Internacional

Stop Uranio participa en Madrid en una jornada de grupos contrarios a la minería

La plataforma Stop Uranio ha participado en Madrid en una jornada convocada por Ecologistas en Acción a la que estaban invitadas varios colectivos opositores a la minería. Además del colectivo contra la mina de uranio en Retortillo, asistían las tres plataformas en contra de las minas de feldespato proyectadas en Ávila, una representante que abordó la problemática minera surgida en Ciudad Real y la recién creada Plataforma ‘Salvemos la montaña. No a la mina de Valdeflores’, de Cáceres.

Bajo el lema ‘Las minas nos matan. Protejamos el suelo de la especulación minera’, este evento se enmarca en la campaña internacional People4Soil, con la que se pretende conseguir una directiva europea de protección del suelo.

En este encuentro se desgranaron algunos de los puntos clave sobre la estrategia minera en España, aportándose datos llamativos como las 2.000 solicitudes de concesiones existentes en el territorio español, la tendencia de la minería a cielo abierto y el impacto medioambiental que acarrea esta técnica, y una ley que beneficia a las empresas mineras por encima del resto de sectores económicos como la agricultura o la ganadería.

En representación de Stop Uranio intervino el secretario de la plataforma, José Ramón Barrueco, quien recordó cómo la empresa Berkeley ha obtenido la declaración de impacto medioambiental favorable por parte de la Junta y la concesión minera, aunque “le falta la autorización de construcción de la planta de beneficio de mineral con informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear. El último paso sería la licencia urbanística, pendiente de esa autorización de construcción de la planta”.

Fuente: http://salamancartvaldia.es/not/159498/stop-uranio-participa-madrid-jornada-grupos-contrarios-mineria/

Ecuador

Desde los páramos de Río Blanco, el Cabildo de Cuenca: “¡No a la minería en fuentes de agua!”

Cuando se cumplían 30 días de resistencia comunitaria al proyecto de la minera china Junefield,el pasado 9 de septiembre, se celebró el Encuentro

por la Defensa de Río Blanco y el Cajas. La consigna fue “NO PASARÁN”.

Río Blanco, 9 de septiembre del 2017

 13 organizaciones que forman parte del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, junto con la Comunidad de Río Blanco y algunos pobladores de la comunidad de Yumate, se reunieron el pasado sábado 9 de Septiembre en la entrada del campamento minero de la empresa china Junefield, para apoyar la exigencia de la comunidad de Río Blanco de desalojar a la empresa de su territorio.

Las y los asistentes pudieron evidenciar de primera mano que el humedal Cruz Loma ha sido rellenado con escombros por parte de la empresa, y de la misma manera recorrieron los terrenos desecados en los que los pobladores aseguran existían ojos de agua.

Enseguida se dio inicio a una gran Asamblea en la que la comunidad de Río Blanco, a más de exteriorizar sus demandas, manifestó que su moral está en alto y que su decisión de no deponer su lucha hasta que la minera salga de su territorio es inquebrantable.

 Las organizaciones de la ciudad de Cuenca y otros cantones del Azuay expresaron su respaldo a Río Blanco, dada la experiencia en la resistencia a proyectos mineros en áreas como Kimsakocha y Santa Isabel, o en base a sus investigaciones sobre el involucramiento de estas industrias extractivas en casos de corrupción.

La Asamblea de los Pueblos del Sur y la Red Agroecológica del Austro entregaron sus cartas de respaldo a la comunidad, mientras que éstas y otras organizaciones se hicieron presentes con donaciones de víveres para sostener la medida de hecho sostenida desde hace un mes por parte de la comunidad.

 Como resultado de esta asamblea se redactó la DECLARATORIA DE RÍO BLANCO en la que se acuerda, entre otras cosas, reafirmar la unidad frente al extractivismo minero que amenaza nuestra provincia y otras provincias del país, apoyar la exigencia de la comunidad de Río Blanco para que la empresa salga de su territorio, presentar las acciones legales pertinentes, solicitar la intervención de organismos de DDHH, solicitar la verificación por parte de ETAPA del desecamiento de humedales y ojos de agua en esta área del Cajas, construir una plataforma provincial por la defensa del agua para exigir se respeten las Declaratorias cantonal y provincial que declaran a Cuenca y el Azuay como territorios libres de minería metálica.

