RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como «desierta» la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)». En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/612-la-oroya-vida-y-salud-ante-todo

Viernes 21 de Julio de 2017.- La cantidad de conflictos sociales en Perú se redujo en la primera mitad del 2017 al pasar de 212 en diciembre del 2016 a 177 en junio de este año, informó hoy el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).

“Desde marzo del 2017 empieza un descenso sostenido del número de conflictos en el país y a junio de este año se llegó a 177, según el último informe de la Defensoría del Pueblo a junio del 2017”, dijo el representante de CooperAcción, José de Echave. En la presentación del reporte del primer semestre del 2017 del OCM Echave explicó que ese descenso de la conflictividad social se debería, en parte, al fenómeno climatológico de El Niño costero y la emergencia declarada en gran parte del territorio del país.

Señaló que la región de Áncash es que la que posee la mayor cantidad de conflictos sociales asociados, la mayoría, a la minería. “Gran parte de la situación de violencia y enfrentamientos en el país están vinculados a la minería y el petróleo”, destacó. A continuación, indicó que la macrorregión sur posee el 33% de los conflictos sociales, mientras que la macrorregión norte el 31%, la macrorregión centro el 21%, la macrorregión oriente el 12% y otros 3%. Recordó que los conflictos socio ambientales siguen siendo los más numerosos (75.2%) y dentro de ellos destacan los conflictos mineros (65.9%).

Fuente:http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=135629137

El 20° informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú señala que desde el 2014 había alrededor de 210 conflictos sociales registrados mensualmente en el país, pero en marzo del presente año empieza un descenso sostenido del número de los mismos. De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo a junio, hay un total de 177 conflictos en el país, descenso que se debería principalmente al fenómeno climático del “Niño Costero” y la emergencia declarada en gran parte del territorio del país, hecho que marcó la agenda de los primeros meses del año en las regiones. Otro factor es la tendencia a una menor inversión en sectores como el minero, además de las variables internacionales como la baja del precio de los metales.

El informe alerta que hay un claro debilitamiento de las normas ambientales en el país. Por ejemplo, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Minam ha tenido un serio retroceso: el sector ha perdido rectoría en un tema clave como es el ordenamiento territorial. Además, mediante Decreto Supremo el Minam modificó los Estándares de Calidad Ambiental de aire vigentes a nivel nacional, debilitando las normas de calidad ambiental, generando preocupación en torno al parámetro de dióxido de azufre, un tema estrechamente vinculado al caso de la fundición de La Oroya.

Respecto a los conflictos mineros el informe OCM señala que la región Apurímac, donde se encuentra el mega proyecto Las Bambas, ha cedido el primer lugar a la región Ancash, que ha pasado en los últimos meses a convertirse en la región con el mayor número de conflictos, principalmente vinculados a la minería. Por otra parte esta región ha sido desplazada al tercer lugar en cuanto a la producción de cobre, luego de Arequipa y Apurímac, debido al fenómeno del Niño Costero y a que sus principales operaciones ya han alcanzado sus máximos niveles de producción, por ejemplo la unidad Pierina de Barrick se encuentra en proceso de cierre a causa del agotamiento de sus reservas de mineral.

Afirma el informe que Piura es una región con problemas serios como la minería ilegal, y que una evidencia de la ilegalidad de estas actividades es que la región no aparece en las estadísticas oficiales del Ministerio de Energía y Minas como región productora de oro a nivel nacional. En cuanto a los conflictos sociales, ocupa el sexto lugar, con un promedio mensual de 14 conflictos, vinculados con casos como Tambogrande y el proyecto Río Blanco, ex Majaz.

Mientras Cajamarca ocupa el quinto lugar en cuanto a conflictos sociales, con doce casos. Un tema preocupante en esta región es la criminalización de la protesta a líderes sociales y ambientales, como es el caso de Máxima Acuña. Hasta el momento no existe un mecanismo eficiente del Estado que pueda responder a los riesgos reales que los defensores ambientales enfrentan. Siendo que desde el Ministerio de Justicia existe una iniciativa para la elaboración de un protocolo de atención para defensores; sin embargo hasta la fecha no se ha concretado.

Sobre el caso La Oroya, mediante Decreto Supremo (003-2017-Minam) se ha debilitado las normas de calidad ambiental. Con esta norma se modificó el ECA del dióxido de azufre (SO2), pasando de 80 y 20 ug/m3 para 24 horas a 250 ug/m3 para 24 horas. El incremento del valor de concentración de este parámetro estaría orientado a favorecer al nuevo operador del Complejo Metalúrgico La Oroya.

El sur lidera la inversión minera

En los últimos años en la zona sur del país ha venido concentrando los mayores montos de inversión en proyectos mineros. La entrada en producción de proyectos como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Constancia, Antapaccay, entre otros, confirman esta tendencia, y varias regiones de esta zona del país encabezan el salto productivo que se viene produciendo en el caso del cobre.

El informe destaca además la diferencia en el número de conflictos entre la zona sur (33%) y norte (31%), mientras que la zona centro y las regiones amazónicas tienen una menor participación (21% y 12% respectivamente), siendo los socioambientales los más numerosos (75.2%), y dentro de ellos destacan los conflictos mineros: 65.9%.

De acuerdo a la sistematización de información que realiza el OCM con información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el 13.75% del territorio nacional se encuentra concesionado a la actividad minera, siendo las regiones con mayor territorio concesionado: Moquegua (47%), La Libertad (46%) y Apurímac (46%); el 75.32% de las concesiones mineras se encuentran tituladas, mientras el 24.68% se encuentra en trámite.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/19/07/2017/informe-ocm-denuncia-debilitamiento-de-las-normas-de-calidad-ambiental