Latinoamerica

La odisea del acceso a la tierra entre mineras y grupos armados. Los casos de Colombia y Perú

Autor: Ava Gomez y Barbara Ester / CELAG
Conflicto Relacionado: La Oroya-Doe Run-

Si algo tienen en común Colombia y Perú es la presencia de una economía paralela ilegal y sin control estatal, vinculada al cultivo de hojas de coca y la posterior producción de cocaína a partir de ellas. De hecho, ambos países son los mayores productores mundiales de dicha sustancia. Asimismo, comparten otras particularidades como el conflicto entre los grupos armados y el Estado, lo que ha contribuido a delimitar un Estado paralelo en las zonas rurales. Por otra parte, es importante resaltar el papel que las empresas transnacionales desempeñan en áreas rurales a partir de su actividad extractivista. De esta forma la población que habita estas zonas se encuentra en medio de un fuego cruzado entre el Estado –o grupos paraestatales- y los movimientos de lucha armada. Para colmo de males deben soportar los daños colaterales de la contaminación producto de las mineras, quienes cuentan con el beneplácito estatal o bien actúan de manera ilegal por omisión de éste.

I

Tanto Colombia como Perú han tenido la particularidad de presentar una lucha armada cuyo principal escenario fue el territorio rural. En Perú el conflicto armado interno enfrentó en un frente al terrorismo que desarrollaron los grupos armados, especialmente Sendero Luminoso, y en el otro frente al terrorismo de Estado, ambos conformaron la denominada “guerra sucia” —con un altísimo costo en violaciones de los derechos humanos— que finalmente llevó a la derrota de los subversivos. El triunfo militar y la absurda parodia de “Acuerdo de Paz” celebrada en 1993, lejos de pacificar el conflicto permitió atizar el temor popular e insistir con la guerra como política para desbaratar todo intento de cuestionamientos al orden social o a la democracia. El retorno democrático luego de la década fujimorista, a fines de 2000, tampoco impulsó una política distinta respecto a Sendero Luminoso, por lo que sus miembros han continuado en zonas rurales como sicarios al servicio de los cultivos de coca, con apariciones esporádicas para ser utilizados como chivo expiatorio frente a cualquier situación de tensión social. Hoy la guerrilla no constituye un problema real para los pobladores rurales como sí lo representa la actividad económica extractivista.

En Colombia, el conflicto armado que ha asolado al país en el marco de un enfrentamiento entre grupos guerrilleros, paramilitares y las Fuerzas Armadas, ha sido otra de las causas del desplazamiento y la afectación a comunidades étnicas y pueblos indígenas en todo el territorio nacional, llevándolos incluso al peligro de la desaparición, como es el caso del pueblo Nukak Makú que ha vivido caminando en las selvas de la Amazonía, entre los ríos Guaviare e Inírida. Tradicionalmente, sus habitantes son cazadores y recolectores. Actualmente, desplazados, viven hacinados en ranchos, expuestos a las enfermedades y a la pérdida inminente de su cultura. Su población dispersa refleja la realidad del despojo territorial al interior de una pugna por un territorio estratégico. Históricamente el pueblo ha sufrido una importante presión para salir del territorio del Guaviare en disputa por la confluencia de intereses en torno al cultivo de coca, en donde las tareas de fumigación de los cultivos, las luchas territoriales, la dispersión de los colonos y los campos minados han supuesto una gran amenaza para esta población, que ya no puede acceder a sus territorios.

II

El 10 de mayo de 2016 salía a la luz en Lima, Perú, el informe “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”[1] del Instituto del Bien Común (IBC Perú), el cual busca responder de manera alternativa al discurso hegemónico reafirmado por el sentido común que sostiene que la modernidad debe conducir a la parcelación de las tierras comunales y a  individualizar los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas. El informe recoge información hasta marzo de 2016, y registra que las comunidades rurales alcanzan un total de 10.529, de las cuales alrededor de la mitad (4.023) no poseen título de propiedad, lo que constituye la mayor deuda histórica del Estado teniendo en cuenta que la mayoría de dichas comunidades preceden al propio Estado peruano. El informe describe el rol estatal evidenciando cómo los últimos cuatro gobiernos han sostenido la tendencia al debilitamiento del régimen de tierras comunales, facilitando su parcelación y loteo, lo que vehiculiza la transferencia de estas tierras rurales para ser explotadas y quedar a merced del gran capital, ya sea este transnacional o local. Para ello se han valido de una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas anticomunales.

En Colombia, con la promulgación de la Ley de víctimas y restitución de tierras- Ley 1448 de 2011- se dio un amplio avance en términos de reconocimiento social a las víctimas del conflicto y en particular a aquellas que sufrieron en el marco del mismo el desplazamiento forzado. Una de las principales medidas es el derecho a la restitución de tierras, una política que ha tenido enormes trabas en la implementación debido al desarrollo normativo contradictorio con el mismo dada la priorización que tienen frente a las disposiciones en cuanto a la restitución de tierras, estos son los Proyectos de Interés Estratégico Nacional[2], las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, más conocidas como las “zonas francas para el agro”, criticadas por, entre otras cosas, legalizar la acumulación irregular de tierras adjudicadas como baldíos. Y la creación del grupo especial de Asuntos Medioambientales Minero Energéticos e Infraestructura para en la Unidad de Restitución, con orientación a estudiar las demandas de restitución traslapadas con los intereses de explotación de hidrocarburos, generalmente en conflicto con la presencia de pueblos indígenas.

III

En Colombia, después de dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe en los que el enfoque de los Planes Nacionales de Desarrollo se articuló en torno al eje de la Seguridad Democrática, con la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno la apuesta dio el giro hacia la priorización del “Crecimiento Sostenible y la Competitividad”, bajo el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Democrática” (2010-2014).

