Venezuela

Tierras raras o coltán: La otra riqueza mineral de Venezuela

Venezuela no solo cuenta con la mayor reserva de crudo del planeta en la llamada Faja Petrolífera del Orinoco, sino que posee otras riquezas minerales, incluidas las llamadas tierras raras, que suponen una palanca para salir de la actual crisis económica.

La nación suramericana detenta cerca de 50 minerales, «pero sólo 15 de ellos son potencialmente explotables y con capacidad de ser comercializados», asegura Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero Ecológico.

En la lista se incluyen: diamantes, oro, coltán, hierro, níquel, bauxita, mármol, carbón, gratino, fosfatos, feldespatos y las tierra raras, enumera el ministro. Sin abandonar rubros tradicionales como el hierro, que se explota y comercializa desde 1950.

Tierras raras y alta tecnología

‘Tierras raras’ es el nombre común que se otorga en la tabla periódica a 17 elementos químicos, que reciben la calificación de ‘raros’ porque es muy poco frecuente hallarlos en su forma más pura, aunque existan depósitos de ellos en varios países.

Los minerales raros son empleados en la fabricación de artefactos de alta tecnología como reactores nucleares, láseres, máseres (amplificadores de microondas), baterías de alto rendimiento, combustibles y hasta filtradores de radiación.

En el caso de Venezuela, las reservas de tierras raras se encuentran, básicamente, al norte del estado Bolívar, en la basta zona minera del sur del territorio (111.843,70 Km2) y que el Gobierno bautizó como el Arco Minero del Orinoco.

La explotación de este recurso «dependerá de la certificación que hagamos, ya que nuestras reservas de tierras raras no están cuantificadas», aclara Víctor Cano.

No obstante, el consumo comercial de las tierras raras no es alto. El también ingeniero geólogo precisa que «no hay una gran demanda. Así que, con muy poco, se puede satisfacer el mercado».

De allí que las tierras raras no se registran en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange), que funciona como el centro mundial para el comercio de metales industriales y sus precios sirven como marcador de referencia.

Otros minerales y su certificación

La creación del arco minero, indica el ministro, tiene la tarea estratégica de «cuantificar cada una de las riquezas presentes en esa zona del país» y las tierras raras serán parte de ese proceso.

Sin embargo, será una labor en la que habrá una importante inversión de tiempo, si se tiene en cuenta que a la estatal Petróleos de Venezuela le tomó cerca de 5 años certificar la mayor reserva petrolífera del mundo, en la Faja del Orinoco, «y solo se trataba de un elemento, es decir, el petróleo», acuña Víctor Cano.

El Ministerio de Minería debe aplicar el mismo proceso de certificación a las minas de «oro, diamante, coltán, tierras raras y un largo etcétera.», apunta el alto funcionario.

Hay que tener en cuenta que Venezuela cuenta con minerales metálicos y no metálicos, de gran potencial comercial.

No obstante, dadas las circunstancias actuales de esta nación, «el Gobierno ha decidido hacer énfasis en aquellos minerales que pueden ofrecer un resultado rápido para la estabilización de la economía«, que está sumida en una crisis calificada por las autoridades como «guerra económica».

Esos minerales de venta rápida son: oro, diamante, coltán y carbón.

«Así que las tierras raras, aunque van a certificarse, no están dentro de nuestras prioridades para explotarlas, por ahora», asegura el ministro venezolano.

Comercialización del oro azul

Otra fortaleza mineral de Venezuela es el coltán, también llamado oro azul.

Un material que recibe su nombre por la abreviatura de dos de sus componentes: columbita (col), empleado en la fabricación de aleaciones especiales de dura resistencia, y tantalio (ta), considerado indispensable para la elaboración de condensadores electrolíticos con los que funcionan computadoras portátiles, teléfonos celulares, dispositivos de video, aparatos de sonido, consolas de juegos, GPS y televisores, entre otros.

Coltán venezolano recolectado en el estado Bolívar, Venezuela. 5 de noviembre de 2009. / JUAN BARRETO / AFP

En el año 2010 este mineral entró en el debate público venezolano, luego de que el entonces presidente Hugo Chávez declarara, durante una rendición de cuentas ante el Parlamento, que el país contaba con importantes reservas de coltán. Un descubrimiento que implicaría que esta nación contase con «una gigantesca reserva de un mineral estratégico», según reseñó la estatal RNV.

En esa oportunidad, el presidente Chávez señaló que el coltán se cotizaba a precios superiores al oro y al diamante, y reveló «que las reservas en Venezuela pudieran, en una evaluación muy preliminar, aproximarse a los 100.000 millones de dólares«.

Ahora, ocho años después del anuncio de Hugo Chávez, se concretó la primera exportación oficial de coltán.

En este sentido, el ministro Víctor Cano detalló que Venezuela exportó cinco toneladas de coltán, por un monto de 300.000 euros. Ese cargamento se despachó el pasado mes de mayo a Trieste, en el noreste de Italia.

Son múltiples las aplicaciones del coltán en aparatos tecnológicos. Imagen ilustrativa / pxhere.com

Pero la era comercial del coltán venezolano ha traído para el Gobierno otras ocupaciones que no estaban en sus planes.

