Chile

La manipulación de una norma para proteger los glaciares en Chile

Autor: No a la Mina .org

Tras la decisión anunciada por la ministra de Medio Ambiente de Chile, Marcela Cubillos, de retirar el respaldo al proyecto de ley de glaciares de Bachelet, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares no lamentaron su baja ya que se había convertido en una iniciativa que protegía la inversión y la minería en lugar de priorizar los glaciares. El gobierno actual promueve una norma de protección a través de instrumentos generales, incluyéndolos en el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que no garantiza que resuelva la inseguridad hídrica que sufre el país.

La Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir el aprovechamiento en los glaciares. Esto, en medio de la polémica por el retiro del apoyo del Gobierno a la iniciativa original de protección de glaciares de la administración de Bachelet.

Los parlamentarios ya habían manifestado sus molestias durante el pasado 3 de julio, cuando no se alcanzó a tramitar el proyecto debido al alto número de expositores. Ese día, diputados acusaron a la minería de presionar para abortar la propuesta ingresada por el Gobierno anterior, tramitada durante cuatro años en la Cámara Baja.

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, explicó que en La Moneda no están a favor de aprobar leyes específicas para salvaguardar ecosistemas fundamentales, sino a través de los instrumentos de conservación establecidos por el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La decisión fue cuestionada por algunos y aplaudida por otros: por ejemplo, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín apuntó a la presión de la industria minera y señaló que seguirá “agravando la inseguridad hídrica que enfrenta el país”.

También se sumaron los parlamentarios a los cuestionamientos: “No hay ciudad de Chile que no esté asentada a orillas de un río o en un cuerpo de agua alimentado por glaciares. Si se destruyen los glaciares desaparecen varias ciudades, por eso el gobierno se equivoca cuando protege intereses económicos como la minería por sobre los glaciares”, sostuvo el diputado ecologista Félix González.

“No puede ser que el Ministerio de Medio Ambiente permanentemente esté siendo presionado para poder tener una visión mucho más laxa, mucho más flexible, en relación a los recursos naturales, y el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía permanentemente estén presionando en lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, que además es una visión cortoplacista y poco inteligente”, alegó la diputada Alejandra Sepúlveda.

Sin embargo, no todos comparten la misma visión sobre el proyecto fallido de Bachelet: de hecho, una buena parte de las organizaciones ambientales celebra su término, asegurando que la iniciativa nunca reflejó un interés real por la protección de los glaciares.

Desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, su vocera Stefanía Vega, explicó por qué celebraron el retiro del apoyo al proyecto presentado por la administración interior.

“Lo que pasa es que el proyecto tenía ciertas carencias que eran bastante importantes. Su historia de tramitación nos remitía a un proyecto que en general parecía bueno. Sin embargo, posteriormente, el gobierno de Bachelet, por medio del Ministerio de Medio Ambiente comienzan a ingresar ciertas indicaciones que, en lugar de mejorar el proyecto, comenzaron a convertirlo en una iniciativa que protegía la inversión y la minería”, sostuvo la activista.

Además, explicó que el proyecto de Bachelet constaba de una definición de glaciar “muy pobre, donde no se consideran aspectos importantes que finalmente son los que permiten que un glaciar se sostenga y se mantenga como tal”.

A la vez, Vega aseguró que la idea de prohibición del proyecto era bastante escueta. Por ejemplo, hablaba de proteger mil metros ladera abajo después de un glaciar: “Mil metros es nada. Los enemigos de los glaciares, lejos del cambio climático, es la minería, que levantan mucho polvo y ese polvo vuela, hasta llegar a los glaciares y hacer que su derretimiento ocurra mucho más pronto”, argumentó.

Desde la coordinadora que reúne a varias organizaciones de todo el territorio en defensa de los glaciares, Vega recordó que el proyecto presentado por el pasado Gobierno primero consideraba dentro de su protección la idea de zonas vírgenes, pese a que en Chile no hay glaciares en ninguna zona de tal categoría.

“Además son muy pocos los glaciares que están dentro de parques y reservas nacionales. En el norte la gran mayoría está fuera”, añadió la activista, cuestionando también el concepto de reserva estratégica, “donde los glaciares tenían que entrar en una suerte de concurso para demostrar volumen, tamaño y porcentaje de agua para ser considerado como tal. Todos los glaciares debieron ser considerados reserva estratégica”.

Además, cualquier persona podría cuestionar el carácter de reserva estratégica del glaciar: “No era un proyecto para la protección de los glaciares, sino para la protección minera. Para este proyecto y cada una de las indicaciones que se discutieron, los principales invitados fueron el Consejo Minero y Codelco. Las comunidades logramos ingresar pero porque lo exigimos”, enfatizó Stefanía.

A juicio de los activistas, para avanzar y garantizar una real protección de los glaciares es necesario proteger de forma integral a los sistemas de alta montaña, ya que de ese modo se protege todo el ambiente que posibilita la vida de un glaciar o de un conjunto de glaciares.