Desde entonces el relato gira en torno a la necesidad de crecimiento económico como factor fundamental del bienestar económico, siendo las vías para llegar a este crecimiento la innovación, la política de competitividad y de mejoramiento de la productividad y la dinamización de los sectores ‘locomotora’ que lideran el crecimiento económico, uno de ellos el sector minero energético.

El aperturismo estuvo guiado por el desarrollo de grandes descuentos tributarios y desregulación de la explotación del sector, dando lugar a tan solo un año después de la puesta en marcha del PND, a la entrega de 9000 títulos mineros (4% del territorio nacional).

Superado el primer gobierno y con la vía abierta hacia los diálogos de paz con las FARC el siguiente PND de Santos siguió priorizando la competitividad del país a partir de la consolidación del desarrollo minero-energético, entendiendo además que una Colombia pacificada sería también una forma más de fomentar el aperturismo en materia de explotación de recursos naturales.

Las tensiones evidentes en el marco de la ocupación de las tierras indígenas -sin atención a las demandas de los pobladores y sin tener en cuenta los procesos de consulta previa- han derivado en desplazamientos forzados de los territorios ancestrales, además de alarmas humanitarias por la desviación de ríos y arroyos. El caso del pueblo indígena Wuayuú es quizá uno de los casos más vergonzantes en el marco de la explotación minera a cielo abierto en América Latina.

La mina de Cerrejón acapara y utiliza millones de litros de agua del Río Ranchería que supone el desabastecimiento de agua para el pueblo Wuayuú; en marzo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR, confirmó la muerte de 19 niños y niñas ocurridas desde julio de 2013. De acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, han muerto 5 mil niños Wayúu en los últimos seis años. Las causas: desnutrición ligada a la falta de agua en la región.

A pesar de que la muerte y desnutrición de los niños está asociada al consumo de agua contaminada, agravada por la falta de atención médica oportuna y la obligada finalización de sus actividades culturales, las instituciones públicas insisten cubrir las demandas de la minera: la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira, autorizaron al Cerrejón, el desvío del cauce del arroyo Bruno[3], lo cual vulnera los derechos fundamentales y vitales de la población ahí asentada colocándola en grave riesgo.

La producción minera es un pilar fundamental de la economía peruana. En Perú rige el modelo de autoregulación corporativa de las relaciones empresa-comunidades, el cual se mantiene en pie a pesar de la propagación de conflictos que ha suscitado. Las empresas y las comunidades locales así como sus organizaciones se ven forzadas a entablar negociaciones en la esfera de lo privado. El rol del Estado se limita a una intervención que no hace más que profundizar las asimetrías y desplegar la violencia física para enfrentar la oposición organizada a proyectos mineros específicos.

Uno de los factores detrás de la aparición de conflictos es la ausencia del Estado, principalmente en su labor redistributiva de los aportes de la minería mediante el canon minero -dinero que recibe el Gobierno Local como transferencia de parte del Gobierno Nacional- el cual supone que los territorios en los que se realiza una actividad extractiva de un recurso natural no renovable deben contar con una participación proporcional del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona. El Canon Minero tiene por objeto el compensar a las comunidades por el beneficio privado de la extracción y comercialización de un recurso natural que constituye un bien público. En teoría, dicho canon debe contribuir a promover el desarrollo humano integral, sostenible y equitativo de toda la población que se encuentra en las zonas de influencia directa de la actividad minera, a fin de generar mayores oportunidades de desarrollo y prevenir/contrarrestar los efectos o impactos negativos al medio ambiente que pudiera generarse por la actividad minera. Sin embargo la realidad dista mucho de la teoría.

Cajamarca, bastión clave en la organización anti-minería, tiene una vasta experiencia sobre las graves consecuencias que la actividad extractiva supone para la comunidad. Las localidades de San Juan, Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa, sufrieron el 2 de junio del 2000 las consecuencias de un derrame de cerca de 11 litros –equivalente a 150 kilos- de mercurio elemental. El saldo: una intoxicación masiva de alrededor de 1200 campesinos, entre adultos y niños. Actualmente el descontento de la población es tal que la férrea oposición al proyecto de Conga ha sido decisiva para obtener el primer lugar en suu distrito –Cajamarca- en las elecciones presidenciales 2016 del exgobernador regional, Gregorio Santos Guerrero. Las comunidades reclaman por la notoria afectación y contaminación de la cantidad y calidad de sus aguas de riego, el impacto de la minería en detrimento de sus habitantes es tal que ha pasado del cuarto al segundo lugar entre los departamentos más pobres del Perú. La minera Yanacocha en Conga, –cuyo accionariado está compuesto por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura–  representaba una inversión estimada de US$4.800 millones, sin embargo fue suspendida a finales del 2011 por protestas contra un plan que incluía el trasvase de cuatro lagunas (Perol, Azul, Mala y Chica), consideradas por agricultores de la zona como cabeceras de cuencas hidrográficas en Cajamarca.

La Oroya, ciudad de los Andes Centrales ubicada a 175 km de Lima, ha sido declarada en 2013 en quinto lugar entre las diez ciudades más contaminadas del mundo por el Instituto Blacksmith. El ranking anual efectuado sobre los sitios menos recomendables para vivir fue efectuado considerando la cantidad de sustancias tóxicas en aire, suelo y agua. Los autores del informe se basaron tanto en la presencia de metales pesados, mercurio, arsénico, pesticidas y radionúclidos en el ambiente. También se tomó en cuenta el número de personas potencialmente expuestas al impacto de esos factores.  La ciudad se encuentra sitiada por la contaminación causada por el complejo metalúrgico de la empresa estadounidense Doe Run, la cual afecta al 99% de sus 33.000 pobladores.

