Perú

Presidente de rondas campesinas en Piura recibe amenazas tras pronunciarse contra Río Blanco

Autor: REd.Muqui.org
Conflicto Relacionado: Río Blanco

Los defensores de derechos humanos están siendo perseguidos en el Perú. Red Muqui alertó sobre las amenazas que estaba recibiendo el presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán quien nos dio detalles de lo sucedido.

El dirigente afirmó: “difundimos un pronunciamiento por las redes sociales, donde alertamos sobre el Proyecto Minero Río Blanco, después de ello, han surgido amenazas”. Agregó que dos ciudadanos habían llegado a su casa preguntando por él y amedrentaron a su familia. “No saben con quién se han metido”, le habrían dicho a su hermano. “Días después también recibí llamadas donde se me acusa de haber recibido dinero y me dicen que me van a buscar en el colegio donde trabajo, tengo esa información para hacer la respectiva denuncia”, aseveró.

El comunicado de las Rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba fue difundido por Red Muqui el 10 de julio. Allí se daba a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.  En el comunicado se señalaba que:

“Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible”.

También, se denunciaba las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper para obtener licencia social en la zona como la compra de dirigentes, las dádivas y la infiltración en las organizaciones para generar división entre la dirigencia. El comunicado rechaza que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba. “Lo ha hecho sin tomar en cuenta de que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo de 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento”, se lee en el documento.

Días después de este comunicado iniciaron las amenazas como señala el rondero Isaac Huamán. Ante esta situación, Red Muqui lanzó la alerta que ha sido compartida en redes sociales por cientos de personas. Isaac Huamán ha señalado, que va tomar las medidas legales pertinentes.

Cabe señalar que el 10 de abril de este año, que Gianni Magazzeni, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al Ministerio de Relaciones exteriores de Perú donde da una serie de recomendaciones.  En la carta se pide al gobierno peruano “Adoptar medidas concretas para garantizar la protección de los defensores/as de los derechos humanos, que incluyan el establecimiento de un mecanismo específico y la finalización del protocolo de protección”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/773-presidente-de-rondas-campesinas-en-piura-recibe-amenazas-tras-pronunciarse-contra-rio-blanco

 

Ecuador

Resolución sobre el proyecto de minería Río Blanco genera expectativa en Cuenca

Autor: Redacción Economía, El Telégrafo.
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo
Representantes de varias organizaciones que están en contra y a favor de la actividad minera en el Azuay se dieron cita este lunes 23 de julio, en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia, para conocer de primera mano la resolución sobre el proyecto en Río Blanco.
La audiencia, que se desarrolla desde las 09:00, determinará si las labores de la empresa Lungding Golf Metals cumplen con los requisitos legales para seguir operando, luego de que el pasado 2 de julio en una primera instancia el juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, Paúl Serrano, determinó que no se había consultado a las comunidades.
María Cecilia Alvarado, viceprefecta del Azuay, en una entrevista en radio Tomebamba indicó que también será parte de la audiencia ya que presentó, a título personal, un recurso de amicus curiae mientras duró la fase de apelación.

“Presentaré toda la información que conocemos desde el Gobierno Provincial con la resolución del 2016 de no actividad minera en zonas protegidas y páramos, además sobre informes que conocemos en donde se evidencian una serie de inconvenientes que no han sido solventados”, detalló. Debido a la presencia de los manifestantes, las calles que rodean la Corte Provincial de Justicia, Luis Cordero, Benigno Malo, Presidente Borrero, Sucre y Presidente Córdova y Bolívar, han sido cerradas y el paso vehicular y peatonal está restringido. (I)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/mineria-cuenca-justicia
Ecuador

María Cecilia Alvarado: «Gobierno está a favor de minera y contra comunidades del Molleturo»

Autor: Ecuador Inmediato.com
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Este lunes 23 de julio fue la audiencia de apelación a la suspensión de trabajos en el proyecto Río Blanco

María Cecilia Alvarado, viceprefrecta de Azuay se refirió a la audiencia de apelación a la suspensión de los trabajos mineros en el proyecto Río Blanco y aseguró que el Estado está a favor de empresa minera y en contra de los moradores del sector. «Es triste constatar realmente que las comunidades tiene que luchar contra a un Estado, que a través de sus ministerios y gobernación actual, no ha trabajado de manera neutral, sino en contra de los que están a favor del agua y en consecuencia a favor de la minera».

