Honduras

Asesinos de Cáceres pertenecían a fuerzas de inteligencia de Honduras

Autor: TeleSUR

Las últimas evidencias sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. Los tres militares implicados en el caso habrían recibido entrenamiento contrainsurgente de parte de los EE.UU. Los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo a lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.

Las evidencias contenidas en el expediente apuntan a la hipótesis de que la muerte de la activista indígena fue una ejecución extrajudicial. Así lo había denunciado ya el único testigo de la muerte de la indigenista, Gustavo Castro, quien señala al Estado hondureño como responsable.
Cáceres se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que dejaría sin agua al pueblo indígena Ienca. En la noche del 2 de marzo de 2016 varios sujetos ingresaron a su casa y le dispararon. La activista había recibido al menos 33 amenazas de muerte.

Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de ellos son militares hondureños, quienes habrían recibido entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos.

Mariano Díaz Chávez es un veterano de las fuerzas especiales hondureñas y desde 2015 se encontraba al frente de la inteligencia militar del país. Díaz y el teniente Douglas Giovanny Bustillo — también detenido por el asesinato y exempleado de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico — habrían recibido entrenamiento antiterrorista en EE.UU. en 2005. Bustillo recibió entrenamiento en la infame Escuela de las Américas.

El tercer militar detenido, el sargento Henry Javier Hernández, es un francotirador y se convirtió en informante de la inteligencia militar cuando se retiró en 2013. Los tres visitaron el pueblo de La Esperanza, donde vivía Cáceres, en varias ocasiones, de acuerdo a los registros telefónicos.
Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto Agua Zarca también fue detenido. La empresa responsable del proyecto era Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), cuyo presidente, Roberto David Castillo Mejía, es miembro retirado de los servicios de inteligencia militar.

Desde el golpe de Estado contra el expresidente Miguel Zelaya en 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/honduras/item/16939-asesinos-de-caceres-pertenecian-a-fuerzas-de-inteligencia-de-honduras

El Salvador

Los habitantes de Cinquera votaron abrumadoramente contra la minera metálica

Autor: Prensa Latina

Los pobladores del municipio salvadoreño de Cinquera rechazaron hoy en consulta popular la exploración y explotación minera metálica en sus bosques por parte de compañías trasnacionales con proyectos en este país. El 98 por ciento los habitantes de Cinquera votaron por resguardar su territorio de obras potencialmente depredadoras y que causarían un significativo e irreversible daño ecológico, algo que ya hicieron anteriormente otras municipalidades salvadoreñas.


La votación tuvo lugar en el departamento Cabañas, ante observadores internacionales que velaron por la transparencia del proceso, al igual que ocurrió en San José Las Flores, Arcatao, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad, en el departamento de Chalatenango.

En Cinquera se realiza un sostenido trabajo en la defensa del medio ambiente desde la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz en El Salvador, y el resultado ha sido una sólida biodiversidad cuya supervivencia amenazaba los proyectos de minería.

Además de la flora y la fauna, existen numerosos manantiales cuyas aguas abastecen a una población que, en lugar de someterse o recurrir a la violencia, ejerció sus derechos de participación ciudadana y se pronunció contra esta modalidad de extracción mineral.

En Cinquera está la milenaria formación geológica Morazán, cuyas potenciales vetas llaman la atención de empresas que carecen del freno de una legislación que prohíba la explotación, algo que muchos gobiernos locales le reclaman a la Asamblea Legislativa (Parlamento).

Carmelo Noyola, alcalde de Cinquera, convocó a los demás ediles de Cabañas a sumarse a su esfuerzo para proteger a sus respectivos municipios de una explotación minera que, lejos de resolver sus problemas, acarrearía otros peores, como la contaminación.

El Salvador es escenario de un movimiento de lucha contra la minería metálica por su daño a la naturaleza, su desmesurado gasto de agua, por el uso de metales pesados para el proceso de extracción, y por los enfrentamientos sociales propiciados por las mineras.