Recordemos que el proyecto minero Río Blanco, así como el proyecto Loma Larga/Kimsacocha, están ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y en bosques protectores del agua, el suelo y la biodiversidad: Molleturo-Mollepongo, Yanuncay-Irquis y El Chorro.

 Además de las 13 organizaciones presentes, la declaratoria fue suscrita por 90 personas, la mayor parte miembros de la comunidad de Río Blanco.

 La jornada terminó con una pampamesa y baile popular.

 Fuente: CABILDO POPULAR POR EL AGUA DE CUENCA

Todo este recorrido estuvo marcado por una fuerte presencia policial, verificándose entonces que las instituciones del estado se han desplegado en resguardo de una empresa privada.

Colombia

Alcaldes del Cesar lentos en frenar la minería ilegal

Solo cinco de las 57 unidades mineras ilegales plenamente identificadas en el departamento del Cesar han sido recuperadas, en casi un año, y aún los Alcaldes del departamento no lideran acciones para frenar los daños ambientales a ríos, ciénagas, bosques y playones en 24 de los 25 municipios.

Es una preocupación porque desde el año pasado, la Secretaría de Minas hizo un diagnóstico en el que identificamos y detectamos cuáles eran estas minerías ilegales e informales y hasta el día de hoy estamos haciendo ese balance de cómo vamos y la verdad es que es preocupante, porque tenemos alcaldes que no están haciendo la tarea como debemos hacerla”, dijo la secretaria del ramo, Carmen Cecilia Galvis.

La funcionaria lideró una mesa de trabajo con los Secretarios de Gobierno de todos los municipios este lunes en la Gobernación del Cesar, pero fueron muchos los invitados y pocos los que asistieron a este encuentro en que también se convocó a las autoridades ambientales y de Policía.

“Los secretarios de gobierno son los responsables de hablarles a los alcaldes en cuestiones de normatividad, porque esto es de normatividad y necesitamos veedores en cada municipio de esta minería ilícita en la que hoy vive el departamento”, explicó Galvis.

Señaló además que del 26 al 29 de septiembre se realizará una nueva socialización con todos los alcaldes para que tengan información de los alcances que pueden tener a través de las normas y las acciones de reconversión laboral para las 700 familias que viven de esta actividad ilícita.

De acuerdo con la caracterización de la explotación de recursos naturales sin títulos, ni licencias, realizada por la Secretaría de Minas Departamental, el único municipio que se salva de los efectos devastadores de la minería ilegal es González, al sur del departamento.

El mapa permitió detectar que los ríos Ariguaní, en la Sierra Nevada; Maracas, en Becerril; La Mula, en Chiriguaná; Simaña, en Pelaya y La Gloria; el Magdalena, en Gamarra,  son sometidos a  lesivas acciones para mantener vigente a la minería irregular.

A este cuadro desolador se suman el caño Tagoto y la ciénaga Montecristo, en Tamalameque; la quebrada El Carmen, en Pelaya; y los playones El Sordo, en Puerto Viejo y del río San Alberto.

Los efectos de esta explotación ilegal son el bajo caudal de los cuerpos de agua, muerte de peces y otras especies,  la erosión, tala de árboles, deterioro del suelo y subsuelo, para solo mencionar algunos daños al ecosistema.

También existen otras que operan sin licencias o títulos en Valledupar, Manaure, San Diego, Codazzi, Río de Oro, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Pailitas y Curumaní. El mapa indica que existen más de 15 ladrilleras, que extraen arcilla de manera ilegal; de las fuentes hídricas el mayor saqueo es el de material de arrastre, mientras que entre las montañas y bosques se abre paso la minería de recebo que no es más que la extracción en canteras a cielo abierto o subterráneas de materiales para la construcción.

Fuente: http://www.elpaisvallenato.com/2017/09/12/alcaldes-del-cesar-lentos-en-frenar-la-mineria-ilegal/

Colombia

Córdoba, Quindío irá a las urnas para frenar la minería

El domingo 12 de noviembre se realizará la consulta popular contra la minería en el municipio de Córdoba, Quindío, el segundo del departamento y del Eje Cafetero que iría a las urnas para rechazar las actividades de exploración y explotación de metales.

