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Mexico

Al norte de Nariño, ‘pelea’ por minería se define en las urnas

Autor: HSBNoticias.com

Luego de un largo proceso donde no hay claridad en cuanto al tema de explotación minera en el municipio de San Lorenzo, norte de Nariño, el próximo dominio se realizará una consulta popular. “Es legítima y autónoma en defensa del agua, la vida y el territorio”, dijo el dirigente Robert Elio Delgado de la Coordinadora Nacional Agrario. Este evento contará con presencia de observadores nacionales e internacionales.

¿Cómo inició?

 El proceso comenzó en el año  2008, luego de que el Gobierno Nacional sin tener en cuenta a las comunidades entregara títulos para la exploración y explotación minera, actividad que según las comunidades pone en riesgo la producción del agua, la comida, la economía campesina en general, la tranquilidad y la pervivencia en el territorio.

Justificación

En este sentido los moradores expresaron que las experiencias vividas con la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en San Lorenzo y en las veredas Olaya y El Volador en Arboleda, constituyen testimonios de los desastres ambientales, sociales y de violencia generados por la gran minería.

Foro

El dos de julio del año pasado en el municipio de  Berruecos, se cumplió un Foro por el Agua y en contra de la minería, en ese escenario se tomó la decisión de adelantar la consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria en cinco municipios del Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño.

Testigos

Estarán presentes la Misión de Observación Electoral –MOE-, La Asociación Minga, una delegación del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá y representantes de organismos de Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente de carácter internacional.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/pol%C3%ADtica/al-norte-de-narino-pelea-por-mineria-se-define-en-las-urnas-482305

Chile

Institucionalidad ambiental: sin fundamento válido no hay decisiones legítimas

Autor: Mauricio Folchi, The Clinic.cl

El sistema no da garantías a la ciudadanía ni a los observadores independientes de la validez de los “fundamentos técnicos” de las decisiones que toma, las cuales, consecuentemente, resultan ilegítimas y terminan siendo resistidas.

La eventual modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) impulsada por el gobierno, a veinte años de su creación y a menos de ocho años de su modificación, invita a debatir si es necesaria o no su reforma, lo cual exige, como primer paso, evaluar su desempeño. De acuerdo con el “Mapa de conflictos socioambientales en Chile” que elabora el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de un total de 142 conflictos ocurridos en los últimos años en nuestro país, 115 (un 81%) se han producido en el marco del proceso de evaluación ambiental. Si tomamos como indicador la conflictividad suscitada por el SEIA (CELCO, Hidroaysén, Alto Maipo, Dominga, Isla Riesco, etc.), no cabe más que admitir que el sistema tiene problemas.

Esta conflictividad puede explicarse por varios factores. Uno de ellos, quizá el más importante, es que el sistema no da garantías a la ciudadanía ni a los observadores independientes de la validez de los “fundamentos técnicos” de las decisiones que toma, las cuales, consecuentemente, resultan ilegítimas y terminan siendo resistidas.

En lo medular, el SEIA tiene dos propósitos: identificar los impactos ambientales que provocará un proyecto y definir medidas idóneas para mitigar, reparar o compensar aquellos impactos que se consideren “significativos”. Visto desde este punto de vista, el SEIA es un sistema de producción de conocimiento que, a diferencia de la Ciencia, que también es un sistema de producción de conocimiento, adolece de un conjunto de errores de diseño, que hacen que sus resultados no puedan considerarse válidos.

La Ciencia confía en que los hechos que establece son verdaderos. Esa confianza no descansa en la sabiduría de los científicos ni en el uso del método científico, sino en el imperio de dos principios básicos que rigen la institución: el «desinterés» y la «evaluación de pares». Las y los científicos orientan su acción, en primer lugar, por un código ético que tiene entre sus principales valores, el desinterés. Esto significa que el científico debe investigar desinteresadamente. Cualquier resultado que obtenga en su trabajo le reportará la misma recompensa. Bajo esas circunstancias, el científico no se ve tentado a sesgar ni manipular sus resultados. El desinterés institucionalizado se convierte en garantía de libertad y honestidad científica. Por otra parte, el trabajo del científico está siempre sometido a la vigilancia de una comunidad científica. Los científicos que conforman esta comunidad son quienes juzgan si los resultados de una investigación son válidos o no. ¿Por qué? Porque sólo un científico está en condiciones de juzgar si las teorías, métodos y materiales usados en la investigación de otro científico son los idóneos. Ambas cosas combinadas e institucionalizadas dan garantía a la Ciencia de que el conocimiento que produce es verdadero y, por lo tanto, válido para tomar decisiones que aspiren a ser consideradas legítimas.

El SEIA no cumple ninguno de estos requisitos. En primer lugar, la investigación la lleva a cabo el propio interesado (el titular del proyecto), por medio de una consultora que contrata para estos efectos. Este esquema le concede al titular la facultad de determinar todos los elementos críticos de cualquier investigación: definir el área de afectación, seleccionar los parámetros para describir el ambiente, identificar los impactos “significativos” del proyecto, y proponer medidas de mitigación, reparación y compensación, entre otros aspectos. Los expertos de estas consultoras no tienen ninguna autonomía para definir nada de lo anterior. Todo lo deciden sus superiores y éstos lo negocian con el cliente. Y ya se sabe: el cliente siempre tiene la razón. En buenas cuentas, el proceso de producción de conocimiento está completamente supeditado al interés. Así, no es de extrañar que los impactos identificados en estos estudios sean relativamente pocos, que sólo una fracción de ellos tenga el carácter de “significativo”, que las medidas propuestas para hacerse cargo de esos impactos sean en su mayoría de compensación, en lugar de ser medidas de mitigación efectiva o reparación, y que, en general, esas medidas resulten irrisorias a los ojos de la ciudadanía o de cualquier experto independiente.