Para el país más pequeño de América continental, con una alta densidad poblacional, sería casi suicida abrirle las puertas a un procedimiento que arreciaría la crisis hidráulica, y afectaría a la agricultura, la ganadería, el agua, el aire y el suelo.

En 1996, el gobierno derechista de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) aprobó una Ley de Minería con incentivos para los inversionistas extranjeros, que comenzó a otorgar licencias para la exploración de oro y plata, que pronto encontraron resistencia.

De hecho, en Chalatenango y Cabañas nacieron las luchas ambientalistas, aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, cuya constitución en 2006 amplió la presencia de estas reivindicaciones en la esfera pública, con importantes logros.

Su labor forzó a la empresa canadiense Pacific Rim a suspender en 2008 el proyecto El Dorado, justamente en Cabañas, donde el asesinato de tres activistas no impidió que la gente saliera a las calles para defender su derecho a respirar aire puro y beber agua limpia.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/el-salvador/item/16937-los-habitantes-de-cinquera-votaron-abrumadoramente-contra-la-minera-metalica

Ecuador

Invertir en INV Metals es invertir en conflicto en el Ecuador, gobiernos locales declaran zona libre de minería

Autor: MiningWatch Canada

(Cuenca, Ecuador/Ottawa, Canadá) Gobiernos locales en la zona afectada por el proyecto Loma Larga de la empresa canadiense INV Metals han declarado que prohibirán la actividad minera para proteger las fuentes de agua, los ecosistemas relacionados y la población. Continuar invirtiendo en este proyecto, tal como ha anunciando la empresa INV Metals a principios de febrero, perjudicará el agua y la salud, y será invertir en conflicto social, expresan organizaciones sociales en el área.

En octubre del 2016, la Cámara Provincial del Azuay resolvió por unanimidad prohibir la minería metálica en los páramos, fuentes de agua y en los ecosistemas frágiles y amenazados en la provincia, y disponer a las autoridades locales y nacionales se proceda de manera inmediata a dejar sin efecto las autorizaciones que se hayan concedido.

A finales de enero del 2017, el Concejo Cantonal de Cuenca declaró al territorio, sus páramos y ecosistemas frágiles y amenazados, y sus fuentes de agua libres de minería metálica. Además de contar con el proyecto Loma Larga de alrededor de 8,000 ha dentro del cantón Cuenca, la empresa INV Metals tiene otras cinco concesiones mineras recien solicitadas de casi 15,000 ha dentro del mismo cantón.

“Para los Yasunidos es una victoria importante la definición asumida por el Concejo Cantonal, al declarar al cantón Cuenca y al Cajas, zonas libres de minería metálica, es algo que hemos esperado mucho tiempo, en defensa del agua, los páramos, y los derechos de las comunidades. Es clave esta decisión, apegada a la Constitución, ahora esperamos que se tomen las medidas para frenar esta avalancha minera metálica”, dijo la activista Nidia Solís.
Federico Guzmán, en representación de los habitantes de la parroquia rural Victoria de Portete en el cantón Cuenca, aguas abajo del proyecto Loma Larga en la zona de Kimsacocha, precisó que son 14 años de lucha la que tienen estas poblaciones en contra de los procesos mineros y la lucha sigue.

A inicios de febrero, más de 1,100 personas de las comunidades afectadas y de varias partes del Ecuador se reunieron para el Encuentro Internacional por el Agua y la Pachamama cuando se ratificó la total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios, tierras, aguas y fuentes naturales por la minería a gran escala a nivel local y en el país.

A pesar de esto, la empresa INV Metals anunció en febrero que anunció la venta de acciones por un valor de CAD$24 millones de dólares a dos grupos de inversionistas, GMP Securities L.P. y Clarus Securities Inc, para seguir invirtiendo en la zona. Según INV, la empresa canadiense IAMGOLD seguirá siendo un accionista principal después de consolidar la venta de acciones.

