En el portal Infobae del 28 de mayo, apareció la siguiente nota: “Las mineras aspiran a cambiar los programas de las escuelas1”.

Es necesario destacar que estos son los acuerdos que ya no podemos seguir llamando público-privados (como los designa el Banco Mundial para hablar de los pactos de gobernabilidad), porque son estatales-privados, donde el gobierno decide sobre lo público como si fuera de su propiedad.

No sólo las fundaciones y ong corporativas diseñan las políticas educativas y controlan el sistema, sino que en el proceso de la reforma, gracias a las leyes de educación de los ’90 y del siglo XXI tienen injerencia directa sobre los contenidos curriculares; las evaluaciones de destrucción masiva, nacionales e internacionales nunca van a dar “buenos” resultados hasta que el proceso de “alienación” reformista no se complete, es decir, cuando la escuela termine de subordinarse a los intereses empresariales, el estatuto docente que regula la actividad sea pieza de museo y las universidades programen sus carreras en función de lo que necesita el mercado.

Una prueba más de lo que venimos diciendo en muchos trabajos anteriores, aparece en la nota que motiva estas líneas: “Los manuales de educación de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante, cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes, no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarle a los colegios y a los chicos lo que significa la minería…” explica Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y director de Asuntos Corporativos de la minera Cerro Negro, y agrega: “Se podría cambiar parte de la currícula de Ciencias Naturales…” Incluso, según la nota del portal, ya comenzaron a dar charlas en las escuelas, en el Colegio Nacional Buenos Aires, en las ORT y van a continuar en otros establecimientos.

Los cambios en la currícula ya están previstos en la Declaración de Purmamarca firmada por los ministros de educación de todas las jurisdicciones: “Fortalecer la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referida a la gestión, la implementación de programas, planes y proyectos acordes a sus necesidades y realidades, como así también a las adecuaciones curriculares…2” (el resaltado es mío)

Ninguna de estas estrategias va de la mano de las opiniones de los que están frente al aula, los docentes, muy lejos de eso, toda la intelligentsia de la reforma está fuera de las escuelas, está en las corporaciones y los “especialistas” que trabajan para ellas.

Breve paréntesis imperialista

En los años 70, el entonces secretario de estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, producía un extenso, significativo y neocolonial informe que llevaba su nombre, en el que proponía como política exterior en recursos naturales, lo siguiente: “Es vital que el esfuerzo en desarrollar y fortalecer un compromiso mayor por parte de los líderes de los países menos desarrollados no sean percibidos por ellos como políticas de un país industrializado para mantenerlos subsumidos o para que los recursos sean usados por los ‘países ricos’. El desarrollo de tal percepción puede generar una reacción fuertemente adversa para la estabilidad de la población. Por ello, los Estados Unidos y otros países “ricos” deben tener cuidado en las políticas que aplicarán en los países menos desarrollados para que sean aceptadas…” y agregaba que para “minimizar los cargos de motivaciones imperialistas”, se debe repetir constantemente que dichas inversiones son para: “…el desarrollo social y económico…3”.

Por supuesto que las estrategias son las mismas, incluso Kissinger, también va a “recomendar” sobre los contenidos de la educación en nuestros países latinoamericanos, tan afectos a la naturaleza.

Así, los intereses mineros, necesitan cada vez más encontrar estrategias para continuar con sus actividades contaminantes y saqueadoras de nuestros territorios y qué mejor que la escuela o la universidad. Dice el ceo minero en la nota: “no sólo se cambiará la currícula, sino buscaremos generar más espacios de estudio en las universidades (…) Las personas que viven en las comunidades donde operamos son nuestro nuevo norte, nuestro ideal. Toda la energía del sector debe estar concentrada en lograr el bienestar de las personas…”

Por supuesto que en el artículo del portal se manifiesta el deseo de la firma del Acuerdo Federal Minero, lo que le permitirá a la corporación seguir apropiándose del territorio y avanzar en provincias que, por ahora, tienen prohibida la actividad por ley.

Y entonces, es necesario para este avance contaminar, también, la educación, el “extractivismo” educativo como predador fundamental para profundizar el proceso de colonización cultural, la mentira como contenido curricular.