El proyecto de Tía María valorizado en US$1.400 millones e implementado por Southern Copper en Arequipa, derivó en uno de los conflictos que más víctimas ha cobrado en los últimos años registrando siete muertos y más de 230 heridos en 2016. El Frente de Defensa de Valle de Tambo –zona agrícola ubicada en el área de influencia de la minera– advirtió que el proyecto agravaría los problemas de disponibilidad hídrica. En septiembre del pasado año el Valle de Tambo fue declarado en emergencia por escasez de agua.

La zona de Madre de Dios en la Amazonía peruana ha sufrido fuertes modificaciones, por un lado debido al rápido incremento del precio internacional del oro y, por otro, a causa de la construcción de la Carretera Interoceánica. El arribo de la minería ilegal ha proliferado exponencialmente, causando a su paso un desastre ambiental sin precedentes y un complejo escenario de conflictos sociales. Comunidades agrícolas y mineras -y en particular, las mujeres, los niños y los pueblos indígenas de Madre de Dios- están expuestos a estos metales a través del consumo de peces, que son la principal fuente de proteínas en la Amazonía. En las comunidades nativas y rurales, los pobladores tienen mercurio hasta cinco veces el límite aceptable, y los pobladores que viven más cerca de las zonas mineras tienen hasta 8 veces más mercurio que el límite establecido por la OMS.

 

Mexico

Indígenas piden audiencia al Papa Francisco para frenar mineras y petroleras

Autor: Redacción Regeneración

Regeneración, 21 de abril de 2017. Huauchinango, Puebla.- Una audiencia y su oración para poder enfrentar las agresiones que representan los megaproyectos para sus pueblos y defender la “Casa Común”, pidieron al Papa Francisco, indígenas totonakus y nahuas de 25 comunidades y municipios de la Sierra Norte de Puebla a través de una carta entregada al nuncio apostólico en nuestro país, Franco Coppala.

Los indígenas agrupados en la Organización Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio y sus Pueblos pidieron al jesuita Jorge Bergoglio su oración, su palabra y su solidaridad, para fortalecer la lucha que han decidido dar como pueblos en defensa de su vida, su identidad y su cultura ante la embestida de empresas poderosas como Walmart, Grupo México, Almaden Minerals, Deselec 1- Comexhidro, ICA, que quieren establecer hidroeléctricas, minas, petróleo, gas y saquear los bienes naturales de sus territorios.

“Necesitamos tu oración y tu palabra para seguir caminando con amor y esperanza, para que el corazón de estos empresarios y gente del gobierno que no nos respetan y que no aman a la Madre Tierra puedan abrirse al amor a los demás y comprendan que somos hermanos y que no se puede dañar a la Madre Tierra sin dañar a toda la humanidad”, indicaron.

Los habitantes de la cuenca del Río Ajajalpan señalaron que además de manifestar su rechazo a los denominados proyectos de muerte, han caminado los senderos que “las leyes nos dan para defender nuestro territorio, pero parece que las leyes están hechas para su favor, de los empresarios y no de los pueblos indígenas”.

Acusaron que, menospreciándolos, les quieren imponer un “desarrollo” que no es el que han decidido construir como pueblos, porque implica la destrucción de la naturaleza. “Hermano Francisco –le dijeron–, queremos compartir nuestra tristeza y dolor por la destrucción que de nuestra Madre Tierra están haciendo empresarios que pensamos no conocen nuestra historia, nuestra cultura, que no saben cómo escuchar a la Madre Naturaleza que cada día nos habla, nos cuida, nos da vida, tal vez porque nadie les enseñó como a nosotros, que todos somos hermanos y todos somos hijos y guardianes de la Tierra, que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra”.

Los indígenas serranos que al amparo de la encíclica Laudato Si, ha decidido continuar con el “desafío urgente de proteger nuestra casa común” y por eso piden una audiencia para “colaborar como instrumento de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades por que el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”, como lo establece el texto papal.

“Dicen los empresarios, junto con gentes del gobierno que sus proyectos de minería, petróleo, gas, hidroeléctricas, nos traen progreso y desarrollo. Y nosotros miramos diferente, miramos que lastiman la tierra, secan los ríos, se adueñan de manantiales y nos dejan sin agua; hacen acuerdos con unos cuantos sin respetar a los más humildes, a nuestros ancianos; distinguen a los que más tienen de los que tenemos poco y compran conciencias aprovechando que hay hermanos con mucha necesidad y que por algunos pesos entregan su parcela, les entregan una firma, traicionan al pueblo. Y pues ellos, los empresarios ricos y también algunas gentes del gobierno dicen que somos ignorantes porque no tenemos mucho estudio, porque seguimos hablando nuestra lengua, o haciendo nuestros rituales cuando sembramos, cuando falta la lluvia, cuando viene la enfermedad. Se desesperan cuando tomamos tiempo para hablar y decidir en asambleas, cuando tomamos tiempo para orar y pedir a nuestro Padre Dios que nos guié para que las asambleas vayan bien, para que los acuerdos sean los mejores para nuestros pueblos”, explicaron.

Fuente:http://regeneracion.mx/indigenas-piden-audiencia-al-papa-francisco-para-frenar-mineras-y-petroleras/

Chile

El urgente llamado desde Andacollo ante la depravación minera

Autor: Mapuexpress
Conflicto Relacionado: Andacollo-dayton

Andacollo es una localidad ubicada en la provincia de Elqui, en la IV Región de Coquimbo, con una población estimada según proyecciones anteriores en más de diez mil habitantes. Con una historia preexistente a la república y a la hispánica, con antecedentes que revelan a un territorio con lugares  de gran significancia cultural y espiritual de tipo ancestral inmemorial, donde predomina la figura de la Virgen del Rosario de Andacollo, instaurada por la corona española y la Iglesia en periodos de la inquisición, manteniéndose la tradición de una masiva fiesta religiosa hasta el día de hoy, donde asisten decenas de miles de pelegrinos anualmente.

