Mexico

Túneles de mina ponen en riesgo viviendas en barrios de Pachuca

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, José Rubén Pérez Ángeles, comentó que existen “focos rojos” en Pachuca, porque muchas casas están construidas sobre túneles de minas.

Afirmó que si bien no es un asunto nuevo, la realidad es que, con el paso del tiempo, existe más peligro porque la tierra registra asentamientos.

Corresponde a Protección Civil realizar una evaluación, como lo han hecho, pero sobre todo monitorear constantemente, con el apoyo del Servicio Geológico Nacional.

“Ya tuvimos el antecedente en Cubitos, hace más de dos décadas. No estamos exentos de que vuelva a ocurrir”, mencionó.

Informó que el problema no solamente involucra a Pachuca, sino también a los ayuntamientos de Mineral del Chico, Mineral del Monte y Mineral de La Reforma, principalmente.

Los fenómenos climatológicos, explicó, hacen que ciertas zonas de la capital del estado se conviertan prácticamente en “focos rojos”.

Lamentó que muchas familias no asuman con responsabilidad esta situación, y en lugar de desalojar sus casas o predios, continúen ahí.

Puso como ejemplo las viviendas que se localizan en barrios como La Nueva Estrella, el propio Arbolito y Camelia.

“Es muy fácil percibir que los cerros tienen reacomodos, porque hay grietas que se van abriendo más”, indicó.

Explicó que el Colegio de Ingenieros Civiles tiene la voluntad de coordinarse con los diferentes ayuntamientos, para poder realizar evaluaciones que permitan alertar a las familias que están en riesgo.

Pero para ello, dijo, debe de haber voluntad de los habitantes.

“Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, mantiene comunicación con autoridades municipales”, detalló.

Finalmente, señaló que es una de las labores sociales que realizan como colegio. “De lo que se trata es de evitar tragedias”, concluyó.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38374-tuneles-de-mina-ponen-en-riesgo-viviendas-en-barrios-de-pachuca

Colombia

¿Por qué está tambaleando la minería en Antioquia?

Diez municipios en el suroeste del departamento le dijeron ‘no’ a la minería a través de acuerdos municipales. Este es el panorama y las razones que esgrimen.

Aunque se puede decir que la minería colombiana empezó en Antioquia y que sus más de 200 años de tradición extractiva le han dado al departamento una fortaleza económica e industrial que en otrora tuvo brillo propio, hoy esa no es un legado que quieran todos paisas, la muestra está en que en los últimos meses los concejos de diez municipios del suroeste antioqueño —Támesis, Jericó, Urrao, Titiribí, Jardín, Concordia, Betulia, Tarso, Salgar, Pueblorrico— dijeron no a la minería, después de que se supiera que hay varios títulos mineros que ponen en riesgo la alta vocación agrícola y ganadera de la subregión.

Todo empezó hace varios meses en Támesis y Jericó donde un grupo de “neocampesinos con arraigo ancestral a sus tierras” conformó un grupo al que nombraron Mesa técnica: custodios de flora y fauna en el paraíso del Suroeste de Antioquia, con el que buscaron blindar una región que aporta el 60 por ciento de la producción del café de Antioquia y el 16 por ciento de la cosecha nacional, lo que representó ingresos para el departamento mayores a los 7 billones de pesos en 2016.

El trabajo de la Mesa Técnica ha sido arduo, y busca proteger un terruño que nunca ha sido minero. Ahora, ese trabajo no ha caído del todo bien en la Gobernación de Antioquia, donde el gobernador Luis Pérez dijo que es entendible que las regiones que no tienen una vocación minera tan fuerte como el caso del nordeste o el bajo cauca, quieran continuar en sus labores ancestrales.

Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, le dijo a SEMANA que desde su despacho se apoya la minería bien hecha y que lo sucedido en el suroeste no deja de preocupar. “La minería es una de las actividades más tradicionales del departamento, por eso tenemos 1.400 títulos mineros. La vocación de la tierra de nosotros es minera en gran mayoría”. Y que si bien los acuerdos “son respetados” cada uno es revisado por la Oficina Jurídica de la Gobernación y que si es encontrado alguna anomalía se pasa al Tribunal Administrativo de Antioquia para su final revisión, de hecho, ya algunos están en ese trámite.

