cordillerana como de la costera, debido a los impactos del mineroducto que lleva el concentrado de cobre a la costa para su exportación.

sindicato advirtió que no tolerarán «régimen de precarización»
Las comunidades que acudieron a la justicia alegan que fueron ilegalmente excluidas de la evaluación de impactos del proyecto, y que la caracterización que se hizo del medio humano tiene información insuficiente sobre las actividades tradicionales que realizan en la zona, y que se verían impactadas por la minería. Las comunidades costeras también reclaman que no se las incluyó y que no se consideró la totalidad de la vida marina en la zona.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, sostienen que las comunidades en cuestión no serán afectadas y que entrevistas con otras familias Aymara les ayudaron a determinar que los usos tradicionales como el pastoreo en movimiento ya no se realizan en la zona de influencia del proyecto minero.

Demanda por daño ambiental
Parte de la preocupación de las comunidades sobre la expansión minera surge a raíz de eventos previos que están siendo juzgados paralelamente por el Primer Tribunal Ambiental: comunidades indígenas y pesqueras de la costa, donde el concentrado de cobre de la minera llega a través de un mineroducto, demandaron a la empresa por daño ambiental.

Los pescadores aymara alegan que la operación de la empresa en la costa, en la zona de Punta Patache y Caleta Patache, ha contaminado el mar con metales pesados, afectando los sedimentos marinos y reduciendo la biodiversidad marina de la zona.

Desde la empresa declaran que los demandantes no lograron comprobar que las acciones de la empresa generaron el daño en el mar. El Primer Tribunal Ambiental recibió los alegatos finales durante los últimos días de enero, y tras un intento de conciliación fallida entre ambas partes, deberá emitir un fallo.

Otro antecedente que también lleva a las comunidades a temer por el impacto minero, es que la empresa Collahuasi fue sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente, que constató 14 infracciones ambientales de la minera. Para subsanar estas faltas, la empresa está ejecutando un plan de inversión de $ 50.400 millones, aprobado en 2022.

Las infracciones tienen relación con la extracción de agua en zonas que presentaron una reducción de caudal mayor a la evaluada, y la falta de monitoreo sobre calidad de agua y afectación a las aves de la zona en el salar de Coposa, donde habitan tres tipos de flamenco.
https://eldesconcierto.cl/2025/02/01/aymaras-de-tarapaca-luchan-en-tribunales-contra-expansion-de-mina-collahuasi-tercera-mas-productiva-de-chile

Chile, Litio

Aguas fósiles: El desconocido tesoro del desierto que peligra con la minería de litio

Francisca Lopez 31/01/2025
Bajo la aridez del desierto de Atacama, un frágil sistema de aguas subterráneas sustenta lagunas, salares y humedales, patrimonio natural milenario que hoy se ve amenazado por la extracción de litio y una limitada investigación científica que impide concebir su impacto en el futuro.
Los paisajes del desierto de Atacama evocan tiempos primitivos. Sus aguas son vestigios de un pasado remoto, reservas cargadas de múltiples formas de vida que resisten hasta hoy en muchas formas y tamaños. Numerosas lagunas teñidas de rojos intensos, amarillos y verdes, dependiendo de los minerales que convocan, dan forma a un gran ecosistema asombroso y delicado.

Hace millones de años, los salares eran vastos lagos que cubrían extensas áreas del desierto y el altiplano. Con el paso del tiempo, la actividad volcánica, la erosión de las rocas, y la intensa radiación solar devinieron su evaporación, originando los espejos de agua prístina y costras salinas que conocemos hoy. Más abajo, los acuíferos se ramifican dentro de la tierra, dando sustento a este profundo entramado hídrico.

Estas aguas fósiles, o paleoaguas, sustentan diversas plantas nativas como la chachacoma, el pingo pingo y la yareta; al igual que los hábitats de especies emblemáticas como flamencos, gaviotas, vicuñas y microorganismos como las cianobacterias y los estromatolitos, asociados directamente al origen de la vida en la Tierra.

Asimismo, estos cuerpos hídricos han sido esenciales para las comunidades humanas desde que comenzaron a habitar el desierto hace miles de años, formando un sutil equilibrio ecológico y social en uno de los ecosistemas más áridos del planeta, del cual aún sabemos muy poco.

“Chile, un país profundamente vulnerable al estrés hídrico y a las sequías, encuentra en estos ecosistemas altiplánicos un símbolo de resiliencia, donde la vida persiste, se adapta y florece incluso en los entornos más inhóspitos”, señaló a Climate Tracker la experta en biodiversidad de Chile Sustentable, María Isabel Manzur.

