Pobladores de Tuntuma exigen a Las Bambas la firma de nuevo convenio que plantea entrega de dos millones.

Ángeles Santos Campana 01/12/2022
maria.santos@glr.pe
En Cusco, un grupo de pobladores del sector de Tuntuma – Chumbivilcas, acatan hace 29 días una paralización indefinida. Ellos ,a diario,mantienen bloqueos en el corredor minero, impidiendo el paso de vehículos de la empresa minera Las Bambas.

Los manifestantes piden la renovación de un convenio con Las Bambas. Exigen 2 millones de soles para proyectos en la comunidad,tractores agrícolas, semillas de pasto y avena, mini establos, viveros forestales, campañas médicas y trabajo directo e indirecto con la minera. Al Ejecutivo le piden financiamiento para proyectos en agricultura, pecuaria, educación, salud, saneamiento y otros.

El dirigente Wilbert Puellay de Chumbivilcas dijo que los pobladores aún no han mantenido comunicación formal con el Ejecutivo ni con la empresa minera.

Más problemas
En Apurímac otro punto con problemas es Challhuahuacho en Cotabambas. Se cumplió 18 días de paralización y bloqueo. La última semana, la vía ha sido tomada por la policía que permite el ingreso de vehículos a la planta con insumos para la producción y alimentos para trabajadores.

Fuentes cercanas a las Bambas, indican que pese al resguardo policial, el mineral sigue almacenado en la planta.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/12/01/chumbivilcas-cumple-29-dias-de-bloquear-corredor-minero-cusco-las-bambas-lrsd/

Foto: Corte IDH (CC BY-SA 2.0).
03/11/2022
No hay plazo que no se cumpla.

Así, luego de 20 años, la búsqueda de justicia de habitantes de la ciudad andina de La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 12 y 13 de octubre, los jueces y las juezas del alto tribunal internacional escucharon en audiencia pública la presentación de su demanda contra el gobierno de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en La Oroya por casi 90 años.

La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta.

“La contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ha permeado todos los componentes del ambiente de sus habitantes: el agua que beben, el suelo que pisan, el aire que respiran, los patios de los colegios y las montañas que enmarcan su entorno vital”, afirmó Liliana Ávila, abogada de AIDA, al exponer los alegatos finales del caso.

TESTIMONIOS VALIENTES
En la audiencia —celebrada en Montevideo, Uruguay— dieron su testimonio tres de las 80 valientes personas que presentaron la demanda, aquellas dispuestas a defender su derecho a vivir en un ambiente sano pese al contexto de hostigamiento que han enfrentado.

“El tiempo de desarrollo de la metalúrgica ha sido desastroso. La neblina de los gases tóxicos que emanaban del complejo se transformaba en caspa y se quedaba impregnada en los rostros de los niños”, dijo Rosa Amaro, una madre de 74 años que presidió el Movimiento por la Salud en La Oroya y que vivió en esa localidad hasta 2017. “Hemos tratado de sobrevivir, pero el Estado fue como un padre que no nos dio la cara”.

Vestida con ropa abrigada y un gorro de lana, Rosa llevaba en la cara, en el cuerpo y en la voz las huellas imborrables del paso de los años, de una salud deteriorada y del miedo que la obligó a dejar su ciudad natal.

“Nos llaman enemigos de La Oroya”. Entre lágrimas, Rosa expresó a la corte su deseo de volver a casa y de ver su nombre limpio de todo estigma.

“Nuestra lucha no es para uno, es para toda una población”.

El caso representa a muchas más personas de La Oroya que, por miedo a represalias, no figuran en la demanda.

Tras declarar, Rosa se sintió liberada de un gran peso y con la fuerza suficiente para seguir.

La población de La Oroya ha respirado múltiples sustancias tóxicas que, según evidencia científica, generan riesgos graves para la salud humana. La contaminación con plomo y otros metales pesados ha irrumpido en su sistema respiratorio, recorrido su torrente sanguíneo y se ha depositado de forma imperceptible en varios de sus órganos vitales.

“No he tenido infancia porque la pasaba encerrada en cuatro paredes, no porque no me dejaran salir, sino por los malestares, porque nos picaba la garganta. Cuando íbamos al colegio mi mamá nos protegía con un sombrero”, declaró ante la corte Maricruz Aliaga, de 28 años.

La contaminación redujo su nivel de retención y es la causa de que, aún hoy, su cuerpo se paralice varias veces al año.

