Hasta el Telpizáhuatl, el cerro más alto de Juba Wajíin (o San Miguel del Progreso, en español) llegó la amenaza de la minería. Enclavada en La Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, la comunidad indígena me’phaa se enfrenta a la primera etapa de un megaproyecto extractivo: la declaratoria que libera las tierras a favor del capital minero.

El de Juba Wajíin es uno de los 17 movimientos de resistencia contra la minería que se han intensificado en lo que va de este año; además, desde 2011 (cuando estalló) forma parte de la lista de 103 conflictos sociales detonados por megaproyectos mineros a lo largo del país.

De ese centenar, en Guerrero hay cuatro movimientos de resistencia contra esa industria extractiva, refiere el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico, de la maestra Sol Pérez. Y el de Juba Wajíin se intensificó en marzo pasado, porque el sistema judicial ha omitido proteger los derechos de los afectados.

Por ello, la comunidad me’phaa se enfrenta a la segunda liberación de su territorio para concesiones mineras, decretada en 2016 por la Secretaría de Economía. “La libertad de los terrenos es para que cualquier empresa interesada los tome”, explica en entrevista con Contralínea la abogada de la comunidad, Maribel González Pedro.

La declaratoria de libertad es el acto por medio del cual la autoridad permite a las empresas mineras (nacionales o extranjeras) presentar solicitudes de concesiones para exploración y explotación de minerales, refiere información de la Secretaría de Economía.

“La comunidad de San Miguel del Progreso ha manifestado que la declaratoria emitida por la Secretaría de Economía vulnera sus derechos como pueblo indígena, incluido el de la propiedad territorial, porque ese acto de la autoridad derivará en la concesión y [posteriormente] en un proyecto minero, sin que se les haya consultado al respecto”, dice la abogada González Pedro, integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Al igual que en otros conflictos –como el de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla (Contralínea 535)–, en el de Juba Wajíin se omitió consultar previamente al pueblo originario, pese a que el Estado mexicano está obligado a hacerlo por diversos tratados internacionales, en especial por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la propia ley local.

“Sobre la [falta de] consulta, la Secretaría de Economía ha dicho que no se viola ningún derecho porque la liberación no es un proyecto minero. Además, argumenta que [en el caso de Juba Wajíin] no se trata de una comunidad indígena y que no va a ser afectado su territorio”, señala la abogada de Tlachinollan.

González Pedro aclara que la afectada sí es una comunidad indígena: los me’phaa o tlapanecos. Además, la abogada subraya que la ausencia de consulta sí viola el derecho de los indígenas a decidir sobre el destino de su tierra.

En Juba Wajíin habitan unas 3 mil 800 personas que, en su mayoría, son productores agrícolas de subsistencia, indica el Centro de Derechos Humanos de La Montaña. Agrega que la comunidad obtuvo, desde 1994, el reconocimiento y titulación de bienes comunales de una superficie de 6 mil 801-34-13.4 hectáreas, para beneficio de 420 comuneros, “acreditando así la posesión de su territorio con un carácter comunitario e indígena”.

La lucha

A Juba Wajíin le cayó el Corazón de Tinieblas –como se le denominó a la doble concesión minera– en 2011 y, desde entonces, la amenaza de la destrucción se ha incrementado. Por eso los me’phaa han emprendido dos rutas de defensa: “la vía legal y la movilización pacífica, en una lucha regional por el territorio de La Montaña de Guerrero”.

Por la vía jurídica, en el juicio de amparo 429/2016 la comunidad pide que el decreto de Economía se declare nulo, porque no fue consultada y porque las tierras indígenas están protegidas, explica la abogada González Pedro.

“Éste es el segundo amparo que promueve la comunidad en contra de la amenaza sobre su territorio por la actividad minera. La primera acción legal inició en julio de 2013 y la revisión del amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la discusión en torno al tema no se dio, porque la Secretaría de Economía canceló las concesiones que afectaban el territorio indígena y la Primera Sala de la Suprema Corte sobreseyó el caso [en 2016].”

La abogada detalla que habían pedido a la Primera Sala no sobreseerlo porque la Secretaría tiene la facultad, porque así lo marca la Ley Minera, de liberar los terrenos 30 días después de que las empresas desistan o cancelen sus concesiones. “Pero la Corte no fue al fondo del asunto y lo sobreseyó. Y eso es lo que pasó: Economía emitió nuevamente la libertad de los terrenos”.

Maribel González recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la sola amenaza a tierras indígenas es razón suficiente para que las comunidades puedan ampararse.

