En un país como Sudáfrica, con 25 por ciento de la población económicamente activa sin trabajo, los desempleados se vuelcan a la minería de pequeña escala, un sector informal de la economía que ofrece un sustento para millones de personas en todo el continente africano.

En Sudáfrica, se estima que hay entre 8.000 y 30.000 pequeños mineros. Pero en el continente podrían haber unos ocho millones, y unas 45 millones dependerían de esa actividad.

El informe Visión de la Minería Africana, de la Organización de las Naciones Unidas, señala que casi 20 por ciento de la producción de oro y casi toda la de piedras preciosas, exceptuando la de diamantes, depende de la pequeña minería.

“No podemos clasificarla de ‘minería ilegal’. Es una práctica que tiene años y la gente realiza actividades extractivas en esta zona mediante prácticas tradicionales”, comentó Sizwe Phakathi, responsable de desarrollo sostenible y seguridad de la Cámara de Minas.

Los pequeños mineros suelen ignorar la legislación en la materia y operan con permiso de jefes locales o de la municipalidad, pero sin un permiso válido de extracción.

Antes, Phakathi investigó la extracción informal de arcilla y carbón en Blaauwbosch, en la oriental provincia de KwaZulu-Natal, para la Alianza Minerales y Energía para el Desarrollo y el Centro Africano de Desarrollo de Minerales.

“Muchas de las personas que trabajan allí son las que mantienen sus hogares”, precisó Phakati.

Por su parte, Pheaga Gad Kwata, director de la división de minería de pequeña escala del Departamento de Recursos Minerales (DMR), cree que regularizar la situación de esos mineros les permitiría tener un mejor acceso a conocimientos técnicos y a mercados.

“Nos dimos cuenta de que es una de las actividades en las que probablemente puedan conseguir un trabajo rápido”, indicó Kwata, antes de agregar que el DMR ofrece talleres de capacitación para pequeños mineros con el fin de que conozcan los beneficios de trabajar en el marco de la ley.

Esa cooperación podría ayudar a Jiyana Tshenge, quien trabaja con el Protocolo de Prieska, un programa para vincular a los pequeños mineros que extraen la piedra semipreciosa ojo de tigre con mercados internacionales. Ese enfoque podría aumentar los ingresos eliminando a los intermediarios que operan en la economía informal.

Pero la falta de acceso a ese mercado paralizó el proyecto por ahora.

“Si podemos crear ese mercado y diseñar un plan adecuado, regresaremos e invitaremos como corresponde a los integrantes de esa comunidad”, observó Tshenge. “Creo que podemos crear muchos puestos de trabajo”, estimó.

Según Phakati, uno de los beneficios inmediatos de la regulación sería la implementación de estándares de salud y seguridad, una carencia importante que detectó en su investigación. En su estudio de caso, la vasta mayoría de los pequeños mineros nunca usaban equipos de protección personal, como casco, gafas de seguridad o guantes.

La escuela secundaria Mzamo tamién debió ser reubicada cuando las actividades de extracción avanzaron sobre sus instalaciones y hubo emisiones de gases tóxicos.

Pero la formalización de la actividad se hace lenta por la misma pobreza que pretende aliviar. Los pequeños mineros tienen dificultades para costearse el transporte hasta las oficinas del DMR, que suelen estar alejadas de sus comunidades.

El costo de conseguir un permiso, como guardar recursos económicos para la recuperación ambiental y realizar evaluaciones de impacto ambiental, también constituyen un obstáculo para su concreción.

“¿Cómo hacer que la formalización no liquide su actividad, sino que la mejore? La formalización debe adecuarse a sus necesidades”, subrayó Phakati.

Por su parte, Pontsho Ledwaba, del Centro para la Sostenibilidad en la Industria y la Minería, de la Universidad de Witwatersrand, sostiene que se necesitan cambios legales para suavizar el proceso de formalización.

Los permisos para la minería deben renovarse cada pocos años, lo que hace difícil dar garantías de retorno para quien le preste dinero a los pequeños mineros. La superficie de terreno habilitada para las actividades de extracción también conspira contra la sostenibilidad económica de esas operaciones.

“Cinco hectáreas son muy pocas para la extracción de algunos minerales; para el granito y la arenisca es muy poco”, precisó.

En términos de inversiones, los pequeños mineros no reciben nada porque dos o cinco años son muy pocos para recuperar el monto y devolver el préstamo”, observó Ledwaba.

Según él, el gobierno debe aplicar las normas a la minería histórica que ya opera casi legalmente.