Respecto a la postura del actual Gobierno, Vega recalcó que “sabemos que sus intenciones y las nuestras son diferentes. Celebramos que lo hayan bajado porque era un mal proyecto”.

En la Cámara de Diputados se votará la iniciativa que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Sobre esto, los activistas opinan que se trata de un gesto valorable, pero que nuevamente cae en el mismo error: “Entregan una definición de glaciar que nuevamente es muy pobre y que probablemente sea así porque no existe una ley de glaciares que hable de ello. Nosotros apostamos porque se logre instalar una definición más completa para entregarles una real protección. Son territorios que habitamos y estamos próximos a las cuencas y también porque como país tenemos una responsabilidad, teniendo el 90% de los glaciares de América en contexto de cambio climático”, cerró.

La propuesta abordada hoy por los parlamentarios reconoce a los glaciares como parte del ciclo hidrológico de las aguas y prohíbe toda actividad que genere “impacto significativo o daño irreversible” sobre ellos.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41803-la-manipulacion-de-una-norma-para-proteger-los-glaciares-en-chile

Mexico

Slim: ¿Honesto?… ¿Ejemplo a seguir?

Autor: Remamx.org

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro “Ingeniería es soberanía”, presentando ahí 25 “proyectos estratégicos” que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona “honesta”, como “modelo a seguir” y “un ejemplo para México y el mundo”.

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como “presunto evasor” en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de “desarrollo” extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene “inversiones”, como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde éste supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim solo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto “ejemplar” para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué “desarrollo” estamos hablando, y ese “desarrollo”, es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los “proyectos estratégicos” a impulsar por el gobierno de AMLO están también los de desarrollo minero, ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

  1. Que las mineras “cuiden el medio ambiente” en su actuar;
  2. Que “se les pague mejor” a los trabajadores;
  3. Que “se paguen más impuestos al Estado”.

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de “desarrollo”: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía. Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo!
¡No al fracking!
¡No a los proyectos extractivos y de despojo!
Los despojadores no son ni serán jamás modelo a seguir

Atentamente
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/slim-honesto-ejemplo-a-seguir/
Perú

Fiscalía pide hasta 17 años de prisión para defensores de Cotabambas

Autor: OCMPe.org

Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

Dos de los acusados, Edwar Brandon Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, sufrieron prisión preventiva durante seis meses en una cárcel del Cusco, entre 2015 y 2016. Desde marzo de 2016 siguen su proceso en libertad.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

El día 28 de setiembre, la represión policial a la protesta ciudadana causó la muerte de tres personas, así como numerosos heridos. Actualmente, no ha avanzado ningún proceso judicial para esclarecer las muertes de dichas personas. Sin embargo, la Fiscalía sí ha formalizado la denuncia contra 20 comuneros por supuestos hechos violentos ocurridos durante la protesta, evidenciando una doble vara: nula iniciativa para defender los derechos de los ciudadanos, pero drástica actitud para criminalizar a quienes participaron de las movilizaciones sociales.

Los acusados fueron detenidos por la Policía cuando retornaban del interior del campamento minero. La defensa legal de los acusados sostiene que no existen pruebas para sostener la acusación formulada por la Fiscalía, y que existen irregularidades en las actas de incautación y registro personal que hablarían de una posible “siembra” de pruebas, como ha ocurrido anteriormente en otros casos. Por otro lado, los acusados en todo momento han sostenido que ellos ingresaron al campamento minero en apoyo del personal de la posta médica para el traslado de los heridos.

Desde este Observatorio señalamos una vez más que criminalizar a los defensores sociales no es una manera de resolver los conflictos. En el caso Las Bambas, debiera retomarse el diálogo con la ciudadanía para afrontar realmente un plan de desarrollo sostenible de la provincia, y para solucionar los impactos ambientales producidos por las continuas modificaciones al proyecto.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/13/fiscalia-pide-hasta-17-anos-de-prision-para-defensores-de-cotabambas/

Perú

La inversión minera y sus proyecciones

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Quellaveco-Moquegua-Anglo American-Tacna

El anuncio del inicio del proyecto minero Quellaveco ha despertado ánimos optimistas sobre la futura evolución de las inversiones mineras en el país. Se comienza a hacer proyecciones sobre otros proyectos que podrían confirmarse en los próximos meses y años.

En este contexto no está demás revisar la información oficial de las inversiones mineras, los antecedentes previos, las proyecciones, al mismo tiempo que se identifican posibles tendencias.

Mirando hacia atrás

Un primer dato a tomar en cuenta es la propia evolución de la inversión minera en los últimos años. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en la última década y media, la tendencia de la inversión minera en el Perú ha pasado por diferentes momentos: una etapa de crecimiento sostenido que llega a un pico el año 2013; luego una etapa de descenso hasta el 2016 y una de recuperación el último año que habrá que ver cómo se confirma durante el 2018 y en los próximos años.