Ya el Tribunal se pronunció sobre el acuerdo firmado en Urrao, aduciendo que el Concejo no tenía facultades para determinar los usos del suelo y, además, aseguraron que se vulneraban “normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.

En palabras de la secretaria Balvín, es la Nación la que tiene la potestad de definir el uso del subsuelo y que las alcaldías sólo pueden entrar a prohibir o modificar la minería a través de los Planes de Ordenamiento Territorial. “Me parece que se está malinformando a la comunidad, porque los pesticidas y la ganadería también arrasan con el medio ambiente. La deforestación que ha ocasionado el tema de la ganadería en la historia de Antioquia, es mucha. Aquí solo estamos satanizando la minería”.

Sin embargo, las objeciones del Tribunal no parecen muy convincentes, pues en el numeral noveno del artículo 313 de la Constitución se estipula que a los concejos municipales les compete “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Según el abogado Rodrigo Negrete, quien ha acompañado a las comunidades en su lucha por el territorio, en la sentencia T445 de 2016 la Corte Constitucional señalo que hay tres vías para levantar voz ante el avance minero: consultas populares, las disposiciones de los POT, y los acuerdos municipales en defensa del medio ambiente.

“Es muy raro porque el Tribunal Administrativo del Huila sí reconoció que los concejos tienen está facultad, pero en Antioquia no, lo que es muy diciente teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia es autoridad minera. Es juez y parte. Es más, el Tribunal cita dos sentencias que han sido declaradas inexequibles. Al ver nsotros estamos anomalías decidimos demandar”, dijo Negrete.

El panorama no es del todo claro, pero de lo que no queda duda es de la posición de las comunidades, en este caso unas comunidades que nunca han ejercido la minería. La Gobernación de Antioquia, que adelante estudios tan revolucionarios como el Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola (POTA), deberá decidir de acuerdo a las vocaciones de cada región.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/la-mineria-tiembla-en-antioquia/551211

Costa Rica

Pueblo Bribri dice no a la minería

El gobierno de Costa Rica construyó una página de internet para anunciar los avances de la construcción del protocolo de consulta en los territorios indígenas. El estatus del pueblo Bribri, de Talamanca, territorio al sur de Costa Rica, está apuntado por el gobierno como “en proceso de diálogo”, mientras la mayoría de los pueblos ya están listos para seguir a la última fase, un encuentro nacional.

La verdad es que el pueblo Bribri se rehúsa a participar en la construcción de dicho protocolo. “Todo este proceso es un performance. El protocolo y la consulta son herramientas para que tengan algo para justificar la entrada en el territorio y explorarlo. Hacen la consulta a su gusto y después dicen que exploraran los recursos con nuestro consentimiento. La verdad es que no nos escuchan”, señala el indígena.

De acuerdo con el reporte “Inventario de Proyectos de infraestructura en Mesoamérica”, ejecutado por Conservation Strategy Fund en asociación con The Nature Conservancy y financiada por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos, la región de Talamanca es considerada como uno de los seis sitios prioritarios para proyectos en toda Centroamérica y sur de México.

“Sabemos los recursos que tenemos en nuestros territorios y sabemos también los proyectos que el gobierno tiene planeado para saquearnos. Quieren transformar nuestros bosques en mercancía con la implementación del proyecto REDD+, quieren represar nuestras aguas y producir energía, y sacar nuestros minerales”, dice el indígena Bribri, Baudillo Salles Sánchez.

Hay una deuda histórica del Estado hacia a los pueblos indígenas de Costa Rica y esta deuda solamente será saldada quitada cuando el gobierno devuelva a los pueblos indígenas 100% de sus territorios, sostiene el indígena Bribri Leonardo Buitrago. “Solamente después de eso, se podría construir un protocolo de consulta de buena fe. Los territorios están llenos de gente no indígena, con sus tiendas y negocios y por presupuesto aprueban los proyectos del gobierno, es gente invasora que tiene intereses distintos de los nuestros”, señala el indígena.