Andacollo además de cultura y tradición, también se ha caracterizado por la pequeña minería, esa para la subsistencia, en medio de uno de los cielos más expeditos para la astronomía y las rutas para el turismo estelar con un observatorio propio, siendo parte importante en la denominada “ruta de las estrellas”, sin embargo,  a esta prospera realidad, contrasta uno de los episodios más atroces causados por el extractivismo minero y la sobre explotación industrial,  con graves daños al territorio y su población, quienes literalmente viven sumergidos en los yacimientos mineros, colindando con las zonas de explotación,  en medio de múltiples relaves (desechos mineros contaminados) que se han levantado prácticamente como altares de la avaricia humana y la depredación de la naturaleza, donde el plomo, el mercurio, el arsénico, conviven diariamente con sus habitantes.

Andacollo desde el año 2009 es zona declarada “saturada”  por material particulado respirable mp10, como concentración de 24 horas y como concentración anual a la localidad y sectores aledaños y a pesar de supuestos “planes de descontaminación”,  han existido múltiples y graves episodios que se relacionan directamente con sus consecuencias: casos de niños/as intoxicados, aumento de enfermedades cardiorrespiratorias y congénitas, aumento de la mortalidad infantil en más de un 20 %,  exceso frecuente de los niveles permitidos sobre material particulado en el aire, casos de derrames con cianuro,  irregularidades en las torres de medición y un sin número de otros hechos que dan cuenta de un estado de depravación minera a lo que vecinos de Andacollo denominan “producción con sangre”, actividad que no merma por parte de dos empresas canadienses (TECK y Dayton) y que ante intentos de denuncia y protesta, buscan ser silenciadas por el dinero y/o la censura.

A continuación, sobre estos hechos, las palabras de:

–          Elvis Ruiz, Presidente de la Agrupación medio ambiental y desarrollo comunal de Andacollo, CMA

–          Carmen Jofré Vicentelo, Presidenta de la Junta de Vecinos de la población Chepiquilla de Andacollo

–          Javier Cifuentes, integrante de CMA y concejal en la comuna de Adacollo

–          Luis Pouchocq, director investigación de CODECIAM y académico de la UTEM

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Fuente: Mapuexpress

Perú

Mesa de trabajo sobre contaminación minera de la cuenca Llallimayo

Autor: Los Andes.

El día de hoy se realizó una mesa de trabajo sobre la contaminación minera en la cuenca llallimayo por la minera Aruntani, con participación de los congresistas en la semana de representación, además de las autoridades del gobierno local, representantes de MINEM, MINAGRI, SENASA, DIRESA, OEFA y ANA. También delegados de los municipios distritales afectados como Ayaviri, Llalli, Cupi y Umachiri.

Se dio a conocer públicamente, las conclusiones de la Comisión técnica de la provincia de Melgar que resume lo siguiente: En aguas superficiales de la micro cuenca Llallimayo se ha encontrado metales pesados como manganeso, mercurio y demás metales, generados por las aguas acidas como producto de la labor que realiza la minera Aruntani.

Durante el desarrollo de la mesa, se solicitó a la OEFA, presentar para fines del mes de mayo un estudio para identificar en definitiva, sobre la causalidad de la contaminación y sumado a ello, que la ANA informe sobre el proceso administrativo sancionador a la empresa Aruntani, por la represa construida sin alguna autorización. DIRESA hará lo propio sobre la calidad del agua para consumo humano.

«Esta minería irresponsable es la que contamina. El delito es haber arrojado los relaves al río y son cómplices aquellos que lo han permitido; cuando la minera cese sus actividades, nos dejará un páramo, o acaso no es verdad que nuestros campos eran más verdes antes y nuestros ríos traían peces». Puntualizo el congresista Alberto Quintanilla.

Fuente:http://www.losandes.com.pe/Regional/20170427/105674.html

El Salvador

El Salvador promulga ley aprobada contra minería metálica

Autor: Telesur news
El Salvador pasó a convertirse en el primer país en promulgar una ley contra la industria metálica y según ambientalistas «es ahora un referente en la lucha» contra la explotación y procesamiento de metales.

El Salvador promulgó la ley que prohibe la minería metálica, la legislación fue publicada este jueves por el Diario Oficial.

La minería metálica es una actividad rechazada por los ambientalistas de todo el mundo por considerar que la extracción de metales es una industria destructiva para el medio ambiente y la salud pública.

El Salvador se convirtió en un referente en la lucha contra la industria metálica y sus efectos en el medio ambiente, aseguraron ambientalistas.

La ley fue aprobada el miércoles 29 de marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa de El Salvador y prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales en todo el territorio salvadoreño con excepción del trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos.

«Más que novedosa, es una ley necesaria ante una industria que lejos de traer algún provecho a las comunidades, trae grave contaminación a las fuentes de agua, al medio ambiente. Es de celebrar esta ley», dijo el presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Mauricio Sermeño.

La ley establece que será el Ministerio de economía el ente que regirá la aplicabilidad de la ley y deberá coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente el resarcimiento de daños ambientales y en la salud de los afectados por la minería.

El Salvador aprueba ley que prohibe la minería metálica

En el 2015, tres ambientalistas murieron por oponerse a la operación de la empresa minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, quien actualmente demandó a El Salvador ante instancias internacionales por más de 300 millones de dólares por negarle actividad minera en «El Dorado» en la zona norte de Cabañas.

Fuente:http://www.telesurtv.net/news/El-Salvador-promulga-ley-aprobada-contra-mineria-metalica-20170427-0067.html

Colombia

El voto ecológico: entre la minería o la protección del verde

Autor: Andreés Piñeros Latorre.Pulzo
Conflicto Relacionado: La Colosa

Tanto su fauna como su flora se destacan y se han convertido en un símbolo para la conservación de la naturaleza.