 

A partir del año 2013, en el Perú se abrió toda una discusión sobre las causas de la caída de la inversión minera. El discurso desde el sector empresarial acuñó el término de la tramitología que apuntaba a señalar que las causas eran principalmente internas:  excesos de trámites y permisos habían provocado la huida de los inversionistas mineros. Sin embargo, los defensores de este argumento no explicaban por qué, con esos mismos trámites y permisos, en los años precedentes las inversiones no dejaron de aumentar. Tampoco admitieron que la inversión minera había caído a nivel global, incluso a tasas más altas que en el Perú.

Lo cierto es que la data internacional muestra una fuerte correlación entre la evolución de los precios de los minerales y las inversiones. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en las dos últimas décadas, cada vez que los precios de los minerales aumentaron, las inversiones también lo hicieron y en la situación inversa, una caída de las cotizaciones terminó por afectar los flujos de inversión a nivel global.

 

Si agrupamos las inversiones por períodos de gobierno, tenemos que en el quinquenio de Alan García se invirtió en minería US$ 14,030 millones, en el de Humala US$ 40,439 millones y en lo que va del gobierno PPK/Vizcarra, US$ 6,500 millones.

 

 

Mirando hacia adelante

Las proyecciones del gobierno apuntan a una inversión de aproximadamente US$ 17 mil millones hasta el 2021. Estas se dividen en varias ampliaciones de operaciones que ya están en marcha (Shauindo, Marcona, Toquepala, Toromocho, Bayobar, Santa María, etc.) y nuevos proyectos como Minas Justa, Quellaveco, Pampa de Pongo, Corani, Los Chancas, etc. La proyección oficial de las inversiones mineras, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), muestra un incremento sostenido hasta el año 2021 y luego un descenso para el 2022.

 

Proyección anualizada de inversiones 2018-2022

(Millones de US$)


Puesta en marcha de los proyectos en construcción de mina (Minem)

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-inversion-minera-y-sus-proyecciones/

 

Guatemala

Guatemala: La autodeterminación de los pueblos en riesgo con la ley de consulta

Está en tramitación en el Congreso Nacional de Guatemala un proyecto de ley para reglamentar la implementación de la Consulta Libre, Previa e Informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La iniciativa fue presentada por el diputado Oliverio García Rodas ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el pasado 26 de febrero. El diputado la elaboró sin consultar a los pueblos indígenas y sin someterla a la aprobación de los mismos, denunció el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que reúne por lo menos 15 pueblos maya.

En ninguna parte de la exposición de motivos del documento enviado al parlamento guatemalteco se indica que el proyecto de ley fue construido con participación de los pueblos indígenas o sus legítimos representantes. “De esa cuenta se puede afirmar que esta iniciativa contiene varias violaciones a nuestros derechos tanto en su contenido como por la forma en que fue elaborada”, sostuvo CPO.

Dicha propuesta, así como la propuesta que está por ser aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, son espejeadas del proyecto de Ley de Consulta a Pueblos Indígenas del Perú, donde el derecho a veto de cualquier proyecto queda en manos del Estado. “En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar las medidas de mitigación que resulten necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas consultados. El proceso de consulta no limita la facultad del Estado en la toma de decisiones que son de su competencia. El resultado de la consulta respecto a los acuerdos alcanzados o la falta de acuerdos sobre la medida consultada, deberá ser considerado al momento de tomar la decisión correspondiente”, dice el proyecto de ley.

Otra violación consiste en que busca prohibir consultas sobre temas que protegen intereses financieros y agroindustriales. “No serán objeto de consulta previa la construcción, inversiones con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades; (tampoco) el mantenimiento de infraestructura, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que estén orientados a beneficiar a la población en general”, reza el proyecto de ley.

 “El Gobierno es el que va a decidir a quienes consultar, cuando consultar, sobre que consultar. Ahí hay una manipulación muy clara con respecto a nuestros derechos. Hemos luchado por lo menos en los últimos 20 años defendiendo el agua, los bosques, la tierra. Lo que estamos denunciando es que existe una manipulación en el Congreso de la República que pretender definir por ley que los pueblos solamente serán consultados en temas culturales, de religiosidad, de espiritualidad, pero no los temas de infraestructura. Y es justamente este el punto que ha creado una grande conflictividad social en las ultimas décadas en el país y que ha criminalizado el sistema de organización propia de los pueblos indígenas. Han encarcelado, asesinado nuestra gente. Son estos proyectos que buscan anular nuestra identidad como pueblo”, dijo Francisco Morales, del CPO.

Eso provocaría que las comunidades indígenas queden desprotegidas ante conflictos generados a partir de proyectos de producción y transmisión de energía, hidroeléctricas, minería, como los que ocurrieron en el Valle de Polochic, El Estor, Cahabón, Santa Eulalia, Barillas y todos aquellos territorios en los que algunas empresas de palma de acite han despojado de sus tierras a comunidades indígenas con fines económicos, denunció el CPO.