Por otra parte, las consultoras no tienen una contraparte científica que juzgue la calidad de su trabajo. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no actúa como un sistema de vigilancia científica. Se limita a llevar un registro de las consultoras (en lugar de acreditar su capacidad, como ocurre con la CNA en Educación Superior) y elaborar guías metodológicas que son de uso voluntario. Si estas guías no son usadas o son mal usadas, el SEA no puede hacer nada al respecto. La legislación establece sólo dos resguardos de la calidad científica de estos estudios. El primero es que las metodologías que se usen deben estar “justificadas”. Pero la justificación es algo que también queda en manos de los titulares, y no hay nada que impida al titular usar la metodología que más le convenga y luego justificarla de cualquier manera. El segundo resguardo es la participación de los distintos servicios públicos con competencia técnica (SAG, SERNAGEOMIN, CONAF, etc.), los cuales pueden hacer “observaciones” al Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica, dicha tarea recae en un funcionario que es experto en una materia específica, y que se limita a hacer las observaciones que se siente autorizado a plantear de acuerdo a su especialización, absteniéndose de analizar el resto del estudio. Ninguno de estos servicios tiene una unidad de evaluación ambiental conformada por personas especialmente formadas, que puedan hacerse cargo de esta tarea integralmente. En la práctica, el sistema no tiene capacidad para revisar todas las variables ambientales del proyecto. Tampoco puede analizarlas de manera conjunta, porque los pocos expertos que participan en la evaluación trabajan separadamente, con lo cual la posibilidad de identificar los impactos sinérgicos de los proyectos es prácticamente nula. Como si esto fuera poco, el SEA ha desarrollado una práctica llamada en la jerga “reuniones de lobby”, en las que se sienta a negociar con la parte interesada los términos y límites en los cuales ésta se hará cargo de las observaciones hechas por los servicios públicos y la ciudadanía. Cómo es obvio, bajo estas condiciones no cabe esperar otra cosa que una lista mínima de impactos, todos de fácil solución para el titular.

Pero el asunto no termina ahí. Una vez que los proyectos son aprobados y entran en operación, empiezan a aparecer impactos ambientales no previstos y se hace evidente que las medidas de mitigación, reparación y compensación comprometidas resultan ineficaces. En ese punto, el sistema no tiene cómo remediar sus errores de procedimiento; la empresa opera conforme a la ley. El sistema tampoco tiene cómo incorporar esos aprendizajes, ni hacerlos exigibles a nuevos proyectos que se sometan a evaluación. Los nuevos proyectos pueden volver a incurrir en las mismas omisiones, errores e inconsistencias. El SEIA no tiene retroalimentación ni seguimiento de los impactos de los proyectos. A diferencia de la Ciencia, el SEIA no aprende, no es acumulativo ni autocorrectivo.

El SEIA produce un conocimiento supuestamente “verdadero” y “fiable” y, sin embargo, carece de los mecanismos que podrían dotarlo de esas virtudes. Por el contrario, campean en él el sesgo y la manipulación. A ese tipo de investigación en Ciencia se le considera fraude. Y así es como se siente la ciudadanía sometida al SEIA: defraudada y atropellada por decisiones institucionalizadas, tomadas sin fundamentos válidos y que, en consecuencia, no pueden considerarse legítimas. El SEIA necesita ser modificado, sí, pero no como pretende el gobierno. El sistema necesita ser fortalecido y rediseñado profundamente. Replicar en él los mecanismos que controlan la producción de conocimiento en la Ciencia es una medida imprescindible, que ayudaría a tomar decisiones fundadas en conocimiento válido y, por lo tanto, más legítimas. Mientras eso no ocurra, las personas sometidas al SEIA seguirán impugnado y resistiendo sus decisiones, con toda razón.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2018/11/21/columna-institucionalidad-ambiental-sin-fundamento-valido-no-hay-decisiones-legitimas/

Bolivia

MUJERES REGANTES DE TACAGUA UN PUNTAL EN LOS 25 AÑOS DE RESISTENCIA AL EXTRACTIVISMO MINERO EN CHALLAPATA

Autor: Colectivo Casa.

Integrantes de Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, nos cuentan que Challapata se caracteriza por tener la Represa de Tacagua que aprovisiona de agua para riego a los 1200 usuarios y sus familias organizados por zonas. Challapata, gracias a la represa de Tacagua tiene vocación productiva agrícola, ganadera y lechera, reconocida por leyes nacionales y municipales, con un fundamental aporte a la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Sin embargo empresas transnacionales mineras como la Canadiense Castillan Resourse continúan con intentos de explotar oro a cielo abierto del cerro Achachucani, que paradójicamente se encuentra frente a la represa de Tacagua, lo cual atentaría directamente sobre el agua, la producción, los derechos y la vida.

Pero la unidad de los 1200 usuarios de la represa de Tacagua y el rol de las mujeres, ha consolidado estos 25 años de resistencia al extractivismo minero, con movilizaciones expulsaron a tres empresas mineras a lo largo de estos años, mejoraron su sistema de riego, estan promoviendo el turismo y luchando por la aprobación de una ley de aguas que sea para la vida y no para la mina.