Actualmente, denunció el ministro, «Venezuela combate el contrabando de coltán hacia Colombia», con la dificultad de que no se ha podido calcular la cantidad de material robado al país.

El coltán venezolano se encuentra a nivel del suelo y no hace falta más que recolectarlo a mano sin el empleo de maquinarias.

«Un ojo entrenado puede diferenciar el coltán de otro tipo de rocas. Así que pequeños mineros lo recopilan y luego lo trasladan a Colombia», precisa el ministro.

Vetas de Torio

Dentro del arco minero también se detectaron importantes vetas de Torio (Th), un elemento químico radiactivo definido como un combustible nuclear limpio.

«La dificultad que se nos presenta radica en que las principales vetas se encuentran en una de las zonas más prístinas y puras del planeta», revela Víctor Cano.

Por lo que el país debe decidir, según el ministro, entre «extraer el torio o preservar esa zona», un debate similar al que se registró en Ecuador alrededor de la explotación petrolera en el Amazonas.

Reservas de oro

Por si fuera poco, las estimaciones con las que cuenta el ministerio de minería indican que las reservas de oro venezolanas (unas 8.000 toneladas) podrían situar a esta nación como la segunda del planeta con mayor cantidad del mineral aurífero, «muy cerca de la primera reserva», en manos de Estados Unidos (cerca de 10.000 toneladas), expone el ministro.

Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela. Caracas 6 de julio de 2018. / Cortesía Irwing Martínez

El oro viene tomando relevancia en este país desde que, a mediados de marzo, el Gobierno informó que poseía la cuarta mina más grande del planeta, al certificar 1.480 toneladas, que representan 54.300 millones de euros.

Adversarios de la minería

Militantes de movimientos sociales venezolanos condenan la creación del Arco Minero del Orinoco, no solo por representar una forma productiva mediante la destrucción de la naturaleza, sino porque lo consideran parte de un modelo cultural y económico regresivo a formas de extractivismo y rentismo que se proponía trascender el proyecto del socialismo.

En un artículo publicado en el sitio Aporrea, la periodista Minerva Vitti opina que el arco minero «responde a una lógica regional, donde los países buscan obtener ingresos monetarios a corto plazo», pero a cambio de la «destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio».

Mineros ilegales cavan con una manguera de presión en el estado de Bolívar. 15 de noviembre de 2012. / Jorge Silva

El ministro Víctor Cano sabe que la minería no tiene «nada de ecológico», pero explica que el Ministerio está concebido para implementar tecnologías que causen «el menor impacto posible», para que luego de terminar la actividad minera, la zona afectada pueda recuperarse.

«Buscamos técnicas para disminuir los impactos. Haciendo que el proceso minero sea lo más eficiente posible y que la contaminación no sea irreversible», expone el ministro Cano.

Alerta por el interés que suscitan los minerales

Para el Gobierno de Venezuela, esa cantidad de riquezas minerales disponibles «más que un peligro significan una amenaza», porque despiertan los intereses de los poderosos.

Solo en el caso del oro, detalla Vícto Cano, el ministerio ha entregado a las arcas del BCV 17,5 toneladas de oro en poco menos de dos años.

«Eso representa entre el 35 y el 40% del total de oro que se produce en el estado Bolívar», informa Cano. En ese período, el Estado pasó de estar ausente a recuperar casi la mitad de la extracción.

La producción anual de oro va de las 40 a las 45 toneladas, eso significa, en palabras de Cano, que le quitaron a las mafias el «40% del oro que se contrabandea hacia el exterior».

Para el ministro, esa es la razón de los constantes ataques que recibe el Ministerio con la decisión de explotar las riquezas minerales del sur de Venezuela.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/280833-tierras-raras-coltan-riqueza-mineral-venezuela

Mexico

Asociaciones civiles procederán legalmente contra expansión de minera en Zacatecas

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (Ocmzac) advirtieron a la empresa minera First Majestic que, en caso de incurrir en la ilegalidad para obtener derechos sobre el ejido San José de Buenavista, en Zacatecas, procederán legalmente ante las autoridades correspondientes.

En entrevista con Contralínea, integrantes de la Rema explican que First Majestic pretende expandir sus operaciones dentro del municipio Chalchiuites, argumentando que sólo desea saber si la zona ejidal de la concesión está mineralizada; “pero sabemos que esa información es falsa, [ya que la empresa] sabe que existe mineral en la zona; lo que en realidad pretenden es saber la concentración de mineral para definir la operación que tengan en mente”.

La Rema señala que en 2017 la Secretaría de Economía entregó 22 concesiones a First Majestic en el municipio de Chalchihuites, que abarcaban sólo 18.8 hectáreas y ahora, según el Sistema de Investigación y Administración Minera, hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.56 hectáreas, lo que apunta a que no sólo será un proyecto de exploración, “sino para explotación y/o beneficio propio”.

En el ejido de San José se han realizado dos asambleas agrarias entre los campesinos y representantes de la empresa canadiense, con el fin de definir la aprobación o negación de dicho proyecto de exploración. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado emitido por Rema el 2 de julio, ambas asambleas no se han ejecutado con el “debido proceso”, ya que “en el pleno de la segunda convocatoria, [ejidatarios] abandonaron la reunión y negaron los derechos ejidales de las compañeras, violando los procedimientos descritos en la Ley Agraria”.