Si Talamanca está llena de vida y de bosques es porque los indígenas han luchado y han logrado defenderlos, dice Buitrago. “Perforación para petróleo, empresa bananera, extracción de carbón, hay un sin fin de proyectos que han querido entrar, pero gracias a la lucha de los pueblos indígenas, hemos podido sacarlos de aquí. Y así llevaremos nuestra lucha”.

Capítulo 5 del reportaje: Consulta Indígena legaliza el despojo de los pueblo

Fuente:http://movimientom4.org/2017/12/capitulo-5-pueblo-bribri-dice-no-a-la-mineria/

Ecuador

Prólogo del libro de William Sacher sobre la megaminería en Ecuador El cuento chino y la violencia minera

En este libro, William Sacher propone una profunda lectura sobre cómo se impone la megaminería en el Ecuador. Como uno de los mayores conocedores de la materia, Sacher se adentra en los entretelones de las empresas chinas, que comienzan a copar el escenario minero ecuatoriano, y se plantea tres preguntas claves: ¿Por qué los chinos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí, en la cordillera del Cóndor?

La tarea que asume el autor nos ayuda entender las razones y las consecuencias de la gran ofensiva minera china en América Latina, particularmente en los Andes. Con su profundo análisis, nos brinda una mejor comprensión de los procesos de acumulación originaria (Carlos Marx) y desposesión (David Harvey), que marchan de la mano con el cada vez más vigente imperialismo chino. Esta es la punta del ovillo que Sacher hala con inteligencia y sagacidad, para luego desmenuzar la política minera de la ‘revolución ciudadana’.

Las informaciones y reflexiones presentadas en estas páginas empiezan retratando a un capitalismo con ‘rostro chino’, un proceso que empezó en China con la disolución de bienes comunes y la liquidación masiva de las tradicionales empresas públicas, para potenciar la incursión transnacional de capitales chinos en el mundo. Aquí aparecen los primeros grandes rasgos del actual imperialismo chino, a los que Sacher califica como un ‘cuento chino’, que sintetiza una cada vez más dura realidad para muchos países en el mundo.

Del Consenso de Washington, que impuso la apertura, flexibilización y liberalización económica en Nuestra América, caminamos al ‘Consenso de Beijing’, que profundiza y amplía los extractivismos, genera relacionamientos mediante grandes obras de infraestructura construidas por compañías chinas (muchas ligadas al complejo minero-petrolero-energético), y un masivo endeudamiento externo con capitales chinos. Todo esto consolida la ‘chinificación’ de economías como la ecuatoriana. El libro explica cómo ha evolucionado la minería en el país, desde los años neoliberales hasta la época ‘progresista’. En particular, la lectura de la minería en la década correísta describe una marcha que hace recordar a las agujas del reloj. Uno de los puntos cumbre en esa marcha del tiempo minero correísta se cristalizó con el ‘mandato minero’, expedido por la Asamblea Constituyente de Montecristi el 18 de abril de 2008, que daba marcha atrás a las normas jurídicas y la hemorragia de concesiones neoliberales. Un mandato –construido desde la resistencia a la megaminería– que, particularmente, planteaba la posibilidad de repensar la minería en Ecuador, al establecer, por ejemplo, limitaciones a las actividades mineras en fuentes de agua.

Ese distanciamiento inicial de las máximas pretensiones neoliberales duró poco. De hecho, Correa transitó cada vez con más premura hacia la imposición de la megaminería en el Ecuador. Y en la práctica, desplegando perversamente un discurso de soberanía nacional, ha cristalizado y ha revivido –de largo– muchas de las aspiraciones neoliberales de los capitales mineros. Apenas unos días después de aprobado el mencionado ‘mandato minero’, cuando todavía sesionaba la Asamblea Constituyente, el propio presidente Correa pactó con los grandes capitales mineros y, en poco tiempo, él se transformó en el mayor promotor de la megaminería de toda la historia republicana.

La posición prominera de Correa explica el incumplimiento del mencionado mandato constituyente y también la imposición, en enero de 2009, de una ley de minería abiertamente inconstitucional, tal como lo reconocería incluso la mal llamada Corte Constitucional de Transición. Así, con el incumplimiento del ‘mandato minero’, se abrió la puerta al festín minero del siglo XXI, cuestión que se analiza detenidamente en este libro sobre la ‘Ofensiva megaminera china en los Andes’.

