El hundimiento de la consulta popular daría vía libre a la extracción de oro a cielo abierto.
El Concejo del municipio de Ortega, en Tolima, hundió con 11 votos contra 1 el proyecto que buscaba la aprobación de una consulta popular para regular la minería y la explotación de hidrocarburos en su territorio.
Igual suerte corrió un proyecto que se tramitaba en el Concejo del municipio de Armero Guayabal, donde la consulta popular minera se hundió con 7 votos contra 3.
La pregunta planteada en Ortega decía: “¿Está usted de acuerdo, Sí o No, que en el municipio de Ortega se ejecuten proyectos y actividades mineras y de hidrocarburos, como exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y oleoducto; así como también la construcción de embalses, hidroeléctricas y presas de agua?”.
En este municipio del sur del Tolima, donde la petrolera Hocol tiene operaciones en 4 pozos con una producción diaria de 1.500 barriles, la consulta venía siendo promocionada por el comité ‘El agua es vida’ que a lo largo del año recopiló 8.877 firmas de apoyos ciudadanos. La Registraduría aprobó 5. 437 firmas, pero el Concejo decidió no apoyar la consulta.
Además de considerar que, tal como fue presentada, la pregunta no clasificaba por ser general pues terminaría por afectar la minería de subsistencia y la que se hace en las riberas de los ríos para la construcción.
Jhon James Ducuara, promotor de la consulta popular, aseguró que insistirá en la aprobación “para que la comunidad decida los temas mineros en su territorio”. Por su parte, la gobernadora indígena, Madeleine Rivera, dijo que, “en este caso, el interés particular estuvo por encima del interés general”.
El interés particular estuvo por encima del interés general
“El Concejo le negó al pueblo la posibilidad de pronunciarse en las urnas si quiere o no explotación minera y de hidrocarburos en su suelo”, complementó la líder indígena.
De otro lado, la decisión del Concejo de Ortega tiene una dimensión nacional dada la oleada de consultas populares aprobadas en los municipios para oponerse a las actividades extractivas de minería e hidrocarburos, situación que en su concepto frena el desarrollo de las regiones, según dijo Guillermo Fonseca, presidente de Hocol, empresa que hace parte del grupo Ecopetrol y se dedica a explorar y producir hidrocarburos.
“En Ortega la gente contó con elementos de juicio para saber si querían o no prohibir la industria minera, y ese conocimiento se vio reflejado en la votación mayoritaria del Concejo”, aseguró el directivo de Hocol y afirmó que en las consultas populares se maneja información errada lo que calificó de preocupante porque quienes las promueven, aunque tienen preocupaciones ambientales legítimas, “en algunos casos manejan agendas políticas para ganar protagonismo”.
Además agregó que, en ciertos casos, las consultas populares “son manejadas de manera irresponsable porque sus promotores hablan de impactos negativos en los ambiental y social, pero lo hacen sin tener evidencias ni sustentación”.
Fonseca también dijo que se volvió costumbre que los patrocinadores del No llenen los espacios de comunicación e información en los municipios, mientras que “las empresas mineras permanecen expectantes y en silencio”, pero aclaró que en Ortega, “Hocol no se calló”.
“En Ortega se le contó a las comunidades, de manera objetiva, clara y transparente, la verdad de lo que significa esta industria que ejecuta prácticas responsables y seguras en lo ambiental y social”, afirmó Fonseca.
Trajo a colación el movimiento ciudadano llamado: ‘Si Ortega, sí al desarrollo’, que defendió la industria petrolera frente a quienes la atacaban “y lo que hicimos fue hablarle a la gente de los impactos que generaría el no a la minería en cuanto a pérdida de empleos e inversión social”.
“La actuación de nuestra empresa en Ortega, debe crear una tendencia para que las siguientes consultas populares de Colombia, ojalá, se generen en medio de un debate transparente, con información sustentada y no bajo rumores callejeros”, señaló el presidente de Hocol.
En inversión Hocol aporta a la economía de Ortega pues ha adquirido 1.300 millones en compra de bienes y servicios, mientras que 780 millones se utilizaron en inversión social. También genera 300 empleos de los cuales la mano de obra no calificada es cien por ciento de la región y el 60 por ciento de la calificada es nacida en el municipio.
En Armero-Guayabal, el hundimiento de la consulta daría vía libre a la extracción de oro a cielo abierto en la vereda Maracaibo.
Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/concejos-de-ortega-y-armero-dan-luz-verde-a-la-explotacion-minera-157176
Tarso, Betulia y Concordia, municipios del suroeste, prohibieron la explotación de este mineral en sus territorios a través de mecanismos legales.
En el cotidiano devenir de nuestros días, como zacatecanos/as predomina en nosotros/as un orgullo plausible emanado de la actividad minera, se ha generalizado la acepción hacia la misma como una idea-fuerza, incluso de quienes no son mineros/as. Orgullo histórico-nostálgico, expresado en el canto de sirenas que representa ser el principal productor de plata a nivel mundial, discursos arraigados y reproducidos con un sentido utilitarista de fondo, el cual, no logramos descifrar en lo común. Desigualdades complejas giran alrededor de este nudo, despojos y saqueos de años atrás y presentes a la par del blasfemo discurso gubernamental del progreso y desarrollo, modernidad marchita la que nos acoge, promesas y una multiplicidad de problemáticas en lo concreto que abarcan lo económico, social y sobre todo, lo ambiental.
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que «la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas». El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El 
Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), advirtió que los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos.
Luego de que la sala plena de la Corte Constitucional decidiera dejar en firme la suspensión de las obras de la multinacional El Cerrejón sobre el arroyo Bruno, las comunidades de la Guajira aseguraron que harán respetar ese fallo teniendo en cuenta que el desvío del río, atenta contra el derecho al agua.
Los vecinos portan pancartas con mensajes como: “Casillas, presente en la resistencia por la defensa del territorio” y “Sí a la vida, no a la minería, pueblo Xinka”.
Diecinueve legisladores de la región Sur están en contra de que sea aprobado cualquier tipo de exploración o explotación minera en la región hidrográfica del río Yaque del Sur.Ayer la Cámara de Diputados conoció un proyecto de resolución que busca se declare y reconozca la Región Hidrográfica Yaque del Sur, que abastece de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como región deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería metálica.
El Tribunal Administrativo del Quindío decidió, en un fallo de primera instancia, amparar el derecho fundamental a la participación ciudadana del Alcalde del municipio de Córdoba, Quindío, y de los habitantes del municipio que tenían programada para este domingo 3 de diciembre la consulta popular minera.