El Tribunal Administrativo del Quindío declaró constitucional la pregunta ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Córdoba, Quindío, se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?.
Orlando Osman Méndez, integrante del Centro de Formación Campesina Kakataima y uno de los promotores de la consulta en Córdoba, explicó que, según la ley, el alcalde Guillermo Andrés Valencia tenía ocho días hábiles para definir la fecha de la consulta que debía ser en un término menor a tres meses.
Y relató que en este proceso se logró la unificación entre la Administración municipal y la comunidad que participó en cabildos, asambleas, marchas, entre otras actividades pedagógicas sobre la minería. “Es mucho más rápida y efectiva la consulta si es convocada por el alcalde que si se hace por firmas”.
Hace menos de un mes el texto llegó al Tribunal del Quindío que finalmente lo aprobó, después de ser avalado por los nueve concejales de Córdoba a través de un concepto de favorabilidad.
Según Osman, el censo electoral es de unos 5.400 votantes por lo que el umbral sería de unas 1.800 personas. Y aseguró que actualmente hay un título minero vigente y otros en solicitud como uno cercano a la estrella hídrica del municipio, que es el río Verde, que suministra agua a varias localidades del departamento.

El alcalde señaló que el objetivo es que las personas participen y expresen su voluntad, “Córdoba viene haciendo este trabajo desde 2015 y ese es un motivo por el cual el Tribunal también avaló esto”, dijo Valencia.
Y agregó que en los últimos tres años “venimos haciendo un trabajo con la comunidad explicándoles qué es la minería, qué impacto tiene, la riqueza que tenemos en agua, fauna y flora, la gente ya conoce las ventajas y desventajas de la minería”.
Cabe recordar que el pasado 9 de julio, se llevó a cabo la consulta popular en Pijao, Quindío, donde 2.613 habitantes de este poblado le dijeron no a la minería. En el departamento hay otros municipios como Calarcá y Salento, que también buscan frenar las actividades mineras a través de consultas populares

Ecuador

Anuncian medidas para garantizar la seguridad en El Cielito

En la comunidad Río Verde, varias autoridades mantuvieron una reunión de trabajo para tratar temas relacionados con la minería ilegal que se registra en El Cielito, en el cantón Mira, que vienen sobresaltando la seguridad del sector.

Las instituciones de control buscan articular acciones con los comuneros de la zona con la finalidad de garantizar la seguridad, frente al éxodo de personas extrañas desde varias provincias del país.
Santiago Chamorro, subsecretario de Minas, explicó que la Mina Blanca y Nieves fue entregada a la empresa ganadora de la concesión, Sol Gold, la cual debe cumplir con varios requisitos de acuerdo al artículo 26 de la actual Ley de Minería.
Entre las obligaciones que debe cumplir constan: licencia ambiental, orden de prelación sobre el derecho al acceso del agua, declaración juramentada que exprese que las actividades mineras no afecten: infraestructura, vestigios arqueológicos, patrimonio natural y cultural.
El coordinador de la Agencia de Regulación y Control Minero, Cristian Terán, manifestó que durante los meses de enero y febrero se logró desalojar a 1.500 personas, disponiendo la seguridad del lugar a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
En la reunión, el gobernador Alex Cruz, comprometió a los organismos de control para que continúen colaborando con la seguridad de las personas que viven en la zona y traten de desalojar a los que realizan minería ilegal.
Otra de las disposiciones fue detener a los ciudadanos que amenazan a los pobladores y que utilicen herramientas como: vehículos para transportar material minado, retroexcavadoras, armas de fuego, entre otros.
En cambio Sebastián Sacoto, asesor del ministro de Minería, se comprometió a mantener un acercamiento con Sol Gold, para que la empresa brinde seguridad a los ciudadanos.
Aclaró además, que si los comuneros no quieren minería ilegal, no deben tener ninguna vinculación con los ilegales que llegan a la comunidad El Cielito. Pidió denunciar a la Fiscalía para ejercer un seguimiento y procesar los casos.

Fuente: https://www.lahora.com.ec/carchi/noticia/1102099588/anuncian-medidas-para-garantizar-la-seguridad-en-el-cielito

Mexico

Minera canadiense causó daños a nativos en México

Según advirtieron organizaciones campesinas y comunidades originarias, en la jurisdicción de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla , la minera canadiense Almaden Minerals comenzó a fundar daños estratégicos a la salud por actividades de exploración para explotar yacimientos de oro y plata.

Según reseñó el portal E- Consulta, miembros y representantes del Frente Nativo y Campesino de la República de México, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, la Unión de Comunidades Originarias de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, aseveraron que la contaminación del agua por la causa de la minería a cielo abierto ha dejado en las circunscripciones pérdida de visión en los pobladores e intoxicación de animales.