“Aquí no vamos a dejar la lucha por nuestra agua y nuestra salud. Es tiempo que la empresa minera y sus inversionistas abandonen el proyecto Loma Larga y las concesiones mineras en Azuay por estar en nuestros páramos y nuestras fuentes de agua sobre la cual depende nuestra vida,” concluye Bolivar Quezada de los Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón.

Un informe pericial elaborado por Kuipers & Associates de EE.UU., basado en la revisión de estudios disponibles sobre los propuestos proyectos en el cantón Cuenca, Loma Larga de la empresa minera canadiense INV Metals y Río Blanco, la mina aurífera que propone la empresa china Junefield Mineral Resources, determina que no se debe desarrollar estos proyectos debido al alto riesgo de contaminación de los cuerpos de agua cercanos con arsénico y metales pesados, e importantes alteraciones en la calidad y cantidad de agua que podrían resultar de actividades mineras subterráneas en estos frágiles páramos.

Contactos:
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•    Jennifer Moore, Alerta Minera Canadá, jen(at)miningwatch.ca, +001 (613) 569-3439

En línea: http://miningwatch.ca/es/news/2017/3/1/invertir-en-inv-metals-es-invertir-en-conflicto-en-el-ecuador-gobiernos-locales
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Jennifer Moore
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Colombia

Corte Consitutcional ordena consulta por minería en Marmato

Autor: El Tiempo

Fallo le da la razón a comunidades que tutelaron contra la multinacional Gran Colombia Gold. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba.

La segunda revisión de un fallo de tutela de 2015 le dio la razón este martes a las comunidades afrocolombianas e indígenas de Marmato, Caldas, que pidieron ser tenidos en cuenta frente a la decisión del Gobierno Nacional de entregar la parte alta del cerro El Burro a la explotación aurífera de Gran Colombia Gold.

Aunque la minera puede seguir en la parte baja de la montaña, la decisión judicial deja sin piso la orden de desalojar 68 minas artesanales y tradicionales que están arriba y que son explotadas por esas etnias.

«Eso es lo que se esperaba hace mucho rato y lo que ha debido hacer el Gobierno Nacional, primero la consulta previa», dijo el alcalde Julio Vargas Chica, luego de enterarse de la noticia. El mandatario local se ha resistido a llevar a cabo órdenes de desalojo contra por lo menos 13 minas y es considerado opositor de la multinacional.

Para el expersonero marmateño Wilson Castro, quien acompañó la acción por la que se inició el proceso, son esta decisión «se hace justicia con los mineros tradicionales y artesanales».

La acción de tutela para pedir la consulta previa con las comunidades afros e indígenas de instauró porque una resolución ordenaba que el cerro completo fuera explotado por la compañía Gran Colombia. El argumento en contra fue que un decreto de 1954, todavía vigente, le asignaba ese derecho sobre la parte alta de El Burro a las comunidades.

Los magistrados Jorge Pretelt y Luis Ernesto Silva acogieron esos argumentos y, tras una primera sentencia favorable que se anuló en 2015 por fallas de procedimiento, la sala séptima volvió a decidir que los reclamantes tienen razón.

Aunque en ese primer fallo se le daba al Estado un plazo de tres meses para la consulta y para hacer las acciones pertinentes que permitan mejorar las condiciones laborales y ambientales de la actividad de los mineros tradicionales, Castro aseguró que esos términos podrían cambiar en el nuevo documento, aunque el sentido sea el mismo.

Por esta razón, las partes quedan a la espera de la notificación oficial, que debe darse en días próximos.