Entre tantas noticias de corrupción y de accidentes naturales, los medios dejaron pasar, en buena medida, desapercibida una información que en otro lugar habría ocupado las primeras planas de los medios de información.

La comunidad de Cajamarca, en el departamento del Quindío, salió a las calles para votar en contra o a favor de la minería; en un ejercicio electoral, frente a una actividad económica que es en buena medida privada, pero que requiere una licencia estatal para su explotación.

El resultado de esta convocatoria, en una decisión democrática, realmente participativa, afectó a la población de este pequeño municipio. Más allá de un conteo de votos, Cajamarca se ha convertido en un símbolo nacional. En una expresión de que los principios ecológicos priman sobre la explotación de los recursos no renovables.

La responsabilidad de unos pocos colombianos sobre un pequeño territorio es enorme, ya que esta zona es un refugio para especies vegetales y para una fauna que está en vía de extinción.

El voto popular determinó que se cerrara la exploración minera, y más allá que no se continuaran otorgando licencias para la búsqueda y exploración de minerales.

A diferencia de una elección de representantes políticos, de escogencia de gobernantes, aquí no se votó por personas sino por ideas, por conceptos, por valores, por la primacía de la ecología frente a los intereses económicos.

Mirando con lupa y entre noticias de orden público, aparecen otras informaciones como que el posconflicto permitirá poner los ojos en la protección de diferentes especies, entre otras hermosas aves, una gran variedad de colibríes, las tortugas, los delfines o los característicos osos de anteojos.

Aunque las normas de la minería son estrictas, y es claro en que casos se cae en la ilegalidad. Sólo hasta ahora la comunidad colombiana tiene una directa e importante participación en la decisión del uso de la tierra, de qué debe primar a la hora de aprovechar los recursos naturales tanto renovables como no renovables.

“Verde que te quiero verde”, decía el poeta español Antonio Machado y, básicamente, ese es el canto de las poblaciones colombianas que buscan que la conservación de la naturaleza se coloque por encima de cualquier otro interés económico.

Las elecciones, a través del fervor popular, podrán cambiar el color del mapa de nuestra nación.

Las tonalidades de verde primarán sobre los grises, cafés y tonos opacos que simbolizan los minerales que se esconden bajo el manto natural. Sin duda todos los electores colombianos pondrán a presionar los mecanismos de elección popular. La tierra es de todos y el uso de ella debe estar en manos de la población mayoritaria.

Fuente:http://www.pulzo.com/opinion/el-voto-ecologico-entre-la-mineria-o-la-proteccion-del-verde/PP257776

Nicaragua

Ambientalistas de Centroamérica se unen contra proyectos mineros e hidroeléctricos

Autor: Redacción Efeverde

Al menos cinco organizaciones ambientalistas de Centroamérica han lanzado en Nicaragua un proyecto de intercambio de experiencias para «defender» el medio ambiente frente a proyectos de extracción de materias primas.

Las ONG de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, más una alemana, buscan coordinarse en la “defensa de nuestros territorios, sobre todo aquellos que se encuentran en concesiones por la industria minera y en los que hemos identificado violaciones a los derechos humanos”, dijo la oficial de Minería del nicaragüense Centro Humboldt, Heizel Tórrez.

El grupo hizo el anuncio durante el foro regional titulado “Impactos y Desafíos de la Minería Metálica en América Central“, que inició este jueves y concluirá mañana viernes en Managua.

Efectos negativos

Los líderes de las organizaciones coinciden en que el aporte de la industria minera a la economía centroamericana, que ellos calculan en el 1 % del producto interno bruto (PIB) regional, es poco en comparación con sus efectos negativos.

La Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes) refirió que la minería desestabilizó a las comunidades donde hubo concesiones antes de que el Congreso de ese país aprobara una ley que prohíbe la extracción de minerales, el 29 de marzo pasado.

El Colectivo Madre Selva, de Guatemala, denunció problemas de acceso al agua a causa de las concesiones mineras, así como de monocultivos e hidroeléctricas.

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), de Honduras, afirmó que 123 muertes en los últimos ocho años en conflictos relacionados con la defensa del medio ambiente son el reflejo de “una nueva guerra de baja intensidad”.

En tanto, los nicaragüenses hicieron énfasis en la pérdida de bosques y la pobreza extrema en zonas donde se desarrollan extracciones mineras.

1.118 concesiones mineras

Los Gobiernos de estos países han otorgado un total de 1.118 concesiones para extracción minera y en los casos de Guatemala y Honduras abarcan el 30 % de su territorio, según las organizaciones que participan en el foro.

En el encuentro participan la organización no gubernamental alemana Iniciativa Cristiana Romero y líderes comunitarios de cada país. Efeverde

 

Fuente:http://www.efeverde.com/noticias/ambientalistas-centroamerica-unen-proyectos-mineros/

Colombia

La minera AngloGold suspende trabajos en Colombia tras el rechazo de un pueblo a su proyecto

Autor: El PAís
Conflicto Relacionado: La Colosa

Justo un mes después de que el nombre de un pequeño pueblo, Cajamarca, saltó a las noticias por rechazar el proyecto minero La Colosa, la compañía responsable, AngloGold, suspende operaciones en Colombia. La empresa, de origen sudafricano, explica que después de 14 años de labores en la zona detienen su trabajo en la región, acatando la voluntad popular que se opuso a la explotación minera en su territorio. Un resultado abrumador de 6.165 votos contra 76 terminó empujando a la minera a parar el proyecto y abrió un debate nacional sobre la soberanía de los municipios y la participación cuando se decide sobre la exploración de sus tierras.