Cual es el aporte de las Mujeres Regantes en la Resistencia?

Las mujeres regantes de Challapata mantienen viva la resistencia minera en la organización. Ser parte de una Red de Mujeres hace que ellas puedan respaldarse en las experiencias de otras mujeres y sus comunidades que tienen minería, y que sufren por los impactos ambientales en el territorio y en sus cuerpos.

Se capacitan e intercambian experiencias en la escuela de Defendoras Warmi Yaku en alianza con el Colectivo CASA, organizan talleres con videos, imágenes y testimonios de otras hermanas que viven con minería y los impactos mostrando la contaminación del agua, del suelo, el nacimiento de animales con deformaciones, la preocupación y la violencia medioambiental que genera daños en la integridad de las mujeres, en la calidad de vida y en los derechos. También promueven la valoración del trabajo en el campo de las mujeres, el uso eficiente del agua, la capacitación con intercambios desde experiencias de otras comunidades sobre alternativas productivas, ferias, reuniones con autoridades con propuestas de principios para proteger el agua.

Muchas veces el rol de las mujeres es invisibilizado pero son ellas quienes garantizan la logística en las movilizaciones, desde muy temprano preparan los alimentos, pastorean a sus animales fabrican queso y derivados lacteos. Experimentan sobrecargas de trabajo para poder asistir a las reuniones, talleres, y no dejan de cuidar a sus hijos y familia.

Son quienes con visión futurista defienden el agua, la salud, la producción y su legado territorial, son quienes recuerdan la han expulsado tres veces a las mineras transnacionales que pretendían engañar ofreciendo trabajos temporales en Challapata.

También reconocen que muchas veces son los varones quienes lideran la organización pero desde hace algunos años las mujeres están tomando espacios como juezas de agua, presidentas zonales y permanentemente fortaleciendo su liderazgo con capacitación, porque reconocen que deben estar fuertes y activas en la lucha para defender su territorio, sus familias al agua y defender a la Madre Tierra.

Por todo ello queremos resaltar el valor de las mujeres regantes y defensoras de la Madre Tierra, que son un puntal en estos 25 años de resistencia al extractivismo minero y por muchos más años.

Colectivo CASA, noviembre de 2018

Fuente:http://oiedc.blogspot.com/2018/11/mujeres-regantes-de-tacagua-un-puntal.html

Guatemala

Las luchas nuestras, las luchas de las comunidades indígenas

Autor: Aura Lolita Chávez,CTXT Revista

¡Porque vivas, libres, sanas y dignas nos queremos! ¡Fuera empresas transnacionales de muerte, fuera de nuestros territorios!

A manera de expresión inicial, les digo: “En la red de la vida plural y diversa, vamos caminando, vamos tejiendo nuestras redes feministas, con un amor profundo a la vida, indignadas por las injusticias, rebelamos nuestras rebeldías territoriales y juntamos nuestros acuerpamientos para sanar juntas y recrear horizontes en la plenitud de nuestra propia existencia”.

Soy Lolita Chávez, integrante del consejo de pueblos K’iche’s, feminista comunitaria, maya K’iche’, defensora de la vida y los territorios. Vengo del pueblo Maya K’iche’, un pueblo valiente, rebelde, en donde desde patojas, chiquitas, aprendemos a encender el fuego, encender el fuego, es una expresión de vida, gratitud, celebración, es sentir nuestra luz y que somos luz, nuestras cosmovisiones ancestrales milenarias se entretejen resignificando nuestra vida.. Aprendemos a ser y vivir en comunidad, pero también de conexión energética, cósmica, intergeneracional.

En estas jornadas feministas hacemos nuestro este diálogo de saberes, desde nuestros feminismos y la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones y más profunda indignación por lo que estamos viviendo en los territorios, las múltiples opresiones.

Como defensora ratifico que como pueblo Maya K’iche’ tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al derecho al agua, como cualquier otra sociedad, y eso es lo que defendemos, por eso nos criminalizan, por eso nos persiguen por eso han asesinado a tantas y tantas defensoras.

Tenemos el gran reto como humanidad de detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Entre 2006 y 2016, perdimos un promedio de 38.600 hectáreas anuales de bosque dentro y fuera de áreas protegidas. Allí los ecosistemas proveen hábitat para la biodiversidad, regulan el sistema hidrológico y los microclimas, son sumideros de carbono y proveen estabilidad al territorio. ¡Estamos gritando a los cuatro vientos que las empresas madereras están acabando con árboles ancestrales! Datos estadísticos nos demuestran que la sociedad guatemalteca utiliza menos del 20% del agua disponible en nuestro país; tenemos agua, pero varía su disponibilidad en el tiempo y en el espacio, el agua se maneja con distribución exclusiva para quienes tienen privilegios.

Es prudente y urgente en este espacio hacer la siguiente crítica: los mundos tienen una limitada percepción de lo que somos los pueblos originarios, percepción que se han hecho en base a imposiciones de modelos como el modelo capitalista, el modelo patriarcal, el modelo colonial. En base a ello es que entonces generan conceptos epistemologías, por lo general bastante erróneas, y esto hace que los choques sean más frontales y que los diálogos no se den toda vez que la inferiorización de nuestro ser se implementa en el ser inferior de concepción de la humanidad.