“Ahora la juez Estela Platero Salado, titular del Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, tiene en sus manos una decisión muy importante: la protección del territorio indígena en La Montaña de Guerrero”, indica la abogada.

En caso de que se les niegue el amparo, los indígenas se irán al recurso de revisión, además del proceso de organización comunitaria que llevan, dice González Pedro.

Los 16 conflictos reactivados

Guerrero no es la única entidad federativa azotada por la conflictividad minera. En el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico –de la investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sol Pérez–, se advierte que son 103 conflictos vigentes a lo largo del país.

Según el análisis, es Chihuahua la entidad con más problemas de este tipo, al registrar 13 conflictos; le sigue Zacatecas, con 12; Puebla, con ocho; Oaxaca, con siete; Chiapas, Michoacán, Baja California Sur y Sonora, con cinco cada una; San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima, con cuatro; Veracruz, Querétaro e Hidalgo, con tres; Jalisco, Coahuila y Estado de México, con dos; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente.

Además del conflicto de Juba Wajíin, otros 16 movimientos sociales se han intensificado en lo que va del año, revelan datos recabados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre ellos, el de Cocula, Guerrero.

Ahí, a inicios de mayo­, vecinos de la comunidad Nuevo Balsas pidieron la intervención del relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Leo Heller. Y es que poseen un estudio que comprueba que el agua del río Balsas que consumen está contaminada 300 por ciento más de los límites permisibles por los trabajos de la minera Media Luna.

Otro es el de Miacatlán, Morelos, profundizado por los supuestos sobornos y apoyos que estaría entregando la trasnacional de origen canadiense Alamos Gold a afectados, y con ello desactivar el conflicto, según denunció el pasado 8 de mayo el Movimiento de Ciudadanos Morelenses contra la Minería. El megaproyecto busca explotar siete concesiones sobre 16 mil hectáreas en Miacatlán, Xochitepec y Temixco.

En los 17 conflictos también se encuentra el de Santiago Laollaga, Oaxaca, en resistencia contra las concesiones mineras a favor de Cementos Apasco, SA de CV; Minera Plata Real, S de RL de CV, y Cooperativa la Cruz Azul, SC. Ahí, comunidades zapotecas buscan reunir más de 7 mil firmas, interponer un amparo colectivo y crear la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño.

También el de Ixtacamaxtitlán, Puebla, ahondado porque empleados de la trasnacional canadiense Almaden Minerals amenazaron e insultaron a habitantes de la comunidad Loma Larga que se oponen al megaproyecto minero Ixtaca, el 1 de mayo pasado. Tres días después, los agraviados fueron citados por la Fiscalía General del Estado para “evitar un proceso jurisdiccional” por impedir los trabajos de explotación en la zona.

En Huauchinango, Puebla, la desesperación de los indígenas totonacos y nahuas de 25 comunidades y municipios de la Sierra Norte –agrupados en la Organización Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio y sus Pueblos– llegó al punto de pedir audiencia con el papa Francisco. El hecho ocurrió el pasado 21 de abril, e incluyó la solicitud al líder espiritual de realizar una oración para que esos pueblos enfrenten las agresiones de los megaproyectos de Walmart, Grupo México, Almaden Minerals, Deselec 1-Comexhidro e ICA.

También en Puebla, un día después, organizaciones civiles, indígenas y activistas ambientales crearon un frente común contra proyectos mineros, hidroeléctricas y de extracción hidráulica, en el marco del foro estatal Por la Defensa del Medio Ambiente y contra el Capitalismo Ecocida, que se llevó a cabo en Izúcar de Matamoros.

Chiapas, una de las entidades con más conflictividad social, también presentó un caso: el 12 de abril, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio denunció contubernio entre el gobierno estatal y la minera Puntal, SA de CV. Pues las autoridades no han atendido las denuncias de hostigamiento, amenazas y bloqueos contra los ejidos que se oponen a la actividad minera.

En Oaxaca se reactivaron tres conflictividades este año. En San Mateo Macuilxóchitl, la asamblea comunitaria denunció a inicios de abril la militarización del estado ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos mineros. Por ello, acordó impedir la instalación de una base militar en territorio zapoteco.

En el Istmo de Tehuantepec, el representante común de la resistencia a la minería y las altas tarifas de la energía eléctrica de San Pedro Tapanatepec, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el 9 de abril, lo que originó más descontento.

En Guerrero también se registraron más estallidos de descontento social: en la Costa Chica-Montaña, integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña y la Costa Chica por la Defensa del Territorio –que aglutina a los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, na’ savi, nahuas y afromexicanos– reactivaron las acciones de oposición a las concesiones mineras en Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán y Marquelia.

