
Fuente:http://www.elcomercio.com/opinion/opinion-columnistas-walterspurrier-aborta-mineria.html
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El primer reporte del accidenteen aquella mina coahuilense (que a todas luces se pudo evitar si las constantes denuncias de los trabajadores hubieran sido atendidas) señalaba que la acumulación de gas metano (muy por encima de los estándares legales para poder trabajar) provocó la explosión y derrumbe de Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas. El accidente ocurrió a 150 metros bajo tierra en la madrugada del domingo 19 de febrero. Trece trabajadores fueron rescatados y hospitalizados con golpes y quemaduras. El equipo de auxilio señaló que las labores de búsqueda se realizan con lentitud debido a las condiciones en que quedó el sitio. Los familiares se mantienen en zozobra. Y éstas así se han quedado, en espera del rescate de sus seres queridos”.
En su informe 2006 Grupo México dijo que ocurrió un trágico accidente en la unidad de carbón Pasta de Conchos y la empresa dio respuesta inmediata y decisiva a este grave accidente en los trabajos de rescate y luego de búsqueda de nuestros mineros, así como el apoyo humanitario a sus familias de índole económico, educativo, de salud y social, sin precedente en México para las familias de nuestros mineros. Sin embargo, en los hechos, esa respuesta inmediata y decisiva nunca trascendió el discurso y, con la anuencia del gobierno foxista, apenas cinco días después de la explosión se suspendió la búsqueda de los mineros. Y nunca se hizo el menor esfuerzo para rescatar los cuerpos.
Pero a los barones de la minería les fue de maravilla. El 12 de marzo de 2006 en este espacio se comentó que no se sabe cuándo rescatarán a los mineros muertos en Pasta de Conchos, pero en medio de la tragedia los legisladores trabajaron como nunca, con asombrosa cuan sospechosa velocidad, para garantizarles un filón adicional a los empresarios de la minería. El Legislativo aprobó reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera con el propósito de entregar al sector privado la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón, mejor conocido como gas grisú, con lo cual los empresarios de la minería obtendrán al menos 550 millones de dólares anuales adicionales que les permitirán elevar sus ganancias, en especial a Grupo México (Larrea), Peñoles (Bailleres), Autlán (Rivera Larrea) y Grupo Acerero del Norte (Ancira), por medio de sus subsidiarias Minera Carbonífera Río Escondido, Minerales de Monclova y algunas trasnacionales con las que estos corporativos mexicanos se han asociado.
Desde entonces, tres han sido los inquilinos de Los Pinos (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y la única ruta por la que esa tercia transitó fue la de garantizar impunidad a Larrea (como a otros barones), otorgarle más y más concesiones mineras, ofrecerle “nuevas oportunidades de negocios (como el petrolero) y protegerlo de cualquier responsabilidad por todo tipo de accidentes tóxicos, como la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014 (léase el derrame de cuando menos 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, antes Minera Cananea, propiedad del tóxico empresario; el gobierno peñanietista los calificó como el peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país, pero no le canceló la concesión ni hizo mayor cosa para no ofender al magnate).
Así, a lo largo de ese periodo la fortuna de Germán Larrea se multiplicó por 14 (de mil a 14 mil millones de dólares), siempre a costillas de los bienes de la nación, al tiempo que este personaje y sus cancerberos afirman que Grupo México no tiene dinero para rescatar los cuerpos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos. Sin embargo, la mayor parte del complejo de carbón y coque de Nueva Rosita, Coahuila, (propiedad de Larrea) sigue en operación. De hecho, en su más reciente informe financiero, Grupo México detalla que en esa zona opera una mina a tajo abierto con una capacidad de producción de 350 mil toneladas de carbón al año y que al 31 de diciembre de 2016 las reservas de carbón para la planta de Nueva Rosita eran de 95.1 millones de toneladas. Pero no hay dinero para el rescate.
Entonces, en los 12 años transcurridos se han sucedido tres inquilinos de Los Pinos (Fox –quien al igual de Germán Larrea, nunca se apersonó en la zona de desastre ni dio la cara a los familiares de los mineros fallecidos–, Calderón y Peña Nieto); cinco secretarios del Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz –sucesor de monseñor Carlos Abascal–, Javier Lozano Alarcón –ahora senador y vocero priísta–, Rosalinda Vélez, Alfonso Navarrete Prida, ahora secretario de Gobernación, y Roberto Campa, recién estrenado en el cargo); siete procuradores generales de la República y un encargado de la tienda (Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora –actual embajador ministro de la Suprema Corte–, Arturo Chávez, Marisela Morales Ibáñez –cómodamente instalada en el consulado de México en Milán, Italia–, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez (ahora secretaria de la Función Pública), Raúl Cervantes Andrade (el fracasado fiscal carnal) y Alberto Elías Beltrán.
Además, ocho secretarios de Gobernación (Carlos Abascal, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont –abogado corporativo del propio Grupo México–, Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida); cinco titulares de Economía (dependencia encargada de las concesiones mineras: Sergio García de Alba, Eduardo Sojo, Gerardo Ruiz Ma-teos, Bruno Ferrari e Ildefonso Guajardo), y tres gobernadores de Coahuila (Humberto Moreira, su hermano Rubén y Miguel Riquelme).