Justamente fue Gran Colombia Gold la empresa que demandó al Estado por 700 millones de dólares, alegando la supuesta invasión de sus títulos mineros en este municipio caldense, conocido como el Pesebre de Oro, y Segovia, en Antioquia, además de las pérdidas sufridas por cuenta de atentados terroristas del Eln.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/16946-corte-consitutcional-ordena-consulta-por-mineria-en-marmato

Foto: Jonh Jairo Bonilla

Mexico

Empresa canadiense insiste en continuar con la exploración minera en Puebla pese a negativa de Semarnat

01-03-2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la empresa Almanden Minerals anunció a sus inversionistas que seguirá con sus proyectos de exploración en Puebla, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró “improcedente la solicitud” de operaciones de la minera.
En un comunicado, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, PODER, CESDER e IMDEC, explicaron que la solicitud fue rechazada por la dependencia federal porque en el proyecto conocido como Ixtaca IV “no se demuestra que la actividad se ajuste a un Informe Preventivo”.

Destacaron que el dictamen de la Semarnat confirma las conclusiones de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las organizaciones civiles y un equipo técnico y científico especializado en minería y derechos humanos, donde se subraya que durante la etapa de exploración ese proyecto ha causado daños al medio ambiente.

Indicaron que la zona de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán es el principal proyecto minero de la empresa canadiense en México. De llevarse a cabo, agregó, se realizaría un tajo de más de mil metros de diámetro para la explotación de oro y plata a cielo abierto y se construiría una presa de jales con una capacidad de almacenamiento de 35 millones de litros sin recubrimiento, afectando tierras de cultivo, zonas de conservación prioritaria y el sitio de anidación de gavilanes, entre otros.

Las organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las violaciones y solicitaron que se prevengan las afectaciones en caso de iniciarse la explotación minera, sin embargo, apuntaron, el organismo concluyó “que no existe materia” y remitió el caso a la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En comunicación telefónica, la Profepa indicó que ha realizó una inspección a través de la cual identificó inconsistencias técnicas en coordenadas de los barrenos que presentaron en los Informes Preventivos Ixtaca, Ixtaca II, Ixtaca III y IIIbis.

Además corroboró que la empresa ha realizado más barrenos de los que autorizó la Semarnat, como documentó la EIDH. Desde hace una semana la Unión de Ejidos solicitó la conclusión de la inspección y está a la espera de recibir el documento.

Las organizaciones denunciaron que Almaden Minerals, la empresa extranjera que más concesiones tiene en el estado de Puebla –con 28 títulos que abarcan 234 mil 991 hectáreas, equivalente al 6.9% del territorio estatal–, también viola la ley porque aunque la Semarnat ha autorizado la realización de 291 barrenos, la minera reporta a sus inversionistas haber realizado un total de 475 perforaciones entre 2011 y 2016.

Asimismo, ha recurrido a diversas argucias legales para sobreponerse a los procedimientos con el fin de que las comunidades indígenas asentadas en esas tierras permitan la explotación de sus territorios.

En 2016, Almaden Minerals demandó al gobierno mexicano después de que se aprobó la reforma a la Ley Minera, en 2014, para evadir sus responsabilidades fiscales.

Un año antes la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals, después de enterarse que la Secretaría de Economía le otorgó una concesión por 50 años.

“Los afectados interpusieron el amparo alegando una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política Mexicana por violación de sus derechos como comunidad indígena y agraria. Un juez federal concedió la suspensión, pero la empresa ha hecho caso omiso y ha mantenido los trabajos de exploración en las concesiones y no ha informado a sus inversionistas sobre esta acción”, acusaron las organizaciones.

Y aseguraron que la empresa, obligada a otorgar esta información a sus inversionistas, la omitió en su último informe anual.

Finalmente, revelaron que aunque están documentadas las irregularidades a los derechos humanos de la población de Ixtacamaxtitlán y las afectaciones al medio ambiente, la empresa canadiense insiste en la viabilidad del proyecto.

http://www.proceso.com.mx/476392/empresa-canadiense-insiste-en-continuar-la-exploracion-minera-en-puebla-pese-a-negativa-semarnat

Mexico

Declara Semarnat exploración ilegal de minera en Oaxaca

EMILIO MORALES, 03-01-2017
Pobladores de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro las Huertas, advierten que no permitirán la explotación minera en sus territorios
La empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM), a través de su filial Cuzcatlán, realiza trabajos ilegales de exploración del proyecto minero “San José”, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró no haber otorgado permisos para estas acciones.