La meta de AngloGold era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. De un pueblo que el mes pasado le dio valor en las urnas a un mecanismo democrático, poco usado hasta ahora. La empresa argumentaba recientemente que el impacto que se había generado desde que hace presencia en ese territorio era de baja intensidad,puntual, mitigable y compensable. Sus razones fueron respaldadas por voces como la del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- que también estuvo en contra de la consulta. Bruce Mac Master aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”. Sin embargo, fue más fuerte la voz del pueblo que, desde que se conocieron las pretensiones de la minera, estuvo acompañada por la de ambientalistas, académicos y juristas.

“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razonaba Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una de las organizaciones que lideró el proceso para que fueran los ciudadanos los que decidieran si querían o no que en su región se realizaran explotaciones.

Renzo García, del comité ambiental que promovió la consulta, advierte que la decisión de la empresa es “positiva”, pero no suficiente. Exige, como vocero de la comunidad, que se cumpla al pie de la letra lo que dispone la consulta popular. “Se tiene que acatar como es. No se trata de suspender, ellos tienen que renunciar a ese proyecto porque el pueblo así lo quiso”, asegura desde Cajamarca a ELPAÍS. Dice que esta lucha, que comenzó hace varios años, demuestra que la defensa de la vocación agropecuaria es posible y debe servir de ejemplo a otras regiones.

“Es un mensaje de esperanza para todos los que tenemos que padecer los estragos ambientales de estos grandes proyectos mineros”, agrega.

Con la decisión de la compañía, al menos 400 trabajadores quedarán sin empleo, se reducirán al mínimo los gastos operativos y se suspenderán las inversiones sociales que, según la empresa, llegan a los 6.000 millones de pesos colombianos.

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/27/colombia/1493327943_158398.html

Perú

A LA  COMUNIDAD NACIONAL E INTER A LOS LÍDERES DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y SOCIALES DEL MUNDO: WAYKE PANAKUNA, HERMANOS  Y HERMANAS: 

Autor: Corecoqa

Desde el ayllu Ipokate Lampa Puno Kollasuyu, me dirijo al pueblo peruano para manifestar lo siguiente:

Que nuestra población originaria Runa, del Kollasuyu Perú Tawantinsuyu, está en un estado de emergencia, frente a los proyectos extractivos de inversión privada con efectos de contaminación medioambiental que se han convertido en la amenaza más grande al derecho de la convivencia de Paz.

El gobierno, aduciendo “un levantamiento indefinido del pueblo aymara quechua del Kollasuyo” en el departamento Puno, en mayo del 2011, 18 indígenas han sido Denunciados ante el ministerio Público, en la región de Puno, funcionarios públicos al servicio de empresas mineras que contaminan la vida, el agua, la biodiversidad, el medio ambiente en el departamento de Puno. Denunciaron a los líderes ambientalistas, mediante el EXP. N° 00682 – 2011, formulado por la persona de Ramón Casa Pari. Sobre el REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN, que solicita ante el JUEZ DEL 2DO. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PUNO, en contra del dirigente quechua PABLO SALAS CHARCA y otros, al respecto el DIFUNTO Juez Cristian Chiri de la Corte Superior de Puno, admitió y luego de haber escuchado los alegatos de la demanda, hoy se encuentra el proceso en JUICIO ORAL,  y la sentencia el Ministerio Publico a cargo del Dr. Juan Monzón Mamani Fiscal Provincial……… imputando  por los delitos Contra el Patrimonio en su modalidad de Extorción, disturbios, alterar el orden público en agravio del Estado y otros.

Sin la oportunidad de una minuciosa investigación y sin tener la posibilidad de tener una defensa oportuna”, violando con esto normas de derecho nacional e internacional. 

A pesar de aducir un “levantamiento indefinido del pueblo aymara quechua del Kollasuyo”, la petición presentada por los acusados sobre la PERICIA ANTROPOLOGICA fue declara INFUNDADA,

En este proceso penal existe discriminación racial toda vez que la Fiscalía y Juez a cargo de la preparación, iniciaron procesándolos y contraviniendo al derecho irrestricto de hacer uso de nuestras lenguas originarias del quechua y aymara porque somos originarios de los pueblos o comunidades campesinas como tal en su momento se exigió ser orientados, juzgados mediante traductores o interpretes por que no se entiende  las leyes y normas modelo occidental.

En el Derecho Penal del hecho punible. SECCION III, la Jurisdicción y competencia Art. 18 límites de jurisdicción ordinaria, aduciendo que los hechos ocurrieron en la ciudad, no se aplica esta justicia.

En esta parte del país no se está respetando la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

En un discurso transmitido por los medios de comunicación de Lima el pasado 28 de Julio del 2015, el ex Presidente de Perú Ollanta Humala, dedicó parte de su discurso de atacar, una vez más, a los líderes de las organizaciones indígenas del Perú, señalando que: “los vándalos, anti sistema, anti mineros no podrán desestabilizar el proceso del crecimiento económico, lucha frontal contra los delincuentes, azuzadores de la violencia”. Es decir a los que defendemos los derechos del Pueblo de Perú, a los que defendemos los derechos de la madre naturaleza y a los que decimos toda la verdad, nos está aplicando leyes como a criminales narcoterroristas, corruptos, sicarios, violadores.

Estos ataques contra los Defensores de la vida, agua, tierra, Ambiente y derecho de los Pueblos, a estos defensores de la Madre Tierra, están siendo combatidos políticamente, militarmente y judicialmente desde el Ministerio Público y Poder Judicial, aplicando Dec. Legislativos: 1015, 994, y otros Once Decretos Legislativos  emitidos el pasado 28 de Junio 2008, que criminalizan la protesta. Al mismo tiempo, protegen a los ex presidentes y sus ministros comprometidos con el caso LAVA JATO.