“Después del dinamismo exploratorio de Almaden Minerals, el agua, algunos de los pozos cercanos indujeron el fallecimiento de mamíferos que se aproximaron a los abrevaderos”, manifestó Violeta Valdez, portavoz del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup CNPA)

Violeta Valdez aseveró que las personas que habitan en franjas cercanas experimentaron pérdida de visión, pero hasta el instante no se conoce cuáles son las sustancias que originan las patologías padecimientos que tampoco han sido vinculadas oficialmente con la actividad minera.

Oswaldo Villegas, miembro del FICAM informó que para reclamar el cese del despojo en territorios nativos, ordenaciones campesinas se movilizarán este veinte de septiembre en todo el territorio nacional, pero esta vez no se ejecutará una movilización masiva a la capital sino que se protestará en cada comunidad y jurisdicción donde existen los megaproyectos activos mineros “No se tratará de una congregación mayor en la capital de la nación, sino en cada municipio y colectividad donde exista un plan de muerte”, expresó y confirmó que igualmente participarán la Unión Revolucionaria Emiliano Zapata, la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares-Linea de Masas y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

sí declaró que el venidero veinte de septiembre, desde las sierras poblanas se entreverá que el saqueo de tierras no resulta el único atentado que soportan las comunidades nativas, pues su vida se encuentra en franco peligro.

Ayer se divulgó un reporte exclusivo llevado a cabo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el que manifestó que las fuentes de agua de colectividades en Puebla donde se desarrollan la minería, los planes hidroeléctricos y la extracción de hidrocarburos, a través de la técnica de “fracking”, han sido infectadas.

Fuente: http://segundoenfoque.com/minera-canadiense-causo-danos-a-nativos-en-mexico-10-381044/

Colombia

Aguas peligrosas : Hay que actuar con todas las herramientas de la ley contra la minería ilegal.

Alarmante. No de otro modo puede calificarse el hecho de que los ribereños de la estrella fluvial del Inírida, en el departamento del Guainía, presenten en el cuerpo concentraciones de mercurio hasta 109 veces mayores que las recomendadas por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tal evidencia, si bien la ha cuantificado por primera vez la Secretaría de Salud de este departamento, permite fácilmente inferir que el problema afecta a la mayoría de la población que convive en zonas cercanas a donde se ejerce la minería ilegal.

Y aunque los resultados son fruto de una investigación del 2015 y no se conocían hasta hoy, reflejan un panorama desalentador y preocupante desde la óptica sanitaria si se tiene en cuenta que las personas examinadas, 202, de 15 comunidades, al parecer han adquirido este metal en forma crónica, a tal punto que se ha acumulado en su cuerpo de manera progresiva, sin presentar síntomas que potencialmente exijan la consulta médica. En otras palabras, son poblaciones que, si bien están realmente enfermas, desconocen su situación.

«No solo es la afectación de la salud individual, sino que la supervivencia de comunidades enteras está en riesgo»

El agravante es que muchos de estos pobladores pertenecen a comunidades indígenas aisladas del sistema de salud. Así lo evidencia otra investigación, hecha en el 2014 por estudiosos de la Universidad de Cartagena y Parques Naturales Nacionales, que recorrió el río Caquetá para medir los niveles de mercurio y encontró que el 94 por ciento de los individuos analizados excedían en su cuerpo la dosis de referencia para este elemento, de una parte por millón, definida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Como se observa, no basta con ratificar que este es un problema asociado a la minería ilegal, realizada por delincuentes, para ligarlo esencialmente a una situación de tipo judicial que, no obstante su importancia, oculta la verdadera dimensión de una tragedia humana: no solo es la afectación de la salud individual, sino que la supervivencia de comunidades enteras está en riesgo, empezando por el deterioro cerebral de los embriones, y se proyecta a un daño genético para las próximas generaciones.

Es, entonces, un asunto crítico. Y deja ver la fragilidad del sistema de salud en estas poblaciones, pues, si bien se jacta de tener una cobertura casi universal, en este caso se observan unas grietas inquietantes. ¿No debería la institucionalidad volcarse, con un carácter promocional y preventivo, a esos lugares apartados, en vez de esperar a que las personas consulten sin síntomas, sin ilustración sobre sus potenciales males o cuando ya no hay remedio?