Ayer, comisariados de bienes ejidales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, así como integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, exigieron un alto a los trabajos de la empresa y advirtieron que no permitirán esa explotación.

A través de una manifestación en las oficinas de la Semarnat, el grupo de antiminas logró ser atendido por el delegado de la Semarnat, Tomás González Illescas, a quien con fecha 1 de diciembre de 2016 le habían girado un escrito en el que denunciaban la realización de trabajos por parte de Fortuna Silver Mines, y exigían que se negara la autorización del Informe Preventivo con número 20OA2016MD086 debido a las afectaciones ocasionadas a la comunidades.

Durante la manifestación, González Illescas aseguró que la instancia que él dirige no ha otorgado permiso alguno a la minera y que por tanto correspondería a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa) el establecimiento de una investigación y en su caso sanciones que podrían llegar hasta la cancelación de concesión, según dijo.

Neftalí Reyes, secretario técnico del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, indicó que desde 2014 la minera ha realizado trabajos de expansión del proyecto San José, situación que ha afectado a las comunidades.

El 8 de noviembre de 2015 a través de una asamblea regional declararon los territorios prohibidos para la minería, pese a lo anterior, el 24 de noviembre de ese año la empresa promovió ante Semarnat un estudio técnico para realizar exploraciones mineras directas en zonas de uso agrícola, dentro de la concesión Progreso II, para acondicionar planillas y perforar a diamante la Veta María.

La conexión minera Progreso II además de estar en un área agrícola también está en área forestal que contribuye a la recarga de la presa Bordo Vallito, ubicada en San José del Progreso y la presa Yoguvene ubicada en San Martín de los Cansecos, ambas utilizadas para la agricultura, el cuidado de animales y el consumo humano.

La zona es también área de recarga de mantos acuíferos en la microregión y por ende “la autorización de permisos para realizar exploraciones constituyen una grave amenaza en términos ambientales en nuestras comunidades”, indicaron.

Aún no hay respuesta
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán presentó un escrito ante la Semarnat exigiendo se negara la autorización del informe preventivo pero a dos meses de su presentación los demandantes no habían tenido respuesta.

El 26 de septiembre de 2016 también presentaron una denuncia popular ante la PROFEPA en la cual requirieron se constituyan en el sitio del proyecto minero para constatar las afectaciones producidas. A cinco meses de su presentación no existe respuesta.

Por ello exigieron a la Secretaría de Economía la cancelación de las mineras Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Aurea, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla, así como Compañía Minera Plata Real que cubre una superficie de 49376.3501 hectáreas.

http://www.nvinoticias.com/nota/52659/declara-semarnat-exploracion-ilegal-de-minera-en-oaxaca

El Salvador

Ombudsman salvadoreña felicita a localidad que rechazó minería en referéndum

EFE – San Salvador
28-02-2017
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, felicitó hoy a los pobladores de la localidad de Cinquera (noroeste), que rechazaron la realización de proyectos mineros a través de una consulta popular realizada el domingo pasado.

«La procuradora felicita a las personas del municipio de Cinquera por su participación activa» en la consulta popular y «sobre todo por decidir e incidir en la defensa de la vida y del medio ambiente», reza un comunicado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El referéndum fue observado por la PDDH y representantes de Canadá, España, Estados Unidos, diputados salvadoreños y funcionarios de Medio Ambiente.

Según las organizaciones ambientalistas que promovieron la consulta, «el 98,10 % de los votantes opinaron en contra de la exploración y explotación minera en el municipio», por lo que las autoridades municipales deberán emitir una ordenanza que prohíba cualquier tipo de explotación de metales.

Cinquera es el quinto municipio salvadoreño que rechaza la minería metálica; anteriormente fueron San José Las Flores, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao del departamento norteño de Chalatenango.

Las organizaciones sociales aseguran que «este resultado es una recomendación clara» para que los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso den luz verde a la votación de una ley que prohíba la minería.

