Mexico

Mineras ponen en riesgo el medio ambiente y la vida en Veracruz, denuncian

Ejidatarios y activistas ambientales en Veracruz exigen que se detengan los proyectos mineros que amenazan a seres humanos, flora y fauna.

La biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre 2 y Caballo Blanco, este último autorizado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ejecute trabajos de exploración.

Pese a la oposición de ejidatarios y activistas ambientales, y a las múltiples suspensiones en los últimos 5 años, las compañías canadienses Almaden Minerals y Candelaria Mining Corp han insistido en explotar oro, plata y otros minerales en esta región localizada a unos 40 kilómetros al norte del puerto de Veracruz y a 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Para La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la actividad minera en la región es inviable en los aspectos ambiental, social y de seguridad para los cerca de 10 mil habitantes de las comunidades aledañas.

En dos proyectos diferentes, las compañías extranjeras prevén recuperar en el mediano plazo una inversión no cuantificada, pero sí estimada en millones de dólares; en contraste, los pobladores de las congregaciones situadas en las faldas de los cerros subsisten de la ganadería, la siembra de caña y otros cultivos, actividades que inevitablemente se verán impactadas.

Caballo Blanco
El pasado 7 de abril, el delegado en Veracruz de la Semarnat, José Antonio González Azuara, firmó el documento resolutivo que autorizó a la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V. iniciar con los trabajos de exploración en el cerro La Paila, en el municipio de Alto Lucero.

El Informe Preventivo presentado por la empresa, la cual es filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, contempla la barrenación en 7 puntos diferentes en un terreno de 88 hectáreas. Sin embargo, para el proyecto con clave 30VE2016MD097, sólo se estima el trabajo en 175 metros cuadrados.

Estos albergarán las plantillas de barrenación, los patios de maniobras, las fosas de sedimentos y otras actividades propias de la minería.

De acuerdo con el oficio SGPARN.02.RA.0395/17 de la dependencia federal, la minera está obligada a cumplir única y exclusivamente con el proceso de exploración con una perforación que oscilará entre los 150 a 500 metros de profundidad.

La apuesta de Caballo Blanco S.A. de C.V. es obtener información precisa e identificar minerales como el oro y la plata en medio de una zona donde según los censos del INEGI prevalecen amplios sectores en situación de pobreza.

El acceso a los puntos de barrenación está prohibido al tratarse de propiedad privada. Sin embargo, en las comunidades existe hermetismo y recelo en cuanto al desarrollo de trabajos en el cerro La Paila, el cual está ubicado frente a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Para poder realizar las exploraciones, diariamente se utilizarán 70 mil litros de agua que serán acarreados mediante pipas compradas en la región.

En la comunidad de Arroyo Agrio, por ejemplo, la encargada de una de las tres tiendas de abarrotes explica que los últimos movimientos de camiones y otras unidades ocurrieron en la cara norte de la montaña, muy cerca del Rancho del Niño.

“Aquí entraban, pero ahorita están de aquel lado. Tengo entendido que van a utilizar este mismo camino en los próximos meses o al menos eso es lo que se ha escuchado”, afirma.

Según lo expuesto en el resolutivo de la Semarnat, la empresa no tiene permitido abrir nuevas brechas para llegar hasta los puntos de barrenación y sólo tiene autorizado adecuarlos para que sean transitables durante los 2 años de trabajos.

El Cobre 2
A unos 20 kilómetros al sur de donde se reactivará el proyecto Caballo Blanco se localizan ocho puntos del proyecto denominado El Cobre 2, promovido por Minera Gavilán S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals en 2016.

Un año antes de que Caballo Blanco S.A. de C.V. promoviera la autorización para los nuevos proyectos, Minera Galván S.A. de C.V. hizo exploraciones en las comunidades de San Juan Villa Rica, Los Baños, Ojital, Tinajias y El Porvenir.

Sobre este proyecto, los ciudadanos Miguel Leal Ortiz, Emilio Montiel Noguera, Ascensión Sánchez Vázquez, Ascensión Leal Cervantes y Fidel Leal Báez, habitantes del municipio de Actopan, rechazaron el Informe Preventivo de la empresa y exigieron una consulta pública porque consideraron una que había posibilidad de una afectación. Aunque enviaron un oficio el 20 de abril de 2016, la Semarnat avaló el proyecto minero y dio luz verde para los trabajos de exploración.

Explotación inviable

Según el dictamen elaborado por la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V., el programa propuesto es de muy bajo impacto ambiental, pues argumentan que no hay conflicto con el medio ni con el entorno. No obstante, Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA, señala que los proyectos mineros son altamente peligrosos para sitios donde hay tal biodiversidad como en los cerros La Paila y La Cruz.

“La legislación mexicana permisible para que cualquier empresa extranjera pueda despojar a cualquier comunidad, territorio, área natural o bienes sin problemas. La minería prima sobre cualquier otra y es absurdo. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido una institución cómplice porque hay claras violaciones a la NOM-120-SEMARNAT-2011 (…) su papel ha sido vergonzoso”, precisa.