Aquí no cabe disculpa. Hay que actuar con todas las herramientas de la ley contra la minería ilegal, que toma visos de crimen humano y ecológico. Los daños causados por el mercurio en el organismo son conocidos desde hace largo tiempo, y muchos ríos de Colombia están cargados de este metal. Y la cuestión se complica más cuando la gente, al carecer de acueductos, debe disponer de esas aguas peligrosas para suplir sus necesidades cotidianas. Urge actuar en salud. Solo queda la respuesta de las autoridades del ramo ante el interrogante, al tenor de la Ley Estatutaria.

 

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/aguas-peligrosas-danos-causados-por-la-mineria-ilegal-130112

Ecuador

Zaruma, un patrimonio en riesgo de desplomarse

La glorieta del Parque Calderón fue el escenario elegido por los zarumeños residentes en la ciudad para clamar por ayuda a su cantón, candidato a declararse patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, que, hoy por hoy, está en grave riesgo de hundirse a causa de la minería ilegal.

En Cuenca habitan alrededor de 3.000 zarumeños, según los dirigentes de la colonia de residentes en la ciudad. Muchos de ellos están buscando un espacio para traer a sus familias, ya que es evidente el peligro de que parte del centro histórico de Zaruma se hunda.
Así lo estableció ayer el Comité de Operaciones de Emergencia, COE provincial de El Oro, donde el alcalde de Zaruma, Jhansy López, explicó que unas 70 casas están en riesgo de desplomarse en el barrio Pichincha, corazón de la ciudad.
La Asamblea Nacional se sumó a la preocupación por lo que sucede en el cantón que limita con el suroeste del Azuay, y la tarde de ayer exhortó al presidente Lenín Moreno a declarar a Zaruma en estado de excepción, informó el asambleísta Juan Cristóbal Lloret.

Miguel Carrión vive en Cuenca desde hace cinco años. De su familia. en Zaruma solo tiene dos hermanos, ya que sus padres y otros tres hermanos viven con él al sur de la capital azuaya. “Huimos de la minería antes de que nos deje sin nada”, asegura.

El COE cantonal implementa albergues y zonas seguras ante un posible hundimiento. Hasta el viernes deberá estar listo un plan de evacuación, debido a que una prospección de la Secretaría de Gestión de Riesgos, SGR, reveló la existencia de dos túneles huecos cerca de la zona del hundimiento central, informó el alcalde de Zaruma.
López tomó además la decisión de cerrar las calles 24 de Mayo y Luisa Crespo, así como la escuela Fe y Alegría, también afectadas por el hundimiento.
Pese a esto, y al peligro que representa la minería artesanal, la actividad ilegal no cesa. Ayer, el Instituto Nacional de Investigación Geológica y Minera, INIGEMM, denunció el ingreso de mineros al hundimiento para extraer muestras de oro en la zona donde se ejecutan trabajos de remediación.
Esto generó el arribo a Zaruma de un nuevo contingente militar y policial para evitar la minería ilegal, informó el Ministerio del Interior.
El ministro de Minería, Xavier Córdova, durante su última visita a Cuenca, la semana pasada, señaló que el problema “es complejo porque la minería ilegal, en una zona donde está prohibido hacer esta actividad, está poniendo en riesgo la existencia propia de Zaruma”.
Aseguró que se trabaja en coordinación con los ministerios de Defensa y del Interior en controlar la minería ilegal, para luego formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales con el objetivo de que ejerzan su actividad sin afectar a la población.

Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/420939/zaruma-un-patrimonio-en-riesgo-de-desplomarse
Panamá

Las compensaciones ambientales en Panamá: una estrategia que abre áreas protegidas para la actividad minera

La empresa Minera Panamá (MPSA), de propiedad de la empresa canadiense First Quantum, tiene una concesión en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón en Panamá, que abarca un área de 13.600 hectáreas insertas en un área protegida para explotar cobre a cielo abierto. Además, la empresa construyó un puerto de aguas profundas sobre el mar Caribe que ocupa un área de 200 hectáreas por el cuál sacará el mineral del país y una central de energía a base de carbón para proveerse de energía para sus operaciones. La concesión se ubica a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá. Para obtener las autorizaciones ambientales, la empresa ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

¿Quién es First Quantum?