Por ello, la misma asociación afirma que de llevarse a cabo la firma del convenio entre los ejidatarios que se encuentran a favor del proyecto y la minera, “sería de forma ilegal”.

Por último, la Red de Afectados Mineros recalca que la decisión concierne a las y los ejidatarios, quienes de forma legal tienen derechos sobre el campo, pues se encuentran inscritos en el padrón del Registro Agrario Nacional, el cual les permite llevar el control de la tenencia de la tierra y la seguridad de la aplicación de la Ley Agraria.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/07/10/asociaciones-civiles-procederan-legalmente-contra-expansion-de-minera-en-zacatecas/

Internacional

La Ecomarcha recorrerá Segovia pidiendo el fin de la minería

La octava edición de la ‘Ecomarcha’, organizada por Ecologistas en Acción, recorrerá parte de la provincia de Segovia, los días 18, 19 y 20 de julio, con la participación de más de 120 ciclistas. El miércoles 18, habrá un acto central, a las 20.00 horas, a los pies del Acueducto. La marcha ecologista en bici saldrá este sábado desde Madrid y finalizará en localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, el 28 de julio.

La ‘Ecomarcha’ de Ecologistas en Acción es un evento de carácter lúdico y reivindicativo que en esta octava edición lleva el lema ‘No a la mina, Sí a la vida’, en referencia al “boom de proyectos mineros especulativos” que amenazan a la comunidad. Los ciclistas participantes denunciarán “la oleada de minas que se extienden por toda la geografía peninsular con graves impactos para el medio ambiente y las personas”, como los proyectos de Salamanca y Ávila .

Desde Ecologistas en Acción recordaron que la marcha llegará a la provincia de Segovia, atravesando el Puerto de Navacerrada, la mañana del 18 de julio y, en su cima, se reivindicará un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama que “responda a criterios de conservación y no al fomento de la masificación y creación de negocios privado en el parque”.

La Ecomarcha también hará parada en la estación del AVE Segovia-Guiomar para cuestionar el plan actual de la Alta Velocidad, que para Ecologistas en Acción es “un modelo derrochador de recursos y destructivo con el medio ambiente” y “poco asequible para toda la población”. Los ciclistas también estarán en la estación de la linea convencial para exigir a Renfe mejores condiciones en el acceso de las bicicletas a los trenes. Esta primera jornada, concluirá con la lectura de un manifiesto a los pies del Acueducto.

Al día siguiente, el recorrido será desde Segovia hasta El Espinar, con varias paradas. La primera en la ganadería ecológica Braman, en La Losa, y posteriormente, en Ortigosa del Monte, ante las instalaciones de Bezoya, para “denunciar el expolio del agua de la Sierra de Guadarrama” por parte de la embotelladora. Antes de llegar al Espinar, en el nucleo de Los Angeles de San Rafael, se hablará de “los desmanes urbanísticos” en estas zona.

El viernes 20, los participantes de la Ecomarcha pondrán rumbo a la provincia de Ávila, respaldando a los integrantes de la asociación Centaurea, que les explicarán “los valores ecológicos del Campo Azálvaro”, que se están viendo amenazados por la ampliación de la SG-500, la antigua carretera que unía Ávila y Segovia.

La ruta ciclista ecologista tiene previsto hacer un recorrido de casi 15 días hasta llegar a Ciudad Rodrigo para mostrar su apoyo a colectivos sociales y ambientales de la provincia de Segovia, Ávila y Salamanca, “en su defensa del territorio y el medio ambiente”.

Fuente:http://segoviaudaz.es/la-ecomarcha-recorrera-segovia-pidiendo-el-fin-de-la-mineria/

Chile

Minera Escondida y el sobreotorgamiento del agua en el Salar de Atacama

Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. La empresa Minera Escondida Ltda. tiene un derecho al agua por un límite de 21 años (1997- 2018) y actualmente pretende extender su uso por 11 años más, habiéndose demostrado los impactos ambientales que produjo disminuyendo el volumen del agua del acuífero, efecto que se mantendría por más de 500 años. El Movimiento por el Agua y los Territorios, rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción.

La legislación vigente que regula al medio ambiente en Chile es la ley de bases del medio ambiente (Ley Nº 19.300 de 1994 y sus modificaciones) e institucionalmente el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin embargo, con respecto al agua existe el Código de Aguas del año 1981 impuesto por la dictadura en el cual se obliga a la Dirección General de Aguas (DGA) a entregar al recurso gratuitamente, en forma perpetua y en propiedad, creando un mercado sobre un bien nacional de uso público fundamental para la vida y para el desarrollo de los pueblos. Ello, sumado a las diversas privatizaciones de las funciones estratégicas del Estado en este ámbito, así como en los rubros de la minería y la energía, entre otros, convierten a Chile en uno de los países más neoliberales del mundo desde la consolidación de un conjunto de prácticas extractivistas.