Rodríguez Almazán considera que la minería no debería ser admisible en un ecosistema único y diverso como el que existe en la zona serrana que se difumina hacia el Golfo de México, en los municipios de Alto Lucero y Actopan. “El que aprueben proyectos de exploración es el primer paso para la explotación. Están en juego millones de dólares y es un hecho que apuestan a que en algún momento puedan extraer minerales ahí”, indica.

En los informes preventivos de las empresas canadienses se detalla que en dicha región existen desde robles, sauces, comezuelo, higueras, guácimas, guanacastes, encinos, cocuites, helechos, palmas y otras especies. En cuanto a fauna, en esa demarcación es posible observar tlacuaches, armadillos, coyotes, tejones, venados cola blanca, tuzas, zorras y al menos 432 especies de aves, desde garzas, halcones, gavilanes, choros, patos, colibríes y loros.

Considerado este inventario de especies y dentro del contexto de la amenaza al medio ambiente, Emilio Rodríguez insiste en que la sociedad civil debe exigir que se detengan proyectos que ponen en riesgo la vida de seres humanos, flora y fauna.

“El hecho de que esté a escasos kilómetros de Laguna Verde representa un riesgo latente debido a los procesos para extraer los minerales. No sólo estamos frente a un elemento de riesgo para el medio ambiente y para la vida cotidiana de los que allí habitan, sino de seguridad de toda una región”, sostiene.

Fuente:http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/mineras-ponen-en-riesgo-el-medio-ambiente-y-la-vida-en-veracruz-denuncian/

Ecuador

La ONU entregó un premio a organización ecologista de Ecuador

Los activistas de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (Decoin) recibieron un espaldarazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Programa de esta entidad para el Desarrollo entregó el premio Ecuatorial 2017 a 15 organizaciones en África, Asia y América que trabajan en soluciones locales para la gente, la naturaleza y la capacidad de recuperación o de adaptación de las comunidades.
Entre los que recibieron el galardón está Decoin, que desde hace 20 años brinda apoyo a las comunas del valle de Íntag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, que luchan contra la expansión minera.
Ese esfuerzo les ha permitido conservar más de 12 000 hectáreas de biodiversidad andina y proponer alternativas de subsistencia en 38 comunidades campesinas, explica Carlos Zorrilla, uno de los miembros de Decoin.
La producción de café orgánico y el turismo comunitario están entre las opciones, que han tendido raíces en este valle de clima subtropical. Entre los ganadores se encuentran iniciativas novedosas como una propuesta de solución del conflicto de Malí, África, para proteger al elefante que está en peligro.
La Decoin emprendió una lucha en 1995 cuando ingresaron a la localidad las primeras empresas mineras, interesadas en extraer metales. En Íntag se desarrolla el proyecto Llurimagua, que analiza la posible presencia de cobre y molibdeno. El Estado también ha entregado otras concesiones, según José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi.
Cada grupo ganador del premio Ecuatorial 2017 recibirá USD 10 000 y será invitado a participar en una serie de diálogos nacionales y mundiales sobre cuestiones de política y eventos especiales durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en septiembre de 2017.
La cita culminará en una ceremonia de entrega de premios al comienzo de la celebración de la Semana del Clima y de la Semana de los Objetivos Mundiales. Además los grupos ganadores se unen a una prestigiosa red de 208 organizaciones comunitarias de 70 países que han recibido el afamado premio desde 2002. Los anteriores receptores del reconocimiento incluyen zonas comunitarias protegidas, cooperativas agrícolas, iniciativas de protección de las especies silvestres, comités locales de agua, bosques administrados por la comunidad y las zonas marinas, así como los bancos de semillas administrados localmente.
Colombia

“No habrá minería limpia ni sostenible”: ambientalistas

Para los ambientalistas, los trabajos de minería ejecutados por las grandes empresas afectarán al páramo en su totalidad, sin importar si limita o no con este ecosistema.

Aunque las empresas mineras ubicadas cerca al Páramo de Santurbán han manifestado que los proyectos están diseñados para generar un menor impacto al ecosistema, para Gonzalo Peña Ortiz, especialista en Ingeniería Ambiental, esto no es cierto y terminará afectado completamente este lugar y el agua que surte a Bucaramanga y su área metropolitana.

“El daño es irreversible para el sistema paramuno, esto se presenta por el hecho de sacar millones de toneladas de material de sus entrañas para luego procesarlos. Es físicamente imposible que vuelva a ser lo mismo”, explica Peña Ortiz.

Para el ambientalista, los trabajos de minería que se realizarán en la provincia Soto Norte (Matanza, California, Vetas, Tona, Charta y Suratá) llevarán a que el páramo pierda sus funciones primordiales de reserva de agua: “en otras palabras el daño se producirá por la rotura y extracción de los materiales, independientemente de la tecnología que utilicen y de los compuestos empleados en la actividad minera”.

Ante estas afirmaciones, José Hernán Valencia, especialista en concesiones mineras de Minesa, señala que esta empresa “elabora un estudio de impacto ambiental, el cual contempla el análisis de todos los componentes técnicos, sociales y ambientales (flora, fauna, aire, suelo e hidrología, entre otros) con el fin de evaluar y determinar el escenario más apropiado desde la prevención y mitigación. En este sentido se están evaluando alternativas con criterios de eficiencia”.