Aseguró que hay varios activistas a favor del agua que se han dado cita a las inmediaciones de la Corte Provincial del Azuay. “También están personas que vienen financiadas por empresa minera que se encuentran en hoteles para apoyar la causa. Asimismo se impide la llegada de personas de Molleturo hasta la ciudad de Cuenca”.

Alvarado asistió a la audiencia de apelación sobre la suspensión de actividades en el proyecto Río Blanco. “Yo presente una Amicus Curiae que lo hice en la fase de apelación. Intentamos que sea la Prefectura la que presentará el recurso y esto no fue posible. En este yo hablo de las cosas que conozco”.

La funcionaria aseguró que en este tema se presentó información desde el gobierno provincial. “Tenemos una resolución desde el año 2016 de no minería en fuentes de agua y está en parte de la ordenanza provincial, sobre el plan de Ordenamiento Territorial”.

Aseguró que en la entrega de licencias ambientales para que se permita el trabajo minero en Río Blanco hizo falta la consulta previa hacia los moradores de estos sectores que es una designación constitucional. “En este proceso las autoridades confundieron una audiencia pública que no es lo mismo que una consulta previa para dar paso al proyecto Rio Blanco. Así fue como se otorgaron las licencias para trabajar en Minería en este sector”.

“Esperamos que este proceso pueda influenciar a otros de los proyectos mineros”. Alvarado afirmó que es verdad que todo necesita de minería, “la minería en sistemas frágiles no es posible. Debería existir una decisión a nivel global donde el ser humano no busque destruir los recursos de agua”.

Cuestionó a las personas que están a favor de la minería en Azuay, “estas personas dicen que los proyectos se llevarán con transparencia y sin afectar al medio ambiente pero si ya vemos que desde el inicio no se hizo una consulta previa no podemos confiar. Nosotros como Gobierno Provincial hicimos una inspección y se pudo constatar que se han hecho perforaciones a menos de 50 metros de quebradas, que se han construido vías que se han abierto con material de relleno que provoca daños en la circulación del agua”.

“Estamos hablando de una concesión de cinco mil hectáreas donde parte está en zona de pajonal de reserva hídrica. Hay evidencia de no de una amenaza futura sino de riesgos actuales”, finalizó. (BGV)

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840122

Honduras

Ambientalistas de 35 organizaciones protestaron contra la minería metálica en Honduras

Autor: Salvador Monroy para Pasos de Animal Grande

Representantes de unas 35 organizaciones aglutinadas en la Coalicion Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales, CONROA, realizaron una marcha de protesta y posterior plantón en Tegucigalpa, en desacuerdo con la explotación de la mineria metálica que impulsa el Gobierno del presidente Juan Orlando Hérnández.

Unas mil personas salieron del parque Benito Juárez en la colonia Palmira de capital hondureña, para luego apostarse en una zona hotelera a protestar con pancartas y consignas en contra de la extracción minera en el país.

La protesta la realizaron frente a un hotel de la capital en donde se realizó el IV Congreso Minero, los dias 18 al 20 de julio del presente año, el cual fue auspiciado por la Universidad Politecnica de Ingenieria, UPI y apoyados por la Secretaría del Ambiente, Instituto Nacional de Geología, Minas e Hidrocarburos, Ihgeomin, la Asociación Nacional de Minería de Honduras (Anamih), entre otras entidades.

Los manifestantes permanecieron frente al hotel por más de una hora, tiempo durante el cual, líderes campesinos e indígenas, fustigaron la minería a cielo abierto, por considerarse dañina a los recursos naturales y a la poblacion.

