El Gobierno de España firma el fin del carbón autóctono. La nueva política de transición ecológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra cualquier resquicio de esperanza y condiciona la continuidad de la actividad en los tajos más allá del 31 de diciembre de 2018 a la devolución de las ayudas a la Minería.

De esta forma, da un vuelco a la política del ministro popular Álvaro Nadal que, en su convencimiento de que las empresas rentables y competitivas debían mantener su actividad a partir del 2019, había abierto la puerta a negociar con la Unión Europa para buscar una solución.

Así lo ratifica el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, en el documento que, bajo el título ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha de cierre de la minería española.

El documento, al que ha tenido acceso leonoticias, se presentará este jueves en la Mesa del Carbón en la que está previsto la asistencia de la ministra que, previsiblemente, se encontrará con la oposición en bloque de patronal y sindicatos al entender que condena al sector minero al cierre y, con él, a las centrales térmicas de carbón.

La realidad, advierten desde la parte social, es que la nueva hoja de ruta del Gobierno impediría la continuidad de ninguna de las empresas que en la actualidad mantiene su actividad en León – Hijos de Baldomero García, Uminsa y la Hullera Vasco Leonesa- y pone en riesgo la continuidad de las instalaciones de generación eléctrica de La Robla y Compostilla.

De esta forma y tal y como acordó en diciembre de 2010 la Unión Europea, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la minería española escribiría este año su último capítulo pese al frente común de las regiones mineras de intentar modificar la medida para garantizar la actividad de las empresas rentables.

Medidas «excepcionales»

En el documento, el Gobierno asume el «alto nivel» de dependencia económica de la industria minera del carbón en áreas como León, Asturias y Aragón a pesar de los «esfuerzos» realizados en los últimos Planes del carbón y entiende «urgente y esencial» paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas.

Un escenario que hace necesario, recoge el acuerdo que busca el Gobierno, ampliar el número de destinatarios de las ayudas previstas en el real decreto de 2014, para que el cierre de las compañías no impida a los trabajadores acceder a las ayudas por prejubilación.

Consiste, continúa, en abordar el impacto social y regional que llevará el cierre de las unidades de producción. Por ello, las ayudas se complementarán además con un Plan de Acción Urgen en Transición Justa 2018-2021 que se consensuará con las comunidades, los ayuntamientos y los actores sociales.

Un plan que promoverá una economía alternaba en las zonas y favorecerá un impulso económico, teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo.

Dos líneas de ayudas

En este sentido, el gobierno plantea dos tipos de ayudas de carácter social. La primera de ellas, relativas a las bajas indemnizadas voluntarias para evitar la salida traumática de aquellos trabajadores que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones.

En este sentido, podrán acogerse aquellos cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y en un máximo de 36 meses siempre que acumulen una antigüedad de al menos tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón y sea trabajador de la plantilla con anterioridad al 2013.

Estos trabajadores percibirán una cantidad fija común de 10.000 euros así como 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado.

La segunda línea de ayudas que establece son para los trabajadores de avanzada edad o prejubilaciones y se podrán acoger aquellos que tengan 50 o más años, al menos tres años de antigüedad en la empresa así como un mínimo de nueve años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre del actual ejercicio.

Ayudas que, desde la parte social, ya califican de «trampa« al dejar fuera a un importante número de trabajadores del sector que, en ningún caso, podrána acogerse a ninguna de las líneas.

Fuente:https://www.leonoticias.com/mineria/gobierno-opcion-futuro-20180912193033-nt.html

La tranquila Ávila despertó, hace casi dos años, con la amenaza de la minería a cielo abierto. En apenas seis meses, cuatro eran los expedientes que pretendían abrir tres explotaciones de feldespato en la Sierra de Ávila, la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja. Una reducida población, muy envejecida, parecía ser el caldo de cultivo para una escasa resistencia. Algo de lo que, a todas luces, la empresa pantalla que tramitaba el expediente: Antonio y Javi S.L., se jactaba, al afirmar que sería muy fácil abrir en este territorio una mina a cielo abierto por la escasa oposición que, según ellos, se plantearía al ser sus habitantes “pocos, viejos y analfabetos”…

No contaron con que detrás de ellos había una gran masa de personas dispuesta a plantar cara a quien quisiera violar el medio de vida y el medio ambiente de los pueblos que albergaron a las generaciones que les dieron vida y hoy, aunque la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja siguen luchando por dar carpetazo a sus expedientes, la Sierra de Ávila ha conseguido que la Declaración de Impacto Ambiental tumbe su proyecto.

Sin embargo, esto tan solo es la punta del iceberg en una España en la que sobrevuelan unos 2.000 expedientes ya solicitados, según Ecologistas en Acción. Ya son varias las Comunidades Autónomas que luchan contra la minería a cielo abierto: Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Extremadura, Andalucía… en lo que Beatriz Pérez, antropóloga y profesora de la Universidad a Distancia (UNED), denomina como “una amenaza global. Un saqueo a los recursos naturales, que lleva produciéndose desde la última década del siglo XX”.