Valencia destaca que en el proyecto minero no se usará cianuro ni mercurio, y se respetarán los límites del Páramo de Santurbán, así como “la cantidad y calidad del agua que abastece al acueducto de Bucaramanga y el fortalecimiento de la minería tradicional en Soto Norte”.

Pero el especialista en Ingeniería Ambiental insiste en que el hecho de que una empresa no utilice mercurio ni cianuro en su proceso no garantiza que el ecosistema se vaya a preservar en su estado natural: “el punto es la modificación, en forma irreversible, de todo el conjunto del páramo con la pérdida irreparable de sus funciones sistémicas. El problema se presentará cuando comiencen a mover esas cantidades de material; es ahí donde estamos diciendo que no necesitamos que nos dañen la vida, para que después los incrédulos admitan que tuvimos la razón”.

¿Más temblores?

Otro de los temas que preocupa a los ambientalistas es que los trabajos de minería incrementen la sismicidad en la región, ya que la explotación subterránea podría ocasionar repetidos movimientos telúricos, que incluso generarían un terremoto, advierte Gonzalo Peña Ortiz.

Al respecto, Hernán Valencia insiste en que no hay ninguna relación entre las condiciones propias de sismicidad de la zona con la operación que desarrollará Minesa en el área.

“El sismo es un fenómeno natural impredecible y atribuible a los movimientos tectónicos de placas de extensión regional, que pueden ocurrir en la corteza terrestre, a profundidades superiores a los 70 kilómetros y cuyos efectos sobre la superficie del terreno dependen, no sólo de la profundidad, sino de la intensidad del movimiento telúrico”, reitera el especialista en concesiones mineras de Minesa.

Los recursos por minería

Las mineras que están en Soto Norte han asegurado que los trabajos de procesamiento de los minerales no serán realizados dentro del páramo, para lo cual sacarán estos recursos en forma de concentrados polimetálicos.

No obstante, esto ha generado entre la ciudadanía algunos interrogantes sobre el efecto económico que esto tendría, por ejemplo: ¿Quién controlará la cantidad de oro que saldrá del país? ¿Qué otros metales se llevarán?

“Eso deja una incertidumbre en los recursos que el Estado realmente pueda recibir por concepto de regalías, que es de sólo el 3.2% para todo el país (por concepto de oro). Es importante anotar que parte de esas regalías las descuentan como gastos de responsabilidad social empresarial, es decir que en muchos casos están sustituyendo al Estado como lo que hicieron en California donde construyeron una placa huella. Es cierto que esa obra es un beneficio para la comunidad pero es el Gobierno Nacional quien debe hacerlo; además, hasta el último peso que invierten en esa actividad lo descuentan, es por eso que la Contraloría ha elaborado estudios donde se demuestra que por cada $100 que invierten, ellos (las empresas) reciben más. Es decir que estamos entregando todos nuestros recursos minerales y les estamos pagando para que lo hagan”, denuncia el ingeniero ambiental, Gonzalo Peña Ortiz.

Por su parte, Minesa, a través de su vicepresidente financiero, Andrés Calderón, sostiene que la Minera de Santander estima que el país recibirá alrededor de US$450 millones en regalías y US$1.7 mil millones en impuestos: “además generará desarrollo, Minesa será un dinamizador de la economía regional, con una inversión de más de US$1.600 millones en las compras locales y salarios durante el avance del Proyecto Soto Norte”.

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/402353-no-habra-mineria-limpia-ni-sostenible-ambientalistas

 

Colombia

Alcalde Peñalosa, saque usted la minería de Bogotá.

La minería ha rasgado la piel de nuestra capital, generando impactos ambientales, sociales y económicos, difíciles de mitigar. El Alcalde Enrique Peñalosa y el Concejo de Bogotá tienen en sus manos la posibilidad de eliminar esa actividad definitivamente con el nuevo POT, de lo contrarío, tendremos minería en una extensión equivalente a 17 parques Simón Bolívar.

Cuando se habla de gran minería en Colombia, posiblemente las primeras imágenes que nos llegan a la cabeza son las de departamentos como Cesar, la Guajira o Boyacá. Pero al ingresar a Bogotá por la Autopista Norte, la Autopista Sur o la vía al Llano, inmediatamente nos cambia esa percepción y evidenciamos, visualmente, los grandes impactos de esta actividad. Por lo tanto, hay que conocer al menos 4 aspectos en los que la actividad minera en Bogotá deja más impactos negativos que beneficios:

Impactos a las finanzas distritales: Entre el año 2000 y el 2012, Bogotá recibió 1.524 millones por concepto de regalías por minería, sin embargo,  a 2012, la Contraloría Distrital anunció que dicha actividad económica sumaba hasta ese momento un pasivo ambiental por 37.000 millones de pesos. En el mismo sentido, entre el año 2000 y el 2016, el Distrito invirtió 15.624 millones en intervenciones de mitigación de riesgos en zonas de antiguas canteras que en muchos casos se encuentran ocupadas por desarrollo urbano y/o viviendas de estratos 1 y 2. El aspecto económico es entonces la primer evidencia de lo costosa que resulta dicha actividad económica para la ciudad.