“En Huancayo podía respirar”.

Sus vacaciones en esa ciudad vecina cuando era niña le hicieron ver que lo normal no era reemplazar varias veces las plantas que llevaba a la escuela porque morían luego de 15 días.

Maricruz vive ahora en otra ciudad vecina y las afectaciones a la salud de toda su familia fueron su principal motivación para estudiar enfermería.

Los elementos tóxicos de la metalúrgica de La Oroya siguen en los cuerpos de sus habitantes. Su presencia ha generado afectaciones a su salud, muchas de ellas irreversibles, y puede generar nuevas enfermedades a futuro.

“Lo único que queremos, porque nosotros ya no vamos a gozar de buena salud —eso ya está hecho, mi salud ya está destruida—, es que las futuras generaciones gocen de buena salud,” agregó Yolanda Zurita en su testimonio ante la corte. “Eso va a ser nuestra recompensa, esto va a ser nuestra satisfacción, eso es lo que buscamos”.

EL CAMINO A LA JUSTICIA
Llegar a este momento no ha sido fácil. En representación de las víctimas, AIDA, con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentó en 2006 la denuncia internacional contra el gobierno peruano y en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del gobierno en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana.

La preparación de la audiencia comenzó en ese momento y se intensificó en las semanas previas. Las largas horas de trabajo valieron la pena y se plasmaron en la solidez con la que demostramos que el gobierno es responsable de violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya.

En la audiencia evidenciamos cuatro argumentos principales:

La existencia de un grave cuadro de contaminación ambiental,
El riesgo y el nexo causal con los daños derivados de esa contaminación,
El conocimiento que el Estado tenía de esa situación y
La ausencia de medidas urgentes y eficaces para responder a la misma.

Además, convocamos a personas expertas cuyo peritaje respaldó ampliamente nuestros alegatos. Dos de ellas expusieron sus hallazgos en la audiencia.

“El deber de cuidado no surge con el daño clínico, sino con el riesgo de daño”, enfatizó Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos.

De su lado, Marisol Yañez de la Cruz, perito psicosocial, demostró —con base en 61 entrevistas en profundidad, cuatro grupos focales y pruebas psicométricas— la existencia en La Oroya de un “sufrimiento ambiental” agravado por impunidad y estigmatización.

Tras la audiencia, queda la presentación escrita de los alegatos y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses.

La importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave para toda América Latina.

“Este es el primer caso que conocerá este tribunal donde podría desarrollar con profundidad violaciones al derecho al medio ambiente sano como el resultado de la acción estatal frente empresas públicas y privadas,” explicó en la audiencia Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH.

Tener en cuenta lo que está en juego es sin duda fundamental cuando el debate nacional en torno a La Oroya ha priorizado, aún en estos días, la posible reactivación de la metalúrgica por encima de la protección de los derechos fundamentales de una población entera.
https://aida-americas.org/es/blog/el-dia-que-la-corte-interamericana-escucho-a-victimas-de-contaminacion-de-la-oroya?emci=1db4e92b-1570-ed11-819c-00224825858d&emdi=22128849-b770-ed11-819c-000d3a9eb474&ceid=880364

Mineriaenlinea 29/11/2022

MMG Ltd. reanudó la producción de cobre en su mina Las Bambas en Perú después de que se levantara una protesta, dijo el lunes una fuente cercana a la empresa, pero añadió que el transporte del metal a puerto seguía bloqueado por un conflicto separado.

Las Bambas había reducido sus operaciones al 30% de su capacidad habitual a principios de este mes debido a las protestas.

Las protestas contra la mina de propiedad china son recurrentes y a menudo han interrumpido las operaciones, en medio de las quejas de las comunidades indígenas cercanas de que la enorme riqueza mineral de la empresa no se ha traducido en mejores condiciones de vida para ellos.

La fuente dijo que se había levantado una protesta en la localidad de Challhuahuacho, lo que permitió reanudar la producción.

Pero otra protesta que bloqueaba la carretera que Las Bambas utiliza para transportar su cobre a un puerto marítimo para su envío a los clientes seguía bloqueada a lo largo de la provincia de Chumbivilcas.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y Las Bambas es uno de los mayores productores del metal rojo.

Desde que Las Bambas comenzó a operar en 2016, la minera ha enfrentado más de 540 días de bloqueos de carreteras, según las estadísticas que lleva la empresa.

La mina de Las Bambas reanuda la producción de cobre; el transporte sigue parado