Estamos conviviendo en territorios ancestrales, reconocemos que estamos en Abya Yala, que entreteje historia y memoria ancestral de pueblos, comunidades y modelos de vida vinculados profundamente con la madre tierra, que con nuestras propias vidas estamos deteniendo empresas transnacionales mineras hidroeléctricas, de monocultivos, petroleras, forestales, que llegan sin consulta previa, expolian utilizando los aparatos represores de los Estados genocidas, racistas, misóginos.

Abrimos aquí el debate, con certeza, con nuestra participación, como mujeres defensoras, para encontrar caminos que urgen hacia la construcción de otras justicias, donde nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros territorios, nuestros pueblos, sean protagonistas; y encontremos los modos de defendernos, sanarnos, y reivindicar nuestro derecho a rebelarnos ante todas las opresiones y a crear nuevos modos de vivir, de sentir, desde nuestras cosmovisiones, proyectos y formas de ver la vida.

La pregunta es cuales serían los mecanismos para entrelazar nuestras vidas, entrelazar nuestras agendas, entrelazar nuestros feminismos, entrelazar nuestros internacionalismos, nuestras autonomías y libres determinaciones, anulando privilegios, para vivir con justicia, trasformar vidas y generar libertades vidas dignas, y nunca resignarse a morir o a que mueran otras porque son de otro continente o porque son de otro pueblo o porque son de otros estratos sociales. Y así que nuestros caminos feministas transformen otros mundos y den la posibilidad de trascender en la vida entre pueblos comunidades y territorios, las sociedades, el compromiso de vida digna feminista es colectivo mujeres, lesbianas, trans, travestis, originarias, afro, negras, indígenas, campesinas y…

Y si resulta que los caminos ya están allí, solo hace falta retomarlos, solo que quizá no los vemos porque están las jerarquías generacionales, jerarquías de épocas, jerarquías de visibilidades, jerarquías de memorias, jerarquías académicas, jerarquías de jerarquías.

Y si resulta que los caminos están en la sabiduría de las generaciones de los tiempos no tiempos, y están en el horizonte de nuestras vidas sabias y no los vemos porque caminamos en este tiempo en este espacio y en este movimiento.

Porque honramos a nuestras ancestras y porque honramos a las hermanas que nos enseñan que “día con día crece la rebeldía”. (EZLN.)

Una de nuestras reflexiones entre muchas mujeres indígenas es que no estamos peleando por el derecho a la tierra, estamos exigiendo que nos devuelvan las tierras que nos robaron con sus planes de exterminio, devolver para sanar las tierras, devolver las tierras por justicia, devolver como una expresión de resarcimiento de la humanidad para los pueblos originarios.

¡Porque vivas, libres, sanas y dignas nos queremos! ¡Fuera empresas transnacionales de muerte, fuera de nuestros territorios!

Fuente:https://ctxt.es/es/20181107/Firmas/22666/Aura-Lolita-Chavez-mujeres-indigenas-empresas-transnacionales-jornadas-feminista-CTXT.htm?fbclid=IwAR0Felx-6BxDBDiYnm0fGS6yDoHSKllqmwfcUAxGkgd_DtjzHKBkKo7IJdU

Mexico

Jalisco, un campo minado

Autor: Luis Herrera, Reporte Indigo.com

Las concesiones mineras han devorado buena parte del territorio de Jalisco. La Huerta, Tapalpa, Etzatlán, Ejutla, Atengo y Tomatlán son seis municipios que tienen entre 51 y 93 por ciento de toda su extensión entregada a empresarios de esa industria.

El avance vertiginoso de las concesiones mineras en Jalisco ha conducido a que existan municipios en el estado con más de la mitad de su territorio en manos de inversionistas privados de esa industria, con miras a la extracción y explotación de sus recursos naturales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, en 85 de los 125 municipios que tiene Jalisco hay concesiones mineras vigentes que suman un millón 628 mil 967.18 hectáreas de tierras dispuestas para las actividades extractivas de corporaciones de ese ramo.

En 2017 Jalisco ocupó el quinto lugar a nivel nacional con mayor territorio destinado a minería

Entre estos municipios destacan seis que tienen más de la mitad de su territorio concesionado a empresarios de esa industria, y en los cuales los permisos federales cubren entre 51.06 y hasta 93.02 por ciento de toda la superficie.

Se trata de La Huerta, en la Región Costa Sur, y parte del polo turístico de Costalegre en Jalisco. Esta zona presenta 41 concesiones mineras vigentes que suman 187 mil 323.19 hectáreas, lo que representa 93 por ciento de toda su superficie territorial.

En el segundo sitio está el Pueblo Mágico de Tapalpa, en la Región Lagunas, uno de los principales sitios turísticos de montaña del estado, el cual cuenta con 11 concesiones mineras emitidas que suman 56 mil 555.32 hectáreas y representan 91.29 por ciento.

En el tercer lugar está Etzatlán, en la Región Valles, donde existen 36 concesiones mineras expedidas que suman 25 mil 165 hectáreas, lo que significa que 74.45 por ciento de todo el municipio está dispuesto para las actividades mineras.

En el cuarto sitio está Ejutla, en la Región Sierra de Amula, donde hay 15 concesiones mineras del Gobierno federal que representan una extensión de 18 mil 436 hectáreas, mismas que cubren 61.99 por ciento de la superficie.

En el quinto escaño se encuentra Atengo, en la Región Sierra de Amula, donde se han autorizado 18 concesiones que constituyen una superficie total de 24 mil 434.26 hectáreas, que engloban 55.39 por ciento de esa municipalidad.

