Juan Carlos Galindo le consultó al alto tribunal qué se debe hacer con las consultas ya iniciadas que tendrán lugar en los próximos días. San Bernardo y Fusagasugá son los dos municipios que tienen elecciones ya convocadas.

La sentencia de la Corte Constitucional sobre consultas populares generó una enorme controversia, y a su vez dejó muchas preguntas en el aire. Una de ellas es qué sucederá con los procesos que se adelantan en más de 130 municipios que habían solicitado convocar a sus ciudadanos para que definieran la suerte de proyectos mineros y de hidrocarburos.

El primer grito respecto a esa suerte lo puso este martes el registrador, Juan Carlos Galindo.

El futuro de las consultas populares se convirtió en una de las grandes incóginitas del país después de que la Corte Constitucional resolvió el entuerto generado para las industrias extractivas por dos decisiones adoptadas por ese tribunal en 2014 y 2016. Habían creado tal grado de confusión entre los empresarios de petróleo, gas y minería que tenían frenada la inversión y decenas de proyectos en el limbo.

En una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, el registrador Galindo le preguntó a la corte qué pasará con las consultas que ya están programadas. «Considerando que desde hace varias semanas se vienen adelantando las gestiones administrativas necesarias para efectuar las consultas populares respecto a la explotación de hidrocarburos y minería en los municipios de Fusagasugá, y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca, que se llevará a cabo el 21 de octubre, de manera respetuosa, requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas», dice el documento.

La sentencia de la semana pasada tiene un impacto enorme. Según la Asociación Colombiana de Minería se tienen contadas 158 iniciativas de consultas populares; 135 acuerdos municipales y se han realizado nueve consultas populares.

En su pronunciamiento del jueves pasado, la corte hizo tres precisiones claves para destrabar la inversión en el sector: ratificó que el Estado mantiene su autonomía para decidir sobre el uso del subsuelo; que las consultas populares no son el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos; y que a instancias del Congreso la Nación, las regiones y las comunidades deben concertar mecanismos para respetar los intereses de todos.

El alto tribunal falló así una tutela presentada por la compañía petrolera Mansarovar, que después de haber firmado un contrato de exploración con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no pudo sacar adelante su iniciativa. La causa: en una consulta popular de Cumaral, Meta, sus habitantes rechazaron las explotaciones mineras o petroleras.

El gobierno, los gremios y empresarios del sector aplaudieron esta decisión, que pone fin a la incertidumbre jurídica. Pero algunos ambientalistas creen que esa decisión, a la que consideran equivocada, podría caldear aún más las protestas sociales. Con este panorama, surgió la pregunta entre varios defensores de este mecanismo de participación sobre lo que va a suceder en el futuro con las consultas.

Esa preocupación se vive con mayor intensidad en dos municipios: San Bernardo y Fusagasugá. En el primero, los habitantes fueron llamados a votar sobre las actividades de exploración, perforación y explotación de hidrocarburos. Y en Fusagasugá, la consulta preguntará sobre si los ciudadanos están de acuerdo con que en el municipio se realicen exploraciones sísmicas, perforación exploratoria, fracking, producción de hidrocarburos y minería a gran escala.

En ambos lugares la sentencia cayó como un baldado de agua fría. En otro documento, el alcalde de Fusagasugá le respondió al registrador del municipio en el que le daba respuesta a la pregunta sobre si en el lugar se va a realizar o no la jornada. «Esta consulta ha cumplido con todos los requisitos para su realización (…) No es competencia mía ni de ningún funcionario del ente territorial disponer si la consulta se realiza o no, pues no es pertinente ni prudente controvertir la decisión judicial que está en firme», dice.

Todo estaba ya calculado para que el próximo 21 de octubre se realizaran las votaciones. Sin embargo, la jornada se encuentra en un limbo por el fallo de la corte.

Fuente:https://www.semana.com/nacion/articulo/registrador-le-pregunta-a-la-corte-que-pasara-con-las-proximas-consultas-populares/587072

La decisión de la Corte Constitucional el pasado jueves de declarar que las consultas populares no podrán tener efectos vinculantes sobre las actividades extractivas (mineras y petroleras), ha generado una agria polémica entre ambientalistas, ciudadanos de los pueblos que han realizado las votaciones, juristas y empresarios.