Esta empresa canadiense, compró en el año 2013 un 80 por ciento del capital accionario de Minera Panama SA (MPSA) que pertenecía mayoritariamente a la canadiense Inmet Mining/Petaquilla, que ya contaba con la concesión para explotar cobre y oro en la zona. Como la gran mayoría de las empresas canadienses que operan en América Latina, First Quantum cuenta con un historial de acusaciones de violaciones a los derechos humanos en otros países donde ha operado. Un informe de las organizaciones OECD Watch, Oxfam Canada y la organización de Zambia DECOP, ha denunciado que la empresa estuvo involucrada en ese país en el desalojo de pobladores de un área que tradicionalmente habían ocupado, causando graves daños a las comunidades. Otro informe alega que en 2002 la empresa había estado involucrada en la explotación ilegal de los recursos naturales en República Democrática del Congo, en África.

En Panamá, la concesión de más de 13.000 hectáreas está inserta en el Corredor Biológico Mesoamericano. Un área de conexión regional de gran riqueza que será severamente dañada por la explotación de cobre por parte de MPSA. Se trata de bosques con un excelente estado de conservación que albergan una riqueza increíble en términos de biodiversidad. La población adyacente es mayoritariamente población campesina e indígena que se dedica a la agricultura de subsistencia y la ganadería.

Las poblaciones aledañas ya vivieron en carne propia los impactos de la minería. Ya que en la misma región operó Petaquilla Gold, que en sus 100 hectáreas de concesión provocó contaminación de ríos, deforestación, impactos en la salud de las comunidades, sin mencionar los cientos de promesas incumplidas. La empresa se vio sumergida en un escándalo financiero. Fue abandonada, dejando en el camino grietas abiertas y piscinas con cianuro que aún hoy son una amenaza latente para los ríos y las personas de la zona, además de miles de trabajadores sin cobrar salarios y otras obligaciones laborales por parte de la empresa.

La compensación de daños incompensables

Minera Panama/First Quantum está obligada a realizar compensación por las pérdidas irreparables al ambiente que la extracción a gran escala de cobre va a generar, de acuerdo a las exigencias que el gobierno le marcó para darle las autorizaciones ambientales. La empresa se ha comprometido a seguir los estándares a los que obliga la Corporación Financiera Internacional (CFI), el ala privada del Banco Mundial, por lo que ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

La mina aún no ha comenzado a operar. No obstante, y tal vez para apaciguar a las ONGs conservacionistas que promovieron la declaración del Corredor Biológico Mesoamericano como área protegida y a las voces de los pobladores locales que se oponen a la destrucción masiva que el proyecto va a generar, si ha montado una fuerte campaña de promoción de sus actividades. Estas incluyen varios programas como parte de su estrategia de compensación. De acuerdo a su página en internet, la empresa “está comprometida a mantener un impacto neto positivo sobre la biodiversidad y ser un líder mundial en la gestión de la biodiversidad.”

El WRM realizó una visita a la zona a finales del 2016 para conversar con pobladores locales y conocer de primera mano lo que sucede a nivel local.

Entre los planes de compensación por pérdida de biodiversidad que la empresa tiene previstos, se encuentra la reforestación de 7.300 hectáreas. Esta plantación serviría para compensar las pérdidas irremediables que el proyecto minero va a generar en la zona del Corredor Mesoamericano. Los pobladores locales con los que conversamos en la zona de Coclecito conocían que la empresa estaba llevando a cabo planes de reforestación. A pesar de la gran propaganda en el sitio web de la empresa, durante la visita apenas pudimos ver unas pocas matas de café y unos pocos árboles nativos plantados en un borde empinado de la carretera.

En la de por sí absurda lógica de la compensación, parece aún más difícil imaginar que unas matas de café y unos pocos árboles puedan compensar por la pérdida de los bosques de la región que brindan refugio a una gran diversidad de fauna y flora, incluso a especies endémicas amenazadas de extinción y que además son de suma importancia para las comunidades locales que los usan cotidianamente .

Además, debido a que varias especies que habitan la zona evidentemente verán su hábitat destruido, la empresa ha hecho convenios con organizaciones internacionales en un intento de salvar algunas de estas especias – y así mejorar su imagen. Por ejemplo, su asociación con la organización Sea Turtle Conservancy busca proteger a las tortugas marinas en peligro de extinción que precisamente anidan en la costa caribeña que ahora será impactada por el puerto de aguas profundas que será utilizado para extraer el mineral.