En el sexto sitio se ubica Tomatlán, en la Región Costa Sur, que también es parte de Costalegre, y donde se han expedido 12 concesiones mineras que conforman una superficie con fines extractivos de 153 mil 917.39 hectáreas, es decir, 51 por ciento de toda la extensión territorial de ese municipio.

Municipios privatizados

Hay además 13 municipios de Jalisco donde las concesiones mineras cubren no menos de la quinta parte de sus territorios, por lo que el área comprendida va de 21.17 de sus demarcaciones hasta 47.15 por ciento.

Los municipios que se insertan en este rango son Ameca, en primer lugar, con 47.15 por ciento de sus tierras destinadas para fines mineros; Bolaños, en el puesto número dos, con un porcentaje de 41.12; Guachinango, con 36.59 por ciento; Cuautitlán de García Barragán con 33.37 por ciento; Hostotipaquillo en quinto lugar, con un porcentaje de 31.75.

85 municipios jaliscienses tienen concesiones vigentes

En sexto puesto está Mazamitla con 31.69 por ciento; sigue San Martín de Bolaños con un porcentaje de 31.11; en octavo lugar está El Grullo con 30.63 por ciento; en noveno sitio está Cihuatlán con 29.86 por ciento; La Manzanilla de la Paz sigue con 28.95 de porcentaje; Tecalitlán está en el siguiente lugar con 26.23 por ciento; San Sebastián del Oeste se ubica con 22.53 por ciento, y Villa Purificación está en el último sitio con 21.17 por ciento.

Entre estos casos destaca particularmente el de Bolaños, en la Región Norte, pues con sus 72 concesiones vigentes que suman 35 mil 647 hectáreas para la minería, fue el escenario donde se cometió el asesinato de los defensores de tierras indígenas Miguel y Agustín Vázquez Torres, en mayo de 2017.

Otros 60 municipios con concesiones mineras tienen cubiertas entre 0.05 hasta 18.89 por ciento de sus superficies totales. Sin embargo, Zapopan, un municipio de la metrópoli de Guadalajara, aún conserva grandes extensiones rurales

De acuerdo con estos registros, en Zapopan hay 12 concesiones mineras con una superficie total que comprende 21 mil 990 hectáreas, lo que representa una quinta parte de todo su territorio, equivalente a 18.89 por ciento.

Más tierras a la minería

En el año 2018 la organización ciudadana Fundar publicó el “Anuario 2017. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, donde colocaba a Jalisco como el quinto estado del país con la mayor superficie concesionada a la minería, con un millón 515 mil 861 hectáreas, lo que cubría una quinta parte de todo el territorio estatal, es decir, 19.3 por ciento.

No todas las concesiones mineras tienen proyectos de extracción en operación, sin embargo, los datos más actuales de la Secretaría de Economía revelan que la superficie concesionada con esos fines creció a un millón 628 mil 967.18 hectáreas en 2018, lo que implica un incremento de 7.46 por ciento con respecto a 2017.

Con esta alza, ahora 20.72 por ciento de todo el territorio jalisciense está cedido a la industria.

Hay un grupo de municipios en los que las superficies que suman sus concesiones mineras sobrepasan la extensión total de sus territorios, lo que sugiere que hay permisos con áreas repetidas.

Esto ocurre en Tenamaxtlán, que tiene un porcentaje territorial ocupado por concesiones de 864 por ciento, El Limón, con 412.77 por ciento de su extensión, San Marcos con 174.11 por ciento, Tuxcacuesco con 118.67, Tecolotlán, cuyas concesiones alcanzan 102.36 por ciento de su territorio, y Pihuamo con un porcentaje de 102.16.

Los municipios con las mayores superficies concesionadas para minería son Tenamaxtlán, con 11 permisos que engloban 243 mil 329.70 hectáreas; La Huerta, con 41 concesiones de 187 mil 323.19 hectáreas; Tomatlán, con 12 permisos de 153 mil 917.39 hectáreas; Pihuamo, con 79 permisos de 89 mil 433.71 hectáreas; y Tecolotlán con 10 concesiones sobre 78 mil 386.39 hectáreas.

 

Fuente:https://www.reporteindigo.com/reporte/jalisco-un-campo-minado-municipios-territorios-consecionados-empresarios-mineros/?fbclid=IwAR33B3eZylncIZdfs8Mn-icHDBWn7R7ci7G5D94-PKK0esr4nXU8T3DhbzU

Colombia

Concejo de Jericó rechaza nuevamente la minería de metales

Autor: Noticias Caracol TV.

La votación que tuvo lugar el martes se dio luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia anulara la decisión del año pasado.

Durante una sesión a puerta cerrada, nueve de los 11 concejales del municipio votaron la iniciativa, ya que uno se encontraba incapacitado y otro de los corporados se declaró impedido debido a negocios con una empresa minera.

La decisión con cinco votos a favor y cuatro en contra fue volver a prohibir la minería de metales en Jericó.

Sobre la medida, Fernando Jaramillo, coordinador de la mesa ambiental de Jericó, manifestó a Noticias Caracol: “implica que en el momento que el alcalde sancione el acuerdo, que esto será la próxima semana, a partir de ese momento queda prohibida la minería metálica en el municipio de Jericó”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia en diciembre de 2017 declaró inválido el Acuerdo 09 de 2017 expedido por el Concejo de Jericó que había prohibido la exploración minera en este territorio del Suroeste antioqueño.