“Proteger estos paisajes es proteger un legado viviente de resistencia, equilibrio y memoria natural”, subrayó la especialista, y es que proteger se ha vuelto una tarea especialmente compleja, porque estos pretéritos entornos son hoy el destino de la ambición global por el litio, un mineral abundante allí como en ningún otro lugar del mundo y clave para la transición energética.

En este contexto, Chile se propuso proteger un 33% de la superficie total de sus salares, lo que equivale a 1,5 millones de hectáreas. El resto, según la estrategia nacional trazada durante el actual gobierno de Gabriel Boric, serán abiertos a la explotación por parte del Estado o empresas privadas.

Proteger sin ciencia
Según el Código Minero de Chile, los salares son legalmente clasificados como depósitos de minerales no metálicos, lo cual permite su explotación para extraer litio, boro y otras sales. Esta definición ha sido cuestionada por la comunidad científica, que ven en ellos mucho más que recursos mineros.

“Los salares funcionan como sistemas integrados, donde cada parte está interconectada. Protegerlos de manera fragmentada equivale a desatender su complejidad ecológica”, explicó Manzur, en referencia, por ejemplo, a lo que ocurre en los salares Surire, Atacama y Maricunga, que solo reciben protección parcial.

Es como sacar agua de una tina: al extraer agua de un lado, el nivel desciende en toda la superficie, sin importar desde dónde se saque. “La línea que separa lo protegido de lo explotado resulta una ilusión, ya que un salar forma parte de una cuenca hidrográfica, un sistema integral e interconectado donde cada extracción afecta al todo”, puntualizó la experta.

El impacto del desconocimiento
En Chile, los salares se distribuyen en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Sin embargo, la investigación sobre estos ecosistemas ha sido históricamente limitada debido a factores culturales, la centralización del conocimiento y la falta de financiamiento.

Además, “estos territorios han sido percibidos principalmente como recursos para la industria minera”, indicó a Climate Tracker la microbióloga de la Universidad de Antofagasta, Cristina Dorador.

“Esta visión ha dificultado el desarrollo de investigaciones científicas necesarias para tomar decisiones ambientales informadas”, señaló la académica.

Por su parte, la encargada de investigación de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Javiera Pérez, advirtió que existe una deuda histórica en términos de investigación y conservación de las aguas del desierto. “El territorio ha sido relegado principalmente a la explotación minera, el vertido de relaves y, más recientemente, a la instalación masiva de infraestructuras de energía eólica y solar”, comentó a este medio.

Ambas investigadoras coinciden en que aún se desconocen los impactos ambientales de muchas tecnologías promovidas como “innovadoras”.

“Es fundamental realizar estudios exhaustivos, establecer líneas de base y coordinar acciones de manera transparente, incluyendo la participación ciudadana y la consulta a los pueblos originarios, quienes han habitado estos territorios durante milenios y poseen un conocimiento profundo de su entorno”, argumentó Pérez.

En este contexto, Dorador enfatizó la necesidad urgente de avanzar en investigaciones que permitan comprender mejor estos ecosistemas y diseñar estrategias de manejo sostenible para mitigar la pérdida de biodiversidad y preservar el patrimonio biocultural del altiplano.

“Con cada cuenca que se agota, también desaparece una historia y un legado que el desierto ha conservado durante siglos”, señaló la microbióloga.

El microbioma del desierto
Los salares son una huella de los primeros capítulos de la vida en la Tierra. En medio de vastas superficies salinas, una intensa radiación y escasez de oxígeno, emergen formas de vida que desafían los límites de lo posible.

Antes, estos ecosistemas eran considerados estériles, pero la investigación microbiológica ha cambiado esa percepción tradicional.

“Hoy se sabe que microorganismos como bacterias, arqueas y cianobacterias forman tapetes microbianos multicolores que colonizan las superficies salinas y los sedimentos. Además, participan en procesos biogeoquímicos esenciales, como la fijación de nitrógeno y la fotosíntesis, creando redes tróficas que sostienen a otros organismos”, explicó a Climate Tracker la investigadora del HUB ambiental de la Universidad de Playa Ancha, Verónica Moreno.