Desde el punto de vista de la asignación del agua, y más precisamente, en cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas, es claro que existen usos muy distintos y niveles de extracción extremadamente diferentes. Sin embargo, en términos generales una de las mayores inconsistencias en Chile, desde el punto de vista de cuidado del ambiente, es que los derechos de aguas se tramitan absolutamente fuera del marco ambiental, y que el uso que se declara en la actualidad al momento de solicitarlo no constituye obligación alguna para dicho derecho, generándose un descontrol absoluto y una casi nula planificación sobre este bien común fundamental. Esta forma de manejo del agua resulta aberrante para proyectos industriales de gran envergadura, especialmente para los del sector minero y del sector hidroeléctrico, los cuales presionan para que se les apruebe los estudios de impacto ambiental, puesto que son dueños del agua que pretenden emplear. Ello, sumado al lobby que los empresarios mineros desarrollan sobre legisladores y gobernantes que ha llevado a la aprobación de proyectos que, en general, benefician principalmente a firmas transnacionales, las cuales se escudan ideológicamente en la generación de empleo por parte de sus megaproyectos.

En la actualidad, existe un caso e trámite que permite graficar lo anterior. Se trata de un proyecto minero que por lo visto pretende perpetuarse explotando el Salar de Atacama, luego de haber obtenido en forma gratuita y a perpetuidad sus derechos de aprovechamiento de aguas, a través del esquema aún vigente.

Por medio de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 1 de 1997, se aprobó el proyecto: “Lixiviación de óxido de cobre y aumento de la capacidad de tratamiento del mineral sulfurado”, de Minera Escondida Ltda. (operada principalmente por BHP Billiton), a través del cual se dio la aprobación a la extracción de 1.400 litros/segundo desde la zona sur del Salar de Atacama, sin perjuicio de las extracciones de otros titulares. Al revisar el Estudio de Impacto Ambiental, dentro del subcapítulo Evaluación de Impacto Ambiental en el Área Monturaqui-Tilopozo, se señala lo siguiente: “La limitación del tiempo del bombeo de 21 años por parte de Minera Escondida Ltda., es una medida efectiva de mitigación, cuya validez y efectividad en el tiempo se confirmará mediante los monitoreos respectivos”.

Sin embargo, dado la inminente finalización del proyecto, se encuentra el trámite el denominado “Proyecto Monturaqui”, por medio del cual Minera Escondida Ltda. pretende continuar con la explotación de la zona sur del Salar de Atacama, denominada técnicamente Tilopozo-Pajonales o sector acuífero C2.

La Dirección General de Aguas, por medio de la Resolución Nº 120 del año 2015, declaró Área de Restricción a la zona en cuestión debido al sobreotorgamiento que superaba seis veces la capacidad de renovabilidad natural del acuífera. Específicamente, se constituyeron derechos por 2.427 litros/segundo ante una oferta de 403 litros/segundo, según el Informe Técnico DGA-DARH Nº234 del año 2014.

Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. Es decir, si se emplearan simultáneamente todos los derechos ya entregados, al cabo de cierto tiempo se secaría el Salar de Atacama, provocándose una mortandad de especies sin precedentes sobre zonas protegidas, como es el caso de la Reserva Nacional los Flamencos y otras zonas que se encuentran bajo protección oficial.

Sin embargo, haciendo caso omiso a lo anterior, en otras zonas del Salar de Atacama se siguen otorgando derechos de aguas de tipo definitivos, sin tener en cuenta el balance que en conjunto debería realizarse, ni la afectación que paulatinamente se está generando, tanto hacia las reservas de aguas subterráneas como sobre las aguas protegidas que se encuentran en la emblemática cuenca.

El impacto ambiental que se generaría a largo plazo consiste en, disminuciones de los niveles de las lagunas y de los humedales de altura, con la consecuente pérdida irrecuperable de flora y fauna.

No obstante dicha situación, las pretensiones de Minera Escondida Ltda. es proseguir con la explotación durante 11 años más de la zona sur del Salar de Atacama, lo que produciría la afectación de la zona por siglos, tal como lo afirma la oficina regional de Antofagasta de la DGA, según consta en su oficio Nº 450 del 2 de agosto de 2017, al señalar, respecto a la disminución del volumen de agua del acuífero MNT que la duración del impacto se mantendría por un período superior a 500 años. Además, el contundente informe señala que Minera Escondida Ltda. ha entregado un Estudio de Impacto Ambiental ampliamente deficiente en los que se han omitido significativos impactos ambientales.

El Movimiento por el Agua y los Territorios rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción dado que es un sistema integrado cuyo resguardo es de su competencia, conforme a la Resolución Nº 87 del año 2006 de dicha institución.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41466-minera-escondida-y-el-sobreotorgamiento-del-agua-en-el-salar-de-atacama

Ecuador

Ingapi. Explotación minera, abandono comunitario

Ingapi es una pequeña aldea cercana al pueblo de Pacto, situado a dos horas de Quito. Es una aldea con gente humilde y de múltiples formas de vida tradicionales, como la elaboración de panela orgánica, café, yuca, bananos, otros y también por la cría de peces en piscifactorías en mitad del campo. Así bien, en el año 2012 la gente de Pacto y alrededores se organizó para protestar por algo que les inquietaba y les sigue inquietando: la explotación minera en la zona, más concretamente las 2394 hectáreas concesionadas a la Empresa Nacional Minera (Enami-EP).