 

Guía Operativa de Consulta

La “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas”, divulgado en 2017, fue impulsado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dirigida por la Ministra Aura Leticia Teleguario, con el objetivo de regular la Consulta.

Esta “guía” dio paso a la iniciativa de ley 5416 “Ley de Consulta a Pueblos Indígenas conforme el Convenio 169 de la OIT. Lo que para los pueblos supone una grave violación al derecho de consulta libre, previa e informada y una amenaza al ejercicio fundamental de libre determinación para la imposición de proyectos de explotación de los bienes naturales en nuestros territorios.

El Consejo del Pueblo Maya interpuso una acción de amparo en contra de la Ministra de Trabajo y Previsión Social Aura Leticia Teleguario por presentar la guía sin el consentimiento de los Pueblos.

 

Tres violaciones a los derechos fundamentales

 

 

En el análisis realizado por el Consejo del Pueblo Maya CPO, sobre esta iniciativa de Ley, se enmarcan tres violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas:

 

 

 

  1. Violación al Derecho de Consulta contenido en literal a) del Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que es ley vigente en nuestro país en virtud de haber sido ratificado mediante el Decreto 9-1996 del Congreso de la República; en el Artículos 19 y 38 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, constituye un Derecho Humano con preeminencia sobre el derecho interno.
  2. Violación al Derecho de Libre Determinación, contenido en el Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXI de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  3. Violación al Derecho de Consentimiento, Libre, Previo e Informado, Artículo 32, inciso 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas..

Auto consultas

De acuerdo con el proyecto de ley, el Estado, en el proceso de la consulta, tiene la facultad de decidir qué asuntos son materia de consulta, y a quiénes se les debe consultar, mediante una acreditación legal de organizaciones. Las auto consultas serán ilegales.

Las consultas comunitarias son una practica propia de los pueblos. “Las organizamos nosotros, las diseñamos nosotros, las ejecutamos nosotros y obedecemos nosotros la decisión de la gente”, dice Francisco Morales. “Así que no interesa al Estado y a las empresas. Lo que quieren con la reglamentación es justamente tener el control sobre el proceso. Ellos quieren la palabra final”.

“Desde 2005 hasta la fecha venimos realizando consultas comunitarias. Más de 2 millones de personas en más de 90 consultas a los pueblos han dicho no a este modelo económico de muerte, por lo tanto es deber del Estado respetarlas”, asevera Morales.

En San Mateo Ixtatán, por ejemplo, en la zona oriental de Guatemala, el diálogo se rompió desde un primer momento en que la empresa y el gobierno guatemalteco desconoció los resultados de su ejercicio de consulta realizada de buena fe en el año 2009, junto con el alcalde de San Mateo Ixtatán, que en ese momento era Andrés Alonso Pascual. Se promovió la Consulta Comunitaria con 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio, con una participación de 25,646 personas, del cual el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/guatemala-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-en-riesgo-con-la-ley-de-consulta/

Perú

Unión Europea exige al Perú cumplir obligaciones ambientales y laborales

Autor: Redacción Cooperacción.org

A través de una carta oficial, la Comisión Europea –órgano ejecutivo de la Unión Europea- expresó su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos del Perú en temas laborales y ambientales. La carta, firmada por la comisionada Cecilia MalsmtrÖm y dirigida al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, anuncia también la visita de una Misión de Investigación en los próximos meses para verificar la aplicación de los acuerdos incluidos en el TLC entre la Unión Europea, Perú y Colombia.

Respecto de los temas ambientales, la carta enfatiza que “la simplificación de los procedimientos administrativos” –realizada a través de una seguidilla de paquetazos y normas de promoción de las inversiones en años recientes- “no debe conducir a una disminución del nivel de protección”.

De manera específica, la carta señala que el Perú debe garantizar que las leyes y medidas relacionadas con “la evaluación del impacto ambiental y la regulación de las actividades industriales en diferentes sectores, no conducen a una reducción efectiva de la protección del medio ambiente”. Además, enfatiza que “para esto, Perú también debe garantizar la capacidad institucional adecuada y la transparencia jurídica”.

Cabe recordar que hace casi un año, 30 organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja ante la Unión Europea por el incumplimiento de los compromisos laborales y ambientales asumidos por el Perú en el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sustentable. La queja incluye diversos casos que muestran cómo el Estado peruano no viene garantizando los derechos laborales ni la adecuada protección del ambiente.

En el plano ambiental, la queja explica que durante los cinco años de vigencia del TLC con la Unión Europea se han aprobado diversas normas (leyes, decretos supremos o decretos legislativos, y resoluciones ministeriales) que han debilitado el régimen de protección de los derechos ambientales en general y de los pueblos indígenas en particular. Estas normas se han dado con el supuesto objetivo de “reactivar la economía e impulsar las presencia de nuevas inversiones”, objetivo que no se ha cumplido, y se ha asumido para ello “un costo desproporcionado que vulnera derechos fundamentales amparados por la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos y tratados comerciales celebrados por el Perú, como es el caso del acuerdo con la Unión Europea”, explica la queja.