Esta diversidad microbiana se revela en tapetes que tiñen los salares con tonalidades púrpuras, rosadas y negras, donde ocurren complejos procesos biogeoquímicos. Un aspecto fascinante es su versatilidad metabólica, que les permite sobrevivir en entornos cargados de metales pesados como el arsénico y utilizar minerales para generar energía. Esto ha despertado un creciente interés científico, impulsando biotecnologías para la biorremediación y soluciones agrícolas en regiones áridas.

“Los entornos extremos albergan una asombrosa diversidad de microorganismos, capaces de adaptarse y diversificarse en condiciones únicas. Estos hallazgos no sólo abren nuevas posibilidades para la ciencia, sino que también arrojan luz sobre el origen de la vida”, señaló Dorador.

En unos pocos milímetros de espesor, estos microorganismos transforman materia inerte en vida, regulando ciclos esenciales para el agua y la biodiversidad que sustentan.

“Se cree que el origen de la vida podría estar vinculado a ambientes termales en el fondo del mar, bajo condiciones similares a las que existen hoy en los salares, posiblemente de forma simultánea en distintas regiones del planeta”, detalló Moreno. Por ello, comprender estos procesos nos acerca a resolver algunas de las mayores incógnitas de la ciencia.

Asimismo, los salares son muy valorados por las comunidades locales como espacios de significado cultural y propiedades medicinales. “Aguas termales y pozas específicas se utilizan tradicionalmente para depurar el cuerpo, una práctica ahora respaldada por investigaciones que identifican microorganismos con potenciales beneficios para la salud”, agregó Moreno.

Pese a la luz arrojada por estas investigaciones, el esfuerzo científico orientado a conocer más sobre los salares enfrenta grandes desafíos, como la falta de financiamiento y la monopolización de las narrativas, principalmente en manos de la minería.

Medidas de mitigación sin evidencia
Los salares son cuencas evaporíticas, eso significa que naturalmente se evaporan. Sin embargo, la actividad humana, como la minería de litio y los efectos derivados del cambio climático, están acelerando este proceso de manera alarmante.

Durante la extracción, el agua se evapora hasta obtener cloruro de litio, un recurso clave para procesos como la transición energética. “La evaporación del agua en el desierto más árido del mundo no es sustentable. De ella dependen numerosos ecosistemas y comunidades”, advirtió la bióloga de la ONG Defensoría Ambiental, Cynthia Escares.

Métodos como la reinyección de aguas tratadas, donde se regresa al medio la salmuera procesada, aún carecen de estudios sobre sus impactos potenciales.

“Esto ignora que el agua no es solo un líquido salado, sino una mezcla compleja de componentes químicos, físicos y biológicos. Alterar esta composición puede cambiar el pH, afectar a los microorganismos y romper el equilibrio ecológico del que dependen especies emblemáticas como las parinas, nombre con que las comunidades locales conocen a los flamencos”, explicó Escares.

Incluso los microorganismos extremófilos, adaptados a condiciones severas del desierto, no son inmunes a estos cambios, ya que su resistencia está ligada a parámetros específicos. “No se trata de que el agua sea más o menos salada, sino de mantener un equilibrio químico, biológico y físico que no puede restaurarse con una simple reinyección”, agregó.

La extracción desmedida de agua amenaza los ecosistemas de las cuencas endorreicas, donde el agua proveniente de los glaciares se almacena en lagunas y salares. “El agua que sustenta estos ecosistemas no se regenera; es un recurso formado a lo largo de millones de años. Lo que se evapora hoy, se pierde para siempre”, subrayó la investigadora.

Especies amenazadas
Chile alberga tres especies de flamencos cuyos principales sitios de anidación coinciden con salares explotados por la industria minera, donde la extracción intensiva de agua subterránea ha disminuido el agua y deteriorado su hábitat natural.

Como resultado, la presión sobre los salares ha modificado significativamente los patrones de anidación de estas aves. El salar de Atacama, que solía albergar una de las colonias más numerosas de flamenco andino, ha dejado de ser un sitio viable para la reproducción.

En consecuencia, la población migró al salar de Maricunga, donde en 2023 se registraron más de 800 nacimientos. Sin embargo, a pesar de encontrarse dentro del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces y estar designado como sitio Ramsar, este salar también ha sido clasificado como estratégico para la explotación de litio.

“Los flamencos cruzan fronteras en busca de hábitats adecuados para alimentarse y reproducirse, por lo que la conservación no puede limitarse a un solo territorio. Tenemos que ver todos los salares y preguntarnos si los que protegemos tienen capacidad de carga para albergar a todos estos flamencos que están siendo desplazados”, apuntó la encargada de conservación en la ONG Symbiótica, Dominique Durand.