Posteriormente se dirigieron a las cercanías del edificio del Congreso Nacional en donde los manifestantes entregaron a los diputados, una peticion para eliminar la minería metálica y a cielo abierto en el país, como lo hizo ya Costa Rica y El Savador, en Guatemala ya se está en ese proceso, señalaron los afectados.

En vista de que no había parlamentarios en la Cámara Legislativa, los miembros de la Coalición nombraron a una comisión que entregará la propuesta, proximamente, indicaron.

«Los pobladores de Azacualpa exigimos a la empresa Aura Mineral que respete el deseo de no explotación del cerro el Cementerio, respete la memoria de los ancestros de la comunidad», proclamaron los pobladores de Azacualpa en un comunicado de prensa que circuló durante la protesta.

La compañía es denunciada por los pobladores de Azacualpa de estar profanando la tumba de sus ancestros, por lo cual se oponen a que la empresa realice excavaciones en el sector.

A la marcha asistieron representantes de la sociedad civil, grupos organizados y pueblos indígenas de todos los departamentos de Honduras.

En la protesta y en el plantón, acusaron de que la empresa minera está realizando un «desplazamiento forzoso, la destrucción de los medios de vida, violación de los derechos humanos, contaminación ambiental, desaparición de fuentes de agua y hasta la muerte» de personas que protegen el medio ambiente.

«La vida vale más que el oro», «Mineros déjennos en paz», “No queremos minería a cielo abierto”, “Alto a la minería”, “Fuera la minería”, decían parte de las pancartas que llevaban los manifestantes.

Se conoció por parte de los ambientalistas que la empresa explota metal precioso desde hace más de diez años en esa zona de Honduras, y realizan acciones para antener divididos a los pobladores de Azacualpa, unos a favor y otros en contra de la minera, la cual prometió construir entre otras cosas, obras comunales.

Rechazaron a la empresa minera por considerarla la causante de daños ambientales y al cementerio de la comunidad, tras el hallazgo de un yacimiento de oro.

Los manifestantes también brindaron tributo a través de una pancarta a Berta Cáceres, la dirigente indígena que fue asesinada en marzo del 2016 por su lucha contra la construcción de una represa en Agua Zarca y hasta la fecha no se ha castigado a los autores intelectuales del vil crimen.

Fuente:http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2219-ambientalistas-de-35-organizaciones-protestaron-contra-la-mineria-metalica-en-honduras

Argentina

Amparo contra la Nación por el acuerdo con Rusia por el uranio

Autor: No a la Mina .org

El senador nacional Juan Mario Pais (FPV), presentó un recurso de amparo contra el Gobierno Nacional por «el ocultamiento de información» en torno al Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en la provincia del Chubut que firmaron Argentina y Rusia.

 

El acuerdo bilateral entre Argentina y Rusia para explotar los yacimientos de uranio en la Meseta chubutense generó fuertes suspicacias. Los alcances nunca se dieron a conocer, aunque en la firma de ese Memorándum participó la empresa estatal nuclear rusa, Rosatom.

En este contexto, el senador nacional Pais había presentado un pedido de informe y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva esgrimieron que no podían brindar datos debido a la existencia de una cláusula de confidencialidad en ese Memorándum que firmaron los dos países.

Frente a este escenario, el senador chubutense recurrió a la Justicia Federal y presentó un recurso de amparo en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, contra las autoridades de la cartera por la violación de la ley de acceso a la información.
«Dada la amplia difusión que se dio a la firma del mencionado acuerdo con dos empresas privadas respecto de acciones a llevarse a cabo, en posibles yacimientos de uranio ubicados en la provincia del Chubut, resulta imperante y necesario conocer los términos de dicho acuerdo, así como garantizar el pleno cumplimiento de la legislación vigente en la materia», expresa el escrito.