En redes sociales, sectores políticos adeptos a la defensa medioambiental y de los mecanismos de participación democrática condenaron el fallo asegurando que retrocede al país en términos de derechos colectivos.

“Despótica la decisión de la Corte Constitucional de frenar la autodeterminación democrática de los territorios a definir nuestra vocación y a detener proyectos nefastos. Tiempos difíciles para el activismo ambiental, hora de exigir al Congreso resultados en defensa de la vida”, escribió en Twitter Rodrigo Toro, exconcejal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por la Alianza Verde.

“¿Qué pasa con la Corte Constitucional? ¿Cómo puede quitar la esencia del derecho ciudadano a decidir sobre su territorio? ¿Dónde quedan los principios constitucionales de participación y decisión popular? La Sentencia de la Corte Constitucional anula la fuerza del ciudadano. Horror”, opinó por su parte Lilia Avella, edilesa de Engativá.

No obstante, también hubo sectores que celebraron la decisión, considerándola como benéfica frente “estrechos intereses regionales, como consideró Jorge Restrepo, director del CERAC: “La decisión de la Corte Constitucional defiende el interés público por encima de estrechos intereses regionales. Buena noticia para la economía colombiana, para todos”.

¿Está sentenciado el tema a favor de mineros?

En su fallo, la Corte Constitucional invita al Congreso a deliberar sobre la cuestión de las actividades de explotación de subsuelo, al afirmar que falta mucho terreno jurídico por aclarar, en concreto para satisfacer las necesidades de las comunidades locales. Pero ¿es ya un hecho que las consultas mineras serán algo del pasado?

Kienyke.com consultó con expertos. Para Adriana Martínez, presidenta del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, la sentencia es un avance y un precedente crucial.

“Es muy importante aun cuando se produce en un fallo de tutela se le da alcance de sentencia y por ende se puede aplicar de manera uniforme. Esta sentencia es interesante porque vuelve a equilibrar un poco las cargas frente a la sentencia C214 de 2013. En ella se niega una anterior fallo al argumentar que no considera la legislación existente. El señalamiento de los usos del suelo no tiene en cuenta prohibirlos ni controlarlos mediante consulta”, dijo.

“Se acaba la inseguridad jurídica y si se otorgan las concesiones no podrán después de un plumazo frenar proyectos tan cuantiosos. Esa sentencia se vuelve un precedente y una claridad al establecer un norte”, argumentó.

El economista y abogado José Roberto Acosta, docente de la Universidad del Rosario y uno de los principales críticos de la decisión, afirmó que este retroceso no sentencia el debate, sino que por el contrario lo fortalece. “Los derechos colectivos siempre toca defenderlos, por lo que se permanece en una dinámica de lucha por parte de los individuos. Esta vez primaron los intereses privados, pero no es un caso cerrado porque hay otros pronunciamientos de la Corte que previamente dieron la razón a las comunidades. Esto no es un mecanismo de cierre sino un nuevo escenario de debate público para intentar ponerle tatequieto a los intereses privados”, dijo.

¿Qué sigue?

La abogada Martínez, quien representa y apoya los intereses de las mineras y petroleras, recalcó que la Corte “hace unos exhortos al Congreso porque sí dice que no hay mecanismos idóneos para ejercer mecanismos de coordinación entre los municipios y el Estado en materia de los contratos mineros. Los jueces nos dicen ‘los obligo a que lleguen a acuerdos’. Esto hay que viabilizarlo teniendo en cuenta los derechos de las comunidades locales”.

Esto implica que se tendrá que concertar, y de ninguna forma las firmas que explotan el subsuelo tendrán vía libre para pasar por encima de los requerimientos de las comunidades.

De hecho, como argumenta José Roberto Acosta, con la sentencia se abre un espacio para vías de hecho que podrían amenazar la convivencia en las zonas preocupadas ante la actividad extractiva: “En la Constitución se habla de un Estado Social de Derecho, por lo que se debe dar prioridad a los derechos colectivos, algo que no hizo la Corte. Rompe una vía de participación que generaba una dialéctica social de conciliación, de consenso e induce a que la dialéctica ahora sea agresiva contra las multinacionales que explotan el subsuelo”.

