Un reciente libro que estudia a profundidad el conflicto de Las Bambas fue presentado la noche del miércoles por CooperAcción. Se trata de “Gobernanza y gobernabilidad: el caso Las Bambas”, del abogado y especialista en conflictos socioambientales, Leonidas Wiener. El libro muestra, a partir del caso Las Bambas, cómo los conflictos sociales se relacionan con la falta de equilibrios adecuados entre los intereses de los diversos actores involucrados en los modelos de gobernanza que se aplican a las actividades extractivas.
“¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la gobernabilidad de Las Bambas siempre está en cuestionamiento?”, se preguntó Wiener durante la presentación. Para entenderlo, detalló cómo los cambios en los estudios ambientales y en las prácticas de responsabilidad social tras la venta de Las Bambas a la empresa china MMG, llevaron a un cambio en los equilibrios que se habían construido en años anteriores entre el Estado, la empresa y los distintos sectores de la población que tenían algún tipo de interacción o eran afectados de alguna manera por el proyecto minero.
“En el caso de Las Bambas, la venta y las modificaciones en el EIA implicaron cambios que no fueron consultados. La poca transparencia y las leguleyadas que fueron utilizadas generaron una disminución significativa en la legitimidad del proyecto”, explicó el autor. Ello, sumado a otros aspectos, tales como los incumplimientos de compromisos de proyectos de inversión por parte del Estado, determinó una alteración en los equilibrios de gobernabilidad que se habían alcanzado en torno a Las Bambas, situación que dura hasta el día de hoy, según explicó.
Entre los principales cambios que llevaron a esta situación está el reemplazo del mineroducto por una carretera para el transporte constante de carga pesada; la exclusión de comunidades y localidades del área de influencia del proyecto; la ausencia de acciones para sanear la propiedad de los terrenos comunales utilizados para dicha carretera; todo ello realizado mediante los denominados informes técnicos sustentatorios (ITS) o modificatorias del EIA, que excluyeron los mecanismos de participación ciudadana y cuya aprobación se realizó bajo diversas irregularidades.
Wiener resaltó que a raíz de esta pérdida de legitimidad, el proyecto ha venido operando en medio de constantes protestas y estallidos de conflicto, lo que ha llevado a una también constante represión policial, producto de la cual han muerto cuatro personas. Además, ante la falta de capacidades de las autoridades gubernamentales para canalizar adecuadamente las diversas demandas sociales en torno a las Bambas, el proyecto minero adolece de altos déficits de gobernabilidad, lo cual ha devenido en la instauración de continuos estados de emergencia para garantizar las operaciones mineras, lo cual viene restringiendo los derechos de la ciudadanía.
Los comentarios al libro estuvieron a cargo de un destacado panel conformado por los docentes José Carlos Orihuela, economista por la PUCP, Iván Lanegra, especialista en derecho ambiental, y Anthony Bebbington de la Universidad de Clark, así como por Evelin Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac.
Orihuela señaló que las prácticas de “clientelismo corporativo”, tales como financiar fiestas, eventos deportivos, o compra de cerveza, pueden generar “eslabonamientos en la economía local y ese chorreo va a generar alguna gobernanza mientras la actividad económica lo permita”, pero que eso no es sostenible. “Tienes un boom de consumo, pero surgen las preguntas de la actividad económica como una actividad de largo plazo, sostenible”, cuestionó.
Por su parte, Bebbington recordó que al inicio Las Bambas se presentaba casi como un modelo nuevo de minería y relación con las comunidades. “¿Cómo es que terminó estallando de esta manera?”, se preguntó, y destacó la ausencia de una planificación de la relación entre la minería y el proceso de desarrollo regional. “Esto tiene que ver con una estrategia del Gobierno para hacer lo que se tenga que hacer para exportar cobre, el énfasis está en la exportación de cobre y no tanto en el desarrollo regional”, señaló.
La consejera regional Evelin Cavero señaló que “Apurímac no es una región antiminera, al contrario, convivimos con la minería. Pero esta actividad no ha ayudado a cerrar brechas, sino ha creado división”, señaló recordando los conflictos entre comunidades. Finalmente, el ex viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra concluyó que “los conflictos finalmente son expresión de las asimetrías, convertidas en violencia como consecuencia del fracaso del espacio institucional. La cuestión es cómo se distribuyen los riesgos y beneficios de la presencia de actividades de este tipo en el territorio”.
La publicación de este libro es parte de un esfuerzo constante de CooperAcción por entender la conflictividad social en el país como un síntoma de instituciones ambientales que necesitan ser fortalecidas para lograr equilibrios adecuados para una adecuada gobernanza de las actividades extractivas.
¿Cómo adquirirlo?
- El libro en versión digital puede descargarse de este enlace: http://cooperaccion.org.pe/pub
licaciones/gobernanza-y-gobern abilidad-el-caso-las-bambas/ - Para adquirir la versión física, puede comunicarse a los teléfonos 461 2223 / 461 3864 o acercarse a las oficinas de CooperAcción.
Fuente:https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/165f91b3a18c2ca3
El próximo 21 de octubre se llevará a cabo en el municipio de San Bernardo, ubicado al suroriente de Cundinamarca, la consulta popular minera en la que los habitantes decidirán si apoyan o no la exploración y explotación de hidrocarburos a pequeña y gran escala.
Estas medidas no son otra cosa que medidas cosméticas para paliar los efectos de la minería a tajo abierto por metales, lo que equivale a permitir que continúe una actividad que genera daños severos, múltiples e irreversibles ya documentados, incluso desde las etapas previas al inicio de las explotaciones”, afirmó la Rema mediante un comunicado.
En el estado de Chiapas existen proyectos de diferentes empresas extractivas de producción industrial en los territorios urbanos, campesinos e indígenas, que todos los días consumen millones de litros de agua.
Expertos boliviano y colombiano coincidieron en señalar que la explotación ilegal del oro es una economía criminal que arrastra otros ilícitos como el financiamiento a grupos armados al margen de la ley, al narcotráfico, la trata y tráfico de personas y la prostitución infantil, además del grave daño socioambiental de las regiones intervenidas.
Mientras el foco de atención se centra en la 
El 8 se septiembre llegaron personas armadas al domicilio de Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta, en Aguamilpa, municipio del Nayar, estado de Nayarit, y lo asesinaron con disparos en su rostro.
“Conozco de viva voz el sentir de los sudcalifornianos, me lo han expresado los ciudadanos, no debemos permitir que en Baja California Sur se realicen actividades que afecten a las familias y que dañen nuestra entidad; reitero mi compromiso con la población de continuar alzando la voz por el bienestar de nuestro estado”, señaló el diputado federal Rigoberto Mares Aguilar.
Cinco comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este de la chiquitanía exigen compensación económica quinquenal de 4 millones de dólares a la Empresa Minera Paitití S.A. por la afectación derivada de la explotación aurífera a cielo abierto.
A través de su cuenta de twitter, el