En la presentación, Pais advierte que la resolución del Minisiterio de Ciencia y Tecnología «es nula de nulidad absoluta e insanable, pues procura hallar fundamento en un antecedente inexistente, toda vez que invoca una cláusula de confidencialidad que no ha siquiera acreditado fehacientemente en el expediente. Por otra parte, aún en el supuesto en el que aquella cláusula existiere, sería ilegítima».

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41608-amparo-contra-la-nacion-por-el-acuerdo-con-rusia-por-el-uranio

Ecuador

Cómo las mineras se burlan de los pueblos indígenas

Autor: Annur T.V
Conflicto Relacionado: Cordillera del condor-Afrodita-Cenepa

Hace pocos días se conocieron algunos acuerdos entre organizaciones indígenas y empresas mineras que ocupan el territorio ancestral Shuar en las cordilleras de El Cóndor y Kutukú (1). Un análisis de los tres documentos nos muestra lo que las empresas mineras son capaces de hacer para acceder a los minerales que se encuentran en los territorios indígenas.

Estos documentos son: una carta de intención de donaciones de la compañía Lowell enviada a la comunidad Shuar de Yawi, y los acuerdos entre la presidencia de la FICSH con la china Explorcobres SA -EXSA- y la canadiense Aurania. Los ofrecimientos que hacen las empresas son un insulto y podrían ser una trampa para el pueblo Shuar.

La empresa Lowell, cuya propietaria es la canadiense Equinox Gold, envió una carta de intención fechada el 7 de mayo de 2017 al síndico de la Comunidad Yawi en la que se ofrece a la comunidad de Yawi una “donación” de 3.319,19 dólares mensuales. Bajo el suelo del proyecto minero Warintz, aledaño a la comunidad de Yawi, habría más de 2 millones de libras de cobre y más de 130 millones de libras de molibdeno (2), con cuya venta la EquinoxGold obtendría por sobre los 2.200 millones de dólares. Considerando esto, la “donación” mensual de Lowell a la comunidad de Yawi resulta una burla porque la extracción de los minerales en esa zona implicaría arrasar con la tierra, los bosques y el agua, y parte del territorio shuar, el mismo que es inconmensurable y al que no se le puede poner precio alguno.

El segundo documento es el “Convenio específico de cooperación para la socialización sobre desarrollo y calidad de vida en las comunidades shuar del área de influencia del proyecto minero Panantza-San Carlos”. Este acuerdo firmado con el presidente de la FICSH y la minera china EXSA (3) el 20 de mayo de 2018, se ejecutará en la parroquia San Carlos de Limón, en Morona Santiago, y tiene como objeto realizar talleres sobre desarrollo y calidad de vida a cambio un pago único de EXSA de 93.945,60 dólares (incluido el IVA). Según el acuerdo, las actividades planificadas bajo este convenio estarán bajo supervisión del departamento de Asuntos Corporativos de la empresa EXSA, la misma que aprobará los contenidos, programas y también los lugares donde se darán los talleres. Otras obligaciones de la organización indígena incluyen el permitir a los socializadores permanecer 3 meses en las comunidades, e incluir un taller de socialización sobre minería a gran escala. La FICSH estará obligada a presentar las listas de participantes con sus firmas, las memorias y fotografías de todos los talleres. Además, tendrá que dar a EXSA toda la información que requiera hasta 3 años después de terminado el convenio y la misma podrá ser usada por la compañía inclusive como publicidad. Llama la atención que entre las cláusulas de terminación del contrato -y por ende la posible devolución del dinero por parte de la FICSH- están las acciones de grupos ambientalistas o indígenas y actos que “limiten, perturben, suspendan o imposibiliten el normal desarrollo de las actividades mineras de EXSA”.

Es evidente que la empresa busca utilizar este acuerdo con la FICSH para garantizar una socialización favorable a la minería a gran escala, como es el proyecto minero Panatza-San Carlos, así como poder acceder a datos personales de los pobladores de San Carlos de Limón, imágenes de sus rostros, lugares donde viven, y hasta quizás identificar a quienes manifiesten dudas o rechazo. Sorprende sobre manera que con una de las cláusulas de este acuerdo la compañía pretenda frenar el acceso a información por parte de las comunidades sobre los impactos ambientales de la minería, expresiones de solidaridad por parte de otras organizaciones indígenas, y cualquier reclamo o acción de protesta.