Jaramillo destacó que la medida va a  fortalecer la autonomía municipal y la convicción de que es importante y necesario defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio.

“Lo importante para nosotros es que desde el momento en que se suspenda la actividad minera metálica, podremos descartar la amenaza que hay en el territorio de una actividad que ha sido rechazada  por la población, que ha afectado fuentes de aguas de algunos acueductos y va a significar un descanso en las tensiones que hay entre la población entre quienes apoyan la minería y quienes están en contra de ella”, indicó el coordinador.

 

Fuente:https://noticias.caracoltv.com/medellin/concejo-de-jerico-rechaza-nuevamente-la-mineria-de-metales

Mexico

Morena plantea revocar concesiones mineras que no mitiguen impacto a comunidades

Autor: David Martínez Huerta , ADN Político.

La bancada de Morena en el Senado propone ampliar los requisitos para asignar concesiones mineras, otorgándolas solo a proyectos que cuenten con estudios de impacto social, además del ambiental.

La iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, también plantea revocar la concesión a quienes no cumplan con esta norma y no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.

La propuesta de reforma a la Ley Minera fue promovida por la senadora de Morena, Angélica García Arrieta, quien argumentó que hasta este año se han documentado más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera en México, de acuerdo con la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería ( REMA )

Esto es principalmente porque la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias del otorgamiento de concesiones, ni consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.

“Ya lo ha declarado nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador): es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extrae, se causan daños y no se deja el beneficio de la explotación minera”, afirmó la senadora.

García Arrieta recordó algunos casos emblemáticos en que poblaciones se han visto afectadas por las compañías mineras y falta de atención de las autoridades, como el de Pasta de Conchos, en 2006; la muerte del defensor comunitario Mariano Abarca en Chiapas, en 2009; el derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en 2014 o el amparo en el ejido de Sierrita, Durango en 2017.

Además, dijo, es muy común que las presas de jales mineros contaminen cuerpos de agua con metales pesados, que los deterioran y hacen imposible su consumo.

“No privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, pidió desde la tribuna del Senado.

¿Qué cambios que se proponen?

La iniciativa prioriza la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad. Para ello propone:

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• Facultar al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
• Facultar a la Secretaría de Economía par declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
• Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
• Obligar a los titulares de concesiones mineras a destinar un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
• Exigir los titulares un informe anual del impacto social de su lote minero y, en caso de no presentarlo, cancelar la concesión por incumplimiento.

¿Qué motivos para cancelar concesiones se prevén?

• Por declaratoria de zona inviable de explotación o en conflicto por impacto social negativo.
• No rendir al Servicio Geológico Mexicano el informe anual.
• No ejecutar o comprobar la ejecución de las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes.
• No destinar los montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
• Perder la capacidad para ser titular de concesión.

 

Fuente:https://adnpolitico.com/congreso/2018/11/21/morena-plantea-revocar-concesiones-mineras-que-no-mitiguen-impacto-a-comunidades

Argentina

Comunicado Urgente : Jujuy Tilcara Comunidades de Cueva del Inca , detenciones por protestas contra Mina Chinchilla

Autor: Comunidades Afectadas de Jujuy

TILCARA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
PARTE DE PRENSA

AL PUEBLO DE TILCARA Y A LA POBLACION JUJEÑA EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
ANTE LA GRAVE SITUACIÓN QUE ESTÁN SUFRIENDO NUESTROS TERRITORIOS Y EL AVASALLAMIENTO DE LOS GRANDES CAPITALES, NOS VEMOS OBLIGADOS A TOMAR ESTA MEDIDA DE CORTE DE RUTA PROGRAMADO Y EN SIMULTANEO EN LA CUENCA DE LOS POZUELO, PARA EL DIA DE HOY 20 DE NOVIEMBRE, A LA ALTURA DE LA PUERTA DE HUICHAIRA, ESTE CORTE SERA SELECTIVO E INFORMATIVO, EN DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y LA DIGNIDAD EN NUESTROS TERRITORIOS POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
• EL AVANCE DE LA MEGAMINERIA EN LA PUNA JUJEÑA, CON EL INICIO DE LA EXPLOTACION DE MINA CHINCHILLAS A CIELO ABIERTO, LA QUE ESTA DESTRUYENDO LA PACHAMANA, VOLANDO NUESTROS CERROS, DESTRUYENDO LA BIODIVERSIDAD, CONTAMINANDO LAS NAPAS DE AGUA, LA PASTURA, PONIENDO EN RIESGO NUESTRA VIDA Y DE LAS FUTURAS GENERACIONES. ADEMAS DE CONTAMINAR LA LAGUNA DE POZUELOS QUE ES HACE MAS DE 25 AÑOS AREA PROTEGIDA Y RESERVA DE LA BIOSFERA.
• EL HOSTIGAMIENTO A LA COMUNIDAD DE CUEVA DEL INCA, IMPIDIENDO A LAS FAMILIAS VIVIR DIGNAMENTE EN SU TERRITORIO. ESTA COMUNIDAD VIENE ATRAVESANDO DESDE MARZO 2015 UNA GRAVE SITUACION JUDICIAL, PORQUE EL JUEZ SEBASTIAN CABANA IMPUSO UNA MEDIDA DE PROHIBICION DE INNOVAR, QUE NO PERMITE EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS SANITARIOS , DE LUZ Y AGUA POTABLE. IMPIDE TRABAJAR EN EL CIRCUITO TURISTICO DE SU TERRITORIO. ADEMAS PROHIBIO AL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO Y COMPARSA LOS BARREÑOS REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD EN SU SALON, CENTRO CULTURAL QUE TIENE MAS DE 20 AÑOS EN TILCARA. Y EN ESTAS ULTIMAS SEMANAS SE AGUDIZO EL HOSTIGAMIENTO , CON LA SETENCIA DE LA MULTA DE MAS DE UN 1.000.000.DE PESOS.
• LA COMUNIDAD INDÍGENA ANGOSTO DEL PERCHEL HASTA EL MOMENTO SIGUE ESPERANDO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNIFICA A LA COMUNIDAD. COMPROMISO ASUMIDO POR EL GOBIERNO
.RECHAZAMOS LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN CONTRA DE LA SRA. CLAUDINA LAUREANO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE VOLCAN, A QUIEN PERIÓDICAMENTE LE IMPIDEN GANARSE EL SUSTENTO AL LLEVARSE SUS ANIMALES, LUEGO ELLA TIENE QUE PAGAR LOS COSTOS Y EL TRANSPORTE PARA TENER DE VUELTA A SUS ANIMALES.
ESTOS SON SOLO EJEMPLOS DE LO QUE SUFREN A DIARIO LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS Y CAMPESINAS, COMO CONSECUENCIA DE POLÍTICAS QUE SOLO BENEFICIAN A LOS GRANDES CAPITALES Y A LOS SECTORES DE PODER. POR ELLO EXIGIMOS EL CESE DEL AVASALLAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y QUE SE RESPETE LOS MODOS DE VIDA Y LA AUTODETERMINACION DE NUESTROS TERRITORIOS.