Y todos ellos sólo hicieron dos cosas: mantener impune a Germán Larrea y su Grupo México.
Las rebanadas del pastel
Las autoridades prometieron investigar a fondo, castigar a los responsables, no cerrar la mina, no solapar a nadie, por más importante que sea, nuevos peritajes e investigaciones, reiniciar el rescate de los cuerpos… En los hechos, 12 larguísimos años y la impunidad goza de cabal salud.
Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/pasta-de-conchos-12-anos/
El secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeath, dijo que la administración de Graco Ramírez no ha permitido el trabajo de los proyectos mineros en Temixco o en ninguna parte de la entidad, si bien el Gobierno estatal no tiene facultades para cancelar la concesión, como a la empresa “Álamos Gold”, al ser un permiso federal, sí puede evitar que trabajen.
“Se canceló la autorización de la operación, no la concesión, eso no depende de nosotros, ésta se la dio la Secretaría de Economía a nivel federal el proyecto por ahora está cancelado”, precisó.
Incluso, el 15 de febrero, el gobernador confirmó que a su llegada, todos los proyectos mineros a cielo abierto que concesionó el Gobierno federal, serían cancelados debido al impacto que implicaría al medio ambiente.
En su lugar se construyeron plantas de remediación, pues su mayor preocupación era la minera en Temixco, donde la empresa canadiense “repartió” dinero a la gente con el fin de exigir al Gobierno estatal su aprobación para cortar el cerro. Sin embargo, debido a la información que se entregó a la gente, aceptaron que ésta fuera cancelada.
Cabe decir que, aunque la embajadora de Canadá en México intervino a favor de la empresa, por la gran inversión que representaba; “nos mantuvimos firmes y no permitimos que se siguiera afectando el entorno ecológico”.
Por eso, MacBeath aclaró que la empresa aún posee la concesión, y eso no se ha podido revocar; “lo que ellos metieron fue la autorización para extracción”, agregó.
Puntualizó que la política del mandatario estatal es no permitir durante su Gobierno la extracción de minerales a cielo abierto, en tanto han estado informando al gente de esta situación; “pero nosotros no autorizaremos esa mina, ni ninguna otra, porque hay como 33 concesiones de mineras en el estado de Morelos en diferentes puntos que otorgó en su momento la Secretaría de Economía”.
Fuente:https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/no-habra-mineria
Denuncian discursos de minería responsable “como un engaño”. Cámara Minera de Chubut busca derogar la ley que prohíbe la megaminería desde 2003. Aranguren ya tiene borrador para modificarla. Por Roberto Andrés – La Izquierda Diario.
Este martes 20 de febrero se realizará en la ciudad de Telsen, Chubut, la denominada “Cumbre minera”. En ella participará, junto a varios intendentes locales, el ministro de Energía y Minería de la Nación Juan José Aranguren, para liderar una supuesta reapertura del debate minero en la provincia que tiene como fin habilitar el Proyecto Navidad de la Pan American Silver.
Según indicó Ricardo Sastre, intendente de Puerto Madryn, durante los últimos meses varios de sus pares liderados por él se han venido reuniendo con el ex CEO de la imperialista Shell”. Armaron una comisión de equipos técnicos para modificar la ley 5001, que prohíbe la megaminería en la provincia desde el año 2003 y que es considerada por el secretario de la Cámara Minera de Chubut como inconstitucional. En Nación ya está el proyecto “sin firma” que modificaría dicha ley.
Por su parte, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP), en su XVIII encuentro realizado a fines de enero, anunció su rechazo “a la reunión convocada por los intendentes de distintas localidades de la meseta central chubutense”. Denuncian que tiene como verdadero objetivo “malinformar a la población sobre la minería responsable”.
Hoy lunes se movilizan en Esquel en contra de la cumbre y de la visita de Aranguren. En esta ciudad el pasado jueves 15 el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el rechazo a la actividad minera en toda la provincia.
Una cumbre a la medida de la imperialista Pan American Silver
El Gobierno de Mauricio Macri viene trabajando intensamente para hacer realidad el Proyecto Navidad, que cuenta con el mayor yacimiento de plata del mundo aun sin explotar, estancado desde hace años por las restricciones provinciales y el repudio popular. Otro aspecto que viene trabajando es el de reimpulsar la explotación de uranio y plomo. Son los temas centrales de la denominada cumbre minera.
También podés leer Uranio en Chubut: ¿cuáles son los riesgos de la lixiviación in situ que impulsa el Gobierno?
La cumbre de Telsen tiene como precedente las reuniones realizadas en Buenos Aires los pasados 11 de diciembre y 16 de enero. El intendente de Puerto Madryn logró gestionar estos encuentros con el titular de Energía y Minería reuniendo a todos los intendentes de la zona del Valle, de la Meseta y de la Zona Sur. Con ellos Aranguren conformó la Mesa Chubut.
En la reunión de enero el Gobierno nacional expuso al grupo de intendentes “los beneficios” del Proyecto Navidad. Es el nuevo buque insignia de la megaminería en Argentina a cargo de la canadiense Pan American Silver. Según Nación posicionaría al país como el quinto productor de plata del mundo.