Otro de los planes de compensación que la empresa presentó se trata de apoyar la gestión de las áreas protegidas que rodean la concesión: parque Santa Fé y Omar Torrijos, así como la creación de una tercera área de uso múltiple en Donoso, totalizando unas 250.000 hectáreas. Minera Panamá dice que cubrirá los gastos para equipos, infraestructura, monitoreo biológico, la educación y un programa de capacitación que beneficia a los guardaparques en todas las áreas protegidas de Panamá.

Aquí yace otra de las grandes falacias de los mecanismos de compensación. Las corporaciones ni siquiera deben montar sus propios planes de compensación, ya que han encontrado un camino que las libera de la responsabilidad de implementar un proyecto de compensación y lo que es más importante, las libera de la responsabilidad y el costo de mantener dichos proyectos, sobretodo una vez que la mina haya dejo de funcionar.

Además, uno de los conceptos subyacentes de la compensación es que estos deben ser “adicionales”. Es decir, los promotores de un proyecto de compensación tienen que demostrar que de no ser por ese proyecto el área que ahora pretenden conservar hubiese sido destruida. Lo que no es el caso en las áreas protegidas.

Usando métodos ilegítimos, como lo es la compensación de daños incompensables, Minera Panama se apresta a abrir y destruir los bosques panameños ubicados sobre el Corredor Biológico. Los mecanismos de compensación se basan en una lógica mercantilista que entiende un bosque como un conjunto de partes independientes e intercambiables. Una gran diferencia con respecto a la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos, que ve al bosque como un todo interconectado e interdependiente incluso con ellos mismos, para quienes  permitir la destrucción y fragmentación  de un área tan rica como lo es el Atlántico caribeño es criminal.

 

Fuente: http://movimientom4.org/2017/09/las-compensaciones-ambientales-en-panama-una-estrategia-que-abre-areas-protegidas-para-la-actividad-minera/

Ecuador

Metales pesados, enfermedades y mafias, la triste realidad de Esmeraldas

Los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro están entre los más pobres del país, entonces con la minería, la palma y la deforestación no hay progreso. Se determinó la presencia, en los ríos, de al menos seis metales pesados que superan hasta 150 veces los niveles máximos establecidos en la ley ambiental nacional. Arsénico, magnesio, galio, hierro, aluminio y mercurio. La minería  es ahora controlada por mafias, quienes tienen servicios de inteligencia y amedrentan a la población gracias a su alto poder financiero. Como si ello fuese poco, están deforestando los bosques primarios para sembríos de palma africana que requiere el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas sin ningún control y el agua utilizada va a los ríos.

El sonido de los tambores retumba en el auditorio de la iglesia San Lorenzo del Pailón, al norte de Esmeraldas. Fue el 22 de agosto pasado. Un grupo de mujeres afroecuatorianas cantan y bailan a ritmo de marimba. Es su singular manera de rechazar lo que en la canción tararean: “Nos cogieron de repente, se metieron los mineros, el agua contaminada”.Es lo que se ve y escucha en un video grabado durante la ‘Audiencia del Chocó’ realizada por la ONG Acción Ecológica. Un espacio en el que los habitantes de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro denunciaron el supuesto impacto que deja la minería, la palma africana y la deforestación.

En la reunión especialistas analizaron cuatro informes realizados por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas (Pucese), entre 2010 y 2014, tres de ellos en conjunto con el Ministerio del Ambiente (MAE).

Eduardo Rebolledo, biólogo y docente de la Pucese, dice que las conclusiones son preocupantes. “Debido a las denuncias, la universidad decide, con ayuda de fondos internacionales, realizar un primer estudio a finales de 2010, donde encontramos peces con deformidades y metales pesados en los ríos Santiago, Bogotá, Tululbí y Cachavi, y en los esteros María y Sabatela por la extracción ilegal de oro. Esto lo alertamos a las autoridades. Luego la PUCE contribuyó en un muestreo con el MAE y Senagua (Secretaría Nacional del Agua) en 2011 y se obtuvieron los mismos resultados… el Gobierno decretó el estado de excepción y, a través del MAE, nos contrató para un segundo estudio”, indica.

En esta última investigación se determinó la presencia, en los ríos, de al menos seis metales pesados que superan hasta 150 veces los niveles máximos establecidos en la ley ambiental nacional, dice Rebolledo. Arsénico, magnesio, galio, hierro, aluminio y mercurio.

