Hay propuestas que no se comprenden por las contradicciones que encierran: el Gobierno anunció que buscará modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería.
La sensibilidad del tema recuerda la acalorada discusión que se mantuvo hace casi diez años en el Senado de la Nación cuando se trató el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, que establece la protección de los glaciares y periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos.
La ley, que había recibido la aprobación unánime de ambas cámaras en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que los gobernadores de la zona cordillerana manifestaron que la norma «afectaría inversiones y puestos de trabajo». El caso, conocido como «veto Barrick», parecía responder a una reunión que tuvieron días antes, en Nueva York, Néstor Kirchner y Julio De Vido, con los directivos de la empresa Barrick Gold.
Las similitudes de aquel veto con este nuevo anuncio, fundado en el reclamo del sector minero que asegura que la ley actual frena inversiones, son sorprendentes y alimentan una misma duda: ¿la función del Gobierno es proteger los glaciares o la industria minera?
La sustentabilidad exige coherencia. Encaminar el país hacia un desarrollo armónico con la naturaleza implica defender las relaciones de largo y mediano plazo por sobre lo coyuntural. Es cierto que resulta tentador favorecer actividades que inyecten recursos al país cuando se ponen en riesgo recursos que, en el caso de ser afectados, sólo harían visibles sus impactos muchos años después de que los actuales administradores abandonen sus cargos. Por eso es necesario consensuar una visión sobre el país que se quiere construir -o reconstruir contemplando la protección actual y futura de los elementos esenciales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y las futuras. Quizá por eso sería tan beneficioso contar con una planificación estratégica del uso de los recursos en nuestro territorio consensuada de modo transparente y abierta con todos los intereses involucrados, para que los aspectos esenciales que hacen a nuestro porvenir no puedan ser negociados, según las necesidades de cada gestión, de espaldas a la sociedad.
Los glaciares cordilleranos significan un 70 por ciento de la reserva hídrica de todo el país: cualquier actividad que allí se desarrolle requiere de una seria reflexión política y científica sobre sus consecuencias.
El reciente anuncio de modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería surge de una reunión donde se encontraban presentes algunos de los mayores empresarios mineros del país y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez; representantes de provincias mineras; funcionarios de la cartera ambiental; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el de Trabajo, Jorge Triaca. No parece una reunión intersectorial.
Sin duda, la presión de las diferentes carteras sobre el ambiente se hacen cada vez más agudas: en un primer caso fue la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, aprobadas bajo la implacable presión del gobierno chino; hace apenas unas semanas, la resolución que aprobó la caza de seis mil guanacos en la Patagonia, dictada bajo la insistencia del actual Ministerio de Agroindustria. Ahora, los glaciares.
Si bien son comprensibles el interés y las posibilidades de explotación de ciertos recursos naturales que pueden hallarse bajo los glaciares, el uso intensivo de agua o el riesgo de contaminación merecen un delicado análisis. Una mirada inteligente y moderna no puede soslayar que la protección de las fuentes de agua potable es de máxima prioridad, en especial en zonas áridas y semiáridas. Más aún si consideramos los ya visibles efectos del cambio climático. Algo que el propio Presidente resaltó en varias oportunidades.
Una iniciativa oficial, fundada en el interés sectorial, para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la denominada ley de protección de glaciares no es una buena noticia. No hay ningún nuevo estudio, realizado con seriedad en estos años, que permita sostener que existen motivos para justificar una modificación de una norma consensuada con la sociedad y aprobada por unanimidad en el Parlamento, para permitir el inicio de las actividades económicas en la zona periglacial.
Probablemente uno de los mayores desafíos que tendremos en la Argentina del siglo XXI será pensar más allá de la rentabilidad inmediata. Las verdaderas inversiones arribarán cuando se demuestren responsabilidad, inteligencia y capacidad para conjugar desarrollo y protección ambiental, y no uno a costa del otro.
Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2083084-nuevas-presiones-para-tener-mineria-en-los-glaciares
El alcalde de Girón, Santander, se sumó a las voces en desacuerdo al proyecto de explotación de oro que pretende desarrollar la multinacional árabe Minesa en cercanías a la zona protegia del páramo de Santurbán.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) alertó que de las 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas que hay en México, el 22.56% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras.
La semana anterior, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció la inversión de US$1.000 millones para el desarrollo del proyecto minero de Soto Norte que opera la Sociedad Minera de Santander (Minesa), y cuyo producción de oro comenzaría en el 2021.
El martes 14 de noviembre, en las instalaciones de la Gobernación, representantes del Ministerio de Minería realizaron la sociabilización de la política pública minera y a la vez se absolvieron algunas dudas de las comunidades de las Pampas, frente al proyecto de minería La Plata, en la parroquia de Palo Quemado.
Más de 1.000 indígenas protestaron en Valledupar para hacer un llamado al Gobierno sobre la afectación de los recursos naturales.
Por el cambio en la Ley de Glaciares, estuvo en Pulso Urbano (Radio Jornada 91.9), la diputada nacional Graciela Cousinet.
Aunque después se convirtió en 
Las comunidades del pueblo indígena Nasa en el Putumayo realizarán una Minga de control territorial debido a las afectaciones que ha producido la extracción minera en sus territorios. Con esto buscan realizar una protesta para defender la vida, el agua y los ecosistemas. La Minga inició el 12 de noviembre y 300 guardias indígenas de 38 comunidades estarán a cargo del control territorial.
“Si Fredonia logra frenar la locomotora minera se sumaría junto con Támesis a otros pueblos que también lo hicieron, como Jericó, Jardín, Titiribí, Urrao y Caicedo”