Mientras que en Cocula y en Chalchihuites, Zacatecas, ocurrieron dos actos de amedrentamiento armado. En febrero, la Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que las canadienses Torex Gold Resources y Panamerican Silver recurrieron a la violencia armada para despojar tierras.

Según la organización, el 31 de enero grupos de “civiles” armados instalaron retenes en Atzcala y Mezcala (Cocula), para impedir un bloqueo de opositores a la minería. Ese mismo día, fueron desalojadas 47 familias de la comunidad Colorada (Chalchihuites) por guardias privados –armados– de Panamerican Silver. La empresa destruyó las casas y se apropió del terreno.

En Tepehuacán, Hidalgo, a fines de marzo, habitantes de la comunidad de Otongo de Guadalupe exigieron a la minera Autlán que repare el daño al ambiente que ocasionó con sus labores en la demarcación.

En Valle de Bravo y Temascaltepec, Estado de México, comunidades denunciaron en marzo pasado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las minas La Guitarra y El Coloso, de la canadiense First Majestic, por la contaminación de manantiales y del río Temascaltepec. Demandaron el cierre inmediato de ambos proyectos pues, señalaron, empresa vierte químicos, entierra residuos tóxicos en el subsuelo y realiza explosiones que generan impactos irreversibles.

Otro conflicto reactivado es el de la Sierra Norte de Puebla, donde habitantes de Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac tomaron pacíficamente las instalaciones de la Minera Autlán, a mediados de enero, para exigirle frenar su proyecto minero en la Sierra Norte de Puebla. La compañía fue autorizada por la Semarnat para realizar estudios para extracción de oro el 28 de diciembre de 2016.

Pero los megaproyectos mineros son mucho más. Tan sólo en 2015, se contabilizaban más de 300 proyectos extractivos en el país, que se concentraban principalmente en Durango, Chihuahua, Guanajuato, Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas, Taxco, la Cuenca del río Balsas, la sierra de Querétaro, Oaxaca y Chiapas (Ecoosfera, 24 de agosto de 2015).

En el caso de Juba Wajíin la resistencia es total. Para los me’phaa, el terreno liberado para la minería no estará nunca a la venta, pues se trata de un territorio sagrado: en el cerro Telpizahuatl habita Ajkhunn, el señor San Marcos que representa el rayo y que, desde ahí, los protege. Aunque ahora son ellos quienes tienen que socorrer a la deidad: la destrucción de esas tierras podría ocurrir en cualquier momento.

Nancy Flores/Tercera de cuatro partes

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOC IEDAD]

Contralínea 539 / del 15 al 21 de Mayo 2017

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/17/mas-de-100-conflictos-sociales-por-mineria-en-mexico/

Comunicado – Oaxaca.-Mediante comunicado pueblos y comunidades de Ejutla de Crespo rechazan las amenazas y condicionamientos que empresa Minera “Fortuna Silver Mines” realizan en contubernio con autoridades Municipales de San Josè del Progreso quienes pretenden coaccionar a los pobladores mediante sobornos  para que acepten la apertura de esta empresa minera en su tierras, a continuación traducimos el comunicado completo :

-Las comunidades firmantes, hemos realizado reuniones informativas de manera pacífica y en el marco de nuestros derechos fundamentales consagrados en las leyes nacionales  y en los instrumentos internacionales de derechos humanos desde 2015 en los distritos de Ejutla y Ocotlán, estas reuniones se han dado en el marco de la expansión del proyecto minero “San José” impuesto por las empresas  Cuzcatlán S.A. de C.V. y Fortuna Silver Mines (FSM).

El pasado 7 de mayo, convocamos a una reunión regional con sede en las oficinas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), en San José del Progreso. En dicha reunión participarían autoridades municipales, agrarias, ciudadanos y ciudadanas así como organizaciones civiles para compartir infoxacamación sobre las afectaciones del proyecto “San José”, cabe destacar que esta sería la tercera ocasión que acudimos a este municipio en los últimos seis meses, lo hicimos así en  2016 sin que se generará incidente alguno.