La marcha del capital minero chino por la geografía ecuatoriana se concentró – ¿por lo pronto?– en la Amazonía. La cordillera del Cóndor experimenta las primeras incursiones de un extractivismo desconocido hasta entonces en el país, como lo es la megaminería. Es más, William Sacher anticipa la posible consolidación de un distrito minero binacional peruano-ecuatoriano, precisamente en dicha cordillera, que hace de frontera entre los dos países. Por eso bien podemos adelantar la conclusión de que actualmente estamos viviendo los primeros momentos de un desbordamiento minero de proporciones impredecibles.

Sin embargo, lo interesante del caso ecuatoriano es la resistencia al extractivismo minero observada desde hace algún tiempo. Esa resistencia, y la lucha en contra del extractivismo petrolero y depredador formaron parte sustantiva de las propuestas de la naciente ‘revolución ciudadana’ en 2006, cuando se planteaban incluso novedosas alternativas para superar la condición primario-exportadora del país. El Plan de Gobierno de Alianza País 2007-2011 –elaborado en 2006 con amplia participación social– proponía, por ejemplo, una moratoria petrolera en el sur de la Amazonía y la recuperación de las áreas degradadas por la actividad petrolera y minera, particularmente. No podemos olvidar tampoco los reclamos y proposiciones de organizaciones ecologistas agrupadas en el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), que fueron aceptados públicamente por el entonces candidato Rafael Correa y su movimiento.

En ese horizonte está también la Iniciativa Yasuní-ITT, surgida desde la sociedad civil, y, por cierto, todas aquellas disposiciones constitucionales revolucionarias, como los Derechos de la Naturaleza. Lo lamentable es que todo ese bagaje transformador y muchos otros puntos destacables hoy están olvidados.

El gobierno de Correa dio marcha atrás a sus compromisos iniciales antes de cumplir los dos años en funciones. Desde entonces las agujas de su reloj caminaron hacia un claro reencuentro con el neoliberalismo extractivista.

Mientras tanto, muchas comunidades se demuestran cada vez más empoderadas y dispuestas a enfrentar los extractivismos, particularmente el minero. En diversos lugares del país se multiplica la lucha en defensa de la vida. Una acción que aflora paulatinamente también en diversas ciudades; una resistencia que el Estado correísta intenta romper con medidas represivas: judicializando y criminalizando a quienes se oponen a la megaminería. Esto sucede en toda América Latina: los gobiernos ‘progresistas’ y neoliberales, sin excepción, se hermanan cuando se trata de imponer la megaminería u otros extractivismos. Bien vemos que la modalidad primario-exportadora se ha instalado con cada vez mayor profundidad en la matriz de acumulación de todos los países latinoamericanos.

En el Ecuador, como bien expone William Sacher en este libro, la megaminería se impone, literalmente, a sangre y fuego. Basta ver los detalles de lo que ocurre en Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, o bien en Nankints, provincia de Morona Santiago. Así, una vez más, varias regiones del Ecuador aparecen como tierra de conquista y colonización, en un esfuerzo miserablemente justificado bajo una ilusión desarrollista. Un atrevimiento que conjura todo tipo de violencias.