La queja detalla, entre otros casos, la creación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) para debilitar los Estudios de Impacto Ambiental, realizada mediante Decreto Supremo N° 054-2013-PCM. Precisamente, un reciente informe técnico independiente ha mostrado cómo, en el caso del megaproyecto minero Las Bambas, se ha modificado componentes importantes mediante ITS, un instrumento cuya aprobación demora apenas 15 días y que no permite una mayor evaluación de los impactos ambientales.

Otro de los casos que se detalló en la queja es el de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, que limitó la capacidad de sanción que tenía el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como el Decreto Supremo N° 039-2014-EM que redujo las exigencias ambientales en actividades de hidrocarburos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/union-europea-exige-al-peru-cumplir-obligaciones-ambientales-y-laborales/

 

Chile

Realizan conversatorio “Minería en Penco: ¿Qué sabemos de Biolantánidos?” ante amenaza de megaproyecto minero de tierras raras

Autor: Resumen.cl

Frente a la plaza de armas de la comuna de Penco se realizó la semana pasada una concurrida jornada de información y agitación en contra de un nuevo proyecto extractivista que se encuentra gestando en el Gran Concepción. Con una asistencia de cerca de 70 personas se desarrolló el foro conversatorio “Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos?” en el que expusieron Lucio Cuenca de parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Técnico Medioambiental Constanza Flores, además de la Coordinadora Penco-Lirquén, organización socioambiental que hace varios años ha instalado la necesidad de oponerse al terminal de gasificación marítima tipo isla GNL en la bahía de Penco propiedad de la empresa Biobiogenera.

Hace años se viene gestando un proyecto caracterizado por la intención de reinstalar el rubro minero de magnitud industrial en la región del Biobío. El proyecto pretende ser emplazado en el Fundo “El Cabrito” en la comuna de Penco, contando hasta la fecha con infraestructura de investigación y pruebas con el apoyo de fondos públicos e instituciones como la Universidad de Concepción. De ser aprobado el presente proyecto se podrían generar graves consecuencias para los ecosistemas y comunidades que se encuentran en sus proximidades, ya que a escasos kilómetros se encuentra la ciudad de Penco y un parche de bosque nativo denominado “Queules de Tomé y Penco”.

Las “tierras raras”, material que pretende explotar la minera, es el nombre con el que se suele llamar un grupo de 17 elementos químicos del grupo de los Lantánidos. Estos minerales se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas.

 

 

La actividad comenzó con la exposición de Lucio Cuenca, el cual inició su presentación con una panorámica de la minería en Chile, para luego dar paso a un análisis de la minería de tierras raras. Comenzó situando los altos impactos socioambientales que conlleva la minería, recordando que la presión no es solo contra el suelo y el subsuelo, sino también sobre los recursos hídricos y la matriz energética. Recordó además que no se puede entender la problemática minera en Chile sin abordar conceptos como la privatización y la pérdida de soberanía por parte de las comunidades.

Especial énfasis dio al concepto de “concesiones mineras”, con las cuales el Estado otorga facultades y poderes excepcionales a las mineras, muchas veces de forma gratuita y a perpetuidad a través de figuras como la “concesión plena”. Las concesiones mineras además se entregan a las empresas sin evaluación ambiental previa y prevalecen por sobre los derechos de territorios utilizados ancestralmente por pueblos originarios, campesinos o culturas locales. Las concesiones mineras son figuras extensamente otorgadas a las empresas en Chile, generando una potencial altísima expansión del negocio minero. Según Sernageomin las concesiones de exploración y explotación minera en Chile alcanzaron, para el año 2013, la impresionante cifra del 41% del territorio nacional, casi la mitad del país. Junto con estos datos el expositor enumeró 3 mitos que rondan a la minería en Chile, los cuales cuestionó. En primer lugar criticó aquella frase que pregona que “La minería es el sueldo de Chile”, al mostrar cifras que dan cuenta de la predominancia del lucro por parte de empresas transnacionales que concentran el 72% de la producción, frente al 28% estatal, lo que demuestra que hoy en día la minería es principalmente el sueldo de empresas extranjeras.

 

Respecto a que la minería es el “Empleo de Chile” se demostró mediante cifras que este rubro solo entrega 2,66% de la ocupación en el país. Y respecto al tercer mito que afirma que la “minería es sustentable” el expositor nombró una serie de trastornos como la destrucción y contaminación de fuentes de agua, el irremediable daño al suelo, la liberación de polvo y drenaje ácido de minas, el incesante ruido y transporte de sustancias tóxicas, además de la generación de relaves y liberación de sustancias toxicas. Pero la presión a los ecosistemas no termina ahí, se recordó que la mayor carga a la matriz energética en el país la constituye la minería que concentra el 37% del consumo eléctrico, superando a cualquier otra industria o el consumo domiciliario. La presión sobre los sistemas hídricos también es considerable al utilizar grandes volúmenes de agua que son muchas veces contaminadas con elementos altamente tóxicos, todo lo cual se encuentra amparado por el código de aguas de nuestro país aprobado en dictadura, el cual señala que las aguas son un bien económico.