En redes sociales, similar opinión expresó Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario:

“Desde 2013, hemos registrado 9 consultas mineras. En todas, el numero de votos pasó el umbral. En un país con poca participación en el que las consultas suelen caerse, eso muestra que existe mucha preocupación en las comunidades. Frente a esta preocupación, las empresas del sector no han sido capaces, con todos los recursos que tienen, de convencer a estas comunidades que es posible hacer minería responsable y que beneficie a la comunidad local. Es un gran fracaso para ellas”, explicó.

“Ahora, la decisión de la Corte viene a romper el termómetro, pero no baja la temperatura, al contrario, podría empeorar el problema por dos razones. En primer lugar porque las mineras ya no tendrán tanta presión para dialogar con las comunidades locales. El apoyo de las instituciones centrales les puede dar una falsa sensación de seguridad, cuando sabemos la dificultad de estas instituciones a aterrizar en lo local. En segundo lugar, porque existe el riesgo de que la inconformidad local se manifieste por medios menos institucionales y vías de hecho”, agregó.

El experto concluyó que, en ese orden de ideas, lo que sigue en el mediano plazo es “encontrar una nueva ruta institucional de diálogos entre la población y las mineras”, algo en su opinión de carácter urgente.

Fuente:https://www.kienyke.com/politica/consultas-mineras-corte-constitucional-reacciones

La semana pasada, la Corte Constitucional anunció una sentencia que busca solucionar uno de los principales problemas que ha enfrentado el Estado colombiano en los últimos años. Se trata de las consultas populares como mecanismo para prohibir proyectos de extracción en los territorios.

A la fecha, en el país se han realizado nueve consultas en municipios del Tolima, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Sucre. En todas, la pregunta a los pobladores era sencilla: ¿quieren que se realice un determinado proyecto extractivo? En todas, la respuesta contundente fue clara: no. En varias, además, esa decisión de los ciudadanos iba en contravía de contratos firmados entre el Gobierno nacional y multinacionales, que además contaban con autorizaciones por parte de las autoridades ambientales competentes. El resultado de todas, entonces, fue un choque de trenes sin solución aparente.

La Corte Constitucional acaba de entrar en ese debate; curiosamente, es una situación que el mismo tribunal ayudó a crear. En decisión con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, la Corte estableció que las consultas populares no podrán usarse para frenar actividades mineras.

Para el tribunal, los recursos del suelo y el subsuelo pertenecen a la nación, por lo que el Gobierno nacional es el llamado a permitir ese tipo de proyectos extractivos. Este argumento, que fue empleado por la administración de Juan Manuel Santos en respuesta a las consultas y que es compartido por las empresas interesadas en los proyectos, es razonable pues está acorde con la Constitución.

Queda, no obstante, el sinsabor de que las autoridades locales sí están autorizadas para definir el uso del suelo. ¿Cómo, si no es con la consulta, pueden hacer valer ese derecho?

La Corte reconoció ese vacío y por eso señaló que no existen mecanismos de participación ciudadana para manifestar su oposición a este tipo de proyectos. Por eso, exhortó al Congreso para que defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. ¿Estará el Legislativo a la altura o, como en tantas otras ocasiones, preferirá la inacción?

Aunque la sentencia soluciona una causa de tensión, la realidad es que persiste la frustración en la población. Por ejemplo, las consultas populares en el Sumapaz quedaron en vilo y no debe ignorarse la preocupación de los pobladores. Como dijo Patricia Rodríguez, líder social del Sumapaz: “Nosotros hemos apelado a todos los mecanismos de participación comunitaria, regidos por la Constitución; ya hemos hecho dos consultas populares en la región. Eso es un hecho histórico, porque es la primera vez que dos municipios de una misma región hacen consultas simultáneas. Por ello estamos a la espera de lo que pueda pasar con la decisión de la Corte”.

¿Qué hará el Gobierno nacional para tomar decisiones coordinadas con estas comunidades locales? La solución no puede ser imponer la voluntad a la fuerza, creando sólo más tensiones y quitándoles a las regiones la posibilidad de tomar decisiones sobre su territorio.

Fuente:https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-mineria-y-las-consultas-populares-articulo-818101.