Pan American Silver es una de las siete principales empresas mineras canadienses que operan en América Latina. Junto a Barrick Gold, Yamaná Gold, Teck, Gold Corp, Kinross Gold y Gran Colombia Gold conforma una flota que, según un informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, es caso testigo en lo que constituye un “patrón de violación de derechos humanos” y condicionamiento a los países. De hecho en julio y agosto de 2017 miembros de la comunidad La Colorada, en Zapotecas, México, denunciaron que Pan American Silver destruyó sus casas y los despojó de sus tierras, además de ser víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de la minera.
En Santa Cruz Pan American Silver opera Manantial Espejo, en el límite con Chile, a través de Minera Tritón. La operación comenzó en 2009, año en que OPI Santa Cruz inició una investigación y descubrió que Minera Tritón apilaba “a cielo abierto las cajas con piedras de cianuro sobre la tierra, sin protección y solo acordonadas por un débil alambrado perimetral”.
Desde 2016 la minera viene anunciando su cierre, aunque en diciembre pasado la empresa dio a conocer que sus ganancias netas llegaron hasta los U$S 36 millones en el segundo trimestre del año, frente a los U$S 34,2 millones registrados en el mismo período de 2016. El anuncio causó indignación hasta entre los proveedores santacruceños, quienes fueron ignorados por la canadiense. Fernando Paulasa, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, señaló en dicha ocasión a Tiempo Sur que “Minera Tritón es una empresa que atenta contra el desarrollo de nuestros proveedores locales. Tiene ganancias siderales pero no deja nada en la sociedad de la cual extrae su materia prima, que además es un recurso no renovable”.
En Chubut, pese a contar con la concesión del yacimiento Navidad, Pan American Silver nunca respetó la legislación que obliga a consultar a las comunidades mapuche-tehuelche de la zona. Estos últimos consideran el proyecto como “incompatible con la permanencia saludable de las comunidades en el territorio”. El pasado sábado 22 de marzo de 2014, en el marco del Día Mundial del Agua, una cabalgata tehuelche “por la vida, por el agua, por el territorio” en la meseta del Chubut, partió desde la localidad de Gan-Gan hasta las tranqueras de Pan American Silver, para protestar acerca del uso que la minera hace del agua potable mientras en la zona de la meseta provincial hay falta del recurso.
Quieren modificar la ley que prohíbe la megaminería
Desde el 8 de mayo de 2003 en Chubut rige la Ley 5001 que prohíbe “la actividad minera metalífera” tanto “en la modalidad a cielo abierto” como en “la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”. Esto implica que no pueden realizarse voladuras con explosivos para llevar los minerales a la superficie o separarlos por un proceso denominado lixiviación con cianuro.
La ley fue sancionada el 9 de abril de 2003, luego de la enorme movilización en la ciudad de Esquel que fuese coronada con un contundente referéndum popular. Esto obligó a que los candidatos en las elecciones a Gobernador se comprometiesen a respetar esta decisión. Nadie puede hacer política seriamente en la provincia si no declara su respeto a la 5001, y quienes han tratado de modificar la ley han fracasado en su intento.
Pero eso no quiere decir que no haya quienes insistan en intentar derogar o modificar la ley. Es el caso de Julián Hernández, secretario de la Cámara Minera de Chubut, para quien “la Ley 5001 es inconstitucional, nula de nulidad absoluta”. Así lo declaró a comienzos de este mes en un diario local.
Para Hernández “la minería tendría que ser el motor de la economía provincial y nacional” y arenga por un rechazo manifiesto al “no a la minería”: “Esta ley es altamente inconstitucional por estar en amplia rebeldía al artículo 126 de la Constitución Nacional”, señala y se frota las manos al indicar que “ya se han denunciado 550 yacimientos de uranio, más de 250 polimetálicos en veta y más de 190 diseminados”.
Por otra parte, altos funcionarios nacionales ya tienen en sus manos un breve proyecto de ley para la zonificación minera. Lo señaló El Chubut, quien accedió de manera exclusiva. Según informó, el proyecto consta apenas de dos carillas. La primera establece las coordenadas de un amplio polígono en el territorio chubutense que abarca gran parte de la provincia, donde se permitiría “el desarrollo minero metalífero”, y una segunda carilla como anexo con el mapa en cuestión. El proyecto aún no tiene firma. No ha habido ninguna presentación en la Legislatura provincial.
El borrador del nuevo proyecto de zonificación que ya está en varios despachos del Gobierno Nacional modifica el artículo 2° de la actual 5001, el cual declara que es el Consejo Provincial del Ambiente el que determinará “la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros” y “la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida”. En cambio establece como área de excepción a la prohibición “el interior del polígono determinado” en el mapa adjunto como Anexo. Y como si fuera poco, en su artículo 2° el borrador propone la eliminación del Consejo Provincial del Ambiente.
Rechazo a la cumbre de Telsen
Asambleas y organizaciones de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Sierra Grande, Viedma, Maquinchao, Fiske Menuco, Bariloche, El Bolsón, Lago Puelo, Esquel, Trevelin, Gualjaina y Neuquén, más los lof Huenchuman y Fentren Kimun, que fueron recibidos por la comunidad Newen Tuaiñ Inchin de Costa del Lepá, se reunieron en la XVIII Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) que tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de enero pasado.