Impactos a la atmósfera: Para quienes viven en las zonas aledañas a la extracción minera de Usme, Tunjuelito o Ciudad Bolívar, particularmente, es usual encontrar bastante polvo en ventanas o muebles de las casas, pero también es usual ver en las estadísticas distritales, que estas localidades son las que más reportan casos de Enfermedades Respiratorias Agudas. Y no es para menos, las emisiones sólidas tienen su origen en las propias actividades extractivas, su transformación y transporte, aunque no hay que dejar de lado los gases emitidos por la combustión de la maquinaria y las emisiones naturales durante el proceso de extracción. Además, hay que sumarle el ruido y las vibraciones que generan dicha actividad.

Impactos al suelo: Como mencioné al iniciar este artículo, los daños al paisaje son los más visibles de la actividad minera puesto que son los que todos pueden percibir sin mayor esfuerzo. Pero hay que precisar que los daños en este aspecto se basan en la desertificación y la modificación del relieve. Para el primer aspecto hay que recordar que el suelo de Bogotá es de interés ecológico nacional con destinación prioritariamente agro-forestal, tal y como lo señala la Ley 99 de 1993, sin embargo, la actividad minera ha intensificado la deforestación, erosión y pérdida de suelo fértil en los territorios expuestos. En el segundo aspecto, se genera gran desestabilización de laderas por las sobrecargas y/o excavaciones y por las alteraciones en el nivel freático.

Impactos al recurso hídrico: Quienes se han visto afectados por las inundaciones del Río Tunjuelo podrían culpar -en parte-, a las actividades de extracción minera, dado que generan acciones como la incorporación de partículas sólidas en el río, el aumento de la carga de fondo y el incremento en las tasas de sedimentación aguas abajo del río. Pero la minería también ha generado importantes alteraciones en la dinámica fluvial y en el régimen hidrogeológico de la cuenca.

Ahora bien, lo preocupante es que a 2016, según la Agencia Nacional Minera en Bogotá hay 40 títulos mineros que ocupan 2.781 hectáreas, hay 10 solicitudes de contratos de concesión por un total de 3.340 hectáreas y otras ocho solicitudes de legalización por un total de 816 hectáreas, lo que finalmente plantea un potencial minero en la capital del país de 6.937 hectáreas. Si se hace una comparación, se podría decir que en Bogotá se pretende explotar un territorio 17 veces más grande que el Parque Simón Bolívar.

También a 2016, según la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría Distrital de Ambiente, existían 134 predios afectados por la extracción de materiales de construcción y arcilla, de estos, 102 están ubicados en el perímetro urbano de la ciudad. Del total de dichos predios, 98 son de carácter ilegal y no se ha logrado el cumplimiento de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, situación que incrementa los problemas ya expuestos.

Como ordenó la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-273 de 2016, son las autoridades regionales y municipales, las que podrán establecer zonas que queden transitoria o permanentemente excluidas de la minería, particularmente, mediante la aprobación y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. Es así, como en este año, el Alcalde Enrique Peñalosa y el actual Concejo de Bogotá, tienen no solo la autonomía sino el deber de decirle NO MÁS a esta actividad en el Distrito y la de generar un plan de transición para los ciudadanos que dependen de esta actividad económica.

Alcalde, juéguesela por el ambiente en Bogotá.

 Fuente:http://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/historia/alcalde-penalosa-saque-usted-la-mineria-de-bogota-61570
Internacional

Referéndum en pueblo macedonio sobre minería de oro es victoria para la participación ciudadana

(Europa – Macedonia) .- Gevgelija, un pequeño pueblo en el sur de Macedonia, hizo historia el 23 de abril cuando sus habitantes aprobaron abrumadoramente bloquear la apertura de minas de oro en la zona pues temen que dañarán el ambiente.

Gevgelija.net, portal local de noticias, citó los resultados iniciales emitidos por el comité electoral municipal, que mostró que el 98% de los participantes del referéndum emitieron su voto a favor de detener a las minas. De un total de 19,458 ciudadanos de Gevgelija en el registro electoral, 13,097 votaron contra las minas y 154 votaron a favor. Un total de 68% electores habilitados participó, lo que sobrepasó el requerido 50% para validar el resultado.

El referéndum fue significativo por diversas razones. En los 26 años que han transcurrido desde que Macedonia se volvió independiente, este es el primer referéndum exitoso, en el sentido de reunir el 50% de concurrencia mínima y en el sentido de que la mayoría de electores votó a favor de la demada.

También representó una importante afirmación de la voluntad del pueblo, sobre todo en un momento en que el partido gobernante, del país ha sido involucrado en fraude electoral.

La ONG Civil, observadora electoral, declaró que el referéndum se llevó a cabo de manera satisfactoria en una atmósfera pacífica sin problemas significativos, y solamente con irregularidades menores. Esto incluyó falta de información disponible para los ciudadanos, casos de votos grupales y falta de votantes existantes del registro de electores, pero que no afectaron el resultado general.