¡La obscenidad y la paradoja!

Mientras nuestros Pueblos Originarios luchan por sus territorios ancestrales, invadidos por la industria extractiva, resisten las diversas formas de genocidio y sometimiento y la currícula escolar los invisibiliza; o peor, los expone como primitivos por tener como idea fundacional y de vida a la naturaleza, mientras eso ocurre; el invasor corporativo firma acuerdos con estos gobiernos para continuar y ampliar su plan depredador. La mentira en la currícula escolar, donde seguramente nada se va a decir sobre los derrames que produjo la mina Veladero en la localidad de Jáchal, provincia de San juan, contaminando el río con cianuro y afectando a toda la población; los derrames de la mina Bajo La Alumbrera en Catamarca, por roturas del mineraloducto con consecuencias en la ciudad de Andalgalá, nada de esto van a decir los textos cianurados de la nueva currícula de ciencias naturales que propone el ceo minero, porque hacen “minería sustentable”; sustentable para la optimización de ganancias a cambio de la devastación.

Seguramente la inclusión en la currícula de la actividad cianurada, será presentada por el, por ahora, ministro de educación, Esteban Bullrich (o por quien lo suceda); así como por el presidente Macri, como parte de lo que llaman la “revolución educativa”. Pero, es otra mentira, en los tiempos de transmigración de significados, no es una “revolución”, es la invasión educativa, los empresarios diseñando el sistema, la pedagogía instrumental y el pragmatismo colonial de la “adaptación”.

¿Acaso es éste el nuevo paradigma cultural del que nos hablan los “especialistas” orgánicos del establishment, resguardados en fundaciones, ong´s y universidades privadas de élite?

¿De qué van a hablar en las capacitaciones, que dan en esas universidades, fundaciones y ong’s, a docentes y directivos, de las bondades de la megaminería?

Es probable que en breve, también, la industria del negocio agroquímico pida unas páginas curriculares, para mostrar la “sustentabilidad” de la actividad ‘agrotóxica’ (palabra prohibida en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- por orden de su director). Pero nada van a decir de los “pueblos fumigados”; ni de las escuelas expuestas a la pulverización continua de los venenos; ni de los informes científicos que confirman la toxicidad.

Esto no es, definitivamente, una “revolución”, es una invasión parasitaria de apropiación colonial, producto de estas “democracias empresariales”, como las define Noam Chomsky⁴ (1994) y que muchos llamamos, la “dictadura de la burguesía”.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227524

Dos nuevas centrales nucleares son algunos de los resultados del último acuerdo firmado con China. La importación de uranio se duplica y comienza una nueva disputa por reactivar la minería.

Mientras avanza la oposición por parte de la ciudadanía a la instalación de las dos nuevas centrales nucleares, desde el gobierno se apunta a recuperar la minería de uranio. Qué zonas están afectadas y qué implica este incremento de la demanda del mineral en cuestión, son el objetivo de esta columna.

No hay discusión sobre la energía nuclear o la minería en las fuerzas políticas mayoritarias de la Argentina. La grieta no alcanzó las cuestiones ambientales, y de esta forma se da continuidad al Plan Nuclear Argentino lanzado en el año 2006.

La minería de uranio, insumo principal para producir energía nuclear, es una actividad que se busca reactivar en el país. En este sentido, Luis López, referente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, afirma que con solo un yacimiento operando se podría cubrir la demanda actual de uranio, y lamenta la falta de licencia social para llevarlo adelante. El informe publicado por el Ministerio de Energía y Minería en diciembre de 2016, avala esta propuesta, y afirma que “si fuera factible el proyecto Laguna Salada, se podría abastecer la demanda de los tres reactores argentinos por trece años y en caso de incorporarse un cuarto reactor, dicho abastecimiento sería de 9,6 años”.

Según el informe mencionado, la Argentina cuenta con más de 31.000 toneladas de uranio en las provincias de Chubut, Mendoza y Salta, a lo que se suma la estimación de recursos no disponibles por más de 80.000 toneladas. Más específicamente, Salta posee en el yacimiento Don Otto, recursos identificados por 430 toneladas, Sierra Pintada en Mendoza unas 10.010 toneladas, y la mayor parte de ellos en Chubut, donde encontramos 21.245 toneladas, en Meseta Central, Cerro Solo, Laguna Colorada y Laguna Salada.