Una de las últimas iniciativas legales contra la extracción minera fue presentada el pasado 7 de febrero por los funcionarios de la Iglesia católica salvadoreña.

Un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) falló en octubre de 2016 a favor de El Salvador y en contra de la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold, que reclamaba al Gobierno salvadoreño una indemnización de 250 millones de dólares.

El caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim interpuso una demanda contra El Salvador porque el país centroamericano le negó unos permisos para explotar la mina de oro El Dorado en el norte del país.

http://www.eldiario.es/economia/Ombudsman-salvadorena-felicita-localidad-referendum_0_617339248.html

Colombia

Corte ordena al Estado revisar impactos de minería en La Guajira

El trabajo quedará en manos del Ministerio del Interior, la Anla y la empresa el Cerrejon.
Caracol Radio
02-03-2017
La Corte Constitucional ordenó al Estado revisar los impactos ambientales y de salud a la población que podría estar ocasionando la minería en el departamento de la Guajira y de ser necesario suspender o cancelar la extracción de carbón a cielo abierto.

Esa verificación está a cargo del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la empresa El Cerrejón, que también deberán hacer una consulta previa con las comunidades sobre la continuidad del proyecto ‘Expansión de Puerto Bolívar’ en los municipios de Hatonuevo, Barrancasy Maicao en el departamento de La Guajira.

La Corte resolvió una tutela presentada por la comunidad indígena Media Luna Dos, en la que señala que el impacto en la sociedad por la minería en la Guajira es «devastador» por los niveles de contaminación.

http://caracol.com.co/radio/2017/03/02/judicial/1488411846_476386.html

El Salvador

ALTO A LA MINERÍA: “Los intereses públicos y sociales deben prevalecer sobre los intereses y particulares”

01-03-2017
Ismael Turcios
Investigador de Transparencia y Anticorrupción
Iniciativa Social para la Democracia (ISD)

La resolución emitida en 2016 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), favorable para el Estado salvadoreño en el litigio entre éste y la empresa minera Pacific Rim/Oceana Gold, sentó un importantísimo precedente en materia de relaciones público-privadas de carácter mercantil, jurídica o de cualquier otra naturaleza: los intereses públicos, colectivos y sociales deben prevalecer sobre los intereses particulares.

Asimismo, dicha resolución fue una bofetada con guante blanco para quienes piensan que, una vez en el poder, pueden tomar decisiones que beneficien intereses elitistas para que la población pague por ellas, sin consecuencias jurídicas; tal como sucedió, entre tantos casos, en el Caso CEL-Enel, en el que el exfiscal General, ahora procesado por corrupción, Luis Antonio Martínez, negoció con la Enel Green Power un Acuerdo Marco para poner fin a la controversia mercantil surgida a raíz de un contrato de explotación del recurso térmico salvadoreño, diseñado para beneficiar a la referida empresa extranjera. Algo que también fue aprovechado para garantizar la impunidad de los implicados en las negociaciones que dieron origen a ese conflicto; siendo la mejor muestra de ello la repentina aparición del ahora imputado Luis Martínez ante el Tribunal de la causa, para solicitar el cambio de calificación jurídica del delito (a una modalidad que ya había prescrito). Pero, tranquilos, FUSADES y algunos medios de comunicación reaccionarios aclararon que esto fue una persecución política y criminalización de políticas públicas. No pasa nada.

El caso El Salvador-Pacific Rim, además de los dos aspectos anteriores, justifica a las incontables voces que durante años se han pronunciado contra la minería metálica, tales como la Mesa Nacional Frente a la Minería y otros actores sociales y políticos. Y es que las prácticas de la minería metálica producen la contaminación de suelos y aguas por el drenaje ácido, y tienen afectación en la salud de los habitantes de los alrededores, los ecosistemas, la biodiversidad y el sistema climático en general.