Sin embargo, semanas antes de la reunión, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez realizó diversas declaraciones públicas, entre ellas:

• Señaló que realizaríamos una actividad completamente falsa, por medio de oficios que dirigió a las autoridades municipales de la región de Ocotlán y Ejutla en las que insistía en que realizaríamos una “protesta” en el marco de la campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra, mismos oficios en los que les pide a los ciudadanos abstenerse a la participación de dicho acto, ya que en años anteriores hemos tenido amargas experiencias y en este año la Autoridad Municipal se reservara la participación y se deslindará de cualquier situación ajena y adversa en pro de los Derechos Humanos[1].
• Solicitó al Gobierno Federal y Estatal la presencia de la policía estatal y federal, resguarden la seguridad y tranquilidad del pueblo, antes, durante después del próximo siete de mayo, fecha del octavo aniversario del desalojo policial que ocurrió en esa comunidad, distrito de Ocotlán de Morelos[2].
• Señaló que la mayor parte de la comunidad desea vivir en paz para superar sus rezagos y no está dispuesta a aceptar que grupos externos se entrometan en los asuntos del pueblo con el solo objetivo de beneficiarse de manera particular mediante con protagonismos[3].
• Además como parte de esta campaña de desacreditación, circularon en la región mensajes de celular en los que aseguraban que en las comunidades se estaban voceando para que asistan a la reunión y ofreciendo el transporte, alimentos y pago de $ 500.00 pesos por persona asistente.

Ante estos acontecimientos  manifestamos:

La defensa de nuestro territorio, responde a un mandato de nuestras asambleas comunitarias, por lo cual hemos definido declarar nuestros territorios como prohibidos para la minería (noviembre de 2015),  responsabilizamos a la empresa minera Fortuna Silver Mines, por la criminalización de la defensa comunitaria que realizó a través del Presidente Municipal de San José del Progreso. Las declaraciones públicas realizadas por Servando Díaz carecen de veracidad, son declaraciones falsas que ponen en riesgo el tejido social comunitario de la región, además tienen la intención de difamar y desarticular el movimiento regional en defensa del territorio que hemos realizado de manera pacífica y por las vías legales.

Las Autoridades Municipales de San José del Progreso, no pueden en ningún momento limitar nuestros derechos, señalando a qué actividades podemos o no asistir. Hemos sido respetuosos de su jurisdicción, y exigimos se muestre de la misma manera.

Miramos con preocupación los condicionamientos y desinformación por medio de los oficios que hizo llegar a otras autoridades y comunidades de la región, de igual forma manifestamos que los pueblos abajo firmantes NO estamos en contra de la autoridad  municipal de San José del Progreso o de la población de dicho municipio, ni mucho menos pretendemos desestabilizar la paz y armonía, por el contrario, estamos defendiendo pacíficamente nuestros territorios y la vida en la región.

Las comunidades y ejidos firmantes, exigimos:

• Respeto a las comunidades de Ejutla y Ocotlán y garantías para el ejercicio del derecho a la libre manifestación, libre expresión, el derecho al territorio y la defensa comunitaria.

• Respeto a nuestra Declaratoria Regional de Territorios Prohibidos para la Minería, exigimos al gobierno federal la cancelación de las concesiones mineras otorgadas por la Secretaria de Economía sobre nuestros territorios, que violan nuestros derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos zapotecos del valle de Oaxaca.

• Exigimos a la SEMARNAT y PROFEPA den respuesta inmediata a las denuncias presentadas por las comunidades desde septiembre del año pasado (2016), de igual forma exigimos que en dichas resoluciones respeten nuestra decisión de declarar nuestros territorios como prohibidos para la minería.

• Responsabilizamos a las empresas mineras Cuzcatlán, Fortuna Silver Mines y al presidente municipal de San José del Progreso por cualquier agresión que pongan en riesgo la integridad y seguridad de nuestras comunidades y sus representantes, así como de las organizaciones EDUCA A.C. y Flor y Canto A.C., integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

• Nos solidarizamos con la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán así como con las y los defensores del territorio que han estado resistiendo a las afectaciones de la empresa minera Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Las comunidades de Ejutla y Ocotlán reiteramos que seguiremos defendiendo nuestro territorio,  fortaleciendo nuestra organización comunitaria, nuestras relaciones de hermandad entre nuestras comunidades, la paz social y la dignidad de nuestros pueblos contra el proyecto minero “San José”.

Atentamente:

Aquí Decimos Si a la vida, NO a la minería

Autoridades agrarias y municipales de Monte del Toro, autoridades agrarias y municipales de San Matías Chilazoa,  autoridades agrarias de San Martín de los Cansecos, Autoridades Agrarias de Cerro de la Huertas, Consejo de Vigilancia y autoridades municipales de los Ocotes, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Buin Dannis A.C., Comité Comunitario de Magdalena Ocotlán

Valles Centrales de Oaxaca. 24 de mayo de 2017

Fuente:http://ciudadania-express.com/2017/05/25/denuncias-comunidades-de-ejutla-de-crespo-amenazas-y-condicionamiento-de-empresa-minera-y-san-jose-del-progreso/