En cuanto a la cumbre de Telsen, declararon como “no grata” la reunión convocada por los intendentes de distintas localidades de la meseta central. Denunciaron que tiene como objetivo “malinformar” a la población y reafirmaron su “oposición a la megaminería metalífera hidrotóxica y los discursos de la minería responsable que se presentan como engaño”.
“Consideramos que los proyectos Navidad, Calcatreu, Cerro Solo, Tijeras, son incompatibles con actividades económicas sustentables, sostenibles, saludables y con la permanencia saludable de las comunidades en el territorio”. “Lejos de ser remediables irán dejando más y más territorio inutilizado a perpetuidad para cualquier actividad realmente sostenible”.
También manifestaron su oposición al desarrollo del plan nuclear en todo su ciclo, “que en nuestro territorio se materializa desde la minería de uranio, enriquecimiento, central nucleoeléctrica y la disposición de los residuos radiactivos”, y denunciaron que las megarrepresas sobre el río Santa Cruz “presentan serias inconsistencias en su estudio de impacto ambiental”, con deficiencias similares en el proyecto La Elena en el río Corcovado y el Dique Los Monos en el río Senguerr. “Estas represas pretenden ser construidas para alimentar energéticamente la explotación minera”, denunciaron.
Fuente:http://www.redeco.com.ar/nacional/ambiente/23312-tehuelches,-pobladores-y-ambientalistas-rechazan-cumbre-minera-de-telsen-comandada-por-aranguren
La semana pasada, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció, con bombos y platillos, que el Perú era el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial. Pero ni siquiera hizo mención al número de conflictos mineros que existen en el país: 78 según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (publicado en enero).
En la misma línea de presentar al sector minero como repotenciado, el último domingo, la revista Semana Económica (SE) publicó un artículo titulado «En sacos distintos» en el que concluye que este 2018, los conflictos sociales no serán mineros porque las empresas «han aprendido de sus errores pasados».
Partiendo del caso del paro agrario y la protesta de los productores de papa, los autores (Rafael Aste y Alvaro Roncal) sostienen que «este conflicto responde a la pérdida de legitimidad del gobierno y no al discurso socioambiental que impulsó los conflictos durante el boom minero pasado».
Según SE, las mineras «se han protegido por una sofisticación» de sus estrategias: «relacionamiento con stakeholders y autoridades locales, difusión de información ambiental sobre sus proyectos y desarrollo de emprendimientos autosostenibles en la economía local».
¿Qué tan cierto es esto? Para responder a esta pregunta, consultamos con José de Echave, director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). Para este experto, «hay una suerte de sobredimensionamiento» cuando se afirma que los conflictos no afectarán a la minería este año.
«Las estrategias que dicen estar aplicando no son nuevas. Se han venido usando desde hace bastante tiempo y no veo motivo por el que ahora sí estén funcionando. Por el contrario, lo que veo es poco aprendizaje. Por ejemplo, con las declaratorias de estados de emergencia en el corredor minero», dice de Echave a LaMula.pe.
Recordemos que en su último informe, el OCM explicó la reducción de la conflictividad social en zonas mineras a los menores precios internacionales de los metales, a la coyuntura política, marcada por denuncias de megacorrupción, y a la proximidad de las elecciones regionales y municipales.
De Echave precisa que en los últimos dos o tres años, las empresas decidieron invertir menos por lo que la presión en los territorios se redujo. «La conflictividad social está relacionada a la presión que hacen las empresas en sus intentos de avanzar con sus proyectos, pese a que no cuentan con la aceptación social. Pero ahora la situación ha cambiado, los precios se han recuperado», señala.
«Ahora está comenzando a haber una ebullición por avanzar con las inversiones mineras sin que hayan solucionado sus problemas. Van a insistir con lo mismo y se van a encontrar con un rechazo, milagrosamente la situación no va a cambiar en Tía María«, afirma de Echave.
En este sentido, el exviceministro de Gestión Ambiental precisó que se deben diferenciar los conflictos mineros, no todos tienen las mismas características.
«Hay una visión plana de la conflictividad, estos señores [los empresarios mineros y sus voceros] piensan que los conflictos son iguales, ese es un error tremendo. Tenemos conflictos de rechazo y otros de convivencia: no es lo mismo Las Bambas que Tía María: en el primero la gente acepta el proyecto, pero reclama mayores beneficios y condiciones, en cambio en el otro los agricultores lo rechazan porque se sienten amenazados», afirma el experto.
Además, explica de Echave, la conflictividad no solo debe medirse por números, sino por intensidad y «este año podríamos tener un rebote de conflictos mineros». Contrario a lo que sostiene SE, el economista cree que el 2018 va a ser un año complicado por los conflictos mineros. Desde el OCM, estima que «con los actuales precios, varios proyectos se van a reactivar como Río Blanco, Kañaris y otros en Cajamarca». «Las empresas van a querer avanzar con sus inversiones sin haber resulto problemas sociales anteriores», dice.
«Construir un discurso de que los conflictos han bajado como consecuencia de la implementación de nuevas estrategias de las empresas mineras no se condice con la realidad», afirma el experto en conflictos mineros.