Sin embargo, este tema tiene dos deudas pendientes: el pago de la deuda de 8 millones de dólares impuestos por el CIADI a Pacific Rim/Oceana Gold, en concepto de costas procesales; y la prohibición definitiva de la minería metálica, por parte del Estado salvadoreño.

Si bien la segunda de tales deudas no surge necesariamente del caso Pacific Rim, este ha sido el detonante para que diferentes voces exijan de nuevo a la Asamblea Legislativa la prohibición de la minería metálica, resaltando en los últimos días la pieza de correspondencia presentada por el jerarca de la Iglesia Católica Apostólica Romana en El Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, junto a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC).

Además, la petición ha sido presentada por otros actores, tales como representantes de los municipios de San José Las Flores y Arcatao, del departamento de Chalatenango, en los que en el pasado reciente se han desarrollado consultas populares al respecto (mecanismo de participación ciudadana establecido en el Art. 116 del Código Municipal), ambas con la participación de observadores internacionales, y de las cuales resultó que más del 90% de la población de cada municipio votó contra la minería. Entre otras peticiones, como las realizadas por el obstáculo que se ha dado hasta la fecha para aprobar una ley de prohibición de la minería metálica, ha sido el mismo del obstáculo de una ley general de aguas, de las reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y de otras leyes que tocan fibras sensibles a los intereses mercantiles del gran empresariado nacional. Sin embargo, en el caso de la minería metálica en particular, las experiencias municipales, la resolución del CIADI, la divulgación científica y los esfuerzos de organizaciones ambientalistas y de otra naturaleza son suficiente evidencia para no aceptar la negativa de grupos parlamentarios de prohibir la minería.

A ello cabe agregar la alta vulnerabilidad ambiental del territorio salvadoreño y los altos índices de pobreza, que reflejan que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de gran parte de la población, especialmente de la que reside en zonas rurales, también tienen una dimensión ambiental, y por ende, los daños ambientales generados por las grandes industrias (especialmente las extractivista) y el cambio climático en general, agravan sus condiciones de vida, de por sí ya difíciles.

Es por ello que la resistencia a un cambio de visión de los problemas del –complicado- mundo actual, la falta de conciencia sobre lo incierto que actualmente parece el futuro de los pueblos de la humanidad, y en especial de los pueblos subdesarrollados (sí, sin eufemismos), así como los gritos de los intereses mezquinos contra el buen juicio, ya no debe tener cabida mientras existan instituciones que deban su razón de ser a la organización y coexistencia social como la conocemos.

Es imperante que la Asamblea Legislativa apruebe una ley contra la minería, así como es imperante tener un hogar en pie en el que podamos seguir viviendo y que se herede a las futuras generaciones.

ALTO A LA MINERÍA: “Los intereses públicos y sociales deben prevalecer sobre los intereses y particulares”

Chile

Corte Suprema falla a favor de diaguita y ordena reabrir juicio contra Barrick Gold


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Benjamín Miranda 27-02-2017
La diaguita Amalia Robles Alcayaga obtuvo un triunfo frente a la transnacional canadiense que construyó irregularmente parte del camino hacia su mega proyecto minero en terrenos familiares. La Corte Suprema ordenó reabrir el juicio civil en que se busca probar el atropello de Barrick al derecho la propiedad de Robles.
Luego de presentar un recurso de casación que fue acogido por la Corte Suprema el pasado 22 de febrero, Amalia Robles Alcayaga (59) continuará su batalla legal contra la filial chilena de Barrick Gold, la empresa de origen norteamericano que emplazó Pascua Lama en 1997 sobre la Región de Atacama. La disputa entre ambas partes se inició luego de que un camino de entrada al proyecto se construyera sobre los terrenos de la familia Robles sin la autorización de las reparticiones públicas competentes, pasando a llevar un cementerio ancestral indígena, sepultando el canal Gárate que servía como fuente de agua para ellos y violando el derecho constitucional a la propiedad privada.