 

A partir de este código, se le entrega al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas a privados, de forma gratuita y a perpetuidad generando un verdadero mercado del agua en Chile. Además, el expositor recordó que este código “separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, y la dicotomía actual se expresa en que existen propietarios de tierra sin agua, y viceversa”. Así la minería se transforma en uno de los principales responsables de la crisis hídrica que vive una parte considerable del territorio nacional, además de ser una industria de manejo de residuos mineros masivos generando al día la impresionante suma de 1,4 millones de toneladas de desechos tóxicos en forma de relaves que muchas veces terminan contaminando otros cursos de agua y comunidades, señaló el expositor.

Con respecto al tema de la minería de tierras raras Lucio Cuenca abordó el estado de este rubro a nivel mundial para luego acercarse en detalle a la situación en la comuna de Penco. El expositor comenzó citando a MininngFeeds, que es el principal sitio web de información financiera sobre minería. En este sitio se afirma que existen 43 empresas a cargo de proyectos mineros de tierras raras en el mundo. De este total, 22 son canadienses, 20 australianas y 1 estadounidense, sin embargo no se incluyen en este catastro las empresas chinas, las cuales concentran cerca del 95% de la producción mundial.

 

Se nombraron algunas empresas de tierras raras como Lynas Corp Ltd en Australia que han tenido problemas con comunidades en contra de sus proyectos mineros, también la empresa Mitsubishi Chemical de Japón ha tenido denuncias de contaminación y casos de leucemia en la población expuesta a la contaminación generada por su planta en Bukit Merah de Malasia. Otro caso relevante es el de los altos niveles de contaminación radiactiva (que se acercan a los de Chernobyl y Fukushima) que quedaron en Steenkampskraal, Sudáfrica, cuando una filial angloamericana abandonó una mina en los años sesenta. Entrando en materia sobre el proyecto minero en Penco el expositor recalcó que la empresa BioLantánidos que pretende explotar las tierras raras en Penco es una empresa privada chilena que opera bajo el nombre de REE (Rare Earth Extraction) UNO Spa y es 100% propiedad del fondo privado FIP Lantánidos, administrado por la firma de capital privado Mineria Activa, propiedad del grupo financiero Larraín Vial.

 

 

Ubicación de la planta piloto del proyecto minero El Cabrito de Minera Biolantánidos.

 

 

Además el proyecto ha sido beneficiado por el financiamiento del Programa Fenix (exploración minera) de Corfo el cual le otorgó USD 4.828.401. En cuanto a la magnitud del proyecto, afirmó que se esperan al menos entre 500 y 700 Toneladas de producción al año, lo cual necesitaría del procesamiento de la impresionante cantidad de 210 Ton/Hora (1.839.600 ton /año). Este gran volumen se debe a la baja concentración de estos elementos en la tierra que determinan que para obtener 1 tonelada se deban procesar 2.628 Toneladas. Por su parte los Esteros Penco y Cabrito tendrían que suministrar cerca de 35 m3 de agua por hora, lo cual constituye 850.000 litros de agua fresca por día. Pese a estos enormes volúmenes que se pretenden explotar, se han hecho anuncios que hablan de aumentar la producción a 3.000 ton/año, lo cual acrecentaría aún más la carga socio-ambiental sobre los territorios.

Concesiones mineras de explotación de la empresa REE Uno Spa en Penco. Fuente: OLCA

 

 

 

Concesiones mineras de exploración de la empresa REE Uno Spa en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío. Fuente: OLCA

 

Entre las comunas que se ven más afectadas por las concesiones mineras a esta empresa se encuentran Penco, Tomé y Coelemu. Para terminar su ponencia el expositor planteó una serie de conclusiones entre las que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas. También vemos como la minería se expande a territorios donde antes no existía abarcando en esta ocasión el territorio centro-sur del país, específicamente la región del Biobío. Al mismo tiempo presenciamos una cada vez mayor cantidad de conflictos entre comunidades y empresas mineras en toda América Latina, al evidenciarse la relación entre el modelo económico extractivista y la degradación de diversos ecosistemas y comunidades.