Si bien la reacción por parte de las diferentes provincias españolas no se ha hecho esperar, constituyendo su forma de lucha a través de plataformas ciudadanas, la población todavía no es muy consciente de los peligros que la minería a cielo abierto esconde, tras la denominada minería sostenible, algo a lo que Beatriz Pérez denomina como “una estrategia de marketing”.

América Latina sería un buen ejemplo para describir los efectos que este tipo de minería conlleva, y que podrían llegar a nuestro país. No en vano, tal y como explica la antropóloga, “es una de las regiones en la que en los últimos 20 años se ha producido una mayor explotación de minerales por parte de las multinacionales, a una gran escala, en países como México, Perú, Brasil o Colombia”, provocando conflictos que aquí, todavía, no podemos llegar a prever.

Los mayores problemas

La despoblación del territorio sería uno de los primeros parecidos entre la problemática de América Latina y España. Vaciar el lugar en el que se podría llevar a cabo la mina a cielo abierto, “ya que si no vive nadie, no se hará daño a nadie”, explica Beatriz Pérez. Esto, que en Ávila ocurriría en pequeños pueblos, con personas de avanzada edad, en Latinoamérica afecta, especialmente, a los pueblos indígenas. Territorios ancestrales que luchan por la sostenibilidad del medio ambiente porque “es quien mantiene el equilibrio de la naturaleza”, asegura Rigiberto Wilches, estudiante de comunicación del pueblo indígena colombiano Uwa.

Flexibilizar la legislación laboral y medioambiental es otra de las características. La Ley de Minas española de 1973, en plena época franquista, allana el terreno a las multinacionales mineras que quieran instalarse en territorio español. Una ley que despoja a los propietarios de los terrenos en los que se encuentre el mineral, al considerarse el mismo un bien común, y por lo tanto pertenecer al Estado los minerales que hay en el subsuelo.

Y cuando no se tienen estas leyes se hacen, tal y como ocurrió en Colombia, país en el que la mayor parte de los recursos minero energéticos están en territorio de los pueblos indígenas. En el año 2001 se aprobó un nuevo código de minas, con un Estado asesorado por la firma de abogados que en ese momento representaba a la mitad de las empresas inscritas en el registro minero nacional colombiano. Momento en el que la minería pasó a ser de interés nacional.

Óscar Montero, Consejero de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC), reconoce que, a pesar de que el Gobierno Colombiano debe consultar, tal y como marca la ley, con la población indígena los proyectos y normas legislativas que afecten a sus territorios, no lo hizo. “El estado colombiano sigue creyendo que es dueño del territorio y del subsuelo”, reconoce Montero, en lo que denomina como “una segunda colonización de las multinacionales canadienses”, en su país.

En España, la Junta de Castilla y León aprobó, hace un año, la Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020. En ella se da todo tipo de facilidades a las multinacionales mineras para que se asienten en esta comunidad.
Pancarta antiminas.

Por otro lado, la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población impactada por este tipo de minería es brutal. Rigiberto Wilches alude a varios factores que están haciendo mucho daño a la población indígena: una gran contaminación, un mayor número de enfermedades o la desnutrición, por poner algunos ejemplos, en un país en el que hay 102 pueblos indígenas, 36 de ellos en riesgo de extinción, que conviven con la minería a cielo abierto.

Óscar Montero relata que “en el departamento del Chocó, la parte del mundo con mayor número de biodiversidad, se explota minería ilegal de oro, con una situación muy compleja de contaminación de los ríos, al utilizarse altos índices de mercurio que afectan a la pesca y la alimentación de la comunidad alrededor de los mismos”. “Muchos pueblos están en peligro de extinción por temas respiratorios y gastrointestinales, que llevan al exterminio físico a comunidades enteras”, prosigue, “sin olvidar las malformaciones de los niños recién nacidos”. “En el caso del pueblo Wayuu, con la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la desnutrición de sus habitantes es notable”, reconoce Montero. “Una desnutrición derivada de la falta de agua potable para el pueblo, que sí usa la mina del Cerrejón para sus necesidades y sus empleados”. “Al final la tierra acaba estéril”, apunta Wilches y “no sirve para nada, no se puede cultivar”

Otro tipo de violaciones de derechos humanos

Rigiberto Wilches no quiere dejar pasar por alto otro tema espinoso, el de los desplazamientos forzosos para iniciar la explotación. El comunicador del pueblo Uwa apunta a los grupos armados fuera de la ley, como los encargados de llevar a cabo las amenazas para ocupar el territorio.