“La gran mayoría de ellos extrae lo que llamamos minerales industriales y para la construcción, que son arenas, arcilla y arenisca”, detalló Ledwaba. “Esos son los que el gobierno trató de ubicar en la legalidad”, apuntó.

Muchos de esos sectores están fuera de la ley sencillamente porque las respectivas normas se aprobaron después de que comenzaran su actividad.

Además de las barreras económicas a la formaclización, los especialistas coinciden en que no habrán cambios profundos en la minería de pequeña escala sin la participación de las mujeres dedicadas a esa actividad.

Entre 40 y 50 por ciento de quienes se dedican a la minería de pequeña escala son mujeres, según una investigación de la consultora en relaciones internacionales GIZ (acrónimo de la empresa federal alemana para la cooperación internacional).

“Claramente, uno de los beneficios de la formalización es crear empleo para las mujeres”, puntualizó Phakati. “La formalización y el desarrollo de ese sector debe apuntar a las mujeres”, subrayó.

En provincias principalmente rurales como Limpopo, las mujeres extraen arcillas desde hace varias generaciones. En otras zonas como Noroeste, hay ejemplos de permisos para actividades de extracción otorgados a mujeres. La minería suele considerarse una actividad masculina, pero los especialistas opinan que la de pequeña escala puede ser un sector propicio para ellas.

“Me encontré con numerosas operaciones que eran propiedad de mujeres”, indicó Ledwaba. “La formalización definitivamente tendrá un impacto en materia de género”, añadió.

Las investigaciones sobre minería de Mark Olalde cuentan con apoyo económico del Fondo para el Periodismo de Investigación, el Fondo para el Periodismo Ambiental y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/01/2017/regularizar-la-pequena-mineria-traeria-beneficios-sudafrica

( Salamanca, España ).- Miembros de la Plataforma Stop Uranio se han reunido hoy en Madrid con responsables del Instituto de Salud Carlos III, centro adscrito al adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad para trasladarles su inquietud ante la proyectada mina de uranio en el municipio salmantino de Retortillo.

A través de un comunicado, la plataforma ha explicado que el encuentro mantenido tenía por objeto conocer la información con la que cuenta el instituto en relación a la explotación minera que pretende la empresa australiana Berkeley.

El director general del centro les ha transmitido, han agregado las mismas fuentes, que no han sido consultados sobre la instalación proyectada, a la vez que han valorado «la preocupación manifestada por la cercanía de la instalación minera y planta de beneficio de mineral a determinados núcleos de población -dos kilómetros en el caso de Retortillo-«.

Asimismo, han afirmado que el director del Carlos III comparte la opinión de la plataforma en el sentido de que «se deben conocer los efectos de la instalación proyectada antes de que se ponga en marcha y no a los diez años de su funcionamiento».

También les ha instalado a que pidan a las autoridades competentes que el instituto realice un estudio del conocimiento científico-técnico que se tiene sobre las consecuencia para la salud de «una instalación considerada de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear por la normativa vigente», han concluido las mismas fuentes. EFE

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20170118/413474479694/plataforma-stop-uranio-traslada-inquietud-ante-proyectada-mina-al-carlos-iii.html

( Bruselas).-  Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del ciudadano, DW conversó con los autores de un reciente estudio.

«Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones. Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos como BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot de la organización FairFin.

Ésta, junto con 11.11.11, Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron esta semana en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, tercer y primer mayores productores de cobre en el mundo.

«La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explica Vanaerschot a DW. «Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de ellos”, agrega.

Un ejemplo muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los campos y el ganado también están contaminados.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.

Éste último, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en los proyectos en los que invierte.

Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Momento crucial

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.

Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de la Universidad Libre de Berlín y Misereor prevé un aumento del 200 por ciento en los próximos 40 años. Esta organización ve también el riesgo de que se multipliquen por otro tanto los conflictos, que en la última década han sido 200 por mes en Perú. De ellos, el 62,7 por ciento están relacionados con la minería.

Mina en Perú.

En un momento en que el respeto de las reglas tanto de la ONU como de la OCDE en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien voluntarias, que el 14,9 por ciento del territorio peruano y el 41 por ciento del chileno esté concesionado preocupa. Tanto en el campo como en las ciudades, también crece la tensión por el impacto en el agua y en el cambio climático aumenta, también en las ciudades. «Las concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad, sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.

«No es que estemos en contra de las empresas, pero no se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos, enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que «el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

Fuente:http://www.dw.com/es/dinero-del-ciudadano-europeo-en-minas-conflictivas-en-am%C3%A9rica-latina/a-37210950