Para extraer el uranio es necesaria la explotación de minería subterránea y con mayor proporción minería a cielo abierto. En la actividad minera se demuele las rocas con dinamita, dispersando en el aire el polvillo o material particulado. Este contiene metales pesados: arsénico, cadmio, plomo y mercurio, y radioactivos, uranio, torio y cesio, ya que en el sitio se encuentra uranio y sus productos de decaimiento. El uranio se encuentra en la roca en muy baja ley entre un 0,1 % y 0,2 % del total de la roca procesada, alrededor de 1 kg a 2 kg por tonelada de roca, por lo que existe un gran desperdicio de mineral residual. Los residuos provenientes de la minería de uranio, están constituidos mayoritariamente por las “colas del mineral” (a las que se les extrajo el uranio aprovechable) y por los “estériles de la minería” (la roca extraída con muy bajo contenido de uranio). Esos residuos contienen las mismas sustancias radiactivas que poseía el mineral original y que no fueron separadas.

Más allá del alto nivel de inestabilidad que presenta la energía ya obtenida, los problemas que presenta su producción no son menores. Las etapas en que se subdivide el proceso de producción de la energía nuclear, a saber: la de minería, la de concentrado, la de conversión, la etapa de producción de energía y la de conformación de los residuos nucleares con las sobras de la producción del uranio, genera residuos radiactivos altamente peligrosos. Las consecuencias de estos residuos la padecerán los pobladores y ecosistemas a lo largo de miles de años, el tiempo que tarda en decaer la radioactividad.

Aquellos sitios en los cuales se han desarrollado actividades intrínsecas a la minería de uranio, no se han remediado todavía. Esta contaminación con sustancias radiactivas la siguen padeciendo las ciudades de Malargüe (Mendoza), San Rafael (Mendoza), Huemul (Mendoza), Córdoba (Córdoba), Los Gigantes (Córdoba), Pichiñán (Chubut), Tonco (Salta), La Estela (San Luis), Los Colorados (La Rioja). Todas estas localidades juntan 5.902.600 de toneladas de colas de minas de Uranio, que todavía están a la espera del tan postergado presupuesto para la remediación de estos sitios. Que si bien la remediación busca garantizar la seguridad del lugar para algún uso en particular, no se puede recuperar la composición ni la función del ecosistema, por lo que es necesario considerar este punto cuando se determina un sitio para la minería de uranio.

No puede soslayarse que las consecuencias que acarrea la actividad nuclear pueden llegar a ser como en Chernobyl o Fukushima, terriblemente devastadoras. Son muchas las voces que se han levantado en el mundo en su contra.

Además de las implicancias explicadas en este artículo, los números no cierran aun dejando el ambiente (y la seguridad) afuera. Las nuevas centrales nucleares costarán cuatro veces más que el plan RenovAR y sin embargo producirán menos energía. 1871 megavatios de capacidad contra los 2400 que se esperan del plan RenovAr. A lo que debemos sumarle la necesidad, al menos momentánea, de continuar con la importación de uranio, que se prevé que aumente un 112 % con la incorporación de las nuevas centrales, y genere una salida de divisas de más de 22,6 millones de dólares anuales, entre uranio natural y uranio enriquecido.

Existen leyes como la Ley XVII-Nº 68 de la provincia de Chubut que prohíbe la actividad minera metalífera, o la Ley N° 7722 de Mendoza, sin embargo, el gobierno actual está dispuesto a dar los pasos necesarios para avanzar.
La sociedad argentina deberá entonces dar la discusión respecto al costo que estamos dispuestos a pagar para avanzar hacia la soberanía energética. Mejor dicho, ¿hasta qué punto vale más la soberanía energética que la prevalencia de la vida en el planeta?

* Fernández es tesista en Ciencias Ambientales (UBA) y Travela es Licenciado en Comercio Internacional, doctorando en Desarrollo Económico (UNQ).

Fuente:http://laizquierdadiario.com/Macri-quiere-reactivar-mineria-de-uranio-a-pesar-de-siete-ciudades-afectadas-sin-remediacion