La empresa minera china EXSA podría estar incurriendo en una ilegalidad al negociar y tomar decisiones de manera bilateral con la FICSH para actividades que son responsabilidad del Estado como son los procesos de participación y consulta, competencia que es indelegable a cualquier instancia privada. No debemos olvidar que esta zona del proyecto Panantza-San Carlos es territorio indígena Shuar y que se estaría violando el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada que busque el consentimiento de las comunidades indígenas que van a ser afectadas.

El tercer documento, sin fecha y en papel membretado de la FICSH, se titula: “Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH muy pronto firmará Alianza de cooperación con Aurania -Aurania renueva el paquete de concesión completa en Ecuador y participa en debentes convertibles de USD 2 millones con el presidente” que se refiere al Proyecto “Ciudades Perdidas – CUTUCU SHIAMI”. El texto de este documento es una traducción textual de la página web de Aurania y al final se añade un párrafo de la nota de prensa de la empresa publicada el 5 de abril de 2018 (4). El texto en español de este párrafo fue recortado después de la coma y se omitió el nombre del presidente de la compañía Keith Barron, quedando así: “La Compañía suscribirá una obligación convertible sin garantía de US $ 2.0 millones con su Presidente y Director Ejecutivo, […]”. De esta manera queda confuso con cuál presidente va a firmar Aurania el acuerdo monetario de dos millones de dólares.

En verdad lo que la empresa Aurania quería informar con la nota de prensa publicada en su web es que se llegó a un acuerdo con SU presidente, Keith Barron, para recibir un préstamo de 2 millones de dólares y poder mantener en sus manos las 207.000 hectáreas adjudicadas por el gobierno ecuatoriano a su subsidiaria Ecuasolidus S.A. Lastimosamente la FICSH podría estar cayendo en un engaño de la compañía Aurania ya que el documento analizado se presenta como si fuese a entregar 2 millones a los Shuar (5).

En el informe de 2008 del Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Prof. John Ruggie, se destaca que la explotación minera es el sector que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, por tanto, podríamos decir que las empresas mineras son versadas en la vulneración de derechos. Luego de analizar los tres documentos vemos que también son expertas en asumir compromisos que resultan en una burla y un engaño a los pueblos indígenas. Por desgracia, hay organizaciones indígenas que se dejan engañar.

 

Carta abierta

Frente a este contexto, ya en 2017 el Consejo del Gobierno del Pueblo Shuar Arutam publicaba una Carta Abierta para su pueblo, América y el mundo , en la cual explican las razones por las que defienden su territorio ancestral y no quieren actividades mineras en su territorio, pues de ello depende su existencia y la de sus futuras generaciones:

«Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?»

Solidaridad del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

El IIDS se suma a la lucha del Pueblo Shuar Aratama. Llamamos la atención del gobierno ecuatoriano para que cese las acciones de violencia contra el Pueblo Shuar Arutama, investigue los hechos acaecidos en su contra, deje de criminalizar a los líderes indígenas y sus defensores, y respete la libre determinación de este pueblo que existió desde antes de que el Estado se fundara.

En los últimos días, se ha desatado una situación de enfrentamientos al interior del Pueblo Shuar, inclusive llegándose a desconocerse y pedir la destitución del actual presidente de la FICSH. Esta situación sin duda ha sido estimulada por la injerencia de las empresas mineras en territorio Shuar. Una solución a las divisiones y problemas ocurridos sería la salida inmediata de las empresas mineras por ser las verdaderas causantes del conflicto.