‘El único oro que necesitamos son nuestros niños’

Aún no empieza la construcción de las minas de oro en la cercana montaña Kožuf, pero las empresas participantes han recibido la licencia necesaria de las autoridades que les permite ejercer la minería. La perspectiva de hacer minería en la zona agitó este aparente adormilado pueblo fronterizo, que obtiene la mayor parte de sus ingresos del comercio y otros servicios brindados a turistas de la vecina Grecia. Los habitantes estaban alarmados de que las minas podrían causar daños irreparables al ambiente, incluido envenenamiento de las aguas subterráneas con cianuro, que se usaría para tratar el mineral de oro.

Una iniciativa llamada “Salvación para Gevgelija” usó los medios sociales para movilizar ciudadanos para que voten contra las “minas de oro de la muerte”. Otro de sus lemas fue: “El único oro que necesitamos son nuestros niños”.

Fuente: https://es.globalvoices.org/2017/07/03/referendum-en-pueblo-macedonio-sobre-mineria-de-oro-es-victoria-para-la-participacion-ciudadana/

 

Mexico

Fábrica de cianuro en La Laguna

De Guanajuato la expulsaron dos veces por ser industria altamente tóxica y contaminante, y en La Laguna de Durango las autoridades la reciben con los brazos abiertos; es la mayor productora de uno de los venenos más potentes del mundo, cianuro de sodio, que lo provee a la minería a cielo abierto; fábrica señalada por su alto riesgo para la salud y el medio ambiente: The Chemours Company.

Primero la corrieron de Salamanca, Guanajuato, durante el segundo semestre de 2016, donde bajo la razón social The Chemours Company Mexicana S. de R.L. de C.V., prometía invertir mil 600 millones de pesos en la construcción de su planta de cianuro de sodio; pero habitantes de la zona y ambientalistas levantaron fuerte oposición en defensa de su región y aseguraron, con argumentos sólidos, que traería más contaminación a la ciudad, por lo que la solicitud de instalación fue cancelada a pesar de contar con el respaldo del gobernador Miguel Márquez Márquez.

De Guanajuato la expulsaron dos veces por ser industria altamente tóxica y contaminante, y en La Laguna de Durango las autoridades la reciben con los brazos abiertos; es la mayor productora de uno de los venenos más potentes del mundo, cianuro de sodio, que lo provee a la minería a cielo abierto; fábrica señalada por su alto riesgo para la salud y el medio ambiente: The Chemours Company.

Primero la corrieron de Salamanca, Guanajuato, durante el segundo semestre de 2016, donde bajo la razón social The Chemours Company Mexicana S. de R.L. de C.V., prometía invertir mil 600 millones de pesos en la construcción de su planta de cianuro de sodio; pero habitantes de la zona y ambientalistas levantaron fuerte oposición en defensa de su región y aseguraron, con argumentos sólidos, que traería más contaminación a la ciudad, por lo que la solicitud de instalación fue cancelada a pesar de contar con el respaldo del gobernador Miguel Márquez Márquez.

Intentó instalarse de inmediato en otro municipio de Guanajuato, pero le fue peor. Según la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la empresa ingresó el proyecto el 1 de agosto de 2016, a través de la Dirección General de Impacto Ambiental, con número de publicación DGIRA/038/16, para asentarse en San Luis de la Paz.

La intención era la misma. De acuerdo a la Gaceta de Semarnat, el proyecto consistía en «el diseño, preparación del sitio, construcción, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una planta química para la producción de cianuro de sodio».

El documento afirmaba que la planta química del proyecto San Luis -como se le llamó- tendría la capacidad de producir 65 mil toneladas por año de cianuro de sodio. Se desarrollaría dentro de un predio con una superficie de 23.54 hectáreas, de las cuales se emplearían 14 para el desarrollo de la planta.

The Chemours Company, corporación estadounidense con sede en Wilmington, Delaware, creía tenerlo todo, incluso la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos, pero jamás imaginó -como es común en el modus operandi de estas empresas- que en San Luis de la Paz existe una sociedad civil alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus derechos, fuera o incluso en contra de los órganos estatales, sobre todo cuando es consciente del peligro que corre como potencial receptora de los daños y perjuicios que acarrea una planta de cianuro de sodio, como la proyectada, próxima a las comunidades y a las fuentes de vida.

La sociedad civil de San Luis de la Paz, dinamizada por la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano, desplegó un amplio repertorio de acciones colectivas en contra de la instalación de la fábrica de Chemours Company por considerarla de alto riesgo para su comunidad.

La industria minera utiliza el cianuro de sodio en los procesos de lixiviación de metales preciosos extraídos con la técnica «a cielo abierto», pero el cianuro es tóxico para animales, plantas y seres humanos -reitera el Centro Pro de Derechos Humanos; «tiene fuertes afectaciones ambientales y a la salud, además produce anomalías desde dosis muy bajas; en las plantas interfiere en la fotosíntesis, y en organismos de metabolismo lento, como muchas plantas de los desiertos, implica fuertes afectaciones en su desarrollo y menor velocidad de recuperación», «los animales pueden absorber el cianuro por la piel, ingerirlo o inhalarlo. Los más sensibles son los acuáticos y las aves. En dosis altas puede causar daños al cerebro y corazón, coma y muerte en animales y seres humanos. En dosis menores producen efectos crónicos como dolores de cabeza, debilidad, náuseas, dificultad para respirar, dolor de pecho, vómitos, alteraciones en la sangre y la tiroides.»