La situación de la presión política desde los empresarios mineros ha llegado a tal punto que los integrantes de Ministerio Público califiquen de actos delincuencial las medidas de las jornadas de protesta, el cual la CNDDHH del Perú debe informar y dar conocer ante las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cese el amedrentamiento estatal.

El 10 Octubre, se hizo pública el pedido del Fiscal provincial de Puno a una sentencia de 18 a 28 años de  prisión contra los políticos  líderes de las organizaciones indígenas del sur del Perú; la condena es la máxima para los delitos de los que está acusado Pablos Salas Charca, por solidarizarse con la marcha antigubernamental, en defensa de la vida, agua y el territorio.

Todo Pueblo tiene derecho a luchar contra el delito ambiental socio económico; y los funcionarios del Estado al servicio de las mineras no tienen derecho a calumniar y difamar; menos a distorsionar la administración de justicia; por lo que el procesamiento debe hacerse bajo el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso y, en ningún momento, se debe utilizar el derecho penal para la criminalización de líderes originarios opositores políticos, ni restringir el derecho de protesta.

El hecho de haber logrado derogar el D.S. 033-2011-PCM, firmado por Alan García, Derogando el D. S. 083- 2006- EM de la misma el que emite y el que deroga debería también ser  citado y alcanzar la denuncia penal, por ser responsable político.

No hay elementos que permitan concluir una relación de causa a efecto entre la solidaridad o pronunciamiento en apoyo a una  marcha, o manifestación política socio ambiental, siendo que se dio una opinión similar al discurso pronunciado durante la misma en solidaridad con el pueblo que dijo AGRO SI …MINAS NO, o Agua si… Oro No.

Por el contrario el CASO de Azángaro en el aeropuerto de Juliaca, dejo 06 muertos, ocasionados por el entonces ex Presidente Alan García Pérez, hoy en su condición de ser autor inmediato al ex presidente el Fiscal de Juliaca ha concluido declarado improcedente y archivado la investigación penal”.

Por los mismos motivos, merece un llamado desde las organizaciones agraria, indígena a nivel continental y los movimientos de derechos humanos y solicito a las organizaciones de derechos humanos del Perú que deben pronunciarse y solidarizarse con las autoridades comunales originarias y los criminalizados; y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, de la República del Perú, que cese el hostigamiento a todas las personas defensoras de derechos humanos, como lo obliga la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales.

En el caso de la región de Puno la criminalización a los “opositores” es una constante y mostramos nuestro rechazo y exhortamos a que funcionarios vinculados a empresas contaminadoras dejen de utilizar al Estado Peruano para sus fines privados y cesen la persecución.

Nos alarma que, a partir de un ilegal estado de excepción impuesto por el ministerio público hoy pase a Juicio Oral, sin haberse demostrado los instrumentos de prueba, por orden de los “inversionistas” extranjeros, por recomendación de los empresarios privados, cientos de personas peruanas estén siendo procesadas en el Perú sin respeto de sus derechos, utilizando a supuestos TESTIGOS SIN ROSTRO, generando con ello una situación de riesgo para la garantía de su derecho a la vivienda, a la libertad, a la integridad personal, entre otros.

Como originarios kheswa de esta región del Puno llamo a alto comisionado de derechos humanos de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que intervenga, inste al gobierno peruano sobre el cese de la violación de los derechos humanos con los líderes quechuas.

Es así como  el gobierno actual viola los derechos humanos informa sistemática, a pesar que el estado peruano ratifico el convenio 169 de la O.I.T., en el año 1995,  siendo esta de  cumplimiento por los estados, sin embargo el estado peruano no cumple los convenios internacionales, siendo esta parte de la protección de los derechos fundamentales del ser humano, de conformidad al Artículo 7 convenio 169 de la O.I.T., 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

El Estado peruano actúa ante las comunidades indígenas como con colonias que invade,  impone a sangre y fuego expropiando las tierras que ocupan ancestralmente y estas son concesionados a las empresas extranjeras y que estas  a su vez contaminan ríos, aire y Tierras de las comunidades, los afectados estando protegidos por la ONU de conformidad al Articulo N° 3 del convenio 169 de la OIT.- 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

La criminalización es la más extrema de las medidas que un Estado puede tomar debido al enorme impacto en la vida personal y familiar.

Con el ánimo de que el diálogo diplomático entre los líderes indígenas socio ambientales y el gobierno de Perú, pueda encarar y superar esta situación de tensión y violaciones de derechos humanos en la región de Puno.

Los argumentos que he referido, como ciudadano del Perú Tawantinsuyu, de origen indígenas, solicito que se nos respete  la vida, respeto  a la libertad y respeto a nuestras tierras, que somos posesionarios antes de la colonia, que estamos gravemente afectados por las usurpaciones de nuestras tierras por parte del estado peruano a favor de las empresas mineras privadas y es por ello que solicitamos la intervención de la relatoría de la ONU, a fin de que se pueda proteger, la libertad, y así como la protección de la vida del ser humano y es por ello que no debe ser penalizado los indígenas, que en las protestas que hubo fue a fin de proteger sus tierras y al derecho a la vida.

Esta medida de las transnacionales mineras via la judicialización de ser un hecho la penalización y encarcelamiento será una derrota de los lideres  y autoridades comunales para que todo acto de defensa a la madres tierra sea criminalizado, en consecuencia esperamos una justicia justa, desde su origen viendo el lado político y alentamos que el Perú profundo originario ganara.

No a la persecución a los líderes sociales por parte de las autoridades jurisdiccionales y demandamos al mismo tiempo el cese de la represión indiscriminada al pueblo y el empleo de armas letales por parte de los efectivos policiales y militares.

