Acuerdan 16 autoridades agrarias de la Costa Chica-Montaña impedir la explotación minera

Para garantizar el respeto a los pueblos, resuelven “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales. Informan que existe la intención de otorgar 60 títulos de concesión minera más en esta región. Exigen la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación. Informan que se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río  Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.
En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto  en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.

Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio  Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del  país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.
Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.

Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.
Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.

Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas  genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio “ya lo secaron y ahora están viendo de dónde agarrar el agua donde se han cuidado y nos vienen a despojar en vez de establecer un acuerdo”. Expuso que otro factor es la contaminación por el nulo tratamiento de aguas negras que son vertidas directamente a los ríos.

El Consejo de autoridades está integrado por núcleos agrarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copala, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia,  Xochistlahuaca y Metlatónoc. Se constituyó en octubre de 2012.
En Cochoapa no se han podido instalar asambleas por la fuerte división política, indicó el comisariado de los Bienes Comunales de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro.
En el acta de asamblea firmada por 16 autoridades ejidales y comunales, se acordaron ocho puntos, entre los cuales están hacer efectivas la declaraciones de territorio libre de minería en la Montaña y Costa Chica, exigiendo la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación.
Otro punto es la organización de las comunidades para alcanzar una procuración de justicia que garantice  “el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el procesamiento penal y/o la reeducación,  de todos aquellos políticos, empresarios y caciques”.
También, “ejercer nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio  frente a la devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia”.

Fuente:http://suracapulco.mx/principal/nucleos-agrarios-se-oponen-a-las-minas-en-costa-chica-monana/

Miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) exigieron a los alcaldes de Escuintla y Acacoyagua, Mauro Cruz Jabalois y Patricio Matías Salas, respectivamente, que cumplan con la promesa de hacer de la región un territorio limpio de minería, porque las empresas nacionales y extranjeras, subrayaron, continúan con la intención de extraer minerales de la zona.

Desde que se constituyó el FPDS, en 2015, hombres y mujeres de la organización se han dado a la tarea de frenar la expansión minera en la región del Soconusco y en la Costa de Chiapas, debido a que esa actividad sólo ha traído la contaminación de sus ríos y arroyos, así como enfermedades entre los habitantes que viven cerca de los lugares de donde se extraen los minerales.

Destacaron que uno de sus principales objetivos por ahora es que el proyecto Casas Viejas, de la empresa El Puntal SA de CV, deje de operar, por los daños ambientales y sanitarios que provoca en la región y en las comunidades.

En este sentido, exigieron a los alcaldes de Escuintla y Acacoyagua que respeten las declaratorias que firmaron de municipios libres de minería.

El pasado 26 de septiembre, el FPDS instaló dos campamentos para bloquear el paso a las maquinarias y vehículos de las empresas mineras. Con palos y piedras atravesados en el camino, los pobladores controlan desde entonces el acceso a la zona e impiden el ingreso de personal de las mineras.

Estos campamentos han provocado la solidaridad de organizaciones y activistas, que han hecho campañas para recolectar víveres.

Una de las organizaciones que asesora y apoya al FPDS es Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, fundada y coordinada por el activista Gustavo Castro Soto.

Otros Mundos calcula que en Chiapas se encuentran al menos 99 concesiones mineras, 21 de ellas en los municipios de Escuintla y Acacoyagua.

Con su lucha social, el FPDS logró la suspensión temporal de dos minas de titanio: El Bambú, a fines de 2015, y Cristina, a comienzos de 2016. El proyecto minero Casas Viejas también es de titanio y está en explotación desde 2003.

“Las afectaciones a la salud y al medio ambiente son visibles, pero el gobierno cierra los ojos, por lo que los habitantes, en su mayoría campesinos, llevan seis meses manteniendo dos campamentos que bloquean el paso de las máquinas hacia la mina”, dijo Marie-Pia Rieublanc, investigadora de Otros Mundos AC.

La activista explicó que ya no hay peces en los ríos y que cuando los pobladores van a bañarse les salen ronchas y granos, debido a la alta contaminación.

“Los terrenos quedan inservibles” y se han incrementado los casos de muertes por cáncer, sostuvo.

Añadió: “Como campesinos, nos hemos reunido y organizado para hacer un frente, el FPDS, en 2015, para tratar de parar esa industria minera, ya que el gobierno de México y nuestro gobernador no nos han hecho caso. Ha habido muchos muertos a causa de la minería, pero ellos dicen que la minería no contamina. Los mineros dicen que la minería es sustentable. Al contrario: en donde hay minería, hay problemas de salud, hay problemas ambientales, hay problemas sociales y hay mucha corrupción”.

Por otra parte, subrayó, el avance de las mineras representa un retroceso para la soberanía alimentaria de las comunidades.

“La región de Soconusco es muy rica en recursos naturales, aquí tenemos tierra, bosques, manglares, mar. Es zona cafetalera, ganadera y pesquera. Nuestra región es muy productiva. No necesitamos la minería para subsistir. Aquí tenemos todo”, concluyó Marie-Pia Rieublanc.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/480291/chiapas-exigen-a-alcaldes-escuintla-acacoyagua-frenar-expansion-minera-en-la-zona

Estos días, 13 y 14 de marzo nos hemos reunido organizaciones, comités y movimientos de Chiapas que somos parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER-Chiapas) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA-Chiapas) para analizar el modelo extractivo y los procesos de despojo en nuestros territorios.

El avance del modelo extractivo en Chiapas se expresa con proyectos como las hidroeléctricas, la minería, la privatización del agua, las áreas de salvaguarda, la siembra de transgénicos, la bio-prospección y ahora la nueva oleada de explotación de petróleo.

Todos estos proyectos mercantilizan, privatizan y dañan los bienes naturales. Son parte de las políticas que imponen las reformas estructurales impulsadas por el gobierno en turno, para favorecer a las grandes empresas nacionales y transnacionales que buscan apoderarse de nuestros bienes comunes, a costa de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, de nuestra cultura y de nuestras formas de vida.

Los y las integrantes del MAPDER y REMA Chiapas expresamos nuestra preocupación por la imposición de la ronda dos y las concesiones de los 12 pozos petroleros en la zona Zoque y nos solidarizamos con su resistencia a estos proyectos y a la privatización del petróleo en México.

Así mismo nos unimos al grito de indignación por la detención de la compañera Silvia Juárez Juárez, a quien se le imputan cargos poco claros y se le recluye en el CERESO, del Amate. De antemano sabemos que esta detención es parte de las estrategias que el estado aplica a los pueblos para reprimir y amedrentar a los movimientos y organizaciones que defendemos la tierra y el territorio, por lo que a través de la presente ofrecemos disposición para acercarnos y organizar en conjunto acciones que denuncien las amenazas a su territorio y a su pueblo.

Saludamos la lucha digna del pueblo Zoque. ¡No están solas/os compañeros!

¡Exigimos Inmediata Libertad para Silvia Juárez Juárez!

¡Respeto al derecho del Pueblo Zoque sobre su territorio!

REMA-Chiapas

Fuente: http://www.remamx.org/2017/03/pueblos-indigenas-se-unen-ante-avance-de-industria-extractiva-en-chiapas/#respond