Fuente:http://www.annurtv.com/nota/51715

Perú

Erradicación minera en zonas altas de Santiago de Chuco no tendría respaldo necesario

Autor: Redacción Inforegión.pe

Ante la posibilidad de que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco apruebe una ordenanza prohibiendo toda actividad minera en las zonas altas de la provincia liberteña mencionada, el dirigente ronderil expresó sus dudas de que una iniciativa así tenga actualmente el sustento necesario para poder aprobarse.

Citó que con una medida así se protegieran las cuencas de Huancamarcanga y la de Caballo Moro, que son cabeceras de cuenca desde donde baja el agua para ser usada por la agricultura y ganadería, actividades de gran importancia ya que un gran porcentaje de la población se dedica al cultivo de sus tierras. Sin embargo, expresó que la iniciativa sería una medida “necesaria”.

Remarcó que para legislar algo así “no solo tiene que ver la municipalidad, sino que también autoridades del Ministerio de Energía y Minas, también del Ministerio del Ambiente y de la población misma que se ve afectada por esta actividad”. Recordó que en las zonas altas de la provincia se encuentra actividad tanto de minería formal como de la informal, que involucra a muchos pobladores que la zona.

El Estado debe informar más a la población

Es necesario que la población esté informada de los reales alcances de la minería en el desarrollo local, si bien es cierto la ley faculta el desarrollo de talleres participativos con la gente del lugar, “pero en realidad eso no se da o se da con gente de otros lugares, que no está involucrada y es por ello que de allí nacen los problemas”, acotó.

Esta divulgación de la información más que nada es labor del Gobierno central a través del Ministerio de Energía y Minas, consideró. Es importante que la gente sepa lo que es una exploración o una explotación minera, pues con la coyuntura política “muchas de las veces se aprovecha con otro interés para manejar a la población”, alertó.

Quiruvilca: No hay presencia del Estado

Los efectos de la reciente retirada intempestiva de una empresa minera en el distrito de Quiruvilca hasta ahora se sienten en la zona, refirió nuestro interlocutor. Personas sin empleo, extrabajadores endeudados, proveedores a su suerte, los relaves que afectan el medioambiente, “parece que no hay presencia del Estado”, resaltó.

Finalmente, consideró que no se ha podido avizorar alguna propuesta clara y firme de los candidatos ediles en temas tan importantes como la defensa medioambiental o el manejo que se debe hacer ante el tema de la minería.

 

Fuente:http://www.inforegion.pe/252532/consideran-necesario-erradicar-mineria-de-zonas-altas-de-santiago-de-chuco/

Internacional

Ecologistas en Acción: «Diputación y UCLM promueven la especulación minera en la provincia de Ciudad Real»

Autor: Redacción, La Comarca.

Ecologistas en Acción-Ciudad Real denuncia que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de la Escuela de Minas de Almadén, «está desarrollando un plan que persigue desarrollar decenas de minas en las comarcas de Montes de Toledo, Montes de Ciudad Real y Sierra Morena y el Valle de Alcudia, cuyas primeras iniciativas son las minas de Abenójar y de Fontanarejo».

Según la organización ecologista, «este plan, en realidad, pretende extraer los recursos mineros no renovables de estas comarcas causando severos impactos ambientales por la alteración del relieve, del paisaje y la contaminación que generará, presente y futura, puesto que los residuos del lavado de los minerales, altamente tóxicos, se quedan en el mismo lugar de la explotación para siempre tal y como ha pasado con Almadén y el mercurio».

Este plan de momento cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que ha liberado 120.000 euros para financiarlo, «paradójicamente fondos que servirán para destruir el medio natural mejor conservado de la provincia que la institución provincial pretende poner en valor con un turismo responsable y sostenible a través de su iniciativa Un paseo real”.

Para Ecologistas en Acción, «el plan no solo pretende poner en explotación minera numerosos parajes de alto valor ecológico sino que además persigue la transformación de los minerales también en esta comarca, precisamente la fase más peligrosa medioambientalmente y con mayor riesgo para la salud humana de la actividad minera».