¿Cómo le irá a las empresas mineras en la gestión de los conflictos sociales provocados por sus proyectos? Veremos si de verdad han aprendido la lección o si siguen repitiendo los errores del pasado.
Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/02/13/conflictos-sociales-mineros-socioambientales-peru-empresas-mineras-lecciones-2018/jorgepaucar/
El proyecto minero de Gold Quest en Romero-San Juan –aprobado inicialmente por el Ministerio Mina, defendido por su titular, Antonio Isa Conde- es solo un señuelo envuelto en almíbar dorada para abrirle cauce a la despredación del Valle de San Juan y en el Suroeste agrícola del país.
Tan ominoso “globo de ensayo” del Presidente Medina y su Primer Ministro en inteligencia y tecnología, Gustavo Montalvo, ha contado no solo con los inconsistentes argumentos del ministro del ramo, sino también con la “apasionada” defensa del Director de Minería, Alexander Medina, consumado agente de transnacionales mineras, prestador de servicios bien pagados y defensor durante 30 años de la nefasta Falconbridge.
Romero es un regalito envenenado, portador de varias trampitas dentro de una mayor. Un regalito envuelto en túneles, agua lluvia y exclusión de cianuro. Un modelito a replicar para introducir minería metálica donde es improcedente, en procura de convertir regiones agropecuarias en regiones mineras, a beneficio de voraces corporaciones transnacionales y a costa del agua. Las trampas son de diversos calibres. Las primeras son trampitas que ocultan el daño de los túneles y operaciones conexas pegaditas al río San Juan y al Guama, afectando los flujos de las aguas sub-superficiales que los nutren; mentiritas como el uso exclusivo del agua lluvia en una región donde se evapora más agua de la que recibe; y discursitos que silencian, que además de extraer oro nativo, la explotación habrá de expandirse a “cielo abierto” hacia yacimientos de óxidos y sulfuros, con daños mayores, tipo Barrick.
Sí, esas son trampitas del tamaño de Romero, que es apenas una pisca de lo que pretende explotar la Quest tanto en el Valle de San Juan como en el país, haciendo provecho de una violación edulcorada que le permita penetrar primero y luego expandirse.
La trampa mayor es la manera como se manipula Romero, sin mencionar que es solo una de las once concesiones de exploración a cargo de Gold Quest en la región del Valle de SJM, perteneciente al conjunto de LA ESCANDALOSA, que incluye otras en Los Tomates, Romero Sur, Imperial, Cachimbo, Jengibre…
En todo el país son veintiuna las de Gold Quest y vale destacar que en Cordillera Central, incluyendo las de otras corporaciones, suman más de 200. Por tanto, abrir la puertecita de Romero por el Sur, es como abrirla en Miranda por el Norte, lo que equivale a permitir la hecatombe !A las calles, pues, y a San Juan el 25!
Fuente:http://www.primicias.com.do/index.php/entertainment/10440-la-trampa-de-romero
Pasaron casi ocho años desde la sanción de la «Ley de presupuestos mínimos de Protección de Glaciares y ambiente Periglacial». Sin embargo, la norma no tiene aplicación efectiva. Ahora, la Secretaría de Minería y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, junto a las provincias comprometidas con la actividad (Mendoza, Catamarca y San Juan) quieren flexibilizar la Ley para abrirle un camino sin controles a más de cuarenta proyectos megamineros.
La especialista Luciana Gagliardo, Presidenta de Conciencia Solidaria ONG, y Cristina Martín, Coordinadora de la campaña “Los Glaciares No Se Tocan”, sintetizaron el trayecto recorrido por la Ley.
En 2008 aconteció el famoso “Veto Barrick’, donde la ley original, votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación, fue vetada por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Básicamente, fue un guiño para las corporaciones, para que proyectos como Veladero, pudieran seguir en funcionamiento”, señaló Luciana Gagliardo.
Y continuó: “cuando en el 2010, gracias al arduo trabajo de algunos grupos, como Conciencia Solidaria, se consigue sancionar la ley, el lobby empresarial minero, a través de la justicia sanjuanina acciona e impone medidas cautelares que impiden la aplicación de la ley.
Para 2012, la Corte Suprema revoca dichas medidas. De todas formas hubo hasta un pedido de inconstitucionalidad, proveniente de la Cámara de Minería de Jujuy, que la Corte dejó sin efecto en 2014.
No obstante esto, la plena aplicación de la ley, es una deuda hasta el día de hoy. Asunto que ha facilitado la continuidad de emprendimientos mineros y los derrames de público conocimiento de Veladero”.
¿Qué pasa con los inventarios? ¿Qué pasa con las auditorías que tienen que realizarse a empredimientos mineros como Veladero?
LG – Los inventarios se refieren a individualizar los glaciares, identificarlos, cantidad, tipología, ubicación, estado, etc. La zona Periglacial es reguladora del recurso hídrico, son las recargas de nuestras cuencas. Las mismas que permiten el desarrollo de las actividades económicas regionales sostenibles.
El Instituto Nacional de Nivología y Glaciología, IANIGLIA, debía de presentar, según la Ley, ante la autoridad de aplicación, que en su momento era la Secretaria de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, los cronogramas de los inventarios en un plazo máximo de 60 días. Y tenían que llevarse a cabo en zonas prioritarias, en un tiempo máximo de 180 días. Zonas prioritarias, en relación a las actividades diversas que se estaban llevando a cabo allí.