Para enfrentar esta compleja situación, no basta con plantear salidas negociadas buscando imposibles equilibrios sociales y ambientales. La megaminería provoca verdaderas amputaciones a la Madre Tierra, la Pachamama, como se la definió en la Constitución de Montecristi. Sus efectos despedazan los tejidos sociales, económicos, y hasta culturales de los pobladores de esas tierras, sobre todo pueblos y nacionalidades indígenas, cuyos derechos están claramente establecidos en dicha Constitución, e incluso a escala internacional por Naciones Unidas. Estas violencias no solo son materiales, son también simbólicas. Surgen cuando se destruye culturalmente a pueblos enteros o se presiona psicológicamente a individuos aislados u organizados, criminalizándolos o recriminalizándolos como fundamentalistas, de ‘ecologistas infantiles’ o de ‘ancestrales disfrazados’. Todas estas violencias, desplegadas en nombre de la ley y el orden, cobijadas por el credo del progreso y del ‘desarrollo’, no son una mera consecuencia de la megaminería o de las actividades petroleras. A lo largo de su libro, William Sacher indica cómo estas violencias son una condición necesaria para ejecutar tales extractivismos. Desde sus orígenes coloniales, estas violencias han sido indispensables para sostener los procesos de acumulación en el capitalismo periférico. La apropiación de minerales, según las necesidades de un supuesto ‘desarrollo’, incluso pretende tornar legítimo el momento de la represión violenta por parte del Estado. Así, el presidente Correa ha asumido los intereses chinos como propios y ha convertido al Estado ecuatoriano en policía de las transnacionales de ese país. Desde que el gobierno de la ‘revolución ciudadana’ abrió las puertas a la megaminería –completando la tarea emprendida por los gobiernos de ‘la larga noche neoliberal’–, las acciones represivas y violentas desplegadas desde el Estado para acceder a los recursos minerales han sido permanentes. Para entender mejor lo que esto representa, nada mejor que leer con detenimiento las páginas de un libro claro y preciso, un libro comprometido con la lucha de los pueblos por la vida.

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Exministro de Energía y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la Presidencia de la República del Ecuador. 
 
Serie sobre
EL DEBATE CONSTITUYENTE Editores Alberto Acosta y Esperanza Martínez.


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235594

Ecuador

Detenidos nuevos pedidos mineros en Ecuador

La entrega de nuevas concesiones mineras que llevaba adelante el Ministerio del ramo como parte del catastro minero están detenidas hasta nueva orden. Ayer, el ministro de Minería, Javier Córdova, confirmó que de acuerdo con la disposición del presidente Lenín Moreno, no se entregarán nuevas concesiones mineras hasta que esa cartera entregue un informe de las concesiones realizadas, se dé un reporte de las que se quiere concesionar en el 2018 y que el primer mandatario apruebe todo el proceso.

Esto, luego de que la semana pasada, Moreno se comprometiera a ello con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

“Lo que ha pedido el presidente, y evidentemente cumpliremos con su disposición es que se detengan las concesiones hasta que se haga revisión de que las entregadas cumplen con la normativa –que sí lo hemos cumplido, si no, no se hubiese entregado– y a partir de eso se haga una evaluación”, explicó el funcionario.

El ministro Córdova indicó que tras el inicio del catastro minero, que se dio luego de varios años de moratoria, se generaron 1.000 solicitudes de concesión. De estas, en el 2017 se entregaron 300 concesiones y restan 700 más.

Estas primeras 300 podrían generar unos $ 1.000 millones de inversión en cuatro años, según la institución.

En todo caso, el funcionario aclaró que no existe una “hemorragia de concesiones”, como se ha dicho por parte de algunos dirigentes de la Conaie. Explicó que mientras en 2013 lo concesionado equivalía al 10% del territorio, actualmente con las 300 concesiones, solo se ha concesionado 5% del territorio. Comentó que las concesiones son para empresas que inician recién la etapa de exploración y que de acuerdo con los parámetros internacionales, los proyectos para explotación terminan siendo apenas un 1% de lo concesionado.

El ministro habló de este tema, tras el lanzamiento de la 11ª edición del evento Expominas, que se realizará entre el 18 y el 20 de abril del próximo año.

Hasssan Becdach, organizador de la Expominas, recordó que la primera exposición fue organizada cuando apareció el mandato minero. En esa ocasión hubo 8 empresas participantes. Ahora la feria ha crecido y contará con 100 empresas del ramo.

Durante el evento, los empresarios mineros, el presidente de estudiantes de la Facultad de Geología y Minas de la Universidad Central, Fernando Quespaz, y el alcalde de El Pangui, Jairo Herrera, aprovecharon para hacerle un reconocimiento al ministro Córdova por su apoyo a la actividad.

