Aunque después se convirtió en caricatura, la imagen del presidente Juan Manuel Santos hace un par de días con Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahya, heredero de Abu Dabi, no causó gracia entre los ambientalistas colombianos. El anuncio de Emiratos Árabes, después de la visita de Estado del mandatario, de hacer una inversión de 1.000 millones de dólares en un proyecto de explotación minera hizo que se volviera a escuchar la voz de los defensores del páramo de Santurbán, en donde la Sociedad Minera de Santander (Minesa), compañía del Gobierno asiático, busca un permiso para extraer oro.
La preocupación tiene una explicación sencilla para los ambientalistas: el 50% de los páramos del mundo están en Colombia y son ecosistemas que proveen el 70% del agua que se consume en el país. El páramo de Santurbán abastece los acueductos de Bucaramanga, Cúcuta y otros 20 municipios. El anuncio de la inversión para el proyecto minero en esa zona coincidió con la decisión de la Corte Constitucional de echar para atrás la delimitación que en 2014 el Ministerio de Ambiente había hecho sobre ese páramo. De las 129.743 hectáreas que abarca, 98.954 fueron delimitadas para su conservación, se suponía que allí no se podría hacer ninguna actividad económica ni mucho menos minería a gran escala, recuerda la Alianza por la minería responsable en un informe de su proyecto Somos Tesoro.
La de Santurbán fue la primera delimitación de 23 que se han hecho a los 36 páramos que tiene Colombia, para algunos que se haya eliminado deja en total incertidumbre lo que vaya a pasar con ese ecosistema que surte de agua a 2,5 millones de personas del norte del país. Aunque Santos acompañó el anuncio de la inversión al proyecto minero con el aporte de 45 millones de dólares que Emiratos Árabes dará para el posconflicto, la atención se quedó en el páramo. “Se está dando por hecho que la licencia minera les será otorgada y es preocupante”, dice Dadán Amaya, del Comité para la defensa del agua y del páramo de Santurbán. Los precandidatos a las elecciones presidenciales del próximo año también se unieron al debate. “Nuestra biodiversidad y nosotros no tenemos precio. Nuestra agua es nuestra gran riqueza”, escribió Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia.
El ministro de minas, Germán Arce, salió al paso a las críticas y aseguró que el trámite de la empresa para tener la licencia ya estaba en curso y que deberá ajustarse a las normas actuales de conservación de esta región del país. “Hay que aclarar que no afectará el páramo porque se encuentra fuera del límite de protección”, aseguró el ministro en una radio nacional. “Así el proyecto esté delimitado va a afectar la dinámica hídrica de la montaña, va a ser un daño muy grave”, replicó el ambientalista Amaya.
Según presidencia, Emiratos Árabes contempla apoyar a las poblaciones vecinas del proyecto. “Ellos tienen esa filosofía de ganarse las comunidades en donde estén invirtiendo, sea minería o cualquier otro sector. Y eso para mí es muy importante y para los colombianos también”, justificó Santos. Adriana Martínez, del departamento de derecho minero energético de la Universidad Externado de Colombia, explica que ese apoyo es parte de las obligaciones que tienen las empresas que explotan recursos no renovables y cita la Ley 1753 de 2015, que señala que la Autoridad Minera Nacional para el otorgamiento de títulos mineros y cesiones de derechos y de áreas debe exigir elaborar y ejecutar planes de gestión social.
Ana Gutiérrez, docente e investigadora de la misma universidad, asegura que si Colombia logra hacer un equilibrio entre la necesidad de la comunidad y los intereses de los empresarios, el país podrá responder a esa imagen que ofrece de destino seguro para invertir. Pero para los ambientalistas nada compensa el agua que se podría sacrificar con este tipo de proyectos. “En los últimos seis años, las fuentes de agua de Bucaramanga se redujeron a la cuarta parte. Aún así el gobierno insiste en permitir minería a gran escala allí donde nacen dichos ríos”, señala el Comité que recuerda los efectos que ha tenido la fase de exploración que ya adelanta Minesa. La empresa se ha defendido asegurando que su trabajo se ha hecho fuera de los límites del complejo natural.
Los ambientalistas están dispuestos a volver a salir a las calles, como lo hicieron hace un mes cuando se unieron casi 100.000 manifestantes en rechazo a los proyectos mineros en la zona. “La movilización debe servir para que tengan en cuenta nuestra opinión”, dice Amaya. En 2015, Greenpeace le reclamó al presidente Santos el cumplimiento de un compromiso firmado por él para proteger los páramos de la minería. Ahora, cuando anuncia la millonaria inversión de Emiratos Árabes, los defensores del medio ambiente le recuerdan su promesa.
Fuente:https://elpais.com/internacional/2017/11/16/colombia/1510793126_472168.html.
Las comunidades del pueblo indígena Nasa en el Putumayo realizarán una Minga de control territorial debido a las afectaciones que ha producido la extracción minera en sus territorios. Con esto buscan realizar una protesta para defender la vida, el agua y los ecosistemas. La Minga inició el 12 de noviembre y 300 guardias indígenas de 38 comunidades estarán a cargo del control territorial.
“Si Fredonia logra frenar la locomotora minera se sumaría junto con Támesis a otros pueblos que también lo hicieron, como Jericó, Jardín, Titiribí, Urrao y Caicedo”
Varios congresistas se sumaron al rechazo de sectores en Santander a la reciente posición del Gobierno Nacional sobre el controvertido proyecto de extracción de oro a gran escala que pretende la multinacional árabe Minesa en cercanías al páramo de Santurbán.
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