El 75% de las personas de las comunidades rechazan la minería debido al gran impacto negativo que tiene en la flora y fauna del precioso bosque de transición entre sierra y selva, lo cual provoca que sea un suelo con gran cantidad de minerales, entre ellos el oro, principal mineral extraído por la minería. En la comunidad de Ingapi, gran parte de los hogares se abastece de agua entubada y elimina sus desechos en pozos sépticos, además de otros graves problemas como el pésimo estado de los caminos que comunican pequeños hogares de la sierra con la aldea de Ingapi, a través de los cuales niños, desde las 5 a.m. caminan hacia la escuela, teniendo que atravesar incluso pequeños ríos.

Por esta serie de razones, la empresa minera prometió a las personas de la comunidad una mejora de la salud, higiene e infraestructuras de la zona a cambio de la explotación minera (mejoras que debería realizar el Estado ecuatoriano), pero las personas de la comunidad se negaron y botaron de la zona a esta empresa minera.

Desde entonces las empresas mineras explotan la zona de forma clandestina entrando a las áreas mineras como turistas, pero el conflicto sigue latente. Los residentes de la zona quieren fomentar el turismo, mostrar su forma de vida agrícola y los impresionantes paisajes de la zona, pero les faltan recursos, sobretodo de infraestructuras de acceso, paralelamente, en mitad de la sierra se encuentra el Hotel Mashpi, un hotel creado especialmente para turistas, con vistas al bosque y al entono comunitario. En definitiva, existe un gran choque de intereses turísticos y mineros en contraposición con la población autóctona, la cual lleva pidiendo años mayor protección de la zona y mayor inversión del Estado para la mejora de vida de todos los habitantes.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/ingapi-explotacion-minera-abandono-comunitario/

Perú

Cardenal Pedro Barreto y su apuesta por una pastoral ecológica en Perú

Monseñor Barreto, declarado Cardenal el pasado 28 de junio, impulsó la implementación de la Encíclica papal Laudato Sí en el Perú.

Pedro Barreto, un obispo que hizo la mayor parte de su trabajo en Huancayo y en la Amazonía, conocido por su compromiso social y ambiental. Fue declarado Cardenal el 28 de junio en el Vaticano por el Papa Francisco. Como se ha dado a conocer en los medios, Barreto tiene una trayectoria de defensa de la tierra y ha denunciado los problemas ambientales ocasionados por la minería en La Oroya. Fue, también, impulsor de la implementación de la encíclica Laudato Si en el Perú. Hay religiosos que como él no dudan en comprometerse con las luchas justas y acompañar a los más afectados.

Barreto participó en el proceso de la elaboración de la carta pastoral que fue publicada en enero del 2018 por los obispos del CELAM de Latinoamérica y que sienta las bases para la implementación de Laudato Sí en América Latina. Formó parte de DEJUSOL (Departamento de Justicia y Solidaridad – Consejo Episcopal Latinoamericano) entre el 2011-2015. El 19 de marzo del 2015 el CELAM, a través del DEJUSOL, participó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ese año, DEJUSOL denunció en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la constante violación de los derechos humanos de las poblaciones autóctonas de la Pan-Amazonía. advirtió que “los denominados conflictos socio-ambientales no solo han sido fuente de inestabilidad social en los países de la región, sino que también han vulnerado los derechos de las personas y se ha favorecido a la inversión privada en desmedro de estos, a lo que hay que sumar los casos de corrupción que esto acarrea”.

Lo que sigue es la desgravación de la intervención de Mons. Barreto ante la CIDH, donde da testimonio sobre la problemática del extractivismo en el país:

(…) «Nuestro propósito en esta audiencia es testimoniar la angustia y el sufrimiento de muchos hermanos y hermanas por las consecuencias de una devastadora y cada vez más amenazante actividad extractiva sin rostro humano y sin ética.

El papa Francisco afirma que, si bien «el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia». (EG 183)

Somos testigos cercanos de enfermedades graves que han sufrido y sufren las poblaciones campesinas e indígenas a causa de los humos tóxicos de la fundición de La Oroya en el Perú, por ejemplo, y la destrucción ambiental del aire, agua, suelos que afectan a toda la región. Ellos son una fuente destructiva del tejido social, de vulneración del derecho de las personas y de una creciente y angustiante conflictividad social.

A esto se añade la criminalización de la protesta y en ocasiones se da una inadecuada o excesiva respuesta estatal.

(…) dispongamos hacer instrumentos de paz y de responsabilidad compartida para ejercer nuestros deberes y servir al bien común de la sociedad con el respeto irrestricto de los derechos de las personas y los bienes de la creación.»