El funcionario dijo que para el próximo año se espera una inversión minera total de $1.000 millones. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/19/nota/6532909/detenidos-nuevos-pedidos-mineros

Colombia

HABITANTES DE JERICÓ TUTELARÁN DERECHO A PROHIBIR LA MINERÍA EN SU TERRITORIO

Luego de que en junio del presente año el Consejo Municipal de Jericó, en Antioquia, tomara la decisión de prohibir la minería en ese territorio, incluyendo el proyecto minero Quebradona de la Anglo Gold Ashanti, el Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efecto esta declaratoria. Los defensores del ambiente y la población de Jericó manifestaron su rechazo ante esta decisión.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, manifestó que “el Tribunal Administrativo de Antioquia ha venido desconociendo la pretensión justa y legitima de los habitantes de esta zona del departamento desde hace varios años cuando se han tomado iniciativas para proteger el territorio y la vocación agrícola”.

Además, enfatizó en que el territorio está amenazado por las empresas mineras como Anglo Gold Ashanti que, en particular en Jericó, ha pretendido explotar un yacimiento de cobre, oro y plata. Sin embargo, no solo ha sido Jericó el único municipio que se ha opuesto “al modelo económico de desarrollo del país”. Jaramillo indicó que son 11 municipios de la región del sur este antioqueño “que hemos aprobado acuerdos para prohibir la minería”.

COMUNIDAD DE JERICÓ INSTALARÁ ACCIÓN DE TUTELA

Ante esta decisión, las comunidades van a presentar una acción de tutela ante el Consejo de Estado, donde demostrarán como “el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia ha violado el debido proceso”. Esto lo explican teniendo en cuenta que ha habido varias intervenciones al proceso que se ha adelantado en el Tribunal.

Esto quiere decir que el proceso de revisión “solamente tuvo en cuenta las intervenciones que están a favor de la invalidez del acuerdo”. Además, las intervenciones que hicieron los concejales de Jericó y la ciudadanía, “fueron casi en su totalidad desconocidas”.

También, argumentarán que es improcedente que el Tribunal Administrativo de Antioquia tome como sustento de sus argumentaciones el artículo 37 del código de minas “que fue declarado inexequible el año pasado por la Corte Constitucional”.

Los defensores del ambiente creen que es inadmisible que el mismo Tribunal “no tome en consideración la totalidad de la sentencia de la Corte, la 445, donde se dice que los municipios están facultados para prohibir la minería en sus territorios. Por esto, el acuerdo de Jericó tomó las medidas necesarias para defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio, atendiendo lo estipulado en la Constitución.

Finalmente, Jaramillo enfatizó en que, tanto el Tribunal Superior de Antioquia como la Gobernación del mismo departamento “pretenden desviar la atención de la ciudadanía haciendo creer que nos estamos extra limitando y a través de ese acuerdo, estuviéramos ordenando el territorio, lo cual no es el caso”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/habitantes-de-jerico-tutelaran-derecho-a-prohibir-la-mineria-en-su-territorio-articulo-50105/

Argentina

Este jueves se reunirán autoridades provinciales y chilenas en Pelambres por la escombrera

Así lo dijo el ministro de minería, Alberto Hensel. Sostuvo que viajarán con técnicos para determinar dónde se ubicarán las cámaras que harán el monitoreo permanente de la ejecución del plan de remoción.

Luego de que el juez federal ordenara a la minera chilena Pelambres retirar 35 millones de toneladas de escombros arrojados en territorio sanjuanino, hace una semana que la empresa comenzó con las tareas preliminares de remoción.

«Este miércoles, personal del Juzgado Federal, de la Fiscalía de Estado y de los Ministerios de Gobierno y Minería, se trasladarán a Calingasta y el jueves en la madrugada partirán a Pelambres, donde tendrán un encuentro con autoridades chilenas y quienes ejecutan las tareas de remoción», sostuvo el jefe de la cartera de Minería, Alberto Hensel.

Con ellos, viajarán técnicos que determinarán el lugar donde instalarán las cámaras de seguimiento y monitoreo permanente de la ejecución del plan acordado.

La resolución judicial fue dictada en el conflicto generado en 2014, cuando la minera internacional Glencore que tiene la concesión del emprendimiento de cobre El Pachón en tierras sanjuaninas, denunció que los chilenos habían arrojado escombros en territorio argentino sin autorización.