Tal como reveló The Clinic Online en un reportaje que detalla la extensa contienda, Amalia acudió a la justicia por primera vez el 18 de marzo de 2009, cuando presentó una querella contra la Compañía Minera Nevada S.A, en el Segundo Juzgado de Vallenar por los delitos de daños calificados y usurpación. Desde entonces, fue representada por el abogado Walter González, quien condujo el proceso legal hasta mediados del 2016, cuando se produjo el quiebre entre el jurista y su antigua clienta.

Esto, luego de que de la Corte de Apelaciones de Copiapó dictara el “abandono del procedimiento” el 14 de julio del año pasado, tras seis meses de inactividad judicial. Es decir, congeló la causa en contra de la empresa porque los demandantes no presentaron iniciativas legales durante medio año.

Según Amalia esta situación habría sido producida deliberadamente por su exabogado, a quien demandó ante el Colegio del gremio por no defender sus intereses y dejar de mostrar interés en la causa.

Ahora representada por un nuevo equipo de defensores, liderados por Óscar Briones y Ricardo Venegas, Robles logró probar que no tuvo responsabilidad en la inacción previamente señalada y el máximo tribunal falló en su favor, ordenando que se reabra el caso y continúe la investigación que iniciara ocho años atrás.

Así se corrobora en la sentencia emitida por la Corte Suprema, donde se refiere al abandono de procedimiento como una “errónea aplicación de la ley”, la que “ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, pues en mérito de ella se acogió una incidencia que debió ser desestimada”.

A ojos del tribunal, por lo tanto, “corresponde hacer lugar a la casación en el fondo interpuesta”, invalidando lo ordenado a mediados del año pasado y reemplazando dicha decisión por la recientemente adoptada. Es decir, se reanuda el juicio civil.

BARRICK VA A APRENDER A RESPETARME

La primera acción que tomó Amalia en contra del proyecto de Barrick Gold fue el lunes 18 de agosto del año 2008, cuando aun faltaba poco más de un año para que se decidiera a llevar el caso ante la justicia.

Según consignó a este medio, aquel día cerró el camino que permite el acceso a Pascua Lama, cansada de advertirles a las autoridades regionales que Barrick Gold Corporation había construido hace más de una década, sin permiso alguno, una ruta sobre sus terrenos.

Además, Amalia había presenciado la destrucción del cementerio ancestral de su comunidad diaguita en los cerros de la provincia del Huasco y había observado cómo la poderosa empresa dejó bajo tierra el canal de regadío que permitía a su familia realizar cultivos.

Ese día se prometió que no iba a permitir más abusos. Cuando los funcionarios de Barrick intentaron transitar por la carretera, no la tuvieron fácil. Se encontraron con una barricada de piedras que Amalia y su familia montaron sobre la vía.

Durante una semana Amalia custodió la trinchera, volvió a ser dueña de sus tierras y frenó los camiones de la empresa.

Pero su porfía chocó de frente con la decisión de las autoridades de Atacama que buscaban despejarle el camino a Barrick.

-Llegaron los carabineros y nos llevaron a Alto del Carmen. Después de un rato nos devolvieron al lugar, cuando la caravana de camiones ya había pasado… Barrick es la reina de la Región- resume Amalia.

Desde aquél aquel lejano día en que se tomó la vía, Robles no ha desistido en su batalla contra la empresa. Tampoco ha cambiado su impresión acerca de la firma, a quien ha acusado insistentemente de no mostrar un interés real por solucionar el problema o reparar el daño causado. “Sigo en esto porque, aunque no lo crea, Barrick va a aprender a respetarme”, asegura. Hoy agrega que ha vuelto “a creer en la justicia en este país”.

Por su parte la poderosa empresa indicó que se ha buscado un pago justo a los Robles Alcayaga alcanza, el que alcanzaría “un máximo de $200 millones por permisos de servidumbre”.

Al ser consultados nuevamente por este medio, desde Barrick aseguraron que la última sentencia de la Corte Suprema “no implica un pronunciamiento de la causa, solo que se seguirá investigando”.