Han pasado 3 años desde que el Cardenal Barreto dio este discurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la situación no ha cambiado mucho para el Perú. Solo este año, la Defensoría del Pueblo informó que existen alrededor de 169 conflictos socio ambientales latentes. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) señalan que regiones como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac figuran entre las más pobres, a pesar de tener como una de sus principales actividades la minería.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/767-cardenal-pedro-barreto-y-su-apuesta-por-una-pastoral-ecologica-en-peru

Perú

Perú: Pretenden entregar el bosque del pueblo indígena Shawi a una minera canadiense

En octubre de 2017, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú (INGEMMET), oficina adscrita al Ministerio de Energía y Minas que está encargada de concesionar solicitudes y títulos mineros, admitió a trámite ocho petitorios mineros de 1000 hectáreas cada uno y uno más de 900 hectáreas. En total son 8,900 hectáreas ubicadas en pleno bosque tropical húmedo, hogar del pueblo indígena Shawi. Dichos petitorios fueron realizados por la empresa Minerales Camino Real Perú S.A.C, perteneciente a la empresa canadiense Royal Road Minerals Limited. La minera canadiense Royal Road Minerals Limited cuenta además con proyectos mineros en Nicaragua y Colombia para la explotación de cobre, hierro y primordialmente oro. (1)

En febrero de 2018, Barrick Gold Corporation, la minera canadiense líder en la industria del oro, compró alrededor del 12.5 por ciento de las acciones de Royal Road Minerals Limited. (2)

Barrick Gold Corporation es la principal minera de oro a nivel mundial, luego de años de una agresiva estrategia de adquisiciones. Cuenta con 20 mil empleados (contando consorcios o Joint Ventures), 27 minas en operación, 10 proyectos en desarrollo y las mayores reservas de oro de la industria. Barrick cuenta con emprendimientos en Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Australia, Papua Nueva Guinea, Saudi Arabia y Zambia.

En el Perú, Barrick tiene dos yacimientos mineros – Lagunas Norte y Pierina. Lagunas Norte, ubicada en el departamento de la Libertad en las montañas andinas, es un yacimiento a tajo abierto que comenzó sus operaciones en 2005. Para obtener el oro, se taladra a 11 metros de profundidad para luego introducir explosivos que fragmentan la roca. Diariamente se mueven más de 200 mil toneladas métricas de mineral y estéril! Por su parte, la mina Pierina, ubicada en el departamento de Ancash, entre los 3.800 y 4.200 metros de altura, es también una mina a tajo abierto que utiliza perforadoras que realizan excavaciones de 10,5 metros de profundidad para acceder al mineral preciado. Ambas minas utilizan un proceso que contiene cianuro de sodio disuelto en agua, entre otras sustancias tóxicas, para separar el oro y la plata contenidos en el mineral extraído.

Actualmente Barrick controla más de 145 mil hectáreas entre estas dos minas, siendo además propietaria del yacimiento Irene I-500 en Ancash. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) asegura que Barrick no paga regalías en el Perú debido a los Contratos de Garantía y Medidas de Promoción de la Inversión, conocidos también como contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa. A nivel de los conflictos sociales y ambientales, según la Defensoría del Pueblo, a mayo de 2017, se registran 123 conflictos socio-ambientales activos, de los cuales el 64.6 por ciento son causados por actividades mineras. La mayor denuncia de los pobladores es la constante contaminación por parte de las minas y el saqueo de sus fuentes de agua.

Exploración minera y la resistencia indígena

En diciembre de 1997, INGEMMET publicó el libro “Geología de los cuadrángulos de Balsapuerto y Yurimaguas”. (3) El estudio fue realizado por un grupo de expertos encargado por el Ministerio de Energía y Minas del Perú, con el objetivo de propiciar y promover la explotación minera en estos distritos. En este documento aparece lo siguiente: “se han reportado en el área de estudios evidencias arqueológicas que consisten en trazos petroglifos representando probablemente manifestaciones culturales o religiosas de antiguos pobladores de esa zona (Distrito de Balsapuerto) (…) Dichos trazos son perfectamente circulares y alongados, cuyos significados reales son materia de estudios detallados.” (4)

Un descubrimiento del mundo occidental frente a lo que ocultaron por años los indígenas Shawi. Posteriormente, varias investigaciones determinaron que el pueblo Shawi llama a esa roca con trazos petroglifos “Cumpanamá”, haciendo referencia a su divinidad mítica religiosa. Estudios recientes han encontrado y catalogado otros 50 sitios arqueológicos prehispánicos (5), los cuales lamentablemente, hasta el día de hoy, no se han delimitado ni inscrito en los registros públicos, ni se ha realizado el trámite administrativo ante el Ministerio de Cultura para su reconocimiento. Balsapuerto es un distrito compuesto por 95 por ciento de población indígena Shawi, que vive en el departamento de Loreto, en los ríos Cahuapana, Sillay, Supayacu Paranapura, Cachiyacu y Shanusi. El pueblo Shawi está entre los ocho grupos indígenas más importantes del Perú, desde el punto de vista demográfico.

Los indígenas Shawi creen que el mundo es ovalado como el panal de avispas y que este está cubierto por una inmensa capa azulada, dentro de la cual se mueven y se trasladan la luna, el sol y las estrellas. La tierra está rodeada de agua y el lugar donde los hombres viven era inicialmente sólo agua sujeta por el cielo. Según la cosmovisión Shawi, en el espacio de más arriba vive el sol (Pi’i) y desde ese lugar vinieron Mashi y Cumpanamá, las principales divinidades del pueblo Shawi. El Cumpanamá formó la tierra y los ríos, transformó los peces del aserrín de los cedros, de las hojas sacó los animales terrestres y las aves, y enseñó a pescar y a hacer canoas. Mashi, por su parte, les enseñó a cultivar, cazar y otras actividades. Una cultura rica, llena de historias propias de un pueblo milenario, que muestra su relación intrínseca y única con sus espacios de vida.