La ciudadanía de San Luis de la Paz expulsó a The Chemours Company el 5 de junio pasado cuando la empresa no pudo cumplir el procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales para instalar su «Proyecto San Luis».

Pero veinte días después, el 24 de junio, The Chemours Company apareció en tierras del Ejido El 7, de Gómez Palacio, Durango, donde pretende construir su fábrica de cianuro de sodio sin que las autoridades federales, estatales y municipales hayan transparentado el proyecto, los permisos de instalación, la consulta a la población ni los estudios de impacto ambiental que establecen las leyes mexicanas y los tratados internacionales.

Fuente: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1356087.fabrica-de-cianuro-en-la-laguna.html

Argentina

Postextractivismos en Argentina: la nueva frontera de las alternativas al desarrollo

Argentina comprende casi todos los extractivismos: minero, petrolero, agrícola y pesquero. Aquí algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista señalando algunos abordajes posibles.

En Argentina es evidente el protagonismo de los llamados extractivismos, como la minería o los monocultivos, que se nutren de una apropiación intensa y voluminosa de recursos naturales para exportarlos a mercados globales. A pesar que mucho creen que esa problemática es ajena al país, la realidad es muy distinta. Es que Argentina es uno de esos casos particulares donde están presentes casi todos sus tipos: minero, petrolero, agrícola y pesquero.

Ese tipo de estrategias generan, desde un lado, una fuerte subordinación a la globalización y, desde el otro, una catarata de impactos negativos en la sociedad y el ambiente que superan largamente cualquier beneficio económico[1].

Si bien desde hace décadas se ha cuestionado la primarización en las exportaciones o la subordinación a los mercados internacionales, ahora se cuenta con mejores marcos conceptuales para entender que esos y otros problemas se derivan de los extractivismos.

Ante esta situación es indispensable buscar alternativas para salir de esa dependencia. Esas exploraciones, englobadas bajo el término “postextractivismo”, despegaron inicialmente en varios países andinos. Allí no bastó ni denunciar los impactos ni las movilizaciones ciudadanas, y se volvió necesario presentar alternativas posibles y comprensibles que pudieran reemplazar esos proyectos extractivos.

Argentina está entrando a ese tipo de discusiones. Las críticas y resistencias no bastan, ya que inmediatamente surgen reclamos tales como que sin minería no habría desarrollo, o bien, sin la soja colapsaría la economía nacional. Pero además, el postextractivismo obliga a reflexiones políticas claves, tales como hasta qué punto es una alternativa pasar de una minería transnacionalizada a una estatal.

El presente artículo comparte algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista en Argentina. No se pretende abordar todas sus facetas, sino apenas señalar algunos abordajes posibles. A su vez, estas son ideas que se nutren de las discusiones en marcha en los países vecinos.

Fuente:http://laizquierdadiario.com/Postextractivismos-en-Argentina-la-nueva-frontera-de-las-alternativas-al-desarrollo

Guatemala

Instalarán mesa de diálogo para solucionar conflicto minero en Guatemala

La Comisión Parlamentaria de Gobernación de Guatemala acordó hoy instaurar la próxima semana una mesa de diálogo con representantes de la Minería San Rafael y comunitarios aledaños para encontrar una solución al conflicto que ha provocado un paro obligado de los trabajadores.

Durante una reunión celebrada este jueves, los pobladores de municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosas, donde está instalada la minera, manifestaron su descontento por la «fuerte contaminación» del área, que a su juicio está provocado por las explosiones de la empresa, al igual que los sismos.

Otro asunto que genera malestar es que no ven reflejadas las regalías de la minería en desarrollo y proyectos de salud o educación para su municipio, por lo que exigen transparencia.

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Eddy Sánchez, aclaró que según los estudios realizados los temblores recientes en dicha región no son atribuibles a la actividad minera, sino a que «es una zona sísmica que presenta bastante actividad».

Por su parte, el director de asuntos gubernamentales de la minera, Juan José Cabrera, destacó que llevan ya 21 días sin trabajar y agregó que las pérdidas ascienden a 120 millones de quetzales (unos 16 millones de dólares).

«Estamos abiertos al diálogo y si ellos están dispuestos a dejar entrar nuestros camiones, creo que podemos avanzar y encontrar una solución muy rápido», concluyó, haciendo referencia a que los vecinos no dejan operar a los trabajadores.

El diputado Rojas, de Unidad del Cambio Nacional, el parlamentario Christian Gabriel González, del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), dijeron que respaldan a la población de Casillas, pero destacaron que la mina genera más de 6.000 empleos.

Es por ello que invitaron a ambas partes a formar parte del diálogo y destacaron la necesidad de que las regalías se inviertan directamente en las comunidades y que se trabaje en una ley para estipular cómo se va a repartir el dinero y que sectores se priorizarán.

La mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, que explota plata en una región del sureste de Guatemala, está ubicada en terrenos de Mataquescuintla, del municipio San Rafael Las Flores (Santa Rosa), a 97 kilómetros al sureste de la capital. EFE.

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/economia/instalaran-mesa-de-dialogo-para-solucionar-conflicto-minero-en-guatemala/20170629/nota/3507127.aspx

Mexico

Reactiva SEMARNAT proyecto minero ‘Caballo Blanco’; extraerán oro y plata de las zonas más pobres del estado

La basta biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre y Caballo Blanco, este último autorizado por SEMARNAT.

La basta biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre y Caballo Blanco, este último autorizado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ejecute trabajos de exploración.

Pese a la oposición de ejidatarios y activistas ambientales, y a las múltiples suspensiones en los últimos 5 años, las compañías canadienses Almaden Minerals y Candelaria Mining Corp han insistido en explotar oro, plata y otros minerales en esta región localizada a unos 40 kilómetros del puerto de Veracruz y a 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Para La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), la actividad minera en la región es inviable en los aspectos ambiental, social y de seguridad para los cerca de 10 mil habitantes de las comunidades aledañas.

En dos proyectos diferentes, las compañías extranjeras prevén recuperar en el mediano plazo una inversión no cuantificada, pero sí estimada en millones de dólares; en contraste, los pobladores de las congregaciones situadas en las faldas de los cerros subsisten de la ganadería, la siembra de caña y otros cultivos, actividades que inevitablemente se verán impactadas.

CABALLO BLANCO
El pasado 7 de abril, el delegado en Veracruz de la Semarnat, José Antonio González Azuara firmó el documento resolutivo que autorizó a la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V. iniciar con los trabajos de exploración en el cerro La Paila, en el municipio de Alto Lucero.

El Informe Preventivo presentado por la empresa, la cual es filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, contempla la barrenación en 7 puntos diferentes en un terreno de 88 hectáreas. Sin embargo, para el proyecto con clave 30VE2016MD097, sólo se estima el trabajo en 175 metros cuadrados.

Estos albergarán las plantillas de barrenación, los patios de maniobras, las fosas de sedimentos y otras actividades propias de la minería.

De acuerdo al oficio SGPARN.02.RA.0395/17 de la dependencia federal, la minera está obligada a cumplir única y exclusivamente con el proceso de exploración con una perforación que oscilará entre los 150 a 500 metros de profundidad.

La apuesta de Caballo Blanco S.A. de C.V. es obtener información precisa e identificar minerales como el oro y la plata en medio de una zona donde según los censos del INEGI prevalecen amplios sectores en situación de pobreza.
El acceso a los puntos de barrenación está prohibido al tratarse de propiedad privada. Sin embargo, en las comunidades existe hermetismo y recelo en cuanto al desarrollo de trabajos en el cerro La Paila, el cual está ubicado frente a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.
Para poder realizar las exploraciones, diariamente se utilizarán 70 mil litros de agua que serán acarreados mediantes pipas compradas en la región.

En la comunidad de Arroyo Agrio, por ejemplo, la encargada de una de las 3 tiendas de abarrotes explica que los últimos movimientos de camiones y otras unidades ocurrieron en la cara norte de la montaña, muy cerca del Rancho del Niño.

“Aquí entraban, pero ahorita están de aquel lado. Tengo entendido que van a utilizar este mismo camino en los próximos meses o al menos eso es lo que se ha escuchado”, dice.

Según lo expuesto en el resolutivo de la Semarnat, la empresa no tiene permitido abrir nuevas brechas para llegar hasta los puntos de barrenación y sólo tiene autorizado adecuarlos para que sean transitables durante los 2 años de trabajos.

EL COBRE 2
A unos 20 kilómetros al Sur de donde se reactivará el proyecto Caballo Blanco se localizan 8 puntos del proyecto denominado El Cobre 2, promovido por Minera Gavilán S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals en 2016.

Un año antes de que Caballo Blanco S.A. de C.V. promoviera la autorización para los nuevos proyectos, Minera Galván S.A. de C.V. hizo exploraciones en las comunidades de San Juan Villa Rica, Los Baños, Ojital, Tinajias y El Porvenir.

Sobre este proyecto, los ciudadanos Miguel Leal Ortiz, Emilio Montiel Noguera, Ascensión Sánchez Vázquez, Ascensión Leal Cervantes y Fidel Leal Báez, habitantes del municipio de Actopan, rechazaron el Informe Preventivo de la empresa y exigieron una consulta pública porque consideraron, una, que había posibilidad de una afectación.

Aunque enviaron un oficio el 20 de abril de 2016, la Semarnat avaló el proyecto minero y dio luz verde para los trabajos de exploración.

EXPLOTACIÓN INVIABLE
Según el dictamen elaborado por la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V., el programa propuesto es de muy bajo impacto ambiental, pues argumentan que no hay conflicto con el medio ni con el entorno. No obstante, Emilio Rodríguez Almazán, integrante de Lavida, señala que los proyectos mineros son altamente peligrosos para sitios donde hay tal biodiversidad como en los cerros La Paila y La Cruz.