COMUNIDADES AFECTADAS DE JUJUY

Perú

Mujeres en primera línea defendiendo la vida contra las actividades extractivas

Autor: Red Muqui.org

Durante el Foro Social Temático “Minería y Extractivismo” que se desarrolló desde el 12 al 15 de noviembre, se compartió un panel sobre “Ecofeminismo y extractivismo” entre mujeres panelistas de Brasil, Nigeria, pueblos indígenas de Estados Unidos y Filipinas, que contó también con la participación de mujeres de 60 países de todo el mundo que se ubicaban en el público.

Entre las experiencias que contaron las panelistas, señalaron que ha habido un aumento dramático de las actividades extractivas en los últimos 15 años y al mismo tiempo han visto una mayor resistencia social contra las actividades extractivas.

Señalaron que históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostiene la reproducción de la vida en sus familias y en las comunidades, respecto de las mujeres que viven en el campo a diferencia de las mujeres que viven en las ciudades. A este trabajo se le llama “trabajo de cuidado”, que son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir, y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía; lo cual es contradictorio porque este trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida. Agregaron además que son discriminadas por ser indígenas y negras, pobres y del campo.

Contaron que normalmente ellas son las primeras en enterarse de las contaminaciones en sus tierras porque están pendiente de la alimentación de sus hijos e hijas y requieren que la tierra esté en buenas condiciones para la producción de los alimentos. Por ello a veces sufren de contaminación, porque al verificar las fuentes de contaminación de los metales pesados, no cuentan con los recursos necesarios para identificar esos elementos.

Al respecto, Beatriz Cortéz de Red Muqui, señaló anteriormente en un artículo sobre la situación de las mujeres frente al extractivismo en el Perú, que “sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida”.

Al finalizar el panel las mujeres coincidieron en que la resistencia al modelo extractivista también muestra alternativas, ya que están protegiendo la agricultura familiar, las fuentes de agua y la tierra para otro tipo de actividades económicas alternativas a la explotación minera y petrolera, que es devastadora en sus territorios.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/814-mujeres-en-primera-linea-defendiendo-la-vida-contra-las-actividades-extractivas-mineras-y-petroleras

 

Chile

Ellen Lenny-Pessagno, la CEO que enfrenta las complejas semanas de Albemarle en Chile

Autor: Latinoamerica.com

Salió de la embajada de Estados Unidos a los cuarteles locales de la minera no metálica en el país. Desde ese puesto, su misión número uno es seguir haciendo diplomacia y conversar con empresarios, gremios y autoridades para despejar cualquier duda que pueda haber sobre la permanencia y compromiso de la empresa con las inversiones en el país.

Un nuevo trato con las autoridades. Esa es la misión con la que Ellen Lenny-Pessagno llegó para hacerse cargo -como su nueva country manager, desde el 1 de octubre- de la operación de Albemarle en el país, la firma estadounidense que es una de las tres mayores productoras de litio en el mundo.

Claro que este aterrizaje viene precedido de una trayectoria en el terreno diplomático también en Chile, pues hasta septiembre Lenny-Pessagno fue consejera de asuntos comerciales de la embajada de Estados Unidos en el país.

Su debut en Albemarle no ha sido fácil. La primera semana de octubre se supo que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) rechazó aumentar la cuota de producción de Albemarle (ex Rockwood) en el salar de Atacama por faltar información sobre el proceso de eficiencia que prometieron para aumentar su producción sin estresar más el salar.

Luego, el 18 de octubre, Corfo anunció que recurrirá a un arbitraje internacional por estimar que se está incumpliendo por parte de Albemarle el contrato que tiene con la estatal en orden a vender a precio preferente a la industria local el 25% de la producción (ver recuadro).