 

Concesiones mineras de exploración (en hectáreas) de la empresa REE Uno Spa en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío. Fuente: OLCA

 

Posteriormente expuso la Técnico Medioambiental Constanza Flores, la cual apuntó varios datos técnicos en relación al proyecto. En primer lugar que estamos frente a una iniciativa de desarrollo minero de tajo abierto que procesará sobre 5.000 ton/mes, la cual alterará diversos esteros y cuerpos de agua del sector, además de instalar zonas de desechos. El monto de inversión del proyecto serían USD 25.000.000 y su vida útil 16 años. Constanza precisó que las tierras raras provienen de los minerales Bastnasita, Monacita y Xenotima y se dividen en tierras raras pesadas y tierras raras livianas, se puede decir que son más abundantes en la corteza terrestre que el cobre, el plomo, el oro, la plata, sin embargo su extracción se dificulta por la baja concentración en que se encuentra el material, por eso se habla de una abundancia relativa de estos elementos. Las principales reservas se encuentran al norte de China (35%), Brasil (15%), EEUU (10%), Rusia (10%), entre otros. Se caracteriza en su procesamiento la liberación de elementos radioactivos como el Torio y el Uranio. La expositora también recalcó la importancia de estos elementos en la última revolución tecnológica ligada a los dispositivos de telecomunicaciones virtuales, industria bélica y aeroespacial, etc. Además nombró algunas de las compañías involucradas en su desarrollo como Apple, BMW, Chevron, Exxon Mobile, General Motors, Honda, Nissan, Nokia, Sony, Volksvagen, entre muchas otras. Por otro lado recalcó el casi monopolio que tiene China de este material concentrando cerca del 95% de la producción mundial, así como el interés de otras potencias imperialistas por tener autonomía en el mercado de tierras raras. La profesional también habló del proceso productivo que la empresa en conjunto con autoridades han publicitado como sustentable el cual tiene el nombre de “Proceso Cerrado de Desorción Continua de Tierras Raras” (CCLP), y dijo que no existe evidencia de que este método tenga menor impacto que otros utilizados en la minería que se caracterizan por su nocividad. También llamó la atención sobre la cercanía del proyecto con las comunas de Penco, Tomé, Florida y Concepción.

 

 

Concesiones mineras de explotación y exploración en la región del Biobío. Fuente: Sernageomin

Para finalizar la actividad los y las integrantes de la organización convocante realizaron un llamado a seguir organizándose en defensa de las comunidades y los territorios a través de movilizaciones, educación popular, y la búsqueda de modos de vida que permitan que las comunidades puedan enfrentar un eventual futuro con su ambiente altamente degradado por los impactos del sistema capitalista en la biosfera.

 

 

Mina de tierras raras Molycorp Mountain Pass en el desierto de Mojave, California, Estados Unidos. Fuente: theatlantic.com

 

La actividad cerró cerca de las 9 de la noche tras realizarse una ronda de comentarios y preguntas que dejaron como conclusión la imperante necesidad de que la comunidad de Penco y el Gran Concepción en general se oponga a este gran proyecto minero que amenaza los ecosistemas de la región del Biobío, ya altamente intervenidos por otros rubros extractivistas como el negocio forestal, pesquero y energético.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/realizan-conversatorio-mineria-penco-sabemos-biolantanidos-ante-amenaza-megaproyecto-minero-tierras-raras

Colombia

Cerca de 50 minas en la Sabana de Bogotá deberán cerrar

Autor: Carolay Morales , RCN Radio.com

El anuncio lo hizo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- Car-.

Luego de definirse con un decreto los 24 polígonos compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá; la Car aseguró que cerca de 50 título mineros que quedaron por fuera de esta área deberán cerrar.

«Con ese decreto se logró recoger la actividad minera en el departamento y hay algunos casos de títulos mineros que quedaron por fuera del polígono y se procederá a su cancelación por falta de instrumentos ambientales», dijo Néstor Franco, director de la Car Cundinamarca. 

Franco aseguró que por primera vez en Colombia se hizo un ejercicio de organización minera en pro del río Bogotá en la cuenca media y alta.

«Se pudo identificar áreas puntuales en el territorio donde la minería legal puede ser practicada por fuera de las áreas sensibles, de protección donde se puede hacer minería de forma responsable y, reitero, de forma organizada», indicó.

Luego de cancelados los título mineros, la autoridad ambiental afirmó que se hará un trabajo de restauración (siembra de árboles, recuperación de ecosistemas).

El reto también estará en el monitoreo constante a los 24 polígonos (labor que le compete a la Car) que corresponde a 18.500 hectáreas en 19 municipios, incluida la ciudad de Bogotá para que cumplan con los requerimientos, sobretodo, ambientales.

En la minería que se realiza en la Sabana de Bogotá se extraen: sales, arenas silíceas, gravas, entre otros materiales para la construcción.

Con la disminución de las áreas mineras- pasó de 52 mil hectáreas a 18.500- se espera que la demanda de los materiales de construcción para Bogotá, con obras de infraestructura, no se quede corta, explicó Franco.

Fuente:https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/cerca-de-50-minas-en-la-sabana-de-bogota-deberan-cerrar

Venezuela

Logro chavista: Arco Minero podría ser el desastre ecológico más grande de América Latina

Autor: Rivosb . Venezuela al día.
Conflicto Relacionado: Arco Minero- Las Brisas

En 2016, el gobierno venezolano emitió un decreto convirtiendo cerca de 112.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica en un distrito minero especial, llamado Arco Minero. Nicolás Maduro prometió que el Arco Minero traería prosperidad económica y “desarrollo minero ecológico”.