Al frente del plan se encuentra Pedro Aranguez Ruiz, profesor de la UCLM y «conocido promotor y especulador de proyectos mineros» como la mina de wolframio de Abenójar y la de fosfatos de Fontanarejo. Vinculado al PSOE, la ayuda de la Diputación Provincial «puede responder a su pasado político, donde recuerdan que fue Director General de Industria y Energía en el Gobierno de José Bono».

«Lo singular de este plan es que ante el fracaso de otros proyectos mineros en Ciudad Real, como el fracking o fracturación hidráulica y la mina de tierras raras en el Campo de Montiel, los promotores de este plan de desarrollo minero han aprendido la lección y está orquestando apoyos institucionales al margen de la población local bajo una supuesta “Alianza contra la despoblación”, eufemismo que oculta la explotación minera salvaje e intensiva del occidente provincial», comentan.

Para los ecologistas, «en realidad a los promotores de las minas no les preocupa para nada la despoblación rural, sino solo llenar sus bolsillos en un contexto internacional y europeo de la minería especulativa promovido por el comisario europeo de la energía Miguel Arias Cañete», encontrando en este proceso de ingeniería social una manera de desactivar a la población local ante futuras movilizaciones. De momento han conseguido reclutar no solo a la Universidad regional y a la Diputación, sino que también han sumado a las asociaciones de desarrollo rural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona y de Entreparques y a Fundescop.

Ecologistas en Acción-Ciudad Real va a estar vigilando la evolución de este plan especulador con claras conexiones políticas, exigirá su evaluación ambiental estratégica y la evaluación rigurosa de cada proyecto y movilizará a la población local como se hizo en su día con la incineradora de residuos de Almadén, el fracking o la mina de tierras raras.

Fuente:http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_07_22/33

Chile

Arica: Senador Insulza manifiesta su preocupación ante proyecto minero en poblado Belén

Autor: Cooperativa.cl

Inquieto se manifestó el Senador José Miguel Insulza ante la información que le entregó la comunidad de Belén, respecto de las exploraciones mineras que está realizando la empresa transnacional Río Tinto en este pueblo ubicado a 3.240 m s. n. m. y a 148 kms de distancia de Arica.

En la reunión, que tuvo lugar en la oficina legislativa del parlamentario, los representantes del pueblo de Belén plantearon sus inquietudes ante la posibilidad de que esta empresa de capitales anglo-australianos se instale en su territorio ancestral.

Para el senador «el daño ambiental y cultural que provoca la actividad minera en un territorio es irreparable. Se contaminan los escasos recursos hídricos, se destruye el patrimonio y se ensucia el territorio».

En este sentido, Insulza se comprometió a apoyar las demandas de los habitantes de Belén y a conversar con Sernageomin, e hizo un llamado a la empresa dueña de este proyecto a que sea transparente con la comunidad.

Por su parte, la vocera de la comunidad Ayleen Chang Cutipa, agradeció la invitación a dialogar del Senador Insulza y agregó que las consecuencias nefastas de la Minería no solo afectarán a la localidad de Belén sino también al Valle de Azapa y a Arica.

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/arica-senador-insulza-manifiesta-su-preocupacion-ante-proyecto-minero-en-poblado-belen/2018-07-22/174413.html

Colombia

Fallo fijaría límite a las consultas populares en minería y petróleo

Autor: Redacción Portafolio.

Estos mecanismos de participación no podrían vetar, en primera instancia, las iniciativas extractivas, según ponencia de la Corte Constitucional.

a semana que inicia hoy sería clave para el futuro de la operación minera y petrolera en el país. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejaría en claro el papel de las consultas populares, y hasta dónde pueden llegar frente a las actividades extractivas en el territorio nacional.

 

La semana que inicia hoy sería clave para el futuro de la operación minera y petrolera en el país. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejaría en claro el papel de las consultas populares, y hasta dónde pueden llegar frente a las actividades extractivas en el territorio nacional.

La jurisprudencia que dejaría sentada el alto tribunal, se da luego de que la empresa petrolera Mansarovar instaurara una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, corporación que le dio vía libre al mecanismo de participación ciudadana para la extracción de crudo en el municipio de Cumaral.