La escombrera ubicada en el Cerro Amarillo en la zona limítrofe de Calingasta de San Juan, contiene una montaña de más de 35 millones de toneladas de residuos minerales de la mina explotada del lado chileno, que fueron llevados más allá de la frontera, porque según la empresa, las autoridades chilenas les dieron mal las coordenadas del límite internacional.

De ese lugar, Glencore ya extrajo más de 500 neumáticos de gran tamaño durante el verano pasado, que amenazaban con contaminar las aguas del Río Carnicería, uno de los afluentes primarios del Río San Juan que llega hasta la capital cuyana.

La disposición de Rago Gallo, fue avalada por el Gobierno de San Juan a través del fiscal de Estado, Jorge Alvo. El juez otorgó 5 años y medio, más un año de gracia en el caso que las condiciones climáticas en la Cordillera de Los Andes dificulten los trabajos.

Fuente:https://www.sanjuan8.com/san-juan/este-jueves-se-reuniran-autoridades-provinciales-y-chilenas-pelambres-la-escombrera-n1527150.html

Colombia

121 personas contaminadas con mercurio en El Cantón de San Pablo, Chocó

El alcalde de El Cantón de San Pablo, Elkin Palacios, confirmó que el estudio fue hecho con la Agencia Nacional de Minería.

Un pequeño municipio ubicado en el centro del departamento de Chocó afronta una crisis humanitaria, por el uso de mercurio. Se trata de El Cantón de San Pablo, donde121 personas dieron positivo para presencia de mercurio en sus cuerpos, debido a la explotación  de oro en el río Quito, uno de los más devastados por la minería en el país.

El alcalde de El Cantón de San Pablo, Elkin Palacios, confirmó que el estudio fue hecho con la Agencia Nacional de Minería, cual detectó que 121 personas que tienen el metal pesado en sus cuerpos. El mercurio podría despertarles varios tipos de cáncer y malformaciones a los bebés.

Según otras instituciones como la Contraloria, en ese sector del río Quito hay al menos 128 retroexcavadoras, 46 dragas y 5 entables mineros explotando el oro con ayuda de mercurio. El alcalde Élkin Palacios advirtió que el municipio no tiene dinero para atender a las personas enfermas, por lo que pidió al Gobierno “dignarse” de elaborar un plan para descontaminar a los afectados, antes de que el cáncer aparezca.

Por su pequeño tamaño, El Cantón de San Pablo no está certificado para administrar recursos de la salud, por lo que estos dineros sólo pueden ser ejecutados por la secretaría de salud de Chocó. La titular de esta cartera, Yubely Minota, no atendió los llamados de LA FM para saber cómo intervendrá la gobernación para proteger a las personas contaminadas con mercurio.

El río Quito es considerado el afluente más devastado de Chocó por el uso de mercurio en la minería. El río desemboca en el Atrato, catalogado como un “sujeto de derechos”, por orden de la Corte Constitucinal.

Fuente:https://www.lafm.com.co/noticias/121-personas-contaminadas-con-mercurio-en-el-canton-de-san-pablo-choco/

 

Guatemala

Defensora indígena habla sobre el impacto de la minería, hidroeléctricas, turismo y monocultivos en su región

Lolita Chávez: “Hemos parado a las mineras con nuestras vidas”, 13 de diciembre de 2017

“El neoliberalismo se topó con el pueblo k’iche”, afirma esta líder y defensora de los derechos humanos…Feminismo comunitario, multinacionales que amenazan el territorio indígena y la resistencia reconstituida de los pueblos originarios son las claves que repasa Lolita Chávez en …entrevista con El Salto…he sido muy atacada, estigmatizada y criminalizada, porque le hemos dicho al mundo que no nos creemos eso de que las empresas mineras trasnacionales que están contaminando la madre tierra con sus dineros, luego van supuestamente a regenerar los bosques y las montañas…Hay licencias de todo tipo. Van desde el mega turismo…[p]or otro lado están las mineras…[l]uego están las hidroeléctricas…los monocultivos, la palma africana…licencias petroleras… [Las defensoras están] generando los vínculos regionales y globales [y] también procesos de autocuidado, de sanación, de ver cómo opera la institucionalidad…los mecanismos de los Estados, pero también los mecanismos internacionales de derechos humanos y de denuncia por los que podamos tener algunas oportunidades de desafiar a estas corporaciones… [Hace referencia a de Enel]