Las auditorias, entonces, cobran importancia en relación a dichas actividades, previamente ejecutadas, antes de la aplicación de la Ley en las zonas en cuestión. Si bien debían comenzar en 2012, a partir del fallo de la Corte Suprema, se inician dos años después”.
“El inventario Nacional de Glaciares que se hizo hasta el momento, no contempló la existencia de cuerpos de hielo menores a una hectárea (no especificado en la Ley), lo cual es un hecho utilizado como argumento falaz por las corporaciones mineras para justificar la habilitación de sus emprendimientos. Se pretende, además, avanzar sobre las áreas periglaciales, reduciendo de esta manera las áreas protegidas. Si logran introducir estas modificaciones, quedarán en peligro reservas inconmensurables de agua dulce, necesarias para el sostén de la vida”, expresó Cristina Martín, coordinadora de la campaña nacional ‘Los Glaciares No Se Tocan’.
“En el caso del emprendimiento minero Veladero, el mismo funciona, según especialistas, en zona Periglacial. De ser cumplida la Ley de Glaciares, este proyecto no podría estar funcionando hasta hoy. El resultado de la auditoría allí en su momento “fue estrepitoso, porque decían que estaba todo bien, y ya es sabido, que hubo derrames”, agregó Gagliardo.
Fuente:http://infoblancosobrenegro.com/noticias/19673-recorreran-mas-de-mil-kilometros-en-bicicleta-para-defender-a-los-glaciares-del-avance-de-la-megamineria
En reunión informativa con vecinos de la comunidad de Coatetelco, activistas se pronuncian a favor de sumarse a la lucha contra la explotación minera de Álamos Gold; demandan la cancelación de los permisos y la conservación de los recursos naturales.
Junto a la iglesia de San Juan Bautista, afectada por los sismos del 19S y del 16 de febrero, la comunidad parroquial habilitó un espacio con lonas para poder realizar las celebraciones religiosas.
Al termino de la misa y con la autorización del párroco, activistas realizaron una reunión para informar a la población acerca de los proyectos de minería que hay en la región Surponiente.
CONCESIONES BARATAS
Paul Hersch Martínez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hizo hincapié en el impacto socioeconómico que dejará la explotación minera; además, destacó que la empresa canadiense Álamos Gold tiene siete concesiones en la región, que abarcan más de 15 mil hectáreas.
“Es importante dar a conocer este proceso de explotación minera y sus consecuencias múltiples”, apuntó Hersch Martínez, quien advirtió que hay desinformación deliberada en el tema, y explicó que esta situación se da a raíz de las implicaciones económicas y de salud en las comunidades.
Reveló que “el Gobierno federal tiene cuotas muy bajas para la explotación minera”, y refirió que van “de 5.80 a 5.90 pesos por hectárea, anuales”.
En cuanto a las consecuencias de estas explotaciones, mencionó que dejan “zonas inhábiles para la producción y con efectos de contaminación en mantos freáticos y en la salud, además de un nivel de afectación en la trama social de las comunidades”.
El investigador expuso que tal detrimento se denomina “ingeniería de conflictos”, y detalló que eso “genera la división, y en el país ya hay numerosas explotaciones de minería de tajo abierto y sus efectos son patentes, con una política de otorgamiento de concesiones sin consultar a las comunidades“.José García, representante de los defensores de los lugares sagrados y vecino de Santa María Alpuyeca, comentó que “la minera va a destruir el campo, el suelo y patrimonio, por eso estamos contra la minera, que va a sustraer el metal con maquinaria y dinamita y va a dejar una contaminación inmensa por el uso de cianuro y de gran cantidad de agua”.
DEFENSA DEL PATRiMONIO DE LA HUMANIDAD
En su participación, Silvia Garza, arqueóloga que trabaja en Xochicalco, detalló que para obtener los metales preciosos, como el oro y la plata, van a sacar montañas de tierra que tendrán que remojar en albercas inmensas de agua y grandes cantidades de cianuro, lo que derivará en suelos queden contaminados.
Expresó que “Xochicalco es un patrimonio de la humanidad, ” y la zona cuenta con 39 cuevas, en donde el suelo es calizo y se disuelve con el agua; por lo tanta, “cuando llegue la minera a la zona arqueológica, ésta se va a caer”.
LAS CONCESIONES COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES
Juan Jiménez Escobar, de Bienes Comunales de Miacatlán, participó en la exposición y advirtió que “en cualquier comunidad del país se tienen los mismos problemas del saqueo; la mitad del país está concesionado a las mineras, a las constructoras de viviendas y otras actividades”.
En torno al tema, el Gobierno federal ha concesionado 16 mil hectáreas, siete porciones a la minera canadiense “Esperanza Silver”, que vendió dicha concesión a “Álamos Gold” en 69 millones de dólares.
Las concesiones están en la Bolsa de Valores y las escrituras son por 50 años y podrían ampliarse otro medio siglo.
“Se trata de un mega proyecto que impacta a 1.7 millones de habitantes, por lo que, en consecuencia, debe ser una mega indignación. Hay que parar la destrucción y el saqueo de toda la región poniente”, expresó Jiménez Escobar.