Pero, en cambio, parece ser el mayor desastre minero y ecológico de América Latina, ya que la minería incontrolada y primitiva en la región está causando estragos en comunidades vulnerables, degradando ecosistemas y dañando la increíble biodiversidad de la región, que incluye desde jaguares y armadillos hasta unas 850 especies distintas de aves.

El saqueo de Venezuela de sus propios recursos y la correspondiente devastación ambiental no reciben la atención nacional e internacional que deberían.

Pero por primera vez, en julio, el Arco Minero fue tratado en una plataforma regional importante: el Congreso de la Sección Latinoamericana y del Caribe de la Sociedad para la Biología de la Conservación (LACA-SCB), que es la comunidad de profesionales de la conservación más grande del mundo.

Gobierno venezolano rechaza “desconocimiento” del atentado por parte de la UE

Durante el evento, celebrado en Trinidad y Tobago, LACA-SCB acordó una declaración de la conferencia sobre el Arco Minero: El comienzo de la declaración dice:

“En el Escudo Guayanés de Venezuela y la Cuenca Amazónica, incluyendo todos los territorios al sur del río Orinoco y su delta, se genera un área de importancia regional crítica para la conservación de la diversidad biocultural. Entre 2000 y 2015, la deforestación allí se ha incrementado exponencialmente debido en parte a la intensificación observable de las actividades humanas en el norte del estado de Bolívar, un “punto clave” de metales preciosos y minerales como oro, diamantes, hierro y coltán, entre otros. La mayoría de estas actividades están directa o indirectamente relacionadas con un aumento de las prácticas informales de extracción de oro , que afectan áreas protegidas y territorios indígenas”.

Hasta ahora, se han hecho pocos intentos para estudiar los impactos actuales y futuros del Arco Minero, pero los primeros indicadores son alarmantes. Juan Carlos Amilibia, biólogo de la Universidad Central de Venezuela, explica que la Amazonía venezolana está cada vez más deforestada y que la minería se está convirtiendo en una de las mayores amenazas para la biodiversidad. “El gobierno debería hacer esfuerzos para controlar la minería ilegal donde antes no había deforestación, en lugar de crear nuevas zonas de extracción y extracción”, dice citado por el Eatrh Island Journal.

Fuente:http://www.venezuelaaldia.com/2018/08/11/logro-chavista-arco-minero-pooodria-ser-el-desastre-ecologico-mas-grande-de-america-latina/

Mexico

Cuestionan a Morena falta de apoyo contra proyectos de muerte

Autor: E-consulta.com

Sin el apoyo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los pueblos indígenas han logrado la cancelación o detenido proyectos en la Sierra Norte, subrayó el activista Gerardo Pérez Muñoz.

Al participar en un foro sobre pueblos indígenas manifestó que a través de la lucha de los habitantes de estas comunidades se han cancelado proyectos como el del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea Mota Velasco.

“No todo son elecciones”

Durante su participación Pérez Muñoz afirmó que hasta el momento Morena ha estado ausente de estas luchas que debería de encabezar en Puebla contra el fracking y la minería a cielo abierto.

“Morena debería de ser el partido que encabece estas luchas. No está presente. No todo son candidaturas, no todo son puestos, aquí nos va la vida. No lo digo para provocar”, subrayó el especialista.

Explicó que donde se han detenido proyectos como en Olintla fueron las indígenas totonacas las que estaban al frente, mientras que en Tetela de Ocampo y Pahuatlán también hubo integrantes de los pueblos originarios en oposición con las empresas.

Manifestó que ante esta realidad se observa una contradicción entre lo que establecen los estatutos de Morena y el Proyecto Alternativo de Nación que subraya la defensa de los pueblos indígenas.

Propuso la desaparición de la Comisión para los Pueblos Indígenas(CDI) por el supuesto contubernio que tienen con las mineras y empresas de fracking.

Proyectos detenidos

Gerardo Pérez afirmó que entre los proyectos que están detenidos se encuentra la hidroeléctrica en Olintla, que pretendía construir Grupo México.

Asimismo, recordó que por la oposición de la población no se logró abrir la mina de Carlos Slim Helú en Tetela de Ocampo.

Afirmó que por la vía del amparo se ha ganado el tema del Gasoducto “Gasomex” Tuxpan-Tula en Huauchinango, mientras que en Pahuatlán está detenido el proyecto de Trans Canadá.

Pide echar abajo entramado legal

El activista subrayó que es necesario que se eche abajo el entramado de reformas que permiten los proyectos de muerte.

Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley Minera señala que la minería es preferente sobre cualquier otra actividad.

“En el 2014 con la reforma energética con Peña Nieto ya no solo la minería sino la extracción de gas y de petróleo es preferente sobre cualquier actividad, así haya bosques y estés produciendo alimento”.

Manifestó que el enjambre de leyes incluye más de 600 reformas que se han hecho en diferentes sexenios.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-08-11/sociedad/cuestionan-morena-falta-de-apoyo-contra-proyectos-de-muerte