“La legislación mexicana permisible para que cualquier empresa extranjera pueda despojar a cualquier comunidad, territorio, área natural o bienes sin problemas. La minería prima sobre cualquier otra y es absurdo.
“En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido una institución cómplice porque hay claras violaciones a la NOM-120-SEMARNAT-2011 (…) su papel ha sido vergonzoso”, precisa.

Rodríguez Almazán considera que la minería no debería ser admisible en un ecosistema único y diverso como el que existe en la zona serrana que se difumina hacia el Golfo de México, en los municipios de Alto Lucero y Actopan.
“El que aprueben proyectos de exploración es el primer paso para la explotación. Están en juego millones de dólares y es un hecho que apuestan a que en algún momento puedan extraer minerales ahí”, indica.

En los informes preventivos de las empresas canadienses se detalla que en dicha región existen desde robles, sauces, comezuelo, higueras, guácimas, guanacastes, encinos, cocuites, helechos, palmas y otras especies.
En cuanto a fauna, en esa demarcación es posible observar tlacuaches, armadillos, coyotes, tejones, venados cola blanca, tuzas, zorras y al menos 432 especies de aves, desde garzas, halcones, gavilanes, choros, patos, colibríes y loros.

Considerado este inventario de especies y dentro del contexto de la amenaza al medio ambiente, Emilio Rodríguez insiste en que la sociedad civil debe exigir que se detengan proyectos que ponen en riesgo la vida de seres humanos, flora y fauna.

“El hecho de que esté a escasos kilómetros de Laguna Verde representa un riesgo latente debido a los procesos para extraer los minerales. No sólo estamos frente a un elemento de riesgo para el medio ambiente y para la vida cotidiana de los que allí habitan, sino de seguridad de toda una región”, sostiene.

Fuente:http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/veracruz-boca-del-rio/41194825/reactiva-semarnat-el-proyecto-minero-caballo-blanco-extraeran-oro-y-plata-de-las-zonas-mas-pobres-del-estado.html

 

Chile

Queda constituido el Tribunal Ambiental que zanjaría futuro de Dominga

Hoy prestaron juramento 3 ministros titulares y 2 suplentes de la corte con sede en Antofagasta. Otros proyectos que podría revisar la nueva instancia son Pascua Lama y Cerro Casale. Instalación se realiza con 4 años de desfase.

Cuatro años después del plazo estipulado al principio, hoy quedó oficialmente constituido el Primer Tribunal Ambiental, que tendrá sede en Antofagasta, y al que le corresponderá ver distintos proyectos, entre ellos, eventualmente, Minera Dominga.

Hoy, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, tomó juramento a Daniel Guevara y Mauricio Oviedo, designados como ministros titulares del organismo ambiental en el cupo correspondiente a abogados. Además, prestaron juramento Marcelo Hernández, como ministro titular en el cupo de licenciado en ciencias, y Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo, ambos en calidad de suplentes.

Fuentes cercanas al Poder Judicial explican que, ya conformado el nuevo tribunal, sus ministros deberán convocar a una primera sesión, momento en que se definirá el plazo para la instalación física del mismo.

De igual manera, esas fuentes comentan que, tomando en cuenta la experiencia anterior con la conformación del Segundo y Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Santiago y Valdivia, respectivamente, el proceso de conformación podría tomar entre cuatro a seis meses. En este período se deberá definir el lugar donde sesionará el tribunal, además de la contratación del personal necesario para su funcionamiento e incluso el desarrollo del sitio web.

Retraso

El tribunal debía estar constituido en junio de 2013, luego de que en 2012 se promulgara la Ley N° 20.600 que creó tres tribunales-Antofagasta, Santiago, Valdivia (los dos últimos ya constituidos)- como parte del rediseño de la institucionalidad ambiental que comenzó en 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Una de las razones del retraso fue la dificultad para encontrar integrantes sin inhabilidades.

Respecto de los ministros titulares del tribunal, Daniel Guevara fue ex seremi de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, mientras que Mauricio Oviedo es un abogado ligado a materias ambientales. Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo son académicos, que han desempeñado labores en la Universidad Católica del Norte.

Una vez constituido, este tribunal podrá abordar diferentes causas correspondientes a su jurisdicción, que comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Uno de ellos será el proyecto minero de hierro Dominga, emplazado en la Región de Coquimbo. Luego que la comisión de evaluación ambiental de la región decidiera rechazar la resolución de calificación ambiental (RCA), o permiso de construcción del proyecto, el caso quedó para ser visto por el comité de ministros. Sin embargo, y pese a que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, señalara que el comité verá el caso durante este periodo de gobierno, los controladores del proyecto Dominga, la firma Andes Iron, señaló que podrían recurrir a tribunales ambientales en caso que los ministros no resuelvan prontamente.

Otros proyectos que podría ver este nuevo tribunal son Cerro Casale y Pascua Lama. Sin embargo, fuentes cercanas al poder judicial señalaron que este tribunal no podrá ver ninguna causa mientras no cuente con un lugar físico donde funcionar, ni con el personal necesario para su correcto funcionamiento.

 Fuente:http://www.latercera.com/noticia/queda-constituido-tribunal-ambiental-zanjaria-futuro-dominga/