COATETELCO PERDERÁ 303 HECTÁREAS
Roberto Solís Pineda, vecino de Coatetelco, dio a conocer que la minera tiene concesionadas 303 hectáreas del ejido de la comunidad indígena.
En ellas encontraron: oro plata y antimonio, por lo que se sabe que a la empresa le urge empezar a trabajar.
El proyecto, indicó Solís Pineda, impactaría en los dos lagos: El Rodeo y Coatetelco, parte fundamental de la actividad económica y turística de la localidad.
“Es preocupante que no ha habido eco; las autoridades no responden al llamado. Aquí se firmó un amparo, pero ni el ayudante ni el comisariado ejidal han respondido”, advirtió.
Hasta la fecha, los trabajos en las minas de la zona están detenidos por un amparo; sin embargo, los activistas consideran que es necesario que el movimiento de resistencia pueda crecer más, para exigir la cancelación de esas concesiones que son una verdadera amenaza de contaminación.
Una vecina compartió que personal de la mina entró a un predio para explorar, y derribó dos huamúchiles. En virtud a esa participación, los activistas explicaron que esta empresa llega a los lugares para tomar muestras de suelo y hacer estudios preliminares.
Además, usan aviones rasantes con magnetismo para detectar metales. Mencionaron que en Tetlama ya hicieron excavaciones más finas.
Ante la baja participación de vecinos, los activistas quedaron comprometidos a seguir haciendo estas reuniones informativas y destacaron que es importante que la gente conozca y no permanezca ajena de la situación.
Fuente:https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/piden-cancelar-la-mineria-en-el-sur
El Consejo del Pueblo Maya -CPO- expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo Xinca y Mestizo que ha sido objeto de un proceso sistemático de agresión, desinformación y hostigamiento por parte del poder corporativo minero Tahoe Resources en complicidad con el Poder Ejecutivo del Estado.
La campaña de victimización irresponsable, dramática e ilegal de la Cámara de la Industria y la Mina San Rafael, en el fondo solo busca presionar y doblegar las decisiones soberanas de la Corte de Constitucionalidad que suspendió el proyecto por violaciones a los derechos colectivos del pueblo Xinca desde su implementación.
Los actos de provocación promovidos por la empresa a lo largo de los últimos meses y sobre todo la presencia de personeros de Mina San Rafael en el área que va en contra de la resolución judicial vigente, es una clara intensión de buscar justificar la represión y el uso de la fuerza pública en contra de comunidades que legítimamente reclaman derechos fundamentales.
Reiteramos que el modelo extractivo minero no es una opción de desarrollo para Guatemala, porque es insostenible, violenta la paz y armonía comunitaria, provoca daños ambientales que pone en riesgo la vida de los pueblos.
El pueblo Xinca no está solo, juntos decimos “No a la Minería, si a la vida”
Consejo del Pueblo Maya -CPO-
Guatemala, febrero 16 de 2018
Fuente:http://movimientom4.org/2018/02/minera-san-rafael-violenta-resolucion-judicial-y-la-voluntad-del-pueblo-xinca/
Luego de arduas reuniones y debates entre los vecinos, el presidente del Concejo Deliberante y los restantes miembros del cuerpo, se sancionó la declaración del cuerpo que expresa el rechazo a la actividad minera en Chubut. El presidente Jorge Junyent al igual que los integrantes del bloque Cambiemos, dilataban el llamado a una sesión extraordinaria tal como demandaban los vecinos acompañados por los concejales opositores. Sin embargo, los fundamentos que aquellos expusieron sobre la gravedad de la coyuntura que atraviesa Chubut ante la inadmisibles gestiones en el extranjero y presiones del gobierno nacional para burlar la voluntad popular, la constitución y la ley 5001, lograron que el concejo sesione y votara por unanimidad la Declaración.
Desde muy temprano los vecinos de Esquel se presentaron en el Concejo Deliberante donde fueron recibidos por su presidente, Jorge Junyent (Cambiermos), y solo los cuatro concejales de la oposición (Oscar Cheuque – FPV, Tomás Pinto -Frente Vecinal y Cristian Pasquini y Valeria Saunders – ChuSoTo), ya que ninguno del bloque Cambiemos estuvo presente (Sergio Sepiurka, Gerardo Filippini, Diego Austin, Fabiana Vázquez y María Estefanía.
Allí los vecinos fundamentaron ampliamente sobre la gravedad de la coyuntura que atraviesa Chubut ante la inadmisibles gestiones en el extranjero del presidente Mauricio Macri y las presiones de su ministro Juan Aranguren para imponer la minería metalífera y de uranio y burlar la voluntad popular, la constitución de la provincia y la ley 5001.
El presidente Junyent varió su posición inicial que no definía el momento para que se produjera una sesión para tratar el tema, y se comprometió a llevar el requerimiento al pleno del concejo que se reuniría en la misma mañana en la sesión preparatoria. Los tres bloques opositores manifestaron su disposición para habilitar una sesión extraordinaria urgente.
Los vecinos concurrieron a al sesión preparatoria que comenzó luego, para conocer la posición de los concejales ausentes en la primera reunión. Sin embargo, Junyent dió por finalizada la sesión sin hacer ninguna mención a lo comprometido más temprano.