El monitoreo satelital es una de las estrategias implementadas recientemente para rastrear las rutas migratorias y evaluar la capacidad de carga de los salares que aún conservan condiciones adecuadas. Sin embargo, la falta de estudios ecológicos complica la planificación de medidas.

Aunque CONAF reportó un récord de 859 polluelos de flamenco andino y 38 de flamenco chileno nacidos en Maricunga, no hay información sobre su supervivencia a largo plazo, la cual es esencial para evaluar la salud de la población y la eficacia de las medidas de conservación.

Salares y acuíferos en peligro
A pesar de que la extracción de litio afecta directamente las reservas de agua, se desconocen muchos aspectos de la hidrología de estos ecosistemas y sus napas subterráneas.

El hundimiento del suelo en los salares es una consecuencia directa de la extracción de salmuera, que deteriora las napas subterráneas y compromete la estabilidad de toda la estructura geológica que las sostiene. Este fenómeno ha sido documentado desde hace varios años en el salar de Atacama, en la Región de Antofagasta.

Una situación similar enfrenta el salar de Ascotán, en la misma región, también considerado estratégico para la explotación. Este ecosistema alberga al pez endémico Orestias ascotanensis, que solo habita en esas aguas, adaptado para resistir condiciones hipersalinas con bajos niveles de oxígeno y alta radiación solar. Su supervivencia está ahora en riesgo debido a los permisos de extracción otorgados en la zona.

Además, este salar, junto al de Carcote, ubicado en la frontera con Bolivia, ha enfrentado graves problemas de contaminación debido a derrames de hidrocarburos causados por el volcamiento de camiones cargados de combustible. Estos incidentes han contaminado el suelo, puesto en peligro a la fauna local y comprometido las napas subterráneas.

La comunidad quechua de Ollagüe, directamente afectada, ha levantado su voz en múltiples ocasiones, exigiendo respuestas y medidas de mitigación a las autoridades. FIMA ha apoyado este proceso y Pérez, quien también participó como abogada del caso, relata que tras visitar la zona, evidenciaron cómo las piscinas de petróleo percolan hacia los acuíferos.

Sin embargo, optar por soluciones a través de la justicia es complejo, ya que los salares no están protegidos por la Ley de Humedales, y su clasificación como depósitos de minerales dificulta su defensa ambiental. “A pesar de que el derrame ocurrió hace varios años, la poza sigue presente, y el crudo continúa filtrándose hacia los acuíferos, evidenciando una preocupante inacción gubernamental y una negligencia que agrava la recuperación del ecosistema”, afirmó la abogada.

Comunidades excluidas
En la alta cordillera, el pastoreo tradicional y la existencia de bofedales están profundamente interconectados debido al impacto que generan los animales al moverse sobre la tierra. Aunque estos humedales no son artificiales, su formación y sostenibilidad han estado vinculadas durante siglos a prácticas ancestrales que siguen vivas al día de hoy.

Durante el crecimiento de la industria del litio, muchas voces locales han sido excluidas de los procesos de toma de decisiones, a pesar de poseer un conocimiento invaluable para la conservación de territorios que habitan hace siglos.

La antropóloga de Fundación Tanti, Paulina Hidalgo, dijo a Climate Tracker que han presenciado consultas ciudadanas “deliberadamente confusas, con información imprecisa y excesivamente técnica, lo que obstaculiza la participación efectiva de las comunidades”.

«Muchas personas tienen un profundo conocimiento sobre estos procesos, pero también hay quienes desconocen que tienen derecho a decir que no o a proponer alternativas», explicó, a lo que se suma la omisión ciudadana en etapas posteriores, como decidir qué salares proteger.

La interconexión entre los salares, humedales y las comunidades locales es fundamental para la cultura del territorio, lo cual se refleja en prácticas identitarias que aún perduran y evidencian el arraigo espiritual que estas comunidades mantienen con su entorno. “Aquí es común ofrecer vino a la tierra o dejar hojas de coca, actos simbólicos que expresan la creencia de que la tierra está viva y debe ser respetada. Siempre es importante saludarla y hacer una pequeña ofrenda al ingresar a un pueblo”, describió Hidalgo.

Esta es una nota original de Climate Tracker, publicada en alianza con El Desconcierto.
https://eldesconcierto.cl/2025/01/31/aguas-fosiles-el-desconocido-tesoro-del-desierto-que-peligra-con-la-mineria-de-litio