En 2009, los líderes Shawi llamaron a una movilización nacional para defender sus tierras. Una manifestación única de resistencia indígena, que evidenció la lucha desigual del poder político subyugante hacia los más débiles, en este caso, la minoría indígena. La gran nación Shawi demostró su capacidad de organización al desplazar un promedio de cinco mil personas hacia la carretera Yurimaguas- Tarapoto. El Presidente de aquel entonces, Alan García, catalogó a los pueblos indígenas como “ciudadanos de segunda clase” mientras que promovía en el Congreso de la República un paquete de leyes relacionadas a la tenencia de tierras. El argumento era que dichas leyes eran un requerimiento para la implementación del Tratado de Libre Comercio que el Perú había firmado con los Estados Unidos. El 5 de junio de 2009 se vivió una tragedia para todo el país. Conocida como la “masacre de Bagua”, por lo menos 33 personas murieron en los enfrentamientos entre las comunidades indígenas y las fuerzas armadas. Los líderes indígenas, con el grueso grupo de hermanos Shawis, entendieron que si retrocedían perderían sus tierras y, con mucho pesar, tomaron la decisión de no retirarse y volver al segundo día. Seis mil hermanos regresaron dispuestos a defender lo que muchos de los estudiosos de conflictos sociales no entienden: “el indígena es la tierra y la tierra es el indígena”; es una unión indivisible, irrompible. Si muere la tierra, muere el indígena, y si muere el indígena, muere la llamada naturaleza. En aquel entonces, los indígenas y las poblaciones aliadas fueron los únicos que garantizaron la caída de todos los decretos que buscaban facilitar el acaparamiento de tierras indígenas.

Este largo camino de resistencia ante la invasión cultural y el arrebato de los territorios indígenas, muestra la fuerza de su enraizamiento con la tierra, el bosque y la vida. “La historia oficial de nuestra Amazonía es una historia parcial, hecha para ensalzar a los conquistadores, aventureros, viajeros y colonizadores. A los grupos indígenas se les reduce a “Objetos de estudio” etnológico, dentro de una puerilidad que sólo refiere anomia y pasividad ante la conquista y despojo”. (6) En innumerables ocasiones sin embargo, los pueblos indígenas han mostrado que no son ni sumisos ni indiferentes. Todo lo contrario.

 

La consulta previa que nunca llegó: imposición y lucha

La resistencia indígena, entre otras cosas, dio pase a la famosa Ley de Consulta Previa Nº29785, que toma como base el Convenio 169 de la OIT, al cual el estado peruano es parte firmante, con la idea de que estos hechos no ocurran de nuevo.

No obstante, en el Reglamento de la Consulta Previa se esconde una argucia legal. En el artículo 1 se señala que el resultado del proceso de consulta NO es VINCULANTE, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes. Está claro entonces la dirección y utilización a que pudiere dar lugar dicha Ley, que hoy se trasluce en el proceso del petitorio minero de las 8,900 hectáreas.

El proyecto minero se denomina “Timo” y se planea desarrollar en el distrito de Balsapuerto. Esta zona está cubierta de bosques primarios. Alberga además la cuenca del Cachiyacu, cuyas aguas descienden desde las cercanas estribaciones de la cordillera subandina y fluyen hasta tributar al Paranapura por su margen derecha, el cual vierte su caudal al Huallaga a la altura de la ciudad de Yurimaguas.

Balsapuerto se ubica entre los límites de la selva baja o llanura amazónica y los relieves de la cordillera subandina o Cahuapanas. La flora representa la expresión viva más notable de los ecosistemas amazónicos del trópico húmedo, conformando una extensa y continua selva densa, con árboles que sobrepasan los 30 metros de altura. La variedad de especies de fauna es peculiar, debido a los ecosistemas montañosos (o selva alta) que se asocian por colindancia y proximidad al territorio del llano amazónico propiamente (o selva baja). En estos bosques se encuentran comunidades tituladas y tierras ancestrales del pueblo Shawi, que dependen de estos para sus medios de vida y sustento. Las cabeceras de cuenca que se verían afectadas también perjudicarían a los poblados urbanos cercanos.

Hasta la actualidad, el proceso de solicitud de la mina Timo no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental ni tampoco ha sido consultado con la población local ni con las autoridades locales. El Gobernador de la región Loreto, Fernando Meléndez Celis, ha mencionado que no permitirá ni entregará ni un centímetro de las tierras de Balsapuerto a este proyecto. El alcalde del distrito de Balsapuerto, Magno Savedra Cachique, ha ofrecido ya dos conferencias de prensa oponiéndose a la minería en el distrito de Balsapuerto, e indicando que ni siquiera la municipalidad tenía conocimiento del tema. (7) Por tanto, el asesor legal de la municipalidad viene impulsando una denuncia penal a los funcionarios del INGEMMET que admitieron el petitorio minero.