Los vecinos demandaron que cumpliera su palabra y también se dirigieron a los restantes concejales de Cambiemos para que manifiesten si tenían voluntad política para convocar a una sesión extraordinaria sin más demoras, renovando los argumentos expuestos más temprano.
Solo así, se logró torcer la indefinición intensionada que mantuvo el oficialismo y finalmente a las 12.00 se realizó la sesión reclamada por los vecinos. Aún así, el bloque Cambiemos pretendió ocultar del texto el rechazo a la megaminería, hecho que señalaron los concejales opositores junto con los vecinos.
Al cabo de un cuarto intermedio, se dió lectura y aprobación por unanimidad de la declaración que se transcribe al pie. Esta fracción de la sesión se transmitió en vivo en el Facebook Noalamina Esquel
DECLARACIÓN Nº 01/18
TEMA: REAFIRMACION DEL RECHAZO A LA ACTIVIDAD MINERA
VISTO: El pedido de vecinos de nuestra Cuidad en relación con la próxima visita del Sr. Ministro de Energía y Minería de la Nación, y:
CONSIDERANDO:
Que los vecinos solicitan a este Cuerpo Deliberativo se pronuncie acerca de la pretensión del Gobierno Nacional de que la Provincia habilite la explotación minera de uranio en la zona de la Meseta,
Que la Ley Provincial XVII N° 68 (antes 5001) prohíbe expresamente la actividad minera a gran escala en todo el territorio provincial,
Que los hidrocarburos y minerales existentes en el territorio pertenecen constitucionalmente al Estado Provincial, sin que el Gobierno Nacional pueda disponer de los mismos.
Que en numerosas oportunidades el pueblo de la Provincia se ha pronunciado en contra de la actividad minera a gran escala y con empleo de químicos contaminantes (“megaminería”), ejemplo de lo cual lo constituye la Consulta Popular celebrada en nuestra Ciudad el 23 de marzo de 2003, el proyecto de ley por iniciativa popular presentado en la Legislatura de la Provincia y tramitado bajo el número de proyecto 075 del año 2014 y la proliferación de asambleas ciudadanas en las distintas ciudades y comunas.
Que en reiteradas oportunidades este cuerpo legislativo, como representante de los vecinos de Esquel, se pronunció respecto a esta temática,
Que en tal sentido, por Ordenanza Nro. 33/03 se declaró a Esquel “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable” prohibiendo la realización de actividades que afecten negativamente el ambiente.
Que por Ordenanza Nro. 5/04 se declara el 23 de marzo “Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel” en conmemoración de la Consulta Popular celebrada en el año 2003, mediante la cual el 81% de la población se pronunció rotundamente contra la instalación de un emprendimiento megaminero.
Que durante el año 2012 numerosas instituciones de la comunidad fijaron clara posición en contra de la megaminería contaminante, de lo cual se hizo eco el Concejo Deliberante a través de la Comunicación Nro. 04/12 mediante la cual se declara su adhesión y apoyo al documento hecho público por la Sociedad de Pediatría sede Esquel, el servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel y los pediatras de la región Noroeste del Chubut.
Que este Concejo, en su actual composición, reafirmó la posición en contra de la “megaminería” contaminante, a través de la Declaración N° 01/16.
Que la contaminación y la destrucción del ambiente no conoce límites geográficos y que es deber de este Cuerpo cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional expresamente establecido en el art. 41 de la Carta Magna Nacional, en cuanto todo habitante tiene derecho a un ambiente sano.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente
DECLARACIÓN
ART.1º: REAFIRMAR la posición de este Concejo expresada en la Declaración N° 01/16 respetando la voluntad mayoritaria de los vecinos de Esquel, de firme rechazo a la actividad minera a gran escala.
ART. 2º: EXPRESAR la voluntad de los vecinos de Esquel para que los Gobiernos Nacional y Provincial respeten los principios constitucionales que establecen la propiedad provincial de los hidrocarburos y minerales
ART. 3º: RECORDAR a los Gobiernos de la Nación y de la Provincia del Chubut la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en cuanto exige como requisito la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas por la realización de actividades que puedan afectar su territorio.
ART. 4º: INSTAR al Sr. Intendente Municipal, como Jefe Político de nuestra comunidad, a sostener clara y firmemente esta posición en los distintos ámbitos de decisión.
ART.5º: REMITIR copia de la presente Declaración al Sr. Presidente de la Nación, al Sr. Ministro de Energía y Minera de la Nación, al Honorable Senado de la Nación, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut, a la Honorable Legislatura del Chubut, a los Sres. Intendentes y Presidentes de Comunas de toda la Provincia del Chubut y a los Concejos Deliberantes de todas las localidades de la Provincia del Chubut.
ART. 6º: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.
Esquel, 15 de febrero de 2018.
Jorge Junyent-Presidente
Mariela Sánchez Uribe- Secretaria Legislativa
H. Concejo Deliberante H. Concejo Deliberante
Ciudad de Esquel Ciudad de Esquel
Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 01º Sesión extraordinaria del 2018, bajo Acta 01/18, registrada como Declaración Nº 01/18.