Y la semana pasada, el CEO mundial de la firma, Luke Kissam, informó en la entrega de resultados que suspendían las expansiones de carbonato de litio en Chile para enfocarse, por ahora, en la extracción de hidróxido de litio en Australia. La guinda de la torta ocurrió este martes, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó la Declaración de Impacto Ambiental de su Planta Mejillones, con la que pretendían producir 42.500 toneladas de carbonato de litio al año, a través de una inversión de US$ 583 millones. Estos últimos dos hechos -que el CEO global anunciara frenar la inversión en Chile y que la autoridad rechazara la expansión-, aunque pareciera que estuvieran sincronizados, no lo están.

Canales abiertos con la Casa Blanca

La carrera de Lenny-Pessagno, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Wake Forest, con una maestría en Comercio Internacional y Políticas de la Universidad George Mason y un programa de dirección ejecutiva en la Universidad de los Andes, siempre ha estado ligada al relacionamiento entre las empresas y el gobierno de Estados Unidos. Hasta septiembre fue consejera de Asuntos Comerciales de la embajada en Chile, pero anteriormente trabajó en posiciones similares en Argentina, México, España y Colombia, por lo que su español es perfecto y se ha preocupado de entender la idiosincrasia de los empresarios chilenos para poder relacionarse con ellos de tú a tú. Asimismo, Ellen tiene el apoyo directo de la casa matriz de Albemarle, tiene excelentes relaciones con la embajada de Estados Unidos en Santiago y mantiene los canales abiertos con la Casa Blanca

“Es dialogante, es muy cálida como persona, es de aquellas que se nota que te está escuchando”, dice alguien que se ha relacionado con ella en estas semanas. Lenny-Pessagno (53 años) está casada con Alejandro Pessagno, comisionado de Comercio e Inversión para América Latina del estado de Queensland, Australia, con quien tiene dos hijos que estudiaron en colegios chilenos y ahora siguen sus estudios en Estados Unidos. Es profesora de kundalini yoga, practica la meditación y está en pleno proceso de instalación en Chile.

Al interior de la empresa quiso dar una señal de continuidad y hasta el momento no ha movido ningún cargo clave de la administración. Asimismo, su foco hoy es Chile y no la región y sus exploraciones de nuevos negocios.

Mayor protagonismo en la industria y con el Gobierno

Una de las misiones que personalmente se impuso en su estadía en el país es tener, como representante empresarial, un mayor protagonismo dentro de la industria. Para ello se juntó con la Asociación de Industriales de Antofagasta y se comprometió a trabajar en conjunto, incluso evalúa sumarse a su directorio. Su experiencia gremial partió siendo directora honoraria de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) cuando estaba en la embajada de Estados Unidos.

Cuando arribó en octubre a la empresa de capitales estadounidenses, lo primero que hizo fue ir a Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde están los cuarteles centrales de Albemarle. Allí tuvo un intenso proceso de inducción a la compañía, para alinearse con el mensaje y los objetivos de la firma a nivel global.

Luego se dedicó a conocer a las personas que trabajan en Santiago, así como en la planta La Negra en Antofagasta y en las operaciones en el salar de Atacama. En ese mismo viaje se reunió con autoridades regionales, tales como los seremis de Minería, Energía, Economía y Medio Ambiente.

Pero su cruzada política comenzará además por estos días cuando se reúna con los ministros de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; de Minería, Baldo Prokurica, y con Juan José Obach, jefe de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía.

Sobre todo con este último encuentro, quiere dejarle en claro al Gobierno que Albemarle está y seguirá invirtiendo en el país, más allá de cualquier contingencia que tengan con otro organismo del Estado, como Corfo. Además, quiere explicar que el anuncio de suspender las expansiones de carbonato de litio en Chile tiene que ver únicamente con el momento del mercado y la demanda por el hidróxido de litio de Australia, y no con una revancha por el arbitraje anunciado por la Corfo.

Y es que si hay algo que Ellen y todos los directivos de Albemarle entienden es que el litio para Chile, como para prácticamente todos los países productores, es un tema de Estado, y como tal, quiere abrir todas las redes políticas posibles.

Pero al mismo tiempo, uno de los cometidos que tiene la exdiplomática es dar un toque de realidad al gobierno: el bautizado como “oro blanco” no va a reemplazar al cobre en importancia en la economía chilena, ni tampoco va a ser el motor principal del sistema productivo del país. Asimismo, aunque sí se puede industrializar una parte de la producción nacional del litio -y ella está convencida de que es una buena idea-, en ningún caso eso, por sí solo, va a hacer que Chile supere a otros países líderes en el desarrollo de baterías, como Corea, Estados Unidos o China. “El litio no va a ser para Chile como el petróleo de Arabia Saudita”, dice un analista que sigue la acción de Albemarle en Nueva York.

Ellen quiere ampliar el diálogo, sacarlo del foco del contrato con Corfo y hacer ver las cosas en perspectiva, mostrar los aportes en investigación y desarrollo que realizan en el país y la colaboración histórica que entregan a las comunidades locales en sus operaciones, así como las buenas relaciones que mantienen. “Quiere posicionar la marca Albemarle en Chile y contar toda la historia que ha tenido la empresa con el país”, agrega un colaborador.

Lo que Ellen Lenny-Pessagno quiere es que cuando se hable de litio en Chile, se piense en Albemarle. Y lo hará con pura diplomacia.

Fuente:http://www.latinomineria.com/2018/11/19/ellen-lenny-pessagno-la-ceo-enfrenta-las-complejas-semanas-albemarle-chile/