Dirigentes lograron que el Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo otorgue, el 24 de marzo de 2011, medidas cautelares a 89 comunidades.

Pero la medida sirvió de poco, dice el párroco de Borbón, Aldo Pusterla: “La primera disposición fue suspender la minería, pero nunca pasó… El propio Gobierno mandó a la Enami (Empresa Nacional Minera) a Selva Alegre y San Lorenzo en septiembre del 2011 para iniciar un proyecto extractivo”.

Con su llegada, el MAE solicitó en 2012 a la Pucese que supervise las tareas de extracción de la empresa estatal, dice Rebolledo: “Encontramos más problemas que cuando estaban los mineros ilegales… se les había roto una piscina de recirculación y generaron una mortandad de peces enorme en el estero San Antonio”.

En respuestas enviadas vía email, la Enami asegura que “recibió varias concesiones mineras, en calidad de residuos abandonados debido a la intensa actividad minera ilegal, de lo cual, inició operaciones en 2012 en sitios puntuales, mediante la celebración de contratos de operación con pequeños mineros locales”. La entidad pública dice que la labor fue supervisada.

Incluso, señala la Enami, el MAE habría constatado “la rehabilitación de las áreas intervenidas por los operadores autorizados… y la remediación de pasivos ambientales”. Y que la Comisión Especial Contra la Minería Ilegal realizó operativos durante 2012 para neutralizar la minería ilegal en las concesiones de la Enami. En estas intervenciones se determinó que persistían los daños ambientales, pero la entidad indica que “de ninguna manera pueden ser señalados” ya que las labores ilegales se realizaban, mientras estaban a cargo.

Según el informe de la Pucese en 2011 se registraron 4.889 piscinas abandonadas. Kléver Santana, dirigente y miembro de la pastoral de San Lorenzo, afirma que la situación sigue igual. Mientras que Rebolledo asegura que “actualmente serían siete mil ya que los mineros tienen la maquinaria y recursos para abrir una cada semana”.

La contaminación ya implica afectaciones en la salud, señala Feliza Caicedo, enfermera de la comunidad Colón Eloy: “Las mujeres tienen problemas en la piel, manchas, infecciones en sus partes íntimas por bañarse en los ríos y beber su agua… Nos han dicho que los niños podrían nacer con discapacidades…”.

Un informe –entregado en diciembre de 2011 por el Ministerio de Agricultura (Magap) a la Defensoría del Pueblo– establece una serie de irregularidades en la comuna Santiago Cayapas en Eloy Alfaro: “(La minería)… es ahora controlada por mafias, quienes tienen servicios de inteligencia y amedrentamiento dentro de la población, su poder financiero es alto”, indica el documento.

El análisis se realizó tras denuncias sobre irregularidades en la venta de terrenos comunales de propiedad colectiva, Incluso, en medio de estas disputas, el Magap identifica problemas como “inacción del Estado”, “burocracia cómplice del abuso”, “deforestación”, “violencia” “…La comuna es un espacio fronterizo… de tráfico de armas, combustibles, drogas, trata de blancas…”.

Nathalia Bonilla, miembro de Acción Ecológica, asegura que los comuneros son obligados a vender sus tierras ancestrales de forma violenta, porque “la minería ilegal es manejada por grupos armados que amenazan a las familias… El MAE nos dice que por los niveles altos de sicariato no pueden intervenir…”.

Otra problemática es la deforestación de bosques primarios para sembríos de palma africana. Bonilla indica que estos cultivos se expanden sin control, lo que deja impactos graves. “A la deforestación de bosques se suma el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas sin ningún control, el agua utilizada va a los ríos”, dice.

También alerta que estos cultivos provocarían “posibles impactos en la biodiversidad de estas zonas con alto valor ecológico y en la calidad del aire… además, hay efectos sociales porque las personas que trabajan en palmicultoras no salen de la pobreza, no tienen salarios dignos”.

Un informe de este año de Acción Ecológica señala que solo en 2012 se deforestaron 16 mil hectáreas de bosque en Esmeraldas. Es aquella alfombra verde que caracteriza a esta provincia hoy fragmentada con piscinas abandonadas tras actividades mineras y por la expansión de la frontera agrícola con monocultivos como la palma africana.

 

Fuente: http://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/37696-metales-pesados-enfermedades-y-mafias-la-triste-realidad-de-esmeraldas