El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que «la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas». El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
Fuente:https://www.infobae.com/economia/rse/2017/12/01/la-mineria-o-el-medio-ambiente-la-discusion-de-fondo-en-las-reformas-a-la-ley-de-glaciares/
El 
Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), advirtió que los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos.
Luego de que la sala plena de la Corte Constitucional decidiera dejar en firme la suspensión de las obras de la multinacional El Cerrejón sobre el arroyo Bruno, las comunidades de la Guajira aseguraron que harán respetar ese fallo teniendo en cuenta que el desvío del río, atenta contra el derecho al agua.
Los vecinos portan pancartas con mensajes como: “Casillas, presente en la resistencia por la defensa del territorio” y “Sí a la vida, no a la minería, pueblo Xinka”.
Diecinueve legisladores de la región Sur están en contra de que sea aprobado cualquier tipo de exploración o explotación minera en la región hidrográfica del río Yaque del Sur.Ayer la Cámara de Diputados conoció un proyecto de resolución que busca se declare y reconozca la Región Hidrográfica Yaque del Sur, que abastece de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como región deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería metálica.
El Tribunal Administrativo del Quindío decidió, en un fallo de primera instancia, amparar el derecho fundamental a la participación ciudadana del Alcalde del municipio de Córdoba, Quindío, y de los habitantes del municipio que tenían programada para este domingo 3 de diciembre la consulta popular minera.
Durante la última semana, Tarso, Betulia y Concordia rechazaron la explotación de recursos y tratan de promover la economía tradicional local.
La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que
También expresan su preocupación por concesiones mineras. Representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente, de varios municipios chontaleños, adoptaron un “Decálogo Ambiental del Agua y la Vida”, en el que se enumeran acciones para proteger los recursos naturales, especialmente dentro del contexto del cambio climático.