La sociedad civil organizada de Alto Amazonas se ha mostrado preocupada al respecto y viene organizando acciones en conjunto con los líderes indígenas y las organizaciones representativas del pueblo indígena Shawi de Balsapuerto. La iglesia católica ha demostrado profunda preocupación a través de su programa Pastoral de la Tierra, subvencionado por el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Los medios de prensa escrita y radial locales vienen informado ampliamente sobre el tema a la comunidad de Yurimaguas en particular. La radio comunitaria Rtv Total viene informando constantemente sobre este tema con mayor profundidad, teniendo una filial bilingüe castellano-Shawi. El diario el Menguare viene informando en la ciudad de Yurimaguas y en el distrito de Balsapuerto.

Aún no se han entregado los títulos de la concesión minera ni los permisos de operación. Por tanto, queda que el gobierno central, a través del Ministerio de Energía y Minas, escuche los llamados de la población local, incluidas las comunidades Shawi, y prohíba la solicitud minera. ¿Podrá una vez más una minera canadiense imponer un proyecto que destruirá casi 9 mil hectáreas de bosques del cual depende el pueblo Shawi y otros pueblos adyacentes sin su consentimiento, ni el de las propias autoridades locales?

Alain A. Salas Dávila
Líder indígena independiente
Asesor de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Peruana

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/peru-pretenden-entregar-el-bosque-del-pueblo-indigena-shawi-a-una-minera-canadiense/

Colombia

Consultas populares mineras en Córdoba y Salento en Quindío en veremos

En el departamento del Quindío, dos municipios han suspendido la realización de las consultas populares mineras porque la registraduría dice no tener plata para financiarlas.

 

Se trata de las localidades de Córdoba y Salento que aunque el Tribunal Administrativo del Quindío les dio vía libre para adelantar este proceso, no han podido realizarlo por falta de recursos.

 

Mónica Flores líder de la consulta popular minera en Pijao que cumplió un año de la realización manifestó que lo único que queda es la lucha social y ambiental para que el gobierno cumpla la constitución y permita realizar estos mecanismos de participación ciudadana.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2018/07/10/armenia/1531226696_090795.html

Perú

Protesta en Oyón contra minera Raura

Ciudadanos de las comunidades de Cashaucro, Pomamayo y Bellavista (distrito y provincia de Oyón) decidieron realizar una protesta contra la minera Raura el pasado miércoles 4 de julio.

Los manifestantes demandaron que la empresa minera Raura cumpla los compromisos de responsabilidad social asumidos con las localidades del área de influencia de la misma.

La medida de protesta comprendió un bloqueo de carretera en el sector de Bellavista en Oyón.

La provincia de Oyón es una de las provincias con mayor cantidad de concesiones y actividad minera en la región de Lima. La conflictividad ha estado bastante activa en este semestre. Por ejemplo, en el pasado mes de abril la comunidad de Quichas realizó un paro y bloqueos de carreteras durante más de 10 días en protesta contra la compañía minera Raura. La protesta incluía en su plataforma, por un lado, el incumplimiento de actas de acuerdo anteriores en temas laborales y de responsabilidad social y, por otro, preocupaciones por presunta contaminación en la zona. Además, la producción de la empresa se ha duplicado por lo cual los comuneros demandan la construcción de una nueva planta tratamiento para evitar derrames de efluentes mineros que estarían dañando los suelos y aguas en la zona, señalaron los manifestantes.

Raura se dedica a la explotación de cobre, plomo, plata y zinc.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/06/protesta-en-oyon-contra-minera-raura/

Perú

Huancavelica: Defensoría pide remediar viviendas contaminadas con mercurio

La Defensoría del Pueblo recomendó al gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Saneamiento (MVCS), ejecutar acciones para remediar las viviendas, que en la mayoría de los casos fueron construidas con tierra contaminada por mercurio, plomo y arsénico.

En Huancavelica, una de las ciudades más contaminadas del mundo debido a los rezagos de la explotación minera durante la época colonial, cerca del 50 por ciento de las viviendas están construidas con adobe o tapia contaminada con metales pesados.

Ante esta realidad, la Defensoría recomendó reconstruir las viviendas si fuera necesario y priorizar las vías publicas de los barrios de Yananaco y San Cristóbal, donde se encuentran las áreas más contaminadas.

De acuerdo con el Consejo de Salud Ambiental, los distritos de Ascención y Huancavelica presentan niveles de mercurio y otros metales por encima de los Estándares de Calidad Ambiental para suelo (ECA suelo).

El estudio coincide con el monitoreo de calidad ambiental realizado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el 2015. En aquel momento se reveló que San Cristóbal, Yananaco y Ascención presentaban las más altas concentraciones de arsénico, bario, mercurio y plomo.

Asimismo, un informe realizado por el Ministerio del Ambiente en el 2017 concluyó que las áreas de las localidades en cuestión concentraban niveles de metales por encima de los ECA suelo de uso residencial e industrial.

Frente a este problema, la Defensoría del Pueblo participará en el evento “Reunión Cumbre sobre Contaminación por metales pesados en la ciudad de Huancavelica” que se realizará el 9 de julio en la Universidad Nacional de Huancavelica.

Para ello, solicitó la presencia del Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Ambiental, el OEFA, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, el Gobierno Regional de Huancavelica, las autoridades locales y demás competentes.

(Información de Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi) /)

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1274229-huancavelica-defensoria-pide-remediar-viviendas-contaminadas-mercurio