Fuente:https://business-humanrights.org/en/node/166133

Mexico

Macehuales en Cuetzalan demandan a Juez cancelar concesiones mineras

Cuetzalan, Pue.- Tras haber probado mediante un peritaje en antropología que son un pueblo originario, los macehuales de la Sierra Nororiental de Puebla demandaron al Juez Quinto de Distrito en el estado, para que haga valer sus derechos respecto al territorio en el Juicio de Amparo y eche atrás las concesiones entregadas a Minera Autlán, Minas de Santa Marta y el Grupo Ferrominero.

En la comunidad de Yohualichan, municipio de Cuetzalan, durante la 23 Asamblea de Defensa de la Vida y el Territorio, la última que harán este 2017, representantes de 212 pueblos de 23 municipios de Puebla y tres del estado de Veracruz hicieron un balance de los logros que han tenido y ratificaron su rechazo a los megaproyectos que se pretenden echar a andar en la región y su decisión de fortalecerse como organización.

Tras recordar que desde el año 2015 presentaron un juicio de amparo colectivo con el que consiguieron suspender toda obra de exploración y explotación para los proyectos Atexaco I y II en las concesiones entregadas por el gobierno federal a la empresa minera Autlán, que se registró con el número de expediente 1017/2015 en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado, los macehuales demandaron al tribunal dejar sin efecto las licencias que permitirían la explotación de su territorio.

Indicaron que el 23 de Octubre pasado el perito designado por el Juez entregó el dictamen antropológico con el que se “verificó” que quienes habitan en los municipios de Cuetzalan,Yaonoahuac y Tlatlauquitepec -donde están las concesiones mineras- pertenecen al pueblo macehual o nahua, como se conoce en otras regiones.

El estudio indicó que “el pueblo macehual somos un pueblo vivo; del cual nos sentimos orgullosos de serlo y agradecemos que en estas asambleas por la Defensa de la Vida y el Territorio, caminemos juntos el pueblo macehual, el pueblo tutunaku y el pueblo mestizo. Estamos convencidos que si seguimos trabajando unidos, ganaremos esta lucha y las compañías Minera Autlán, Minas de Santa Martha y el Grupo Ferro Minero, tendrán que irse de nuestro territorio”, señaló Nazario Diego.

Agregaron que una comisión visitó al Juez y le solicitaron que cierre el expediente y programe la audiencia constitucional, por lo que les pidieron estar atentos y demandaron al Juez para “que haga valer los derechos del pueblo macehual en esta demanda de amparo”.

Otros logros

Los nahuas destacaron la formación del Consejo Macehual Altepetajpianij, la publicación de los Programas de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonoahuac que, dijeron, les han servido para enfrentar los planes para hacer seis centrales hidroeléctricas, al menos dos minas a cielo abierto y fracking que devastarían unas 7 mil hectáreas en estos tres municipios ricos en agua y que prestan diversos servicios ecológicos.

Este año también concluyeron con éxito la clausura popular definitiva y pacífica que sostuvieron en un plantón que duró 10 meses, para frenar la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como de las líneas de alta tensión Ayotoxco-Cuetzalan que afectarían su territorio y que sólo servirían para abastecer a la industria minera y la extracción de hidrocarburos con la fractura hidráulica (fracking).

“Agradecemos la participación y permanencia como vigilantes durante más de diez meses, para que esta obra no avanzara; porque como ya lo señaló Doña Rufi, la complicidad de la autoridad municipal estuvo muy clara, y tomó decisiones en contra de nuestros pueblos”, dijo Nazario Diego.

Indicaron que en octubre pasado hicieron una gira en Canadá, en la que dieron a conocer los atropellos que sufre el pueblo macehual a causa de los proyectos de la industria extractiva. Así mismo Nazario Diego llamó a defender la dignidad de los pueblos para que en el próximo 2018 el “tema electorero no nos divida”.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/12/macehuales-en-cuetzalan-demandan-a-juez-cancelar-concesiones-mineras/