Portafolio pudo establecer con fuentes de la Corte Constitucional que la ponencia de la magistrada Cristina Pardo y que estudiarán sus colegas en Sala Plena sería favorable, y que los argumentos se sustentarían sobre tres ejes.

El primero señala que es necesario desarrollar mecanismos de concertación con las comunidades antes de la realización de los proyectos extractivos y, si no se llega a un acuerdo entre las partes, se recurriría a la consulta popular como última instancia, para que a través de las urnas se dirima la situación.

El segundo, que complementaría al primero y que se remite a la sentencia C-123 de 2014, indica que en el proceso de autorización de las actividades de exploración y explotación minera y petrolera se deben establecer metodologías de participación activa, eficaz y equitativa de los distintos actores que hacen parte directa e indirectamente del proyecto.

Y el tercero, que ha llamado la atención de la industria extractiva y que desenredaría la madeja, resalta que las consultas populares no pueden vetar como primera instancia estas iniciativas, ya que este mecanismo no puede restringir los derechos locales sobre el subsuelo ya que este es de uso exclusivo de la Nación.

OPINIONES DESDE EL GOBIERNO
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Para este tercer punto primaría la norma constitucional de que el interés general está por encima del particular y se reafirmaría que las consultas populares no serían vinculantes con las iniciativas de carácter extractivo (minería y petróleo).

“La fase de concertación ya la viene desarrollando el Estado con los entes locales desde hace varios meses en los llamados planes de concurrencia, y en los que hacen parte las administraciones municipales con las autoridad minera y ambiental”, señaló Silvana Habib, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La funcionaria en distintos escenarios, y previamente, ha reiterado que la Corte Constitucional debería volver a la jurisprudencia que ordenaba que las tareas (en su caso las mineras) se desarrollaran bajo la concertación entre la nación y los municipios.

“Una interpretación que fije la prohibición, desconoce la Constitución y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”, señaló en la audiencia pública que adelantó el alto tribunal sobre este caso, en abril pasado.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, indicó que su cartera ha fortalecido el trabajo con los actores y procesos locales para potenciar y proteger los recursos ambientales.

“Se han abierto diálogos sobre las capacidades y necesidades sociales, basado en argumentos y herramientas técnicas, que reconocen la complementariedad en las competencias, la corresponsabilidad y el reconocimiento de los participantes”, explico Arce Zapata.

El Ministro señaló, además, que esta estrategia busca consolidar un modelo de relacionamiento del sector minero-energético con las autoridades ambientales, territoriales y las comunidades, lo que fortalece la concertación y el diálogo, construye confianza y permite tomar mejores decisiones en términos de ordenamiento territorial.

En el mismo sentido, Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), insistió en que el diálogo informado evita el conflicto con las comunidades. “Que se promulguen instrumentos para equilibrar el desarrollo de la operación extractiva sostenible, responsable y que no sea limitada de manera unilateral”.

En tanto, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, precisó que es necesario que el alto tribunal recupere y establezca las fórmulas para desarrollar en armonía un proceso de concurrencia y concertación entre los distintos actores.

Una opinión contraria a la del Gobierno es la de la magistrada Teresa Herrera del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, quien sostuvo que “no se debe desconocer que la consulta popular es una expresión del principio democrático y es deber del Estado fomentar las prácticas democráticas, articulo 41 de la Constitucional Nacional”.

GREMIOS SE PRONUNCIAN
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Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), indicó que “al asegurar la estabilidad jurídica se tiene la oportunidad de aprovechar la riqueza del subsuelo y convertirla en instrumento de desarrollo sostenible para el país y sus regiones.

Esto permitirá aumentar la inversión en exploración y producción”. Por su parte, Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), expresó que “se debe avanzar en una reforma constitucional que asigne competencia a autoridades del orden nacional en la gestión y control de sectores estratégicos para la economía y administración del subsuelo”.

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