Óscar Montero dice que “las empresas mineras no amenazan directamente, pero desde la ONIC tienen presente que utilizan a estos grupos para llevar a cabo este tipo de actuaciones”. El líder de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia reconoce que “esta organización ha llevado a cabo estudios en los que han comprobado que llegan los paramilitares, hacen una masacre, logran un confinamiento o un desplazamiento y, en un breve periodo de tiempo, hay una multinacional haciendo estudios previos o exploraciones”, relata, “por lo que creemos que eso obedece a una estrategia en la que hay una complicidad entre las multinacionales con grupos paramilitares, que buscan que las comunidades campesinas y rurales abandonen su territorio, para dejar el campo abierto a estas multinacionales”. Y advierte de las estrategias con las que las multinacionales cuentan para ganarse a la población: “otorgan becas, reparten dinero para acondicionar viviendas, ofrecen cursos o vinculan a miembros de la comunidad con las empresas mineras, aunque relacionados con la mano de obra barata, nunca en altos cargos”. Algunas de estas estrategias ya se están poniendo en práctica en España.

Ayuda y denuncia

Algunas de las personas amenazadas por defender sus territorios, de este y otro tipo de extractivismo, han recalado en el Programa de Protección Temporal de líderes, y lideresas, en Defensa de los Derechos Humanos, que hace diez años puso en marcha, en España, el Gobierno Vasco. Un programa de protección temporal del que Jesús González, miembro de la organización Mugarik Gabe, participante en la cobertura que se da a estas personas durante su estancia en el País Vasco, resalta su importancia, al ofrecerles la posibilidad de dar a conocer su situación, reunirse con otras organizaciones e instituciones o recibir talleres de la mano de organizaciones especializadas en protección, revisando algunas pautas a tener en cuenta para una mayor seguridad a su regreso. Cuando finaliza el programa, González explica que se organiza un viaje con un representante de cada fuerza política, junto con la dirección de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, CEAR y la organización que ha propuesto a la persona para formar parte del programa de protección. Durante una semana permanecen en el país, intentando hacer ver que, aunque este líder ha regresado, desde el País Vasco se lleva a cabo un seguimiento sobre la situación personal del mismo, intentando trasladar a los sectores económicos interesados en estos procesos de criminalización, que se continúa con la protección de esta persona, por lo que si le ocurre algo, inmediatamente se activaría un proceso de protestas. “Es una especie de aviso”, admite, “y de momento todos los que se han acogido a este programa están vivos”, asegura.

González ve una similitud entre lo que ocurre en América Latina y las multinacionales mineras que están llegando a España, “por todo lo que tiene que ver con destrucción del territorio o altos niveles de contaminación”, admite.

De la minería a cielo abierto destaca las características positivas para las transnacionales extractivas mineras, como su rapidez, “porque llegan a un territorio, ponen cargas de dinamita, vuelan la montaña, lo que supone volar el bosque, y en cinco o diez años han extraído todo el mineral”, “Esto abarata enormemente los costes”, subraya, “ya que ahorran un gran número de impuestos”.

La manera de actuar de estas pasa, tal y como sostiene, por “comprar terrenos, generalmente implicando a terceros, nunca de forma abierta. Cuando los mismos han sido comprados, o los dueños han sufrido presiones para vender, es el momento en el que la transnacional aparece”. “Cuando la comunidad empieza a enterarse de qué es lo que está ocurriendo, han pasado dos o tres años”, advierte. Al tiempo que recuerda que “activar la protesta no se hace de la noche a la mañana. Hay que organizar e informar y si la multinacional consiguen ralentizarla dos o tres años, cuando nos hemos dado cuenta, ha acabado con la explotación minera y se ha ido. Y el terreno queda sin restaurar”.

Denuncia que, sobre todo en América Latina, “a veces se saltan la ley y cuando la población articula procesos de protestas, viene la represión directa, utilizando a diferentes estamentos del Estado al servicio de los intereses de las transnacionales”. Considera que de ahí viene la persecución a líderes y lideresas, con acusaciones sobredimensionadas. Al tiempo que desvela que “en este momento hay decenas de personas que están encarceladas o que sufren amenazas permanentes”. “Tan solo en el mes de junio se produjo el asesinato de seis líderes en Guatemala, en Colombia ocurre lo mismo y desde el 1 de enero de 2016 se han llevado a cabo más de 300 asesinatos de líderes en Colombia”, remarca.

González admite que no es capaz de asegurar que en España no podría llegarse a este tipo de situaciones, si tenemos en cuenta “que en nuestro país ya se están llevando a cabo procesos de criminalización en contra de la libertad de expresión en el mundo de la cultura. Se están dando casos de procesos de instalación de dominio absoluto de neoliberalismo que, entre otras cosas, trae parejo toda una serie de recortes en derechos políticos, sociales y civiles”, por lo que, en su opinión, “no podemos decir que los procesos de criminalización que hoy afectan al mundo del espectáculo, no afecten a otros mundos como el que tiene que ver con la protesta social contra las empresas mineras”, puntualiza.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/mineria-a-cielo-abierto-lo-que-la-ambicion-esconde/