Pablo Salas Charca como originario de los ayllus (comunidades) del Tawantinsuyu (Perú), no lucha  por canon o por mas regalías,  nuestra lucha es de carácter histórico, defendemos nuestra soberanía nacional, defendemos nuestro territorio, que nos pertenece desde hace miles de años, defendemos la vida, el agua, el sol, la tierra, el respeto al ser humano, el respecto a la madre tierra, a la madre naturaleza, la vida en armonía con el medio ambiente.

Desde esta heroica ciudad de la integración Andina Juliaca, hago un llamado a los líderes y autoridades comunales de la Región Puno y del Perú, para cuestionar al actual gobierno por la inhumana política colonialista del neoliberalismo y tomar acciones inmediatas frente a la vulneración y violación de los derechos colectivos del pueblo

PABLO SALAS CHARCA

PDTE CORECOQA

#990070766

 

Colombia

Desde el aire buscarán ubicar minería ilegal en Urrao

Autor: Ricardo Monsalve para El Colombiano

Hay preocupación en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por el aparente incremento de la actividades relacionadas con la minería ilegal y el tráfico ilícito de madera, específicamente en las veredas Mandé, Punta de Ocaido y la zona selvática de esa población, las cuales limitan con otros municipios como Frontino, Vígia del Fuerte y el departamento de Chocó.

La denuncia la hacen varios integrantes de la Mesa Ambiental y el grupo No a la Minería de Urrao, quienes aseguran que son al menos nueve puntos en los que hay minas ilegales de oro y en donde “ya llevan al menos dos años consumiendo bosques y selva, que hacen parte de una reserva forestal decretada mediante ley segunda de 1959 y que se encuentran cercana al Parque Natural Las Orquídeas”.

Quienes hicieron pública esta problemática afirman que desde el inicio de esa actividad “se hizo la respectiva denuncia con fotos y documentos ante las autoridades locales del municipio; sin embargo, al ver que no hubo resultados, decidimos acudir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. En las zonas donde se está haciendo la minería ilegal ni siquiera hay acceso vehicular, al parecer la maquinaria la pasaron desde Chocó y también por los afluentes que hay en la zona”.

El personero local, Carlos Andrés Cossio, afirmó que a su despacho llegaron las denuncias sobre las actividades de minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo, “por lo que se hizo la respectiva diligencia para que esa denuncia la tuvieran los órganos competentes, en este caso, la Fiscalía el Ministerio de Defensa y la Brigada contra la Minería Ilegal de Ejército en Bogotá”.

El personero agregó que ya la policía de Urrao ha incautado gran cantidad de madera de bosque nativo.

Esta problemática de la minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo en Urrao fue tema de discusión en el pasado consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia y por esa razón, el gobernador Luis Pérez Gutierrez anunció que en los próximos días se realizarán sobrevuelos para poder detectar las zonas donde se está extrayendo el oro de manera ilegal.

“Las comunidades están protestando y por eso la secretaría de Gobierno y de Minas estarán al frente de esta situación con todos los organismos de seguridad y estaremos dando resultados muy pronto”, afirmó el mandatario regional.

Hay preocupación en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por el aparente incremento de la actividades relacionadas con la minería ilegal y el tráfico ilícito de madera, específicamente en las veredas Mandé, Punta de Ocaido y la zona selvática de esa población, las cuales limitan con otros municipios como Frontino, Vígia del Fuerte y el departamento de Chocó.

La denuncia la hacen varios integrantes de la Mesa Ambiental y el grupo No a la Minería de Urrao, quienes aseguran que son al menos nueve puntos en los que hay minas ilegales de oro y en donde “ya llevan al menos dos años consumiendo bosques y selva, que hacen parte de una reserva forestal decretada mediante ley segunda de 1959 y que se encuentran cercana al Parque Natural Las Orquídeas”.

Quienes hicieron pública esta problemática afirman que desde el inicio de esa actividad “se hizo la respectiva denuncia con fotos y documentos ante las autoridades locales del municipio; sin embargo, al ver que no hubo resultados, decidimos acudir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. En las zonas donde se está haciendo la minería ilegal ni siquiera hay acceso vehicular, al parecer la maquinaria la pasaron desde Chocó y también por los afluentes que hay en la zona”.

El personero local, Carlos Andrés Cossio, afirmó que a su despacho llegaron las denuncias sobre las actividades de minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo, “por lo que se hizo la respectiva diligencia para que esa denuncia la tuvieran los órganos competentes, en este caso, la Fiscalía el Ministerio de Defensa y la Brigada contra la Minería Ilegal de Ejército en Bogotá”.

El personero agregó que ya la policía de Urrao ha incautado gran cantidad de madera de bosque nativo.

Esta problemática de la minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo en Urrao fue tema de discusión en el pasado consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia y por esa razón, el gobernador Luis Pérez Gutierrez anunció que en los próximos días se realizarán sobrevuelos para poder detectar las zonas donde se está extrayendo el oro de manera ilegal.

“Las comunidades están protestando y por eso la secretaría de Gobierno y de Minas estarán al frente de esta situación con todos los organismos de seguridad y estaremos dando resultados muy pronto”, afirmó el mandatario regional.

Temen por su seguridad

Las personas de la Mesa Ambiental y del grupo No a la Minería de Urrao que hablaron con EL COLOMBIANO, denunciaron que fueron amenazados por sacar a la luz pública la problemática que hay por cuenta de la minería ilegal y el tráfico de madera, y por esa razón prefirieron no publicar sus identidades.

“Hemos recibido llamadas en las que nos dicen que ya nos tienen en la mala a los de la mesa ambiental y que si se llega a realizar un operativo contra la minería en Urrao, nos van a matar”, asegura uno de los jóvenes, quien agrega que esas amenazas ya fueron denunciadas ante la Policía, Fiscalía y Personería del municipio.